El trabajo fue realizado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria. El retroceso del sector privado acumula doce meses consecutivos.

En términos generales, el empleo asalariado formal disminuyó en 7 mil puestos durante mayo, contra los 17 mil de abril. Dentro de las principales actividades, Industria y Comercio volvieron a concentrar las bajas, una dinámica que se mantiene desde septiembre de 2025.

El dato supera ampliamente el promedio latinoamericano, que se ubicó en 2,78%, según un relevamiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El informe, elaborado con información correspondiente al primer trimestre de 2026, analizó la situación de 16 países de la región. Además de registrar la mayor mora, la Argentina también quedó última en otro indicador clave: el volumen de crédito en relación con el tamaño de su economía.

El ratio crédito/PBI argentino alcanzó apenas el 14,3%, frente a un promedio regional del 47,3%. De esta manera, el país combina un bajo nivel de financiamiento con una proporción elevada de préstamos que presentan atrasos.

Los datos de Felaban contemplan únicamente al sistema bancario tradicional. En la Argentina, los bancos concentran cerca de dos tercios de los aproximadamente $14 billones en créditos irregulares. El resto corresponde a fintech y otros proveedores no bancarios, como tarjetas vinculadas a supermercados y cadenas de electrodomésticos, cooperativas y mutuales.

La morosidad también mostró una tendencia ascendente en el resto de América Latina. Al cierre de marzo, la cartera vencida del sistema bancario regional rondó los USD 104.621 millones, un 10% más que en diciembre de 2025 y un 44% por encima del nivel registrado un año antes.

Después de la Argentina, los mayores niveles de mora se observaron en Brasil, con 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el extremo opuesto quedaron República Dominicana, con 1,1%; El Salvador, con 1,4%; y Uruguay, con 1,7%.

La situación local refleja una combinación que viene generando preocupación: poco crédito disponible y crecientes dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. Históricamente, el reducido tamaño del sistema crediticio argentino funcionaba como una protección frente a riesgos de mayor escala. Sin embargo, en los últimos años el financiamiento comenzó a recuperarse y, paralelamente, aumentaron los atrasos.

Entre los factores que explican la baja profundidad del crédito aparece la inflación, que durante años redujo los incentivos tanto para prestar como para tomar deuda. La Argentina sigue siendo el único país incluido en el relevamiento con una inflación anual de dos dígitos. Venezuela, que presenta registros superiores, no fue incorporada al análisis.

Durante los últimos dos años, el crédito al sector privado mostró una recuperación favorecida por la desaceleración inflacionaria, una mayor estabilidad cambiaria y la menor presencia de instrumentos remunerados del Banco Central. Ese proceso ayudó a impulsar la actividad económica, aunque también estuvo acompañado por un incremento de la morosidad.

El deterioro de la capacidad de pago ya afecta a millones de personas. Cerca de siete millones de argentinos mantienen deudas con bancos, fintech u otras entidades de crédito, mientras continúa el debate sobre si el Banco Central debería intervenir de alguna manera frente al crecimiento de los incumplimientos.

El informe también advirtió sobre el nivel de cobertura de los bancos ante posibles impagos. En la Argentina, ese indicador se ubicó en 84%, uno de los más bajos de la región y por debajo del 100%, situación que comparte únicamente con Panamá

El jefe del Palacio de Hacienda precisó que ese dinero podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas. El funcionario presentó la iniciativa este miércoles durante una conferencia de prensa.

Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el fondeo de los bancos: “Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”.

Para atender esta coyuntura, hasta tanto crezca el ahorro de los argentinos en las instituciones locales, se ideó un esquema que pretende movilizar fondos del FGS para incentivar la actividad en un sector clave de la economía.

La idea ya había sido anticipada por Caputo en su última conferencia de prensa y tomó forma en los últimos días ante la necesidad de dar respuesta a la necesidad de apuntalar la débil reactivación económica.

El monto total del programa asciende a $2 billones, que se irán adjudicando a través de licitaciones por $200.000 millones cada una. Los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito. La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.

corte económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.

Caputo asistió a la reunión de la mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Esta vez, fue invitada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la ANSES. Según trascendió, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Ejecutivo enviará al Congreso.

En el recinto se discutirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; el proyecto de Inocencia Fiscal «bis» (una actualización de la ley original) y la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como «la más importante» de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación, informó Noticias Argentinas.

En otras medidas, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad. El proyecto también elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

Paralelamente, se busca fortalecer la independencia del Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para “blindarlos” de los cambios en los gobiernos.

