El desborde del río Confuso dejó aislada a Nanawa tras intensas lluvias en el Bajo Chaco
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la región del Bajo Chaco provocaron el desborde del río Confuso, dejando aislada por vía terrestre a la localidad paraguaya de Nanawa.

El curso de agua, que separa la isla de los distritos de José Falcón y Chaco’i, superó el nivel del paso alternativo existente, interrumpiendo completamente la conexión terrestre.
La situación se produce en un contexto en el que se encuentra en su etapa final la construcción de un nuevo puente de hormigón armado, de 75 metros de longitud y doble carril, que reemplazará al histórico puente “Parará”, actualmente fuera de servicio.
Mientras tanto, la comunidad permanece sin acceso ni salida por tierra, a la espera de una normalización de las condiciones hídricas.
Ingresantes de la UPLaB comenzarán las clases el 6 de abril
El director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), doctor Julián Bibolini, explicó que la casa de estudios tiene “dos momentos de inicio” de las actividades áulicas.

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Mientras los estudiantes avanzados iniciaron las clases esta semana, los ingresantes lo harán el lunes 6 de abril.
“Estamos en la etapa final del curso básico introductorio, con los ingresantes que se inscribieron el año pasado y arrancaron en enero con cinco materias básicas, las cuales deben aprobar para continuar con la carrera elegida”, indicó Bibolini.
Precisó que la UPLaB dicta cuatro carreras este año 2026, divididas en dos departamentos: el Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, con Medicina y Enfermería, y el Departamento de Estudios en Desarrollo Sostenible, con Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Ciencias Ambientales.
Nuevos egresados
En otro anuncio, la Universidad destacó la graduación de siete nuevos profesionales en el marco de las mesas de exámenes finales de febrero y marzo. Se trata de un egresado de Ingeniería en Producción Agropecuaria y seis de Enfermería Universitaria, que se suman a los 10 graduados anteriores de la misma carrera, alcanzando un total de 17 nuevos egresados en este período.
“Este logro reafirma el compromiso de la Universidad con la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo social, productivo y sanitario de la provincia”, señalaron desde la UPLaB, que además felicitó a los graduados y les deseó éxito en esta nueva etapa profesional.
Nuevas multas y antecedentes agravan la situación judicial de Francisco Paoltroni por desmontes ilegales
El senador Francisco Paoltroni fue condenado a pagar más de $ 101 millones por desmontes ilegales en Formosa, pero además arrastraría sanciones impagas desde 2017 y 2018. La acumulación de infracciones y el rechazo judicial a su defensa complican su panorama

La situación judicial del senador Francisco Paoltroni se complejiza tras la reciente condena de la Justicia de Formosa, que lo obliga a abonar 101 millones de pesos por el desmonte ilegal de 112 hectáreas. A este fallo se sumarían antecedentes de multas por infracciones similares cometidas en 2017 y 2018, que hasta el momento no fueron saldadas, indicaron desde el Ministerio de la Producción y Ambiente.
En el marco de la causa, el Juzgado Civil y Comercial N° 6 ordenó la ejecución de sanciones impuestas por el Ministerio de la Producción y Ambiente. Frente a esto, la defensa del legislador de La Libertad Avanza intentó evitar el pago argumentando inmunidad parlamentaria y falta de legitimación pasiva, al sostener que no era titular del predio al momento de los desmontes.
Sin embargo, ambos planteos fueron rechazados. La Justicia entendió que la inmunidad no aplica a este tipo de sanciones económicas -limitadas constitucionalmente a la inviolabilidad de opiniones y la inmunidad de arresto- y consideró acreditada su vinculación con el inmueble intervenido.
Antecedentes y multas impagas
En Formosa, los desmontes están regulados por la Ley Provincial 1.660, en el marco del ordenamiento territorial, en consonancia con la Ley Nacional 26.331 de protección de bosques nativos. Este régimen exige la tramitación previa de permisos de cambio de uso de suelo, que incluyen declaraciones juradas, fundamentos técnicos y evaluaciones de impacto ambiental y social. Una vez aprobados, los proyectos son monitoreados mediante sistemas satelitales para garantizar su cumplimiento.
El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, señaló que “Paoltroni desde hace casi una década atrás incurre en infracciones graves. Por lo tanto, el argumento de que las multas son una persecución política contra él es una cortina que intenta tapar su situación judicial”.
