“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, reconoció Bullrich en diálogo con el programa «Esta mañana» de Radio Rivadavia.

La senadora recordó que en Diputados ya existían conversaciones sobre la cuestión y “había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo de determinada manera”, por lo que ahora esperará para conocer qué texto finalmente aprueba la Cámara baja y envía al Senado.

Bullrich explicó: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”.

“Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, agregó la exministra de Seguridad, quien actualmente integra la mesa política del Gobierno.

Sobre la reforma electoral, Bullrich aseguró que todavía continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO y reconoció que aún “no están los votos” porque tampoco terminaron de definirse las coaliciones y acuerdos políticos para las próximas elecciones.

La senadora dejó abierta, además, la posibilidad de avanzar con un esquema intermedio para las PASO. “Algún sistema de selección tiene que haber”, sostuvo, y planteó que en cada partido “todos deben tener la posibilidad de competir” para definir los candidatos.

“Puede haber un paso intermedio, que no es eliminar las PASO sino que no sean obligatorias”, señaló.

Bullrich también ratificó su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei. “Es un proyecto que merece tener reelección, sí, sin duda”, afirmó, aunque consideró que todavía existen aspectos de la economía que deberían “mejorar» de cara al próximo año.

En ese sentido, sostuvo que es necesario acelerar los sectores vinculados con el mercado interno para que empresas, pymes, trabajadores autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia puedan “sentir los beneficios” de la estabilidad económica.

«La actividad económica tiene que repuntar”, reconoció Bullrich, y mencionó particularmente las caídas de la industria y la construcción y consideró que se trata de sectores relevantes por la cantidad de puestos de trabajo que concentran.

Finalmente, consultada sobre la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, desestimó la posibilidad de que el recurso internacional que presentaron sus abogados pueda revertir su situación de prisión y de inhabilitación.

“El tema está cerrado, por lo menos en la causa por la que hoy está purgando una pena, se llegó a la última instancia. Ningún detenido en la Argentina ha tenido tantas revisiones judiciales como la expresidenta”, aseveró.

Para el sistema científico, las partidas previstas para CONICET, CONAE, CNEA y la Agencia I+D+i contemplan una actualización en línea con la inflación del 18% proyectada oficialmente para 2027. Si esa estimación no se cumple, los recursos perderían poder adquisitivo.

La situación se da luego de que estos organismos todavía no recuperaran la caída registrada desde diciembre de 2023. La pérdida acumulada de ingresos reales alcanza el 35% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El escenario planteado para INTA e INTI es todavía más restrictivo. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tendrá una reducción nominal del 12,4% en sus partidas, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial afrontará una baja del 5,2%.

Ambos organismos ya atravesaron fuertes recortes presupuestarios y una reducción significativa de sus planteles desde 2024. En el INTA, la merma acumulada en términos reales supera el 43%, mientras que en el INTI se acerca al 49%.

El proyecto contempla 7,34 billones de pesos para las universidades nacionales, muy por debajo de los más de 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las instituciones de todo el país.

Además del aspecto presupuestario, la iniciativa incorpora una disposición que genera preocupación en el ámbito académico. Las universidades deberían informar al Ministerio de Capital Humano el destino de sus gastos, mientras que el Poder Ejecutivo quedaría facultado para suspender transferencias ante incumplimientos.

Los rectores cuestionan esa condición porque, según advierten, pone en discusión el principio de autonomía universitaria. A su vez, sostienen que los fondos reclamados resultan necesarios para afrontar las obligaciones del sistema.

En paralelo, las autoridades universitarias exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y anticipan un escenario de fuerte conflictividad si el proyecto mantiene las condiciones planteadas.

El arribo del equipo técnico del organismo será el próximo lunes 21 de septiembre , y no contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En paralelo a la llegada de la delegación técnica, el país enfrenta el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por US$803 millones. Después quedarán un pago por US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

En la revisión se analizará el cumplimento de las metas por parte de la administración Milei. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los US$4.200 millones respecto de lo pactado.

Asimismo, en lo respectivo al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, alcanzando los US$9.000 millones.

A diferencia del desempeño cambiario, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI.

Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el nivel de actividad económica.

