El debate empezará con la presentación del secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman, en la comisión de Presupuesto. El funcionario estuvo miércoles en el Parlamento, donde participó de una reunión con los jefes parlamentarios del oficialismo y aliados, para acordar la metodología que se instrumentará en la discusión de la ley de leyes.

Tal como ocurrió desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Guberman será el encargada de exponer los datos centrales del proyecto, en lugar del ministro de Economía, tal como ocurrió con las administraciones anteriores. Según trascendió, días atrás expuso las partidas asignadas para cubrir la iniciativa de Discapacidad impulsada por el Gobierno, lo que se impuso como «superador» frente a la extensión de la emergencia en comisiones.

El encuentro del próximo martes será el primero para discutir la iniciativa y se espera que el presidente de la comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, detalle ese día cómo será el cronograma de debate del proyecto hasta llegar al recinto de la Cámara de Diputados.

Las 10 claves del Presupuesto 2027

1. Crecimiento económico y nivel de actividad

El Gobierno proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% para 2027. En tanto, para el año en curso, el proyecto contempla una expansión de la economía del 3%, impulsada por una mejora del consumo privado y una recuperación gradual de la inversión.

2. Inflación y evolución de los salarios

Las estimaciones del Ministerio de Economía prevén que la inflación acumulada alcance el 18% al cierre de 2027. Por su parte, las proyecciones presupuestarias contemplan un incremento promedio de los salarios del 25,4% durante el mismo período, por encima de la suba prevista para los precios.

3. Qué pasará con el dólar mayorista

El proyecto estima que el dólar mayorista finalizará 2026 en $1.600. Para 2027, en tanto, calcula que la cotización promedio de la divisa se ubicará en $1.847,60.

4. Equilibrio fiscal y superávit financiero

El equilibrio de las cuentas públicas continuará siendo uno de los pilares del programa económico, definido por el Gobierno como una «regla inalterable». Para la Administración Nacional, el proyecto prevé un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI y un resultado financiero positivo de $246.741 millones. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el país completaría así cuatro años consecutivos con saldo favorable y sin entrar en default.

5. Superávit comercial y proyección de exportaciones

Las exportaciones de bienes y servicios alcanzarían los US$ 133.984 millones en 2027, mientras que las importaciones sumarían US$ 118.424 millones. Con estas estimaciones, la balanza comercial registraría un superávit de US$ 15.560 millones durante el próximo año.

6. Gasto social y asistencia directa

Los servicios sociales concentrarán la mayor parte de las erogaciones previstas, con una asignación de $150.913.491 millones. Según el proyecto, la asistencia directa a las personas representará el 74,6% del presupuesto total. Entre las principales herramientas de ayuda figuran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que, de acuerdo con las cifras oficiales, cubren el 95% de la canasta básica alimentaria.

7. Empleo formal y transformación de los planes sociales

El esquema presupuestario contempla la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, en el marco de la modernización de las relaciones de trabajo. Además, el programa Formando Capital Humano apunta a facilitar la reconversión de 900.000 planes sociales hacia empleos formales mediante el Registro Integrado de Beneficiarios.

8. Defensa y Seguridad: reequipamiento y despliegue territorial

En el área de Defensa, las prioridades estarán centradas en el reequipamiento militar. Entre las adquisiciones previstas se encuentran 24 aviones F-16, cuatro aeronaves P-3 y radares fabricados por la empresa INVAP, en el marco del Plan ARMA.

En materia de Seguridad, el Gobierno prevé sostener el despliegue territorial de las fuerzas federales en zonas consideradas críticas. Las proyecciones oficiales destacan, además, una reducción de la tasa de homicidios, que se ubicó en 3,6 cada 100.000 habitantes.

9. Obra pública y concesiones privadas

La intervención directa del Estado nacional quedará limitada a 199 proyectos de infraestructura, sobre un universo inicial de 2.339 obras. El resto de los emprendimientos será transferido a las provincias o incorporado a la Red Federal de Concesiones, un sistema que prevé financiar las obras mediante peajes administrados por operadores privados, sin subsidios del Tesoro nacional.

