“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, dijo Rappallini en el evento en el que hizo un repaso de la situación actual de la industria nacional.

El titular de la entidad afirmó que la producción se ubica un 10 por ciento abajo del 2022 y con caídas más profundas en otros sectores que llegan al 30 por ciento. Además, enfatizó en la pérdida de empleos registrados que escala, según Rappallini, a 90 mil puestos.

El encuentro se realizó en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines, y contó con la presencia de más de 200 representantes de todos los sectores industriales que conforman la entidad, autoridades nacionales y locales, y referentes del ámbito productivo. Por parte del Poder Ejecutivo solo dio el presente Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio.

Para Rappallini, “la economía no puede medirse solamente por la inflación” y sostuvo que construir ese puente hacia el crecimiento, «incluye reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral».

«Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó Rappallini.

En otro tramo del discurso, el presidente de la UIA dijo: «Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo. Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.

«La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos. Por ello, Rappallini propuso construir un puente que posibilite a todos los sectores la transición sin alterar el equilibrio fiscal. “La industria compite con el mundo”, remarcó Rappallini.

Y agregó: «Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”.

Ante la ausencia de dirigentes de peso del Gobierno, los industriales estallaron. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cargó contra el gobierno de Javier Milei ante la dificil situación que atraviesa la actividad fabril. “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, lanzó.

Moretti fue más allá y cargó con dureza aunque sin nombrarlo directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.

“Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó.

Moretti admitió que hay sectores de la economía en crecimiento, “a los que el Gobierno apuesta fuerte”, como el agro, la minería y el petróleo. Pero insistió en que el sector industrial “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”.

El Día de la Industria se celebra en el país desde 1941, en recuerdo de la primera exportación realizada el 2 de septiembre de 1587 desde la Argentina -en ese entonces territorio dependiente del Virreinato del Perú- hacia Brasil. La carabela San Antonio llevaba un cargamento de tejidos y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero.

Día de la Industria: los números negativos del sector manufacturero

Un informe del Centro de Economía Política Argentina al que accedió Popular reflejó este martes la situación crítica de la industria manufacturera. Aquí, los principales números del sector basados en datos del Indec:

-En términos interanuales, la industria acumuló una caída del 1,9% durante el primer semestre de 2026.

-En comparación con el ciclo enero 2022 – noviembre 2023, el nivel de actividad registró un derrumbe del 8,1%.

-El Índice de Producción Industrial (IPI) del primer semestre de este año se ubicó el 2,2% por debajo del mismo período que en 2025.

-En el promedio del gobierno de Milei, la producción industrial aparece el 10,2% por debajo del modelo anterior.

-El uso de la capacidad instalada alcanzó en junio pasado sólo el 59,1%. O sea, cuatro de diez máquinas de la industria están en desuso.

-La cifra está 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2023.

-Todos los sectores industriales, excluyendo refinación de petróleo que creció 5,2% y productos alimenticios y bebidas que trepó marginalmente 0,3%, redujeron su uso de capacidad instalada en la comparación con junio 2023.

-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).

-Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en el sector industrial (-8,0%) y cerraron 4.020 industrias manufactureras (-8,1%).

-Con un desplome del 7,9% entre 2023 y 2025, Argentina ostenta el segundo peor desempeño industrial del mundo sobre un universo de 56 economías analizadas, superada sólo por Hungría.

El informe del CEPA atribuyó la crisis industrial a la caída de ventas y «la apertura acelerada, sin financiamiento ni planificación, de importaciones de bienes de consumo». Según datos del Indec, el primer semestre de 2026 se consolidó como el de mayor nivel de importaciones de bienes de consumo final desde que se tiene registro histórico, alcanzando los U$S5.362 millones.

La entrada de productos elaborados desde el exterior mostró incrementos sustanciales frente a 2023 en rubros sensibles para la producción local: electrodomésticos y luminarias (+109,2%), indumentaria y prendas de vestir (+86,3%), motos y bicicletas (+67,6%) y alimentos procesados (+51,9%).

 

Con la oposición al acecho tras el anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la emergencia en Discapacidad como uno de los dos pilares del temario, el cuerpo que preside el libertario Gerardo Huesen se reunirá este miércoles desde las 16 para escuchar a la máxima autoridad del área, al subsecretario de Política de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y al subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.

Mientras una confluencia de bloques opositores presiona para llevar al recinto la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad (que el Poder Ejecutivo se resiste a aplicar en su totalidad con justificaciones fiscales), el oficialismo busca frustrar el quórum de dicha sesión y centra su estrategia en mostrarle a los «dialoguistas» la buena predisposición del Gobierno para diagnosticar en la «casa del pueblo» el cuadro de situación y las supuestas mejoras implementadas en el sistema.