Para intentar blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión, tales como postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de subsidios al transporte.

La visita técnica retoma las pautas marcadas a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su paso por el país, donde instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios.

Además, la titular del organismo hizo hincapié en la necesidad de despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito, y fortalecer el mercado de capitales en el país.

La empresa recibió facturas por un monto acumulado superior a los $174 millones: $91.956.961,49 correspondientes a agosto y otros $82.959.743,90 con vencimiento en septiembre. Para evitar la suspensión del servicio, la pyme tuvo que recurrir a un préstamo bancario por $100 millones.

La medida cautelar fue concedida por un plazo de respuesta de dos días y quedó sujeta a la presentación de una caución juratoria por parte de Protefilm. La compañía, además, solicitó la nulidad de ambos comprobantes y el reintegro de las sumas que ya había abonado, informaron fuentes judiciales.

El proyecto reemplaza el esquema vigente, que estaba concentrado en las actividades hidrocarburíferas, y extiende las restricciones a todo tipo de recursos renovables y no renovables, lo que también puede alcanzar a actividades como la pesca. Además, incluye a quienes faciliten esas operaciones mediante servicios económicos, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría.

Las penas previstas para quienes exploten recursos en Malvinas

Para las actividades vinculadas con hidrocarburos, el proyecto establece penas de 12 a 15 años de prisión para quienes realicen tareas de prospección o exploración sin autorización. En los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las condenas podrían llegar a 20 años.

El castigo más severo está previsto para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin habilitación: las penas irían de 15 a 20 años de prisión y las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.}

Los proveedores que, con conocimiento de la operación, entreguen bienes o servicios esenciales para una actividad prohibida también quedarían alcanzados. Para ellos se contemplan penas de cinco a siete años de prisión, multas de hasta 100.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales.

Las empresas involucradas podrían además sufrir rescisión de contratos, revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado. El régimen contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y otras sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

También se incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización para las compañías que abandonen las actividades prohibidas y cumplan determinadas condiciones. La regularización podría hacerse mediante el pago de una multa o la reconversión de las inversiones hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino, y en determinadas circunstancias podría extinguir la acción penal.

Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional

El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional que concentrará funciones diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. El órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.

Entre sus integrantes permanentes estarán el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

La iniciativa incorpora además procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y establece medidas para la detención e inspección de buques. En el ámbito marítimo contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, acciones para inutilizar una embarcación.

El Gobierno pidió al Congreso priorizar el tratamiento del proyecto. Ahora comenzará la discusión parlamentaria, con el paso de la iniciativa por las comisiones que correspondan antes de su eventual debate en el recinto.

El operativo había sido realizado el 23 de agosto de 2018, cuando Kirchner era Senadora nacional, y el allanamiento había sido autorizado por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio, quien falleciera en el 2020.

El procedimiento se extendió durante aproximadamente 13 horas y tuvo lugar en el departamento ubicado en la calle Juncal, en Barrio Norte, y en la que vivía la ex-mandataria.

La medida fue fijada para el próximo 21 de octubre en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí serán examinadas las muestras biológicas que fueron trasladadas desde Comodoro Rivadavia.

El objetivo será determinar la causa de muerte de Ángel y establecer si las infiltraciones de sangre detectadas en el cuero cabelludo tienen relación con su fallecimiento.

Según explicó Roberto Castillo, querellante en la causa, las defensas solicitaron un nuevo análisis porque no están de acuerdo con las conclusiones de las pericias realizadas anteriormente.

“La defensa no está de acuerdo con los resultados de las pericias anteriores dado que brinda dos causales de muerte: neumonía de manera concomitante con veinte impactos en la cabeza”, explicó Castillo.

Qué analizarán en Buenos Aires

La nueva evaluación buscará precisar cuándo se produjeron las lesiones en el cuero cabelludo y si esas infiltraciones de sangre pueden considerarse una causa concomitante de la muerte junto con el cuadro respiratorio que presentaba el niño.

Las muestras biológicas ya fueron trasladadas desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires y quedaron a disposición del Cuerpo Médico Forense para la realización del estudio.

