El Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio de agua potable y desagües cloacales que presta Aguas de Formosa SA en la ciudad de Formosa. La actualización comenzó a regir con las lecturas correspondientes al 1 de septiembre de 2026 y se aplicará de manera gradual hasta diciembre.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 571, de fecha 3 de septiembre, a partir de un pedido de revisión extraordinaria presentado por la empresa concesionaria, en el marco de lo establecido por el contrato de concesión. El EROSP había autorizado previamente la conformación de una mesa de estudios para analizar la evolución de los costos de operación y mantenimiento del sistema de provisión de agua potable.

Según surge de los fundamentos de la resolución, la revisión extraordinaria fue habilitada debido a que las variaciones de costos habían superado ampliamente el 7% establecido en el contrato como parámetro para este tipo de procedimiento. Entre los factores considerados se mencionan los incrementos en los costos laborales derivados de negociaciones colectivas y disposiciones provinciales, además de las variaciones registradas en materiales, insumos y servicios utilizados para la prestación y mantenimiento del servicio.

El documento también señala un aumento de los controles de calidad y de las distancias de recorrido, factores que generaron un mayor uso de productos químicos y otros recursos necesarios para el traslado. La mesa de estudio concluyó que las modificaciones producidas en la estructura de costos justificaban la revisión extraordinaria y que los valores tarifarios debían reflejar el costo económico real de la prestación.

La actualización se implementará en cuatro tramos mensuales consecutivos y acumulativos. De acuerdo con lo establecido en el dictamen de la Subsecretaría de Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, los incrementos se aplicarán linealmente sobre los cargos fijos, tanto residenciales como no residenciales, y sobre los valores por metro cúbico excedente.

La resolución establece que el nuevo cuadro tarifario tendrá vigencia a partir de las lecturas realizadas desde septiembre de 2026 y contempla su aplicación hasta las lecturas correspondientes a diciembre. El artículo primero de la norma aprobó los valores incluidos en los cuatro anexos que forman parte de la resolución.

Los nuevos valores

Para las lecturas realizadas desde el 1 de septiembre, el cargo fijo mensual para la categoría residencial 1, correspondiente a agua, quedó establecido en $ 19.532,22, mientras que para agua más cloaca es de $ 30.118,68. En la categoría residencial 2, los valores son de $ 9.766,11 para agua y $ 15.059,34 para agua más cloaca.

En las categorías no residenciales, el cargo fijo mensual de la categoría 10 es de $ 29.298,33 para agua y $ 45.178,02 con cloaca; en la categoría 11, de $ 39.064,44 y $ 60.237,37, respectivamente; y en la categoría 12, de $ 48.830,55 para agua y $ 75.296,71 para agua más cloaca.

A esos cargos se suma, cuando corresponde, el valor por metro cúbico excedente. Para septiembre, la categoría residencial 1 tiene un valor de $ 835,900 por m³ para agua y de $ 1.504,620 para agua más cloaca. Para las categorías residenciales 2, el cuadro establece $ 0 en este concepto. En las no residenciales, los valores van desde $ 1.003,080 por m³ para la categoría 10 agua hasta $ 2.257,766 para la categoría 12 agua más cloaca.

Desde el 1 de octubre, el cargo fijo residencial 1 pasa a $ 20.585,96 para agua y $ 31.743,55 con cloaca; el residencial 2, a $ 10.292,98 y $ 15.871,78. Para los usuarios no residenciales, la categoría 10 queda en $ 30.878,94 y $ 47.615,33; la 11, en $ 41.171,92 y $ 63.487,10; y la 12, en $ 51.464,90 y $ 79.358,88, según se trate de agua o agua más cloaca.

En ese segundo tramo, los valores por metro cúbico excedente son de $ 881,000 para residencial 1 agua y $ 1.585,800 para agua más cloaca. Para las categorías no residenciales, ascienden a $ 1.057,200 y $ 1.903,841 en la categoría 10; $ 1.189,350 y $ 2.141,711 en la 11; y $ 1.321,500 y $ 2.379,581 en la 12.

Para las lecturas desde el 1 de noviembre, el cargo fijo residencial 1 se ubica en $ 21.639,69 para agua y $ 33.368,40 con cloaca, mientras que el residencial 2 queda en $ 10.819,85 y $ 16.684,20. En las categorías no residenciales, los cargos son de $ 32.459,54 y $ 50.005,60 para la 10; $ 43.279,38 y $ 66.736,80 para la 11; y $ 54.099,23 y $ 83.421,00 para la 12.

En cuanto a la micromedición, en noviembre el metro cúbico excedente pasa a $ 926,090 para residencial 1 agua y $ 1.666,962 con cloaca. Para las categorías no residenciales, los valores son de $ 1.111,308 y $ 2.001,280 en la 10; $ 1.250,222 y $ 2.251,325 en la 11; y $ 1.389,135 y $ 2.501,369 en la 12.