La situación en el área de discapacitados está marcada por la suspensión de prestaciones de obras sociales, prepagas y profesionales por la interrupción en la cadena de pagos, la baja de pensiones por invalidez y la falta de actualización de los aranceles acorde al aumento del costo de vida.

Por un lado, los valores del nomenclador para abonar terapias, transporte y centros educativos quedaron muy atrasados frente a la inflación acumulada.

El Gobierno actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas con aumentos mínimos y los valores de los aranceles quedaron completamente desactualizados respecto al costo real de vida, lo que vuelve inviables servicios críticos como el transporte adaptado o los centros de día.

Además, las obras sociales y prepagas denuncian interrupciones en la transferencia de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que corta la cadena de pagos a los profesionales.

Como consecuencia, los profesionales (psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros terapéuticos) sufren deudas crónicas y han llegado a suspender tratamientos de forma masiva debido a que «trabajan pero no cobran».

Otro foco de conflictividad tiene que ver con el recorte masivo y freno a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral.

Bajo la premisa de revisar el otorgamiento de beneficios, el Gobierno dio de baja más de 110.000 PNC por invalidez laboral y mantiene en un «limbo» administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas.

Además, se reestableció la exigencia estricta de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder o conservar la pensión.

El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema previo estaba plagado de irregularidades, corrupción y pensiones otorgadas sin los requisitos correspondientes, justificando las auditorías estrictas y un reempadronamiento para dar de baja beneficios mal asignados.

Sostiene como argumento central que entre 2003 y 2023 el número de pensiones por invalidez creció de forma «exponencial e injustificada» (pasando de 76.000 a 1,2 millones), y considera que una gran parte de esos beneficios fueron otorgados de manera irregular o por clientelismo político.

La oposición en el Congreso impulsa proyectos para prorrogar y garantizar la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

Esta norma obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento adecuado, actualizar pensiones de forma sostenible y cancelar las deudas con los prestadores.

Actualmente, la oposición presiona en el Congreso para prorrogar esta emergencia hasta fines de 2027, mientras el oficialismo busca bloquearla e intenta debatir nuevas condiciones para limitar el gasto.

Organizaciones civiles, profesionales y familiares han impulsado denuncias penales contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios bajo la figura de «abandono de persona», acusándolos de violar de forma deliberada el acceso a la salud y la supervivencia básica.

También acudieron a organismos internacionales como la ONU para denunciar la vulneración de tratados de Derechos Humanos.

El conflicto recrudeció tras una investigación judicial por presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que provocó el desplazamiento del anterior director, Diego Spagnuolo, y desencadenó numerosas protestas urbanas.

 

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y terminó sin acuerdo entre las partes. “La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios docentes universitarios”, sostuvo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien calificó el encuentro como un “monólogo autoritario”.

La propuesta oficial contempló un incremento del 3% sobre los salarios de septiembre y otro 3% ya comprometido en las mesas de negociación de junio para octubre. De esta manera, el Gobierno planteó una mejora acumulada del 6% bimestral para el personal docente de las universidades nacionales. La comitiva gremial estuvo integrada por representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Los sindicatos consideraron que el porcentaje ofrecido no alcanza para compensar el deterioro acumulado de los salarios, que estiman entre el 25% y el 35%. Desde CONADU, su secretaria general, Clara Chavalier, sostuvo: “No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Chavalier cuestionó además el porcentaje propuesto por el Poder Ejecutivo y afirmó: “Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada”. La dirigente agregó que, frente a la falta de acuerdo, “todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”.

La ley de financiamiento universitario y un salario digno

Uno de los principales puntos de conflicto es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que el aumento ofrecido no contempla las disposiciones de esa norma, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por la misma Cámara. También señalaron que la Justicia ratificó la obligación de cumplir con la normativa en distintas instancias y que la Corte Suprema ordenó acatar la cautelar vinculada con salarios y becas estudiantiles.

“Hoy no hubo acuerdo paritario. Una paritaria es un diálogo entre partes, y esto fue un monólogo autoritario”, afirmó Cagnacci al finalizar el encuentro. El secretario general de ADUBA sostuvo que el cumplimiento de la ley y del mandato judicial requiere una recomposición salarial cercana al 30% y cuestionó la decisión del Ejecutivo de ofrecer un incremento del 3%.

“El Poder Judicial instó al Gobierno a cumplir con la ley, y la Corte Suprema le ordenó acatar la cautelar. Sin embargo, ofrecen un 3% de aumento salarial, le dan la espalda a la decisión judicial y deciden seguir sin cumplir la ley”, agregó el dirigente. Cagnacci también reclamó retomar el diálogo con el Ejecutivo: “Tiene que hacerse de manera seria, como lo viene pidiendo la Justicia, pero, por sobre todo, la sociedad argentina y la democracia en nuestro país”.

