“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, dijo Rappallini en el evento en el que hizo un repaso de la situación actual de la industria nacional.

El titular de la entidad afirmó que la producción se ubica un 10 por ciento abajo del 2022 y con caídas más profundas en otros sectores que llegan al 30 por ciento. Además, enfatizó en la pérdida de empleos registrados que escala, según Rappallini, a 90 mil puestos.

El encuentro se realizó en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines, y contó con la presencia de más de 200 representantes de todos los sectores industriales que conforman la entidad, autoridades nacionales y locales, y referentes del ámbito productivo. Por parte del Poder Ejecutivo solo dio el presente Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio.

Para Rappallini, “la economía no puede medirse solamente por la inflación” y sostuvo que construir ese puente hacia el crecimiento, «incluye reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral».

«Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó Rappallini.

En otro tramo del discurso, el presidente de la UIA dijo: «Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo. Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.

«La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos. Por ello, Rappallini propuso construir un puente que posibilite a todos los sectores la transición sin alterar el equilibrio fiscal. “La industria compite con el mundo”, remarcó Rappallini.

Y agregó: «Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”.

Ante la ausencia de dirigentes de peso del Gobierno, los industriales estallaron. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cargó contra el gobierno de Javier Milei ante la dificil situación que atraviesa la actividad fabril. “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, lanzó.

Moretti fue más allá y cargó con dureza aunque sin nombrarlo directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.

“Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, lanzó.

Moretti admitió que hay sectores de la economía en crecimiento, “a los que el Gobierno apuesta fuerte”, como el agro, la minería y el petróleo. Pero insistió en que el sector industrial “en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”.

El Día de la Industria se celebra en el país desde 1941, en recuerdo de la primera exportación realizada el 2 de septiembre de 1587 desde la Argentina -en ese entonces territorio dependiente del Virreinato del Perú- hacia Brasil. La carabela San Antonio llevaba un cargamento de tejidos y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero.

Día de la Industria: los números negativos del sector manufacturero

Un informe del Centro de Economía Política Argentina al que accedió Popular reflejó este martes la situación crítica de la industria manufacturera. Aquí, los principales números del sector basados en datos del Indec:

-En términos interanuales, la industria acumuló una caída del 1,9% durante el primer semestre de 2026.

-En comparación con el ciclo enero 2022 – noviembre 2023, el nivel de actividad registró un derrumbe del 8,1%.

-El Índice de Producción Industrial (IPI) del primer semestre de este año se ubicó el 2,2% por debajo del mismo período que en 2025.

-En el promedio del gobierno de Milei, la producción industrial aparece el 10,2% por debajo del modelo anterior.

-El uso de la capacidad instalada alcanzó en junio pasado sólo el 59,1%. O sea, cuatro de diez máquinas de la industria están en desuso.

-La cifra está 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2023.

-Todos los sectores industriales, excluyendo refinación de petróleo que creció 5,2% y productos alimenticios y bebidas que trepó marginalmente 0,3%, redujeron su uso de capacidad instalada en la comparación con junio 2023.

-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).

-Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en el sector industrial (-8,0%) y cerraron 4.020 industrias manufactureras (-8,1%).

-Con un desplome del 7,9% entre 2023 y 2025, Argentina ostenta el segundo peor desempeño industrial del mundo sobre un universo de 56 economías analizadas, superada sólo por Hungría.

El informe del CEPA atribuyó la crisis industrial a la caída de ventas y «la apertura acelerada, sin financiamiento ni planificación, de importaciones de bienes de consumo». Según datos del Indec, el primer semestre de 2026 se consolidó como el de mayor nivel de importaciones de bienes de consumo final desde que se tiene registro histórico, alcanzando los U$S5.362 millones.

La entrada de productos elaborados desde el exterior mostró incrementos sustanciales frente a 2023 en rubros sensibles para la producción local: electrodomésticos y luminarias (+109,2%), indumentaria y prendas de vestir (+86,3%), motos y bicicletas (+67,6%) y alimentos procesados (+51,9%).

 

Con la oposición al acecho tras el anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la emergencia en Discapacidad como uno de los dos pilares del temario, el cuerpo que preside el libertario Gerardo Huesen se reunirá este miércoles desde las 16 para escuchar a la máxima autoridad del área, al subsecretario de Política de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y al subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.

Mientras una confluencia de bloques opositores presiona para llevar al recinto la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad (que el Poder Ejecutivo se resiste a aplicar en su totalidad con justificaciones fiscales), el oficialismo busca frustrar el quórum de dicha sesión y centra su estrategia en mostrarle a los «dialoguistas» la buena predisposición del Gobierno para diagnosticar en la «casa del pueblo» el cuadro de situación y las supuestas mejoras implementadas en el sistema.

La situación en el área de discapacitados está marcada por la suspensión de prestaciones de obras sociales, prepagas y profesionales por la interrupción en la cadena de pagos, la baja de pensiones por invalidez y la falta de actualización de los aranceles acorde al aumento del costo de vida.

Por un lado, los valores del nomenclador para abonar terapias, transporte y centros educativos quedaron muy atrasados frente a la inflación acumulada.

El Gobierno actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas con aumentos mínimos y los valores de los aranceles quedaron completamente desactualizados respecto al costo real de vida, lo que vuelve inviables servicios críticos como el transporte adaptado o los centros de día.

Además, las obras sociales y prepagas denuncian interrupciones en la transferencia de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que corta la cadena de pagos a los profesionales.

Como consecuencia, los profesionales (psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros terapéuticos) sufren deudas crónicas y han llegado a suspender tratamientos de forma masiva debido a que «trabajan pero no cobran».

