La empresa operadora Emova confirmó la recuperación de la prestación habitual después de que los dirigentes Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia recuperaran la libertad. La interrupción del servicio generó inconvenientes para los pasajeros que utilizan diariamente la red para trasladarse por la Ciudad.

El episodio se inició durante la mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, en Villa Urquiza. Allí, el referente sindical Sebastián Carrizo abrió los accesos de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros, como parte de una protesta contra lo que calificaron una «tercerización» de tareas de mantenimiento.

La empresa operadora presentó una denuncia por lo ocurrido y a partir de esa presentación, la Unidad Fiscal Norte ordenó la detención de Carrizo por el delito de desobediencia, en el marco de la normativa porteña que declaró al subte como una actividad esencial.

Durante el procedimiento, Dellecarbonara y Heredia intervinieron para impedir la actuación policial y también fueron detenidos. Por su parte, Segovia, secretario general del sindicato, quedó arrestado bajo la acusación de haber agredido a efectivos de seguridad durante los forcejeos registrados en el lugar.

Las detenciones motivaron la decisión gremial de interrumpir el servicio en toda la red. En un comunicado difundido durante la mañana, la AGTSyP sostuvo: “El servicio se encuentra interrumpido en respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta”.

Las liberaciones y el levantamiento del paro

Segovia recuperó la libertad antes de las primeras horas de la tarde, mientras que Dellecarbonara y Heredia fueron liberados cerca de las 15. Tras conocerse la noticia, el dirigente sindical anunció que el servicio se reanudaría una vez que sus compañeros se reunieran con el resto de los representantes gremiales.

“Lo que quiere hacer este Gobierno es disciplinar al movimiento obrero”, había afirmado Segovia al salir de su detención. Además, advirtió sobre la posibilidad de extender la medida de fuerza si no se revisaban las suspensiones y no se retiraban las empresas tercerizadas.

En un primer momento, las líneas A, C, D, E y H, junto con el Premetro, habían retomado sus recorridos completos entre cabeceras, mientras que la línea B continuaba interrumpida. Finalmente, Emova informó que toda la red volvió a funcionar con normalidad a las 16.03.

Ante la paralización total, el Gobierno de la Ciudad emitió la Resolución 1201/SECTE/26, mediante la cual intimó a los trabajadores, a los sindicatos involucrados y a Emova a garantizar la prestación de servicios mínimos.

La disposición recordó que el Decreto 230/26 establece una cobertura operativa de al menos el 50% en cada línea de subte y en el Premetro. También requirió que las partes informaran cómo cumplirían con esa obligación y advirtió que podrían aplicarse sanciones administrativas ante eventuales incumplimientos.

En paralelo al conflicto gremial, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la estación Juan Manuel de Rosas.

La protesta comenzó con un corte en la intersección de la avenida Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, donde se concentraron trabajadores y representantes de distintas organizaciones en apoyo a los metrodelegados. Luego, los manifestantes se desplazaron hasta el cruce con Monroe.

En el lugar hubo empujones, corridas y enfrentamientos. Según la información publicada durante la jornada, las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta y formaron un cordón policial para despejar la calzada. Los diputados Myriam Bregman, Vanina Biasi y Nicolás del Caño también se acercaron a la zona durante los incidentes.

Cerca de las 14.40, la Policía logró despejar el tránsito en la zona. Poco después, las liberaciones de los dirigentes gremiales permitieron avanzar hacia el levantamiento de la medida de fuerza y la normalización del transporte subterráneo.

El episodio se produjo después de varios intercambios tensos entre oficialismo y oposición. Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado y fue a buscarlo para recriminarle. Según señalaron desde el entorno del diputado de Unión por la Patria, el legislador libertario le había dicho “hijo de puta”. Cuando ambos se enfrentaron, Castagneto lo habría desafiado a salir de la comisión para pelear.

El ambiente ya estaba caldeado por las interrupciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, al diputado Esteban Paulón, y en ese contexto, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, pidió respeto, mientras que Luana Volnovich le gritó a Álvarez: “irrespetuoso de mierda”.

Con esta resolución, quedó sin efecto el fallo de 2023 que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones, una cifra que superaba los US$18.000 millones con los intereses acumulados. El litigio se originó por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La Cámara de Apelaciones consideró que el juzgado de primera instancia había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de revocar la condena, mientras que José Cabranes presentó una disidencia.

El tribunal sostuvo que la normativa argentina sobre expropiaciones impide que terceros interfieran en ese proceso y determinó que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños y perjuicios. En junio, el pleno de la Cámara rechazó un pedido de revisión y agotó la vía de apelación ordinaria.

La Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el caso

Tras el fallo favorable a la Argentina, Burford Capital presentó a comienzos de octubre un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión. El fondo financia la demanda iniciada originalmente por las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.