El paro será por 24 horas y alcanzará a docentes y nodocentes universitarios. Las universidades no estarán formalmente cerradas, ya que el acatamiento dependerá de cada trabajador, pero los gremios anticiparon que esperan una adhesión elevada por el malestar acumulado. A fines de esta semana, las organizaciones sindicales volverán a reunirse para definir si continúan con el plan de lucha.

 

En la red social X, Cartlidge sostuvo que “las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”. Además, recordó a los soldados del Reino Unido que murieron durante el conflicto de 1982 y aseguró que su país continuará respaldando la postura de los habitantes de las islas.

El diputado conservador británico dijo: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer”.

La declaración surgió luego de que un periodista británico difundiera el anuncio del discurso que Milei brindará el jueves. El Gobierno argentino mantiene bajo reserva el contenido de la cadena nacional, aunque confirmó que estará enfocada en el reclamo de soberanía.

El mensaje presidencial es trabajado junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó anticipar detalles y aseguró que será Milei quien exponga los lineamientos de la posición argentina.

En paralelo, el gobierno británico también ratificó su postura sobre las islas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien planteó una posible revisión de la posición de Estados Unidos. Desde Londres afirmaron que su posición “no cambió” y reiteraron su respaldo a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.

“Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, señaló el funcionario. Además, insistió en que “la soberanía reside en el Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de los isleños constituye una cuestión primordial para Londres.

Mientras tanto, Javier Milei prepara su mensaje sobre el reclamo argentino por las Malvinas en un contexto diplomático especialmente sensible por las declaraciones de Trump.

 

El tema fue presentado por el canciller Pablo Quirno, quien expuso ante el Gabinete después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de una eventual revisión de la postura de la Casa Blanca respecto de la soberanía de las islas, según informaron fuentes oficiales a la prensa.

Trump había señalado el lunes que estaba dispuesto a «revisar» su postura sobre la cuestión Malvinas ante una consulta sobre la posibilidad de retirar el respaldo estadounidense a la soberanía británica. «Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas», afirmó el mandatario.

Ante estos dichos, el presidente Javier Milei, aseguró este martes que “ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, pero no brindó mayores precisiones.

Por su parte, el ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que las Islas Malvinas «son británicas y seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”

Tras la reunión de gabinete, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el mensaje del Presidente será transmitido por cadena nacional el jueves a las 21:00 y estará centrada en la cuestión Malvinas y en los avances diplomáticos que, según el Gobierno, se produjeron en torno al reclamo argentino.

Durante el encuentro en la Casa Rosada también se analizaron la evolución de los indicadores del mercado laboral, la tasa de inflación y lo que el Gobierno identifica como un proceso de crecimiento de la economía.

Malvinas: el tuit de Milei sobre la cadena nacional y las críticas al periodismo

Horas después de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, el Presidente defendió el uso de la cadena nacional sobre la causa Malvinas y, sin nombrarlos, apuntó contra los periodistas que cuestionaron la medida.

«Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional», afirmó el líder de la Libertad Avanza desde su cuenta de la red social X.

Milei sumó en una nueva embestida contra la prensa: «¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de MIERDAS HUMANAS (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar».

El Presidente subrayó, por último, que su gobierno seguirá «defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese».

Entre los testigos estarán Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, especialista en Balística; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y los médicos forenses Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

Uno de los puntos centrales será determinar las lesiones que provocaron la muerte de Díaz y establecer la secuencia de los disparos. La defensa de Álvarez considera que esta cuestión puede ser clave para sostener su hipótesis de legítima defensa.

También declararán los profesionales que evaluaron al músico después del crimen. En 2018, el psiquiatra Esteban Toro Martínez concluyó que Álvarez estaba “psíquicamente compensado y en condiciones de estar en juicio”, aunque consignó antecedentes de consumo de sustancias y algunas alteraciones en la atención y el pensamiento.

La situación vuelve a cobrar relevancia porque durante las últimas audiencias “Pity” se quedó dormido e incluso llegó a roncar mientras sus abogados cuestionaban su capacidad para afrontar el proceso. El tribunal rechazó el pedido de una nueva evaluación neuropsicológica.

Las pericias sobre el arma

La audiencia también abordará la evidencia balística. La especialista Melina Michel analizó la pistola Lorcin L25 calibre .25 utilizada en el crimen y determinó que era “apta para producir disparos y de funcionamiento mecánico normal”. El cotejo permitió vincular el arma con las vainas y proyectiles incorporados al expediente.