10. Acuerdos con las provincias y deudas históricas

El Gobierno también busca avanzar en el ordenamiento de las cuentas con las provincias a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Mediante este mecanismo, se firmaron acuerdos con 21 jurisdicciones, lo que permitió desistir de 37 demandas judiciales contra el Estado nacional vinculadas con reclamos por deudas históricas.

De este modo, el principal distrito productivo del país encadenó su segundo trimestre consecutivo de contracción, lo que encendió las alarmas sobre la economía nacional. Los datos que confirman este complejo escenario sectorial surgieron de un informe realizado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Actividad económica: los números negativos en la Provincia

De acuerdo con el documento oficial, la actividad bonaerense acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio del 0,3% en relación con el mismo período de 2025, ubicándose además un 2,1% por debajo del nivel observado en diciembre del año pasado. El relevamiento mensual permitió a los especialistas completar la estimación del tercer trimestre de 2026, que cerró con una marcada caída del 1,6% en comparación con el trimestre anterior. Este resultado negativo profundizó la tendencia contractiva que ya manifestaba en la Provincia a mediados de año.

La variación del período julio-septiembre se sumó al retroceso del 0,4% registrado durante el segundo trimestre del año. Al encadenar dos períodos trimestrales seguidos con signo negativo, la economía de la provincia de Buenos Aires cumple estrictamente con la definición macroeconómica formal de recesión técnica. Los analistas advierten que esta novedad en el territorio bonaerense puede anticipar el escenario macroeconómico nacional.

Existe una clara posibilidad de que el país en su conjunto replique este comportamiento recesivo, debido al peso específico que tiene la provincia dentro del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. La preocupación a nivel federal se sustenta en que el INDEC reportó recientemente un desplome del 2,9% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio respecto de junio.

Este derrumbe en los niveles de producción y consumo locales representó el retroceso mensual más pronunciado para el país desde la pandemia de Covid-19.

Tras conocerse la dinámica bonaerense y los indicadores nacionales preliminares, la mayoría de los economistas y las consultoras privadas coincidieron en un diagnóstico severo. Incluso los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central interpretaron que el dato anticipa que la economía nacional entrará formalmente en recesión técnica cuando se publiquen los números oficiales del país.

«Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido», expresó el líder de La Libertad Avanza desde su cuenta de la red social X. «Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación», subrayó.

Y concluyó en su posteo: «Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan».

La iniciativa prevé financiamiento estadounidense por hasta US$13,9 millones y la creación de un centro especializado para proteger la infraestructura digital del Estado.

El proyecto, que todavía se encuentra en etapa de diseño entre funcionarios de ambos países, apunta a modernizar los sistemas de seguridad informática, mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles ciberataques y reducir la dependencia de proveedores tecnológicos considerados sensibles por Washington.

Según fuentes vinculadas con las negociaciones, el Departamento de Estado estadounidense aportaría hasta US$13,9 millones durante un período de tres años para financiar asistencia técnica, capacitación y el desarrollo de nuevas herramientas de protección digital.

Uno de los ejes centrales será la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC), que funcionaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y concentraría tareas actualmente distribuidas entre diferentes organismos públicos.

Redes estatales

La nueva estructura tendría a su cargo la supervisión permanente de las redes estatales, la detección de amenazas informáticas, la centralización de alertas y la coordinación de respuestas ante incidentes que puedan comprometer información sensible o servicios esenciales.

El programa también contempla un relevamiento exhaustivo de los centros de datos, sistemas y redes utilizados por la administración pública nacional.

Durante esa primera etapa, especialistas deberán identificar equipamiento considerado vulnerable, establecer prioridades de sustitución y definir estándares de seguridad para futuras adquisiciones tecnológicas.

El reemplazo de dispositivos de origen chino sería progresivo y estaría concentrado inicialmente en aquellas áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado.

La iniciativa incluye, además, la actualización de protocolos de intercambio de información entre dependencias gubernamentales y la adecuación de marcos regulatorios vinculados con la seguridad informática.