Otro foco de conflictividad tiene que ver con el recorte masivo y freno a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral.

Bajo la premisa de revisar el otorgamiento de beneficios, el Gobierno dio de baja más de 110.000 PNC por invalidez laboral y mantiene en un «limbo» administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas.

Además, se reestableció la exigencia estricta de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder o conservar la pensión.

El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema previo estaba plagado de irregularidades, corrupción y pensiones otorgadas sin los requisitos correspondientes, justificando las auditorías estrictas y un reempadronamiento para dar de baja beneficios mal asignados.

Sostiene como argumento central que entre 2003 y 2023 el número de pensiones por invalidez creció de forma «exponencial e injustificada» (pasando de 76.000 a 1,2 millones), y considera que una gran parte de esos beneficios fueron otorgados de manera irregular o por clientelismo político.

La oposición en el Congreso impulsa proyectos para prorrogar y garantizar la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

Esta norma obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento adecuado, actualizar pensiones de forma sostenible y cancelar las deudas con los prestadores.

Actualmente, la oposición presiona en el Congreso para prorrogar esta emergencia hasta fines de 2027, mientras el oficialismo busca bloquearla e intenta debatir nuevas condiciones para limitar el gasto.

Organizaciones civiles, profesionales y familiares han impulsado denuncias penales contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios bajo la figura de «abandono de persona», acusándolos de violar de forma deliberada el acceso a la salud y la supervivencia básica.

También acudieron a organismos internacionales como la ONU para denunciar la vulneración de tratados de Derechos Humanos.

El conflicto recrudeció tras una investigación judicial por presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que provocó el desplazamiento del anterior director, Diego Spagnuolo, y desencadenó numerosas protestas urbanas.

 

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y terminó sin acuerdo entre las partes. “La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios docentes universitarios”, sostuvo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien calificó el encuentro como un “monólogo autoritario”.

La propuesta oficial contempló un incremento del 3% sobre los salarios de septiembre y otro 3% ya comprometido en las mesas de negociación de junio para octubre. De esta manera, el Gobierno planteó una mejora acumulada del 6% bimestral para el personal docente de las universidades nacionales. La comitiva gremial estuvo integrada por representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Los sindicatos consideraron que el porcentaje ofrecido no alcanza para compensar el deterioro acumulado de los salarios, que estiman entre el 25% y el 35%. Desde CONADU, su secretaria general, Clara Chavalier, sostuvo: “No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Chavalier cuestionó además el porcentaje propuesto por el Poder Ejecutivo y afirmó: “Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada”. La dirigente agregó que, frente a la falta de acuerdo, “todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”.

La ley de financiamiento universitario y un salario digno

Uno de los principales puntos de conflicto es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que el aumento ofrecido no contempla las disposiciones de esa norma, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por la misma Cámara. También señalaron que la Justicia ratificó la obligación de cumplir con la normativa en distintas instancias y que la Corte Suprema ordenó acatar la cautelar vinculada con salarios y becas estudiantiles.

“Hoy no hubo acuerdo paritario. Una paritaria es un diálogo entre partes, y esto fue un monólogo autoritario”, afirmó Cagnacci al finalizar el encuentro. El secretario general de ADUBA sostuvo que el cumplimiento de la ley y del mandato judicial requiere una recomposición salarial cercana al 30% y cuestionó la decisión del Ejecutivo de ofrecer un incremento del 3%.

“El Poder Judicial instó al Gobierno a cumplir con la ley, y la Corte Suprema le ordenó acatar la cautelar. Sin embargo, ofrecen un 3% de aumento salarial, le dan la espalda a la decisión judicial y deciden seguir sin cumplir la ley”, agregó el dirigente. Cagnacci también reclamó retomar el diálogo con el Ejecutivo: “Tiene que hacerse de manera seria, como lo viene pidiendo la Justicia, pero, por sobre todo, la sociedad argentina y la democracia en nuestro país”.

El paro será por 24 horas y alcanzará a docentes y nodocentes universitarios. Las universidades no estarán formalmente cerradas, ya que el acatamiento dependerá de cada trabajador, pero los gremios anticiparon que esperan una adhesión elevada por el malestar acumulado. A fines de esta semana, las organizaciones sindicales volverán a reunirse para definir si continúan con el plan de lucha.

 

En la red social X, Cartlidge sostuvo que “las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”. Además, recordó a los soldados del Reino Unido que murieron durante el conflicto de 1982 y aseguró que su país continuará respaldando la postura de los habitantes de las islas.

El diputado conservador británico dijo: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de y su abrumador deseo de permanecer”.

La declaración surgió luego de que un periodista británico difundiera el anuncio del discurso que Milei brindará el jueves. El Gobierno argentino mantiene bajo reserva el contenido de la cadena nacional, aunque confirmó que estará enfocada en el reclamo de soberanía.

El mensaje presidencial es trabajado junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó anticipar detalles y aseguró que será Milei quien exponga los lineamientos de la posición argentina.

En paralelo, el gobierno británico también ratificó su postura sobre las islas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien planteó una posible revisión de la posición de Estados Unidos. Desde Londres afirmaron que su posición “no cambió” y reiteraron su respaldo a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.

“Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, señaló el funcionario. Además, insistió en que “la soberanía reside en el Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de los isleños constituye una cuestión primordial para Londres.

Mientras tanto, Javier Milei prepara su mensaje sobre el reclamo argentino por las Malvinas en un contexto diplomático especialmente sensible por las declaraciones de Trump.