Díaz fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Tras el ataque, Álvarez arrojó el arma en una alcantarilla y se dirigió a Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Luego se entregó a la Justicia y declaró: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

 

Las entregas, de acuerdo con lo relatado por Ibarra, se realizaron en las oficinas de Supercemento, ubicadas en la calle 3 de Febrero 2750. El dinero habría sido recibido por una persona identificada como “Nelson”, que la acusación vincula con Nelson Lazarte, quien era señalado como colaborador de Roberto Baratta.

“Me dijo [Marconi] que eran aportes para la campaña”, declaró Ibarra al responder sobre el motivo de los pagos.

Un pago que, según el testimonio, se repitió tres veces

El empresario explicó que al momento de las entregas se encontraba en el exterior y que fue Marconi quien concretó las operaciones. Según su relato, el pedido original habría surgido de Francisco Moresco, otro integrante del directorio de Supercemento, quien murió en 2018 y había sido procesado en la causa.

“Marconi me contó que Moresco le dijo que lo habían llamado y que tenía que entregar un sobre. Creo que fue en el 2015. Esto sucedió tres veces”, explicó Ibarra durante su declaración.

Ibarra había sido indagado durante la etapa de instrucción por el entonces juez Claudio Bonadio, pero no fue procesado en la causa.

La constructora también aparece mencionada en otros testimonios incorporados al expediente. Miguel Marconi, en calidad de arrepentido, reconoció los tres pagos a “Nelson”, aunque atribuyó la decisión a Moresco.

En cambio, el financista Ernesto Clarens declaró que Supercemento entregaba regularmente el 3% de los certificados cobrados y que esos pagos eran canalizados a través de Marconi, pero este último solo reconoció los tres pagos mencionados.

Según la acusación fiscal, el esquema investigado tenía en la cima a Néstor y Cristina Kirchner y contaba con funcionarios del Ministerio de Planificación e intermediarios vinculados a empresarios y contratistas del Estado.

También declaró Franco Gagliardo, empresario de Obring, quien contó que mantuvo un encuentro con Ernesto Clarens después de participar de una licitación. Según relató, el financista le había dado a entender que podía ayudarlo, pero “nada estuvo claro. No hubo nada concreto”.

El empresario había sido imputado durante la investigación, pero posteriormente fue sobreseído.

 

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó la medida por considerar «prima facie» a ambas acusadas partícipes necesarias del delito de «adulteración de sustancias medicinales».

El magistrado dispuso un embargo de 500 millones de pesos, la continuidad de la prohibición para salir del país y la inhibición de general de bienes para las dos ex funcionarias, cuya decisión deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y a los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves.

A comienzos de agosto de este año Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas y luego excarceladas al pagar una fianza de $75 millones cada una. A su vez, prestaron declaración indagatoria ante el Kreplak.

En el caso hay 14 procesados, entre los que se encuentran Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.

Los análisis posteriores determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos que luego fueron encontrados también en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias.

Según la resolución judicial, el medicamento adulterado fue producido en condiciones “plagadas de serias deficiencias”, con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, controles microbiológicos irregulares y documentación presuntamente adulterada para aparentar procesos de calidad que, en realidad, no existían.

“El apartamiento de los criterios técnicos y pautas procedimentales administrativas contaron con el consentimiento y participación de Bisio en su calidad de administradora nacional de la Anmat”, calificó Kreplak en el documento de casi 300 páginas.

A criterio del magistrado, eso sucedió en dos casos. El primero, con un “acuerdo infrareglamentario consumado” durante un encuentro del 14 de enero del año pasado con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la sede central de la Anmat. De esa reunión con dos empresas que estaban siendo controladas por irregularidades en la producción de medicamentos no quedó registro oficial alguno y, además, ambas exfuncionarias omitieron mencionarlo inicialmente.

El segundo caso fue al no suscribir una carta de advertencia a HLB Pharma. “Era este último acto el que contenía una prohibición expresa de no comercialización [de fármacos]”, amplió el juez. “En ambos casos se verifica, efectivamente, un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario al cual se encontraba obligada como titular de la Anmat”, agregó sobre las omisiones de Bisio.

En cuando a su subordinada, Mantecón Fumadó, el juez enumeró un desentendimiento “por completo” de los plazos que definen las normas vigentes para dictar una medida extrema como es una carta de advertencia -en este caso, para Ramallo- o la inclusión de “actos no reglados” en los procedimientos a seguir como exdirectora del Iname como fueron las entrevistas -tanto formales como informales- con los dueños de las empresas a sancionar.

“Inclusive, selló un pacto con aquéllos -que, como vimos, no fue el primero- para eludir la emisión de la carta [de advertencia]”, sumó el juez. “A la par, “cajoneó” el proyecto de carta de advertencia de HLB por más de cuatro meses, sin darle al expediente respectivo ningún tipo de trámite durante ese lapso.»