Según indicó Rodríguez, en 2017 y 2018, cuando aún no tenía actividad política, participó “como socio de la firma CONAGRI S.A. y apoderado de un empresario en desmontes no autorizados en los establecimientos ‘La Manga’ y ‘El Comienzo’, ubicados al sur de Estanislao del Campo y de Brouchard, respectivamente”.
En esos casos, el ministro resaltó que se habrían intervenido 1.173 y 340 hectáreas sin autorización, lo que derivó en multas que, aunque reducidas a 563.000 y 345.000 pesos, permanecen impagas hasta la actualidad. De acuerdo a estimaciones oficiales, si esos montos se actualizaran a valores actuales, la deuda ascendería a casi 59 millones de pesos, sin incluir la reciente condena.
Rodríguez puntualizó que “desde la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial, el Registro de Infractores al régimen de Cambio de Usos de Suelos de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, tiene más de 43 multas impuestas a establecimientos que han desmontando superficie cubierta con monte nativo, excediendo lo que había sido autorizado o haciéndolo de manera ilegal, sin permiso otorgado”.
Además, manifestó que en la actualidad hay “bajo análisis 19 casos más, lo que destierra el argumento de persecución”.
Cuestionamientos a la defensa y pruebas
En cuanto a la defensa del senador, las autoridades cuestionaron su solidez técnica. Indicaron que el expediente administrativo cumplió con todas las instancias previstas por la ley, incluyendo la posibilidad de descargo. También señalaron inconsistencias en los argumentos, como la supuesta falta de formulación de cargos o la extensión del terreno involucrado, aspectos que -según remarcaron- están claramente documentados en el expediente.
Uno de los puntos centrales de la causa es la reconstrucción de los hechos mediante imágenes satelitales. Según los informes incorporados, en junio de 2021 no se registraban desmontes en el predio; en agosto del mismo año comenzaron a observarse intervenciones en terrenos contiguos vinculados a firmas asociadas; y para septiembre ya se verificaban las 112 hectáreas desmontadas que motivaron la sanción.
Estos datos, junto con informes técnicos y registros de titularidad del inmueble, fueron considerados pruebas clave para establecer la responsabilidad del legislador.
Otro aspecto en discusión fue si Paoltroni era titular del campo al momento del desmonte. Desde el Ministerio relativizaron este argumento, al señalar que resulta poco verosímil que un predio sea desmontado semanas antes de su venta, y destacaron que la información registral y las pruebas técnicas lo vinculan directamente con la infracción.
Si bien el senador aún cuenta con instancias de apelación, la acumulación de sanciones, la reincidencia en conductas similares y las debilidades señaladas en su estrategia judicial configuran un escenario adverso. Además, la existencia de desmontes en predios contiguos, que formarían parte de un mismo desarrollo agropecuario, podría derivar en nuevas medidas judiciales en su contra.
Benítez: la confirmación del procesamiento “ratifica la hipótesis de fraude” en la causa
El fiscal federal expresó que recibió la decisión con “satisfacción”, al considerar que se trata del resultado de un trabajo prolongado de recolección de pruebas y análisis documental

En ese sentido, el fiscal detalló que la causa permitió establecer que los imputados habrían accedido a créditos mediante la presentación de documentación falsa, vinculada a operaciones comerciales inexistentes. Indicó que se simulaban actividades de compra y venta de ganado, respaldadas con registros adulterados, lo que generaba una apariencia de solvencia económica que no era real.
Para Benítez, uno de los elementos centrales de la maniobra fue el uso de declaraciones juradas con información patrimonial distorsionada. Explicó que esos documentos eran presentados ante entidades bancarias para obtener financiamiento, mientras que, en paralelo, se utilizaban versiones distintas ante organismos estatales, lo que evidenciaba inconsistencias que terminaron siendo determinantes en la investigación.
También hizo hincapié en el momento en que los acusados se declararon en cesación de pagos, poco tiempo después de haber recibido los fondos. A su entender, esta secuencia refuerza la hipótesis de una planificación previa, orientada a evitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. “Se trata de conductas que permiten inferir una maniobra deliberada”, sostuvo a La Mañana.
Maniobra
Otro de los aspectos que destacó fue la complejidad del esquema, que describió como una “ingeniería contable” que involucró a múltiples actores. Según indicó, la operatoria requirió conocimientos específicos en materia bancaria, contable y legal, lo que explica la participación de diversas personas en distintos roles.
