El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, señaló que el pedido de informes al EROSP promovido por la diputada provincial de la UCR, Agostina Villaggi,
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Para saber el valor de distribución que cobra la empresa REFSA SA, “se encuentra dentro de sus facultades”, pero rechazó la denuncia de la legisladora al señalar que “no se blanquea en las facturas el verdadero costo de la energía domiciliaria, pues, en este punto o pretende confundir a los usuarios o no se encuentra correctamente asesorada”.
A través de un comunicado, el funcionario provincial dijo que “desde que Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023, la generación y el transporte de energía eléctrica en Argentina han experimentado incrementos tarifarios directos a los usuarios que superan el 340% acumulado, con picos de hasta 500% y 600% según la región y categoría del usuario”.
“De esta manera –añadió-, en diciembre de 2023, los argentinos pagaban el 40% del costo real de la energía que consumían, y el resto lo financiaba el Estado. Dos años después, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el precio de la luz acumuló un aumento del 597%, más del triple que la inflación y los salarios registrados”, apuntó.
Recordó que en enero de 2026 entró en vigencia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que eliminó la segmentación en tres niveles de ingreso y estableció sólo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.
Además, Gialluca hizo notar que la tarifa tiene tres componentes: el precio mayorista, el costo de transporte que fija Nación y el Valor Agregado de Distribución (VAD) que define cada provincia.
Indicó que “esa autonomía es ejercida con compases muy distintos y ha generado que hoy un mismo consumo mensual pueda implicar una factura seis veces mayor según el lugar del país”.
En tal sentido, apuntó que “Mendoza, con 400% de incremento promedio, es el caso más extremo hacia arriba: lidera el ránking con las boletas más altas del país. Su Ente Regulador no sólo trasladó puntualmente cada ajuste del precio mayorista nacional, sino que actualizó el VAD provincial en febrero de 2026 con un incremento adicional del 6,9%”.
Resaltó que “en el otro extremo, Formosa y Santa Cruz figuran entre las que menos actualizaron sus cuadros tarifarios provinciales. Sin embargo, sus usuarios fueron afectados por los incrementos nacionales y por quita de subsidios, que opera igual en todo la Argentina”.
También aludió al ejemplo de Chaco, “que enfrenta una presión adicional: la empresa SECHEEP aplicó una recomposición del propio VAD provincial con un aumento del 61%. Es que la política del Gobierno nacional de ajuste mensual indexado por inflación seguirá, al menos, hasta 2030”, advirtió.
En este punto, el defensor del Pueblo aseguró que “para los funcionarios provinciales que deben explicar objetivamente las boletas ante los vecinos-usuarios, la respuesta será siempre la misma: «La responsabilidad es del Gobierno nacional», y la razón los asiste. El fundamento se encuentra en los Cuadros Tarifarios dictados por la Secretaría de Energía de Nación y por el ENRE en lo que respecta a la generación y transporte”, sostuvo Gialluca.
De esta manera, el ombudsman provincial, advirtió que “en Argentina no existe un delito penal autónomo tipificado específicamente por «mentirle al pueblo» o dar información falsa a la ciudadanía por parte de un legislador, por lo que esto se resuelve en las urnas democráticamente, más allá de las medidas que cada cuerpo puede impulsar, por lo que si Villaggi sostiene que el VAD en Formosa aumentó un 222% y que el costo de generación y transporte es de un 118%, deberá probarlo documentada y técnicamente, pues afirmar que REFSA aumentó más del doble de la energía que el Estado nacional y que de cada $ 100 que paga un usuario, $ 60 se queda en la Empresa Provincial, es un falacia”, remató Gialluca.