La medida había sido solicitada por la defensa y fue autorizada por la Justicia luego de cumplirse las distintas instancias procesales. Ahora, el resultado de la pericia será incorporado a la investigación y podrá aportar nuevos elementos para establecer las circunstancias de la muerte de Ángel López.

Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico.

Durante esta mañana, y según confirmaron Bomberos de Sarandí, el foco fue completamente dominado

Según información del SAME a la que accedió, el depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo afectó la visibilidad.

En tanto, trascendió que el incendio se habría iniciado cuando varias personas prendieron fuego residuos acumulados en el lugar lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente y, de inmediato, se desplegó un operativo para evitar que el fuego alcanzara sectores linderos.

Como consecuencia del siniestro, una densa columna de humo se desplazó sobre la zona y redujo la visibilidad de los conductores que circulaban por la autopista Buenos Aires-La Plata”.

Los primeros equipos de bomberos comenzaron a trabajar sobre el foco durante la tarde del miércoles, poco después de que se iniciara el incendio. Sin embargo, un cambio en la dirección del viento complicó el operativo y favoreció la propagación de las llamas sobre los residuos acumulados.

Frente a esta situación, pidieron que se enviara una autobomba adicional, según la información recogida. Con el paso de las horas, el despliegue sumó un total de 12 dotaciones, que trabajaron desde ayer: Villa Domínico, Wilde, Sarandí, Avellaneda, Dock Sud, Echenagucía y Lanús.

En el lugar también trabajó personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y efectivos policiales que realizaron un vallado perimetral para restringir el ingreso al sector afectado, donde se acumulan residuos y hay pastizales

José Luis Caro falleció el 8 de diciembre de 2024 y, según denunció su madre, continuaba apareciendo como trabajador activo de la Municipalidad de San Isidro. La familia asegura algo todavía más grave: jamás trabajó para esa comuna ni para ninguna repartición pública. La Justicia deberá establecer si hubo un insólito error administrativo o una maniobra detrás de la supuesta relación laboral y la eventual liquidación de haberes.

El caso fue denunciado por Olga Rafaelli, madre del joven que falleció tras un accidente en la vía pública en San Miguel. Yamila Benítez, pareja de Caro, inició trámites para obtener un beneficio social, pero recibió una respuesta que la dejó perpleja: no podía acceder porque su pareja aparecía trabajando y percibiendo haberes.

Ella cobraba la asignación familiar, beneficio que perdió porque le confirmaron que “trabajaba en blanco” en la Municipalidad de San Isidro bajo la administración de Ramos Lanús. La mujer acudió a ANSES Hurlingham y, siempre según consta en la denuncia, allí le informaron que José Luis Caro continuaba registrado como trabajador activo y que la relación laboral correspondía a la Municipalidad de San Isidro.

El organismo previsional entregó documentación vinculada con esa situación laboral y esos elementos ya fueron puestos a disposición de la Justicia. Pero el testimonio de su madre agrega todavía más sospechas al episodio. Rafaelli afirmó que su hijo “nunca trabajó en el partido de San Isidro ni tampoco para ninguna administración pública”.

Según sostuvo, se ganaba la vida de manera independiente como proveedor de teléfonos celulares. Entonces, ¿quién dio de alta a Caro como supuesto trabajador municipal? ¿Existía un legajo a su nombre? ¿Durante cuánto tiempo figuró como empleado? ¿Se liquidaron salarios? Y si hubo dinero efectivamente pagado, ¿a qué cuenta fue transferido y quién terminó cobrándolo? También deberá explicarse cómo pudo permanecer activa la registración laboral después de su muerte.

La presentación judicial busca justamente determinar si todo responde a un error administrativo, a una negligencia dentro de la estructura municipal o si existió alguna conducta ilícita relacionada con esa supuesta contratación y eventuales liquidaciones posteriores. El fallecimiento de Caro había dado lugar a una investigación con intervención de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín. Pero ahora apareció un capítulo diferente que coloca el foco sobre los registros de personal de San Isidro.

La documentación puede resultar clave. Porque si efectivamente existieron altas, recibos, aportes, transferencias o liquidaciones salariales, esos movimientos deberían permitir reconstruir quién incorporó al joven al sistema y qué ocurrió con el dinero.