No obstante, aclaró que, en algunos tramos, las irregularidades resultaban evidentes, lo que facilitó la detección de la maniobra.
Benítez señaló además que la investigación permitió advertir la posible existencia de desvío de fondos a través de estructuras paralelas. En ese marco, explicó que mientras los imputados se presentaban en una situación de crisis económica, habrían desarrollado otras actividades comerciales por fuera de ese contexto, lo que podría configurar nuevas figuras delictivas vinculadas al fraude concursal.
El fiscal subrayó que el volumen de documentación analizada fue clave para sostener la acusación. Detalló que se recopilaron registros provenientes de organismos nacionales, presentaciones realizadas ante el sistema bancario y documentación vinculada a procesos concursales, lo que permitió reconstruir el circuito de la maniobra investigada.
En cuanto a los pasos a seguir, Benítez adelantó que el Ministerio Público Fiscal solicitará la elevación de la causa a juicio en el corto plazo. Consideró que ya no restan medidas de prueba relevantes y que el expediente se encuentra en condiciones de avanzar hacia esa instancia, donde se debatirá la responsabilidad de los imputados.
Finalmente, remarcó que la confirmación judicial no sólo valida el trabajo realizado, sino que también permite consolidar la acusación de cara al juicio oral, en una causa que, por su magnitud y características, presenta un alto grado de complejidad y un impacto significativo en el ámbito financiero.
Osecac alerta que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica
Armando Cavalieri se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones, para advertirle de la crítica situación del sector.

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El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), Carlos Pérez, le advirtieron esta tarde al Ministro de Salud , Mario Lugones, la gravedad que atraviesa el sistema sanitario por el desfasaje que hay entre los aportes que se hacen a través del monotributo y los costos de los servicios que se prestan.
Según el informe que elevaron Cavalieri y Pérez al ministro Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto —y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores—, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indicó que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000, esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas
A través de un comunicado, Cavalieri (foto) afirmó que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”.
Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
En tanto, Pérez sostuvo: “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”.
Por su parte Cavalieri explicó que “más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad».
«El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en Argentina”, dijo el Secretario General del sindicato de Comercio.
Argentinos endeudados: los morosos en billeteras virtuales y financieras ya son el 25%
El ecosistema de créditos digitales en Argentina atraviesa un momento crítico: las deudas en billeteras virtuales y entidades no bancarias ya afectan a uno de cada cuatro argentinos, en medio de un fuerte deterioro en la capacidad de pago.

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La irregularidad en los pagos de préstamos otorgados por fintechs y entidades no bancarias registró un salto alarmante al inicio de este año, ubicándose en torno al 25%.
El desbalance en los créditos alternativos se acentuó en el inicio del año, con un salto en la proporción de atrasos y cambios en las condiciones del sistema tradicional
En su informe, la consultora EcoGo relevó que el nivel de irregularidad en las carteras de crédito no bancario llegó a 23,9% en enero de 2026
En este mercado, Mercado Libre y Tarjeta Naranja dominan la escena, concentrando casi el 60% del financiamiento no bancario a familias. A pesar del volumen de mora, el negocio se sostiene debido a las altísimas tasas aplicadas que buscan compensar el riesgo de incumplimiento.
Uno de los factores determinantes de este colapso en los pagos es el costo financiero. Las tasas de préstamos personales en entidades no bancarias son, en promedio, un 90% más altas que las de la banca tradicional:
- Banca tradicional: tasa efectiva promedio del 40% anual sobre la inflación.
- Sector Fintech/No Bancario: tasa real anual que escala hasta el 149,1%.
Este nivel de interés vuelve casi imposible la cancelación de deudas para los sectores de menores ingresos, quienes más recurren a estas vías ante la falta de acceso al crédito bancario clásico.
Aunque la crisis de deuda es más aguda en las billeteras virtuales, los bancos no son inmunes. La morosidad en créditos a familias dentro del sistema tradicional subió por decimoquinto mes consecutivo, alcanzando el 10,6%, un máximo histórico en más de 20 años.