Ciberdefensa

Otro componente será la capacitación de especialistas argentinos en ciberdefensa, análisis de amenazas, gestión de incidentes y protección de infraestructura estratégica.

El entendimiento se inscribe en una disputa geopolítica más amplia entre Estados Unidos y China por el control de las tecnologías digitales. Washington impulsa en América Latina la utilización de proveedores que considera confiables y advierte sobre los riesgos que, según su evaluación, representa la incorporación de equipamiento chino en sectores sensibles.

En ese contexto, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, se convirtió en uno de los principales impulsores de esta posición.

Durante distintas intervenciones públicas, el diplomático cuestionó la utilización de tecnología desarrollada por compañías como Huawei y sostuvo que las leyes chinas pueden obligar a esas empresas a colaborar con los organismos de inteligencia de Beijing.

Según la postura estadounidense, esa situación podría representar riesgos para la protección de información confidencial y afectar la llegada de inversiones extranjeras a sectores estratégicos.

Se trata, sin embargo, de advertencias formuladas por Washington, que no constituyen por sí mismas pruebas de vulnerabilidades concretas en los equipos instalados en Argentina.

Cooperación tecnológica

Para la administración libertaria, el proyecto representa una nueva instancia de cooperación tecnológica con Estados Unidos, en línea con la política exterior impulsada por Milei desde su llegada a la Casa Rosada.

De concretarse, el acuerdo permitiría avanzar en la modernización de la infraestructura informática estatal y establecer mecanismos de respuesta coordinada frente a posibles ataques.

Por ahora, las conversaciones continúan y todavía resta definir el alcance definitivo del financiamiento, los plazos de implementación y los organismos que participarán del programa.

La iniciativa vuelve a colocar a la Argentina en el centro de la competencia tecnológica entre Washington y Beijing, con la ciberseguridad y el control de la infraestructura digital como nuevos escenarios de disputa internacional.

La operación más avanzada es la de AySA. Este jueves se conocieron las propuestas económicas de los dos consorcios interesados en adquirir el paquete accionario mayoritario de la empresa de agua y saneamiento.

El grupo integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor presentó la oferta más elevada, de US$340,2 millones. Por su parte, el consorcio encabezado por empresas vinculadas al Grupo Roggio ofreció US$285 millones.

Sin embargo, la apertura de sobres no implica la adjudicación inmediata. La Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen y posteriormente intervendrán la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro.

El proceso podría completarse en aproximadamente un mes. El futuro operador también deberá comprometer inversiones por US$2.000 millones para ampliar y mejorar el servicio.

Intercargo

Otro objetivo del Ejecutivo es reactivar la privatización de Intercargo, luego de que la primera licitación fuera declarada desierta en julio por falta de ofertas válidas.

El llamado original contemplaba la venta del 100% de las acciones de la compañía, encargada de prestar servicios aeroportuarios, con un precio base de US$45 millones.

Ahora, el Gobierno analiza modificar las condiciones para atraer nuevos interesados, aunque todavía no definió una fecha para la próxima convocatoria ni el valor mínimo de venta.

En paralelo, el Ministerio de Economía trabaja en los pliegos para desprenderse de las participaciones estatales en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, ubicada en Campana, y José de San Martín, en Timbúes, Santa Fe.

Enarsa controla el 65% de la primera y más del 60% de la segunda. Ambas instalaciones cuentan con una capacidad de generación cercana a los 800 megavatios cada una.

La intención oficial es concretar las operaciones antes de fin de año. En una segunda etapa también se prevé avanzar con la venta de la participación estatal en la central Guillermo Brown.

Belgrano Cargas

Belgrano Cargas constituye otro de los principales desafíos del cronograma oficial. La apertura de ofertas para concesionar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza está prevista para el 11 de noviembre.

El esquema contempla concesiones por 50 años, separando la infraestructura ferroviaria, la operación y los talleres. Además, establece inversiones obligatorias por al menos US$800 millones.

Según trascendió, existen alrededor de 60 consultas de potenciales interesados y el Gobierno espera que la transferencia operativa pueda concretarse durante 2027.