Inocencia Fiscal 2

El proyecto amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podrían adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

Ley de adhesión al Tratado de Patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países– que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Es una especie de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Claro que la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud y perjudicando a la producción de genéricos de laboratorios nacionales

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Entre Ríos al 1130, en el barrio Sur de la capital tucumana. Allí fueron encontrados sin vida Oscar Mauricio Sosa y su hijo menor, que padecía autismo severo. La Policía llegó al lugar luego de que los jóvenes alertaran sobre lo sucedido.

El hallazgo y la carta que dejó el hombre

Según la investigación, Sosa habría administrado pastillas a su hijo antes de provocarle la muerte. Luego, el hombre se suicidó. Los primeros peritajes establecieron que fue encontrado con signos compatibles con un ahorcamiento, mientras que el cuerpo del niño estaba dentro de la vivienda.

En la escena, los investigadores encontraron una carta escrita de puño y letra por Sosa, en la que habría confesado el crimen y explicado los motivos de su decisión. El fiscal Carlos Sale señaló que el hombre manifestó que no podía continuar haciéndose cargo del cuidado del menor.

El fiscal indicó además que, de acuerdo con el contenido del escrito, Sosa habría intentado hacerle creer que el niño no había sufrido. La Justicia aguarda ahora los resultados de las autopsias y peritajes para establecer con precisión cómo ocurrieron las muertes.

Cumplía prisión domiciliaria por una causa en Córdoba

Sosa se encontraba bajo arresto domiciliario por una causa judicial iniciada en Córdoba, relacionada con una investigación por presunta asociación ilícita y supuestos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, el hombre tenía restricciones para salir de la vivienda y permanecía allí al cuidado de su hijo. La situación judicial habría generado además la posibilidad de que fuera trasladado nuevamente a Córdoba, un aspecto que ahora forma parte de la investigación.

Los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al hombre a cometer el filicidio y posteriormente quitarse la vida.

La mujer, de 31 años, fue arrestada por la Policía Federal luego de un allanamiento realizado en su vivienda de La Plata. El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, tiene previsto indagarla junto con otros penitenciarios detenidos en el marco de la causa.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo dictó la medida en favor de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; Antonio Bernardino Benítez; Daniel “Fierrito” Ramírez; Mónica Millapi y Francisco Méndez.

En una resol

ución de 104 páginas, la magistrada dictó la falta de mérito para todos los implicados. Para Millapi, Benítez y Ramírez, tomó la misma determinación por «abandono de persona», ya que venció “holgadamente el plazo desde entonces, hasta la actualidad, sin que se incorporen elementos que modifiquen el dictado del decisorio”.

Pozzer Penzo consideró que no se verificaron indicadores, ni elementos que permitieran acreditar la existencia de una organización destinada a la trata de personas. Además, descartó otras líneas investigativas, como una posible vinculación con el crimen organizado, una “pista narco” o una venganza intrafamiliar.

De todos modos, el fallo no modificó la situación de los ocho implicados, que actualmente son juzgados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La magistrada subrayó, en ese sentido, que lo ocurrido en el paraje El Algarrobal «no fue accidental» y que «el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado».

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Su última imagen fue tomada ese día, cuando caminaba hacia el naranjal junto a otros menores y varios de los adultos que hoy están sentados en el banquillo.

Su paradero continúa siendo desconocido, por lo que Pozzer Penzo ordenó mantener las tareas del Comando Unificado Conjunto Corrientes, las alertas internacionales de Interpol, las publicaciones y búsquedas del SIFEBU y el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal para analizar nuevas denuncias e información sobre el posible paradero del niño, que tenía cinco años al momento de su desaparición.

Junto con esas medidas, la jueza federal de Goya dispuso insistir con la difusión de su fotografía y mantener vigente la recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información útil que permita encontrar a Loan.

La investigación fue impulsada por efectivos de la Comisaría 4ta. de Libertad, quienes realizaron distintas tareas investigativas y analizaron imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo. Así, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer seis domicilios vinculados con la investigación.

Con autorización del Juzgado de Garantías 1 de Morón, se realizaron seis allanamientos en domicilios ubicados en el partido de Moreno, con la colaboración de la Dirección de Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón. Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos Matías Iván Moya, de 24 años, señalado como uno de los involucrados en el hecho, y Kevin Nahuel Chávez, de 23 años, sindicado como quien habría conducido el vehículo utilizado durante el episodio.

Durante los operativos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con siete municiones, prendas de vestir coincidentes con las utilizadas durante el hecho, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. En otro de los objetivos se incautaron además una funda para motocicleta, un teléfono celular y vestimenta vinculada con el episodio.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Martín Cappello, avaló las aprehensiones y dispuso el traslado de ambos involucrados a sede fiscal. La investigación continúa con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.