El análisis de 1816 pone el foco en la diferencia entre la mora registrada por entidades financieras y la que corresponde a las no bancarias. “La diferencia entre la mora de los préstamos a hogares de entidades financieras (que son los bancos y las compañías financieras) y entidades no financieras (que son todos los otros proveedores de crédito) es notable. En el caso de las entidades no financieras, ya puede afirmarse que más de un cuarto de los préstamos está en situación irregular, algo que, de acuerdo con las estadísticas del BCRA, solo habíamos visto en 2019 (año de crisis con Macri) y 2020 (año de pandemia; ver figura)”, indica el informe.
La evolución de las tasas de interés es otro elemento destacado. Según 1816, “entre 2019 y mediados de 2025 las tasas nominales de los préstamos personales de entidades no financieras fueron en promedio un 90% más altas que las tasas de entidades financieras, es decir, casi el doble (las estadísticas de tasas de entidades no financieras llegan a julio de 2025 y se actualizan semestralmente), y las tasas reales de todos los segmentos aumentaron significativamente el año pasado”.
El informe de EcoGo señala que “la irregularidad en los créditos no bancarios muestra un crecimiento sostenido desde 2024, acelerando a fines de 2025”. A partir de la desagregación de las carteras, el estudio muestra que el crédito no bancario totalizó 13,84 billones de pesos en enero de 2026.
Expertos señalan que el cambio en las condiciones monetarias a mediados de 2025 fue el detonante. La eliminación de mecanismos de regulación disparó la volatilidad del costo del dinero, provocando que el crédito al sector privado se desacelere mientras el costo de las deudas existentes no para de crecer.
Axel Kicillof: «El programa de Milei es un corso a contramano»
El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, junto a varios funcionarios. Criticó duramente al Gobierno libertario y propuso una alternativa.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof criticó duramente este martes al gobierno de Javier Milei al encabezar el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; los asesores del Gobernador Mara Ruiz Malec y Agustín Simone; el gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani; y el intendente de La Plata, Julio Alak.
“Hay que romper la inercia y terminar con el desánimo. Los invito a dejar de mirar las encuestas e ir a los barrios, a las fábricas y a todos los ámbitos necesarios: lo que se espera de nosotros es que podamos pensar, por la positiva, un proyecto para el desarrollo productivo y soberano de nuestro país”, afirmó.
En ese marco, Kicillof destacó: “Ese proyecto de país cuenta hoy con un nuevo instrumento. El CEDAF no pretende ser un centro tradicional, sino una red abierta, participativa y federal; un movimiento de investigadores y militantes para debatir en todos los rincones de la Argentina”.
El Gobernador presentó el primer informe del CEDAF, titulado “10 mentiras y una zoncera”, en el que se contrasta el discurso del Gobierno nacional con la realidad de los distintos sectores. Al respecto, señaló: “Nos quieren convencer de que este plan era inexorable y de que está funcionando bien, pero la realidad es que la macro está mal y la micro está horrible. Están destruyendo el tejido productivo, la industria y los empleos de mayor calidad”.
«Un corso a conteamano»
“El programa de Milei es absolutamente anacrónico, un corso a contramano. Mientras todo el mundo discute cómo proteger su producción y generar empleo propio, a nosotros nos tocó un presidente ignorante y sometido, que nos dice que hay que abrir la economía y rematar la industria nacional”, explicó y subrayó: “Esta batería de políticas ya las conocemos. El único matiz novedoso que tiene este modelo es que, además del daño que provoca, responsabiliza a las víctimas: la culpa no es del trabajador que perdió el empleo, ni de la pyme que tuvo que cerrar, el único responsable se llama Javier Milei”.
Por su parte, Ruiz Malec sostuvo: “El CEDAF surge no solo para hacer un diagnóstico de la terrible coyuntura que nos toca vivir, sino principalmente como un espacio para el encuentro y el diseño de políticas para reconstruir un país que el Gobierno nacional está hipotecando”. “Toda acción tiene que ser precedida por una idea, y este centro pretende ser una usina de ideas que no surjan de tres o cuatro funcionarios, sino de la colaboración de todos y todas las que quieren trabajar para dar respuestas a preguntas concretas de cara a una Argentina mejor”, agregó.
Por último, el gobernador bonaerense subrayó: “Invitamos a trabajar en conjunto a todos aquellos que no quieren ver una Argentina primarizada, precarizada, sin universidad, sin sectores medios, sin ciencia y sin soberanía”. “Esta no es una convocatoria solo a escribir papers y dar diagnósticos: es a militar, a debatir, a hacer política y discutir qué país queremos para el futuro”, concluyó.
Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; representantes de universidades, de organismos de derechos humanos y de organizaciones sindicales.
Caso $LIBRA: aparecen más contratos entre Novelli y Davis que complican a Milei
Una “oferta irrevocable” expone otro acuerdo de noviembre de 2024 entre los impulsores del proyecto, Hayden Davis y Mauricio Novelli.

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El caso de la criptomoneda $LIBRA dio un giro que complica al presidente Javier Milei, luego de que un peritaje judicial sobre los teléfonos de los involucrados revelara pruebas que contrastan con la versión oficial.
El análisis de los dispositivos del lobista Mauricio Novelli expuso una serie de comunicaciones con el mandatario y su entorno inmediato, además de documentos que sugieren un acuerdo económico a cambio de la promoción del criptoactivo.
Un peritaje judicial sobre el teléfono del lobista Mauricio Novelli reveló comunicaciones con Milei y un memo sobre un supuesto pacto de US$5 millones por promover la criptomoneda.
Asimismo, se conoció que el estadounidense Hayden Mark Davis y el lobista argentino Mauricio Novelli sellaron al menos dos convenios entre 2024 y 2025, todos con el presidente Javier Milei como activo transaccional decisivo. El último, firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. Pero antes, el 21 de noviembre de 2024, rubricaron otro, según surge de la copia de ese documento que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli.
Se trata de un escrito presentado como una “oferta irrevocable” que Davis, como CEO de Kelsier Group, le presentó a Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales.
“Lograr acuerdos de 10 millones de dólares a alcanzar antes de abril de 2025″ era la meta con margen para su extensión.
En una primera redacción, el “referenciador” se llevaría 1.550.000 dólares más un 35 por ciento de lo facturado por Kelsier Group de los clientes que acercara. Luego, esa versión tuvo modificaciones, según confirmaron fuentes judiciales.
El escrito, incorporado al expediente, muestra cómo el esquema alrededor de $LIBRA no se limitaba a un único entendimiento, sino que incluía múltiples negociaciones paralelas.
Según surge de la documentación, Davis, en su rol dentro de Kelsier Group, presentó una propuesta formal a Novelli y su entorno para estructurar negocios vinculados al ecosistema cripto y a potenciales desarrollos asociados.
El documento detalla las condiciones comerciales y deja entrever que el atractivo principal era el vínculo con figuras de alto nivel político y la posibilidad de capitalizar ese acceso para impulsar iniciativas privadas.
El documento completo fue recuperado por expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El gobierno decretó la conciliación obligatoria en el conflicto entre ATE y ANAC
La medida rige por 15 días y desactivó el paro en más de 27 aeropuertos, por lo que habrá vuelos normales durante el fin de semana largo.

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El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que desactivó el paro previsto en aeropuertos de todo el país y garantiza la normalidad de los vuelos durante el fin de semana largo.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco de la Ley N° 14.786. Tendrá vigencia por quince días desde las 9 del 18 de marzo, alcanzando incluso el feriado del 24 de marzo.
Según el comunicado oficial, el objetivo es “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”, en medio de una disputa que ya llevaba más de un mes sin respuestas, según denunció el gremio.
En ese sentido, se intimó a ATE a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera habitual. Al mismo tiempo, se estableció que la ANAC deberá abstenerse de aplicar represalias y garantizar el normal funcionamiento de las operaciones.
Además, ambas partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, mientras se abre una instancia de negociación supervisada por el Gobierno.
El paro había sido convocado entre el 18 y el 24 de marzo, con impacto previsto en más de 27 aeropuertos del país. La medida contemplaba ceses de actividades en franjas horarias específicas y solo garantizaba vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, lo que amenazaba con afectar vuelos comerciales en pleno fin de semana largo.
El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, confirmó que el gremio acatará la conciliación, por lo que la medida de fuerza quedó suspendida hasta que venza el plazo establecido.
Desde el sindicato señalaron que el conflicto se originó por la falta de pago de acuerdos salariales correspondientes a enero y febrero y por la ausencia de propuestas concretas por parte de las autoridades.
En esa línea, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, había advertido que la protesta también buscaba visibilizar la situación del sector: “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”.
Pese a las tensiones, desde ambas partes ratificaron su disposición al diálogo, que ahora deberá desarrollarse en el marco de la conciliación obligatoria.