En su presentación, Burford calificó la resolución de la Cámara de Apelaciones como gravemente errónea, sin precedentes y con consecuencias relevantes. Sin embargo, la Corte Suprema no está obligada a aceptar el expediente: recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por año y concede la revisión de aproximadamente 80 casos.

El máximo tribunal estadounidense no tiene un plazo establecido para decidir si toma el caso. Por eso, aunque la condena de primera instancia quedó formalmente sin efecto, la disputa todavía podría continuar si la Corte Suprema acepta revisar el planteo de Burford.

En paralelo, el fondo abrió un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.

La medida comenzó durante la mañana y se extendió a toda la red. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) reclamaron la liberación de los detenidos y denunciaron un accionar represivo por parte de la Policía de la Ciudad.

Qué líneas de subte están afectadas por el paro

La interrupción alcanza a las seis líneas de subte —A, B, C, D, E y H— y al Premetro. La medida afecta a miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público porteño.

• Línea A: servicio interrumpido.

• Línea B: servicio interrumpido.

• Línea C: servicio interrumpido.

• Línea D: servicio interrumpido.

• Línea E: servicio interrumpido. Las estaciones Entre Ríos y Urquiza, además, permanecen cerradas por obras de renovación.

• Línea H: servicio interrumpido.

• Premetro: servicio interrumpido.

Por qué comenzó el paro de subtes

El conflicto se inició en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, donde los trabajadores realizaban una apertura de molinetes en protesta contra una sanción aplicada a un empleado y por reclamos gremiales.

Según fuentes policiales, los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes participaban de la medida de fuerza. La intervención policial se produjo a pedido de la Unidad de Flagrancia Norte.

Tras las detenciones, Metrodelegados resolvieron paralizar el servicio en toda la red hasta que sus compañeros sean liberados. El gremio también había expresado su rechazo a la tercerización de tareas de mantenimiento, al considerar que esas funciones deben ser realizadas por personal de la empresa concesionaria Emova.

La organización sindical exigió el cese de las contrataciones cuestionadas y reclamó respuestas de la empresa. Por el momento, la medida afecta a toda la red de subterráneos y al Premetro.

Las cámaras empresariales sostienen que existe un desfasaje entre los ingresos que reciben y los costos que deben afrontar para mantener los servicios. Según el comunicado difundido, el boleto mínimo se mantiene en $742,81 desde mayo, mientras que el costo real por pasajero, sin contemplar subsidios, asciende a $2.494,13. Además, las compañías señalaron un desajuste de unos $40.000 millones en los fondos proyectados entre junio y octubre.

En la casa de uno de ellos, un peón de la estancia donde se encuentra alojada la escuela, se encontraron c

uchillos y ropa con manchas rojas, informó el fiscal Javier Mosquera, a cargo de la investigación.

“En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra, pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN”, sostuvo en representante del Ministerio Público Fiscal, según público el diario El Liberal, de Corrientes.

Las lluvias intensas y el aumento del caudal de los ríos afectan a distintas localidades del Litoral. En Corrientes debieron ser evacuadas más de 800 personas. La situación también genera complicaciones en Chaco, Entre Ríos, Misiones y diversas regiones de Paraguay.

La búsqueda de los dos peones, identificados por los apellidos Salazar y Ledesma, se había concentrado cerca de la ciudad correntina de Bella Vista. Primero, los rescatistas encontraron los caballos con que habían salido los trabajadores. Y horas después, hallaron sus cuerpos.

El último abogado y representante del Diez había ofrecido una suma de $150 millones, en cinco cuotas de $25 millones, a cambio de llevar a cabo trabajos comunitarios y suspender el proceso judicial en su contra. Sin embargo, los abogados de los hijos del exfutbolista –Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernandito – desestimaron el pedido.

La causa está relacionada con la disputa por las marcas de Diego Maradona y los derechos comerciales asociados a su nombre. Este patrimonio forma parte de los bienes en conflicto tras la muerte del exentrenador de la Selección el 25 de noviembre de 2020.

Qué dijeron los juicios al rechazar el pedido de Matías Morla

«Por un lado, como dato concluyente, las propuestas no contienen ninguna medida destinada a abordar la situación de los activos societarios y marcarios cuya explotación se encuentra cuestionada. Y, por el otro, los montos propuestos no guardan, en las circunstancias particulares de cada caso, una relación razonable con las posibilidades económicas objetivamente verificables de los imputados ni con la entidad y características del perjuicio que constituye el objeto de la acusación», sostuvieron los jueces del TOC 17.

Y agregaron: «La consideración conjunta de ambos aspectos impide concluir que los imputados hayan formulado una propuesta seria y razonable de hacerse cargo del daño ‘en la medida de lo posible’, en los términos exigidos por el artículo 76 bis del Código Penal».

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del campeón del mundo en 1986 a los herederos. Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona, hermanas de Diego.

En la causa judicial, Morla, Pomargo y uno de sus empleados se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación). Las dos hermanas del exjugador y Sandra Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.