Finalmente, desde las lecturas correspondientes al 1 de diciembre, el cargo fijo residencial 1 alcanza $ 22.693,42 para agua y $ 34.993,25 con cloaca; y el residencial 2, $ 11.346,71 y $ 17.496,63. En las categorías no residenciales, los cargos quedan en $ 34.040,13 y $ 52.489,88 para la 10; $ 45.386,84 y $ 69.986,51 para la 11; y $ 56.733,55 y $ 87.483,13 para la 12.

El valor del metro cúbico excedente en diciembre será de $ 971,180 para residencial 1 agua y $ 1.748,124 para agua más cloaca. En las categorías no residenciales, será de $ 1.165,416 y $ 2.098,720 para la 10; $ 1.311,093 y $ 2.360,939 para la 11; y $ 1.456,770 y $ 2.623,157 para la 12.

El Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, a cargo del juez federal Pablo Fernando Morán dio un plazo de seis meses a Vialidad Nacional para reparar las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, en el marco de una presentación de “Padres Unidos por el Dolor”. Las tareas incluyen bacheo, rellenar pozos y protuberancias, sellar grietas y mantener limpias las banquinas.

La decisión fue adoptada en el marco del expediente “Fundación Padres Unidos por el Dolor y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ incidente de medida cautelar”, que tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa. La medida amplía una tutela cautelar originalmente dispuesta en junio de 2025 y cuyo criterio ya había sido confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Al resolver, el juez Morán puso de relieve especialmente los derechos comprometidos por el estado de las rutas: la libre circulación, la seguridad vial, la vida y la integridad física de quienes transitan por ellas. La resolución considera que el deterioro acreditado representa un riesgo para los ciudadanos y una amenaza concreta para la seguridad vial.

La medida también pondera la importancia de esos corredores para la vida cotidiana de la provincia, ya que atraviesan numerosas localidades, comunican a Formosa con provincias vecinas y constituyen vías de vinculación con la República del Paraguay. En ese contexto, la decisión menciona además la protección de derechos vinculados con la salud, la educación, la propiedad y la circulación segura de las personas.

En términos institucionales, la resolución parte de una premisa clara: la tutela judicial de esos derechos no supone sustituir a la Administración ni interferir en la definición de políticas públicas, sino exigir el cumplimiento de obligaciones que el ordenamiento jurídico ya asigna a los organismos competentes.

La Dirección Nacional de Vialidad es el organismo legalmente responsable de la conservación y mejora del sistema troncal de caminos nacionales. Por ese motivo, el fallo señala expresamente que la intervención judicial no implica una intromisión indebida del Poder Judicial en el Poder Administrador, sino la exigencia del cumplimiento concreto y efectivo de una obligación establecida por la ley.

Rutas estratégicas

La medida comprende sectores de cuatro corredores fundamentales para la provincia. En el caso de la ruta nacional 11, alcanza el tramo comprendido desde General Lucio V. Mansilla hasta Clorinda y el acceso a Puerto Pilcomayo.

En la ruta nacional 81, la disposición comprende el corredor desde el límite con Salta, en un tramo de aproximadamente 504 kilómetros. Para la ruta nacional 86, alcanza el recorrido desde Clorinda hasta Guadalcázar, de aproximadamente 437 kilómetros. Finalmente, en la ruta nacional 95, abarca el tramo desde Puerto Lavalle hasta Villa General Güemes, de aproximadamente 120 kilómetros.

Vialidad Nacional deberá además presentar, antes del vencimiento del plazo establecido, un informe que permita verificar el cumplimiento de la orden judicial.

Desde el Juzgado Federal se destacó que la conservación de las rutas debe ser entendida como una responsabilidad institucional permanente. El juez Pablo Fernando Morán señaló que “la adecuada conservación de las rutas nacionales no constituye una cuestión partidaria ni coyuntural. Se vincula directamente con la seguridad de las personas, la protección de la vida y de los bienes y con la preservación de una infraestructura pública que pertenece a toda la comunidad.”

En esa misma línea, agregó: “La función de la Justicia no consiste en administrar ni en sustituir a los organismos técnicos. Corresponde, en cambio, brindar tutela cuando se encuentran comprometidos derechos de los ciudadanos y exigir que las obligaciones establecidas por la ley tengan un cumplimiento efectivo.”

La resolución también recoge la incidencia que el estado de la infraestructura vial puede tener sobre la actividad económica provincial, al afectar el traslado seguro de personas, mercancías y producción hacia otras regiones del país.

Tutela judicial e institucionalidad

La decisión procura así conciliar dos principios igualmente relevantes: el respeto por las competencias propias de la Administración y la obligación constitucional del Poder Judicial de brindar protección efectiva cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales.

En ese marco, la intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa se orienta a preservar la seguridad vial, la vida y la integridad de los ciudadanos y el adecuado mantenimiento de una infraestructura pública esencial para Formosa, dentro de los límites propios de la función jurisdiccional.

La medida mantiene carácter cautelar y, por lo tanto, no implica un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión de fondo del proceso. La propia resolución recuerda que este tipo de tutela es provisoria y se encuentra condicionada por las circunstancias que determinaron su dictado.

La familia de Romina Ibarra, la docente asesinada el 11 de febrero de 2025 por su expareja, volvió a reclamar justicia y pidió que se avance cuanto antes hacia el juicio oral por el femicidio de la mujer, cuyo inicio estaba previsto para el 18 de agosto. El planteo se realizó el lunes, cuando familiares y allegados se presentaron frente al Cuerpo Médico Forense junto con el perito de parte que participa en la causa.

Según explicó Cinthia Ibarra, hermana de Romina, durante la jornada se llevó a cabo una junta médica psiquiátrica al imputado, una medida solicitada por su defensa. Sin embargo, el acusado se negó a realizar la entrevista prevista.

“Se negó a hacerse la entrevista, así que eso es favorable para nosotros en primera instancia”, señaló a La Mañana y adelantó que su abogado trabaja en la presentación de un escrito para solicitar que la causa avance y se fije la audiencia lo antes posible.

La familia considera que la negativa del imputado puede generar nuevas demoras en el proceso. “Puede volver a pedir otro turno y es lo que queremos evitar nosotros”, sostuvo Cinthia.

El contexto de la medida se remonta al 18 de agosto, fecha en la que estaba previsto el inicio del juicio oral. Sin embargo, se produjo un cambio en la defensa del acusado y posteriormente se solicitó la realización de la pericia psiquiátrica que finalmente tuvo lugar el lunes, aunque sin la participación del imputado.

Ahora, los peritos deben elaborar un informe y presentarlo durante los próximos días. Cinthia estimó que podrían transcurrir alrededor de 15 días hasta conocer novedades sobre esta instancia. “Los peritos tenían que hacer un informe y entregar durante este período el resultado, que sería nada, porque no habló”, explicó.

La familia espera que, una vez cumplido ese paso, no existan nuevos obstáculos para avanzar con el juicio. “Nosotros vamos a tratar de que así sea”, afirmó Cinthia al ser consultada sobre la posibilidad de que el debate oral comience antes de la feria judicial.

En paralelo, señaló que continúa al cuidado de las dos hijas de Romina, quienes permanecen en su domicilio. Según explicó, la familia procura mantenerlas al margen de las instancias vinculadas con la causa para que puedan continuar con su vida cotidiana y asistir a la escuela.

El director de Transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera, lamentó que este lunes al mediodía una unidad de la Línea C haya resultado dañada con objetos contundentes (ladrillos o pedazos de cerámica) arrojados por un grupo de personas que habrían utilizado gomeras en el barrio Namqom, aunque no se registraron heridos por este suceso. “Hubo una ventanilla afectada, pero había sólo dos pasajeros en el colectivo”, acotó.

También, detalló a La Mañana que la Comuna está construyendo dos playones deportivos y una plaza en la urbanización mencionada, y que también desarrolla tareas de reparación de calles y de instalación de luminarias. Además, reveló que antes de la nueva agresión, el Municipio no recibió ninguna queja referida a la circulación de la Línea C.

“El hecho ocurrió en el horario de salida del colegio, cerca de uno de los playones que se están haciendo. Hace un tiempo, tuvimos ataques cotidianos a los colectivos. Este último daño se soluciona en 48 horas, pero la Línea C tiene un recorrido bastante extenso, con pocas paradas. Sale del barrio San Isidro, entra al casco céntrico y luego pasa por los barrios Vial y Virgen de Lourdes. Sin embargo, estamos bastante bien, a pesar de los incidentes que tuvimos con los colectivos”, explicó Olivera a este Diario.

Aplicación

En otro orden, el funcionario aseveró que la aplicación para que los usuarios de la empresa Fermoza puedan conocer los horarios en que las unidades pasan por las diferentes paradas “ya está lista” y que aún no se encuentra disponible porque “se están realizando cambios en algunas paradas, por pedido de los vecinos”.

“Nos está costando mucho colocar el orden de las paradas de los colectivos. Nosotros proponemos consensuar las paradas de los colectivos: algunos las quieren en ciertos lugares y otros no. Tuvimos este tipo de discusión en el barrio San Juan Bautista”, agregó.

Asimismo, recordó que la empresa funciona sin subsidios, destacó que “en pocos días” se anunciará la incorporación de nuevos colectivos y remarcó que se reciben las críticas de los vecinos, que en ciertos casos se centran en los comportamientos de algunos choferes y de ciertos pasajeros.

Para finalizar, Olivera dijo que en los meses previos al inicio del año 2027, en el cual se concretarán elecciones generales, “la mejor ‘campaña’ es la gestión”, y criticó las intervenciones que un concejal justicialista en algunos barrios capitalinos con financiación de empresarios locales, en las cuales se efectuaron “cuneteos y arreglos de calles muy precarios”, que luego requirieron trabajos de reparación por parte del Municipio, hechos por los cuales la Comuna labró multas al edil. “Se hicieron cuneteos afectando caños y dejaron sin agua a medio barrio. Eso nos ha pasado en varios lugares”, denunció.