La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Formosa realizó una manifestación este jueves en Laishí para reclamar la reincorporación de siete trabajadores del Concejo Deliberante que fueron despedidos en diciembre, tras el recambio de autoridades legislativas municipales. Según denunció el gremio, se trata de empleados que se desempeñaban en planta permanente desde hacía al menos dos años, por lo que consideran que la medida vulnera derechos laborales adquiridos.

La protesta se llevó adelante frente al edificio legislativo local, donde delegados y afiliados de ATE se concentraron con pancartas y bombos para visibilizar la situación. En diálogo con La Mañana, el secretario gremial de la entidad, Fabián Sinsig, explicó que los despidos se produjeron luego de la renovación de concejales y el cambio en la conducción del Cuerpo deliberativo, una situación que, según afirmó, se repite periódicamente en distintos municipios de la provincia.

“El problema es que cada vez que hay un recambio político, quienes asumen en la conducción de los Concejos Deliberantes intentan desplazar a trabajadores que no responden políticamente a la nueva gestión, aun cuando ya forman parte de la planta permanente”, señaló. En ese sentido, sostuvo que los siete empleados despedidos no eran contratados recientes, sino que acumulaban entre dos y tres años de estabilidad laboral formal, además de años previos bajo modalidades contractuales.

Ante esto, consideró que esta práctica configura una vulneración de derechos y denunció que se trata de una modalidad extendida en distintos Concejos Deliberantes del interior provincial. “No estamos hablando de gente que entró hace seis meses. Son trabajadores con estabilidad, con antigüedad y con derechos que están siendo desconocidos”, remarcó.

El gremio también cuestionó la brecha entre el discurso político en defensa de los trabajadores y las decisiones que, según afirman, adoptan algunas autoridades municipales. En ese marco, Sinsig comparó las medidas adoptadas por autoridades locales con políticas de ajuste impulsadas a nivel nacional por el presidente Javier Milei, y reclamó coherencia a los dirigentes que, públicamente, sostienen posturas contrarias a esas políticas.

Acciones judiciales

Durante la manifestación, ATE anunció que además de las medidas de visibilización, iniciará acciones judiciales para exigir la restitución de los puestos de trabajo. El sindicato considera que los despidos son nulos, ya que afectan a trabajadores que ya habían adquirido estabilidad en la administración pública local. Sin embargo, el dirigente gremial advirtió que los tiempos de la Justicia suelen ser extensos y que la situación económica de los despedidos se vuelve crítica mientras esperan una resolución.

“El proceso judicial puede demorar meses y, mientras tanto, los compañeros tienen que seguir sosteniendo a sus familias. Por eso creemos que este tipo de conflictos debería resolverse políticamente y no siempre en los tribunales”, expresó Sinsig.

El dirigente también sostuvo que este tipo de decisiones podrían evitarse con una mayor intervención de las autoridades provinciales. En ese sentido, señaló que el gobernador Gildo Insfrán debería fijar lineamientos claros para los municipios y Concejos Deliberantes, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos laborales en toda la provincia.