Los futuros operadores deberán competir mediante un sistema de peajes, en el que las tarifas ofrecidas y las inversiones comprometidas tendrán incidencia en la adjudicación.

La estrategia del Ejecutivo apunta a completar las privatizaciones pendientes y utilizar los ingresos para reducir el endeudamiento público.

Además, el esquema oficial contempla destinar el 10% de los fondos obtenidos al área de Defensa, porcentaje que asciende al 70% cuando se trata de empresas directamente vinculadas con ese sector.

De esta manera, la Casa Rosada busca dar un nuevo impulso a uno de los ejes centrales de su programa económico, aunque todavía deberá superar distintas instancias administrativas y conseguir interesados que concreten las operaciones.

El problema no es sólo la creación de una imagen falsa, sino el uso de la identidad de una persona sin su consentimiento. Una foto publicada en Instagram puede convertirse en la materia prima de un desnudo o un video sexual ficticio, asociado al rostro y al nombre de una adolescente. Cuando ese material circula por grupos de mensajería o plataformas pornográficas, la víctima pierde el control sobre su imagen y queda expuesta a la humillación y el hostigamiento.

En el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, padres y estudiantes denunciaron que alumnos crearon imágenes y videos sexuales falsos de unas 45 chicas a partir de fotografías tomadas de redes sociales. Según las familias, el material se organizaba en catálogos que incluían datos reales de las adolescentes y se ofrecía a través de grupos de WhatsApp y plataformas digitales. También sostuvieron que parte del contenido llegó a sitios pornográficos.

Días después se conoció otro episodio en el colegio Thomas Alva Edison, de Ituzaingó. Una adolescente de 15 años recibió mensajes de desconocidos que le enviaron un enlace a un grupo de Telegram. Allí encontró imágenes suyas manipuladas con inteligencia artificial. Según la denuncia de su madre, un compañero de la misma edad habría reconocido que descargó fotografías de su cuenta de Instagram, las modificó para desnudarla y las publicó en ese espacio.

Los dos expedientes son independientes, pero exponen una misma vulnerabilidad: una fotografía publicada sin intención sexual puede transformarse en una escena falsa que circula como si fuera real. La inteligencia artificial es una herramienta de edición cada vez más accesible; la violencia aparece cuando se utiliza para fabricar contenido sexual sin consentimiento y después se distribuye o comercializa.

Los especialistas advierten que esta práctica también puede derivar en sextorsión. En esos casos, los responsables generan imágenes o videos falsos y amenazan con enviarlos a familiares, amistades o compañeros si la víctima no paga. La amenaza convierte la manipulación digital en un instrumento de coacción y puede agravar el daño psicológico.

Las familias de Lomas de Zamora aportaron otro dato, al denunciar que el material habría sido subido a páginas pornográficas, entre ellas XVideos y Porno Tube. Según sostienen, las publicaciones podrían generar ingresos en dólares en función de las visualizaciones. La Justicia deberá determinar si los videos llegaron a esas u otras plataformas, si produjeron ganancias y quiénes pudieron beneficiarse económicamente.

Para las víctimas, el daño puede ser enorme. La exposición ante sus compañeros, la circulación de contenido sexual y la posibilidad de que reaparezca pueden afectar su intimidad y sus vínculos. Pero estos casos también abren otra pregunta: qué ocurre cuando la imagen de una adolescente se convierte en mercancía y quiénes obtienen beneficios de un circuito que comienza con una fotografía personal, continúa con la fabricación de un desnudo falso y termina en su difusión o comercialización.

El procedimiento comenzó después de la firma de un convenio entre ambas jurisdicciones y representa un avance en el compromiso asumido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con los vecinos de Villa Devoto, quienes desde hace décadas reclaman el traslado del penal.

Para garantizar la seguridad durante el desplazamiento, se conformó un Comando Unificado integrado por fuerzas federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El organismo tiene a su cargo la planificación y ejecución de los traslados, que se realizarán de manera progresiva y teniendo en cuenta el perfil criminológico de cada detenido.