Por instrucción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado de la cartera Fernando Soto presentó una denuncia penal contra la magistrada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se la acusa de haber cometido “graves irregularidades».
En el Poder Ejecutivo consideran que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”.
Según el escrito, en la administración libertaria aseguran que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”.
Otro de los puntos que se le critica fue la decisión de la jueza de dictar la resolución a través de un chat de WhatsApp, ya que consideran que eso impidió que se establezca un registro oficial de la decisión y de dar intervención formal a la Fiscalía.
“La resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas”, cuestionaron desde el Ministerio de Seguridad.
En la misma línea, expresaron: “Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicación de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvió en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es más grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscalía”.
Asimismo, aseguraron que la decisión de liberar a los detenidos de la marcha que tuvo lugar el pasado 12 de marzo configuró “un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología”.
Además, plantearon que la magistrada permitió que defensores no designados intervinieran en el proceso, y la acusan de haber incumplido con el procedimiento de flagrancia que determina que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detención.
“La gravedad de los hechos que motivaron la intervención judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de información y necesariamente debió haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoció haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”, criticaron.
Por último, puntualizaron que “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de reclamar” sino que son constitutivas de delito.
Por su parte, la jueza aseguró que resolvió con los elementos que tuvo “a disposición”, y pidió diferenciar “la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”.
Andrade destacó además que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. «Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución», afirmó.
Se trata de la segunda denuncia que presenta el Gobierno, luego de que el pasado viernes señalara como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados y los acusara por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada
