La misiva fue redactada por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, y dirigida al gobernador tucumano Alejandro Heredia. El documento consta de cuatro hojas y reconstruye los acontecimientos a partir del informe presentado por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que se encontraba en las islas al momento de la llegada de la corbeta británica HMS Clio.

Balcarce describió el episodio como una “nueva escandalosa agresión” y sostuvo que la acción británica había sido realizada “en deshonor del Pabellón Argentino”, además de considerar que afectaba los derechos de la República.

El contenido de la carta refleja también la sorpresa y preocupación de las autoridades argentinas frente al accionar británico. Balcarce destacó particularmente que el episodio se producía pese a los vínculos de “amistad y comercio” que existían entre ambos países.

De acuerdo con el relato incluido en la documentación, el 2 de enero de 1833, el comandante británico John Onslow se presentó ante Pinedo y le informó que había llegado con la intención de tomar posesión de las islas. Además, le exigió que el pabellón argentino fuera retirado en un plazo de 24 horas y que las tropas y los habitantes abandonaran el territorio.

Pinedo se opuso inicialmente al pedido y explicó que no estaba facultado para aceptar aquella decisión sin contar previamente con instrucciones del Gobierno de Buenos Aires.

El intercambio entre ambos comandantes continuó durante las horas siguientes. El gobernador bonaerense dejó registrado que Pinedo realizó varias protestas frente a Onslow e intentó postergar la aplicación de la orden británica hasta poder recibir indicaciones de las autoridades argentinas.

La situación se volvió aún más tensa el 3 de enero, cuando Pinedo mantuvo un nuevo encuentro con el comandante británico y volvió a cuestionar la ocupación. Según la carta, Onslow manifestó que disponía de las fuerzas necesarias y que esperaba la llegada de refuerzos, por lo que Pinedo podía actuar “como le pareciera”.

Frente a ese escenario, el comandante de la Sarandí dejó asentada su protesta y responsabilizó a Gran Bretaña por lo que consideraba una vulneración de los derechos argentinos sobre las islas.

Finalmente, Pinedo se retiró del territorio. Antes de hacerlo, dispuso que el pabellón argentino no fuera arriado y dejó instrucciones para que el establecimiento permaneciera bajo la responsabilidad de Juan Simón.

Sin embargo, poco después se produjo el desembarco de las fuerzas británicas en Puerto Soledad. Allí se izó la bandera británica y se retiró la enseña argentina que todavía permanecía en el lugar.

El episodio fue informado por Balcarce al Gobierno tucumano como una muestra de la gravedad que Buenos Aires atribuía a la ocupación y de la respuesta que había comenzado a elaborar frente a la acción británica.

En otro fragmento de la comunicación, el gobernador bonaerense sostuvo que los acontecimientos “desmienten las protestas amistosas” que el Gobierno argentino había recibido previamente por parte de Gran Bretaña.

La carta también refleja la intención de Buenos Aires de reclamar por lo ocurrido y defender los derechos que consideraba afectados. Para expresar esa postura, Balcarce habló de una “firme resolución” destinada a preservar los derechos argentinos “sin mengua de la razón y del honor nacional”.

Entre los objetivos planteados por el Gobierno figuraban obtener una reparación por parte de las autoridades británicas, conseguir el reconocimiento del derecho argentino sobre las Malvinas y recuperar el ejercicio del dominio sobre el territorio.

El documento constituye, de esta manera, un testimonio contemporáneo de la reacción argentina ante la ocupación británica y aporta información tanto sobre los acontecimientos ocurridos en las islas como sobre la respuesta diplomática impulsada desde Buenos Aires.

Su relevancia histórica también está vinculada con la forma en que la información fue difundida entre las autoridades de las distintas provincias. La carta permite observar cómo, apenas unas semanas después de la ocupación, el Gobierno bonaerense comunicó los acontecimientos a Tucumán.

El escrito lleva las firmas de Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza y quedó incorporado al patrimonio documental conservado en Tucumán.

La pieza histórica permite así recuperar un registro cercano a los acontecimientos de 1833 y reconstruir, desde la perspectiva de las autoridades argentinas de aquel momento, uno de los episodios fundamentales de la historia de la cuestión Malvinas.

De este modo, el total de asalariados formales cayó a 6.126.400 personas, el nivel más bajo en 50 años. En el análisis interanual, el empleo privado formal muestra una baja del 1,9% respecto a junio de 2025 que, en términos absolutos, representa una pérdida de 121.000 empleos.

Al evaluar la evolución frente a noviembre de 2023, se observa una caída de 3,9%, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 246.312 empleos en la era Milei.

Los datos surgen de un reporte publicado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de cifras de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA).

El informe añadió que el nivel alcanzado «exhibe el volumen de empleo más bajo de los últimos cincuenta meses». En el mapa provincial 14 jurisdicciones registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes.

Frente a noviembre de 2023, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 8,7% (+12.430 empleos) y Río Negro con 3,3% (+3.646 empleos).

En cambio, «las jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, con fuertes brechas de desempeño: el descenso más leve se observa en San Juan (-0,5%); mientras que en el otro extremo, La Rioja (-12,0%), Santa Cruz (-16,1%) y Tierra del Fuego (-17,9%) presentan los descensos más fuertes.

En valores absolutos, Buenos Aires acumuló la mayor pérdida con 90.103 puestos menos. Frente a noviembre de 2023, once sectores presentan bajas en los niveles de empleo y solo tres muestran mejoras (Agro, Pesca y Enseñanza).

Se destacan las caídas en Industria Manufacturera (-7,4% con -88.496 empleos), Explotación de Minas y Canteras (-8,1% con -7.676 empleos) y la Construcción (-14,2% y -62.700 empleos).

El análisis por provincia

Buenos Aires: registró una caída mensual del 0,3% (-5.237 puestos), una baja interanual del 2,5% (-48.564) y un retroceso del 4,5% (-90.103 empleos) frente a noviembre de 2023, siendo la provincia que más empleo perdió en valores absolutos.

CABA: subió 0,1% mensual (+1.887 puestos, la mayor suma absoluta del mes), pero cayó 1,5% interanual (-23.242) y 2,9% frente a noviembre de 2023 (-44.955).

Catamarca: mostró una mejora mensual del 0,8% (+268 puestos), aunque acumula caídas del 3,0% interanual (-1.082) y del 11,0% respecto a noviembre de 2023 (-4.304).

Chaco: creció 0,1% mensual (+39 puestos), pero cayó 4,2% interanual (-3.075) y 10,5% en comparación con noviembre de 2023 (-8.186).

Chubut: tuvo una baja mensual del 0,2% (-187 puestos), del 2,6% interanual (-2.358) y del 6,8% frente a noviembre de 2023 (-6.520).

Córdoba: retrocedió 0,1% en el mes (-631 puestos), 1,9% interanual (-9.690) y 3,5% respecto de noviembre de 2023 (-18.520).

Corrientes: cayó 0,1% mensual (-89 puestos), 5,1% interanual (-4.035) y 5,4% frente a noviembre de 2023 (-4.300).

Entre Ríos: tuvo una suba mensual del 0,1% (+94 puestos), pero cayó 1,0% interanual (-1.388) y 2,8% respecto a noviembre de 2023 (-3.872).

Formosa: aumentó 0,1% mensual (+32 puestos), pero cayó 5,1% interanual (-1.188) y 11,8% en relación con noviembre de 2023 (-2.930).

Jujuy: perdió 0,3% en el mes (-196 puestos), 3,8% interanual (-2.165) y 5,1% frente a noviembre de 2023 (-3.035).

La Pampa: creció 0,3% mensual (+113 puestos), pero registró bajas del 1,5% interanual (-575) y del 6,3% con relación a noviembre de 2023 (-2.565).

La Rioja: tuvo una retracción mensual del 1,0% (-298 puestos), una baja del 0,8% interanual (-244) y un descenso del 12,0% frente a noviembre de 2023 (-3.933).

Mendoza: cayó 0,2% mensual (-532 puestos), 3,8% interanual (-9.233) y 2,6% respecto de noviembre de 2023 (-6.326).

Misiones: retrocedió 0,2% en el mes (-161 puestos), 5,7% interanual (-6.089) y 11,5% respecto a noviembre de 2023 (-12.540).

Neuquén: encabezó los incrementos en todas las comparaciones: +0,8% mensual (+1.287 puestos), +5,2% interanual (+7.668) y +8,7% frente a noviembre de 2023 (+12.430 puestos).

Río Negro: no presentó variación mensual desestacionalizada (0,0% y -43 puestos), pero subió 3,6% interanual (+3.851) y 3,3% respecto a noviembre de 2023 (+3.646 empleos).

Salta: tuvo un descenso mensual del 0,2% (-222 puestos), del 2,5% interanual (-2.978) y del 6,8% frente a noviembre de 2023 (-8.645).

San Juan: cayó 0,4% mensual (-292 puestos) y 0,5% frente a noviembre de 2023 (-422), pero mostró un alza interanual del 1,4% (+1.094 empleos).

San Luis: retrocedió 0,2% en el mes (-122 puestos), 3,5% interanual (-1.829) y 8,3% en relación con noviembre de 2023 (-4.610).

Santa Cruz: creció 0,8% mensual (+408 puestos), pero cayó 3,0% interanual (-1.541) y acumuló una merma del 16,1% frente a noviembre de 2023 (-9.776).

Santa Fe: disminuyó 0,3% mensual (-1.274 puestos), 1,4% interanual (-7.149) y 3,1% respecto a noviembre de 2023 (-16.273).

Santiago del Estero: registró una caída mensual del 1,0% (-487 puestos), del 2,7% interanual (-1.367) y del 9,1% frente a noviembre de 2023 (-4.906).

Tierra del Fuego: tuvo las mayores mermas porcentuales del país: -1,3% mensual (-395 puestos), -13,1% interanual (-4.616) y -17,9% acumulado frente a noviembre de 2023 (-6.798).

Tucumán: registró una leve suba mensual del 0,1% (+118 puestos), pero bajó 1,0% interanual (-1.618) y 1,1% frente a noviembre de 2023 (-1.777).

Desde la Fundación Pro Tejer señalaron que la industria local está afectada por la apertura comercial, la desregulación de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, mientras todavía persisten dificultades vinculadas con los costos, los impuestos y la competitividad.

Durante el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 177.356 toneladas por US$911 millones. En términos interanuales, representaron una baja del 20% en cantidades y del 5% en valores, aunque el comportamiento fue diferente según el tipo de producto.

La mayor caída se registró en los primeros eslabones de la cadena productiva: las importaciones de materias primas bajaron 33%, las de hilados 43%, las de tejidos planos 52% y las de tejidos de punto 34%. Según Pro Tejer, estos números reflejan la menor actividad y el exceso de oferta en el mercado interno.

En cambio, las importaciones de productos terminados alcanzaron niveles récord. La entrada de indumentaria aumentó 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que las confecciones para el hogar, como sábanas y toallas, crecieron 26% en toneladas y 7% en dólares.

Denuncian competencia fraudulenta

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advirtió por lo que definió como “competencia fraudulenta” y cuestionó que las últimas rebajas impositivas y medidas de desburocratización hayan favorecido principalmente a las importaciones.

La entidad sostuvo que la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, problemas logísticos y dificultades para acceder a financiamiento. Además, señaló la competencia de plataformas como Shein y Temu, cuyos productos ingresan bajo condiciones que, según la federación, perjudican a los fabricantes locales.

FITA aclaró que el problema no es la apertura comercial en sí misma, ya que el sector históricamente compitió con productos extranjeros. La principal preocupación, explicó, está puesta en la subfacturación de las importaciones.

Según la entidad, más del 70% de los productos ingresa al país con valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector y, en algunos casos, por debajo incluso del costo de la principal materia prima.

Ante este escenario, reclamaron que se cumpla la normativa vigente de comercio exterior y que se recuperen condiciones de competencia justa para sostener la producción y el empleo.

La situación también se refleja en las fábricas. La producción textil cayó 24,4% en el primer semestre frente al mismo período de 2025 y 34% respecto de 2023, mientras que el uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas 39%.

Esto significa que 6 de cada 10 máquinas de las fábricas textiles permanecen paradas, en un contexto de fuerte ingreso de productos importados y menor actividad de la industria nacional.

El accidente ocurrió cerca de las 13:30, en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, en inmediaciones de la Estancia Las Marías. Para llegar al lugar es necesario ingresar por un camino vecinal.

La aeronave realizaba tareas de fumigación cuando se precipitó contra el suelo. El momento previo a la caída quedó registrado en un video, en el que se observa a la avioneta durante los segundos anteriores al impacto.

La iniciativa apunta a limitar los beneficios tributarios que alcanzan a entidades financieras, proveedores de servicios de pago y otras compañías que participan de la intermediación financiera a través de plataformas digitales. El planteo vuelve a poner bajo la lupa el crecimiento del negocio fintech y el lugar que ocupa Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, en ese esquema.

Desde Unión por la Patria argumentan que la actividad principal no sería la producción tecnológica para exportación, sino el negocio financiero o de pagos. Además, hacen hincapié en que estas empresas beneficiarias del Estado manejan tasas excesivas, que han sido un factor determinante para el sobreendeudamiento que existe, que tiene a 6 millones de personas con deudas impagas y en situación de mora.

La propuesta es del senador peronista Mariano Recalde, y fue presentada esta semana en la Cámara alta junto a un proyecto que propone un “programa de desendeudamiento familiar”, destinado a mitigar el sobreendeudamiento de los hogares, garantizar la subsistencia económica de las familias y regular las condiciones crediticias del sistema financiero y de tecnologías financieras.

La iniciativa de exclusión busca sacar del Régimen de Economía del Conocimiento a las empresas que operan, directa o indirectamente, en crédito y servicios de pago. Es decir, que las entidades financieras, los proveedores de Servicios de Pago (PSP) y billeteras virtuales; los proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), las plataformas de crédito entre particulares (PSCPP), y las empresas controlantes, controladas, vinculadas o filiales tecnológicas de esas entidades no gocen de los beneficios que impulsa la Ley 27.506 que otorga reducciones impositivas a las empresas que desarrollan actividades de tecnología, ciencia e innovación.

El argumento principal es que estas empresas no utilizan los beneficios fiscales para promover actividades tecnológicas, sino que su actividad principal es el negocio financiero o de pagos. Además, los fundamentos vinculan la iniciativa con el “profundo deterioro de los ingresos populares” y a la “creciente necesidad de las familias de recurrir al financiamiento para cubrir gastos básicos”.

El proyecto cuestiona especialmente las tasas y los mecanismos de evaluación crediticia utilizados por estas empresas. Afirma que el scoring (puntaje crediticio) mediante algoritmos y la falta de análisis de solvencia pueden llevar a otorgar créditos de alto riesgo, lo que genera: “una espiral de refinanciaciones consecutivas y acumulación de intereses punitorios”.

De esta forma, el proyecto apunta a que el Estado estaría otorgando beneficios fiscales a empresas que utilizan la tecnología como herramienta para desarrollar su actividad financiera y no para desarrollar software y servicios informáticos; biotecnología, nanotecnología y neurotecnología, mucho menos para la industria aeroespacial y satelital. Tampoco para la producción audiovisual y servicios profesionales de exportación, como especifica el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento que se sancionó en mayo de 2019.

Los fundamentos recuerdan que la Ley 27.506 fue creada para promover: “el uso intensivo de tecnología, la innovación, la creación de empleo calificado y la generación de divisas genuinas a través de la exportación de alto valor agregado”.

El contrapunto también alcanza al vínculo político entre Galperin y el gobierno de Milei. El empresario se convirtió en uno de los principales respaldos del rumbo económico oficial y en una figura habitual del discurso a favor de la desregulación, la reducción de impuestos y la apertura de la economía. En ese contexto, la iniciativa de Unión por la Patria representa un desafío directo a uno de los grupos empresariales más importantes del país y plantea si los beneficios fiscales otorgados a empresas tecnológicas pueden sostenerse sin límites mientras el Estado reduce partidas y reclama esfuerzos al resto de los sectores.

El macabro hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Chacabuco, que actualmente está en medio de un conflicto familiar y atraviesa un proceso de sucesión. La pareja había conseguido autorización judicial para ingresar al lugar y realizar tareas de limpieza y reacondicionamiento.

Fue durante esas tareas que descubrieron los féretros que permanecían dentro del inmueble. Luego, también aparecieron dos urnas funerarias que contenían cenizas, lo que generó sorpresa y motivó la intervención de las autoridades.

Según se pudo establecer, las urnas tenían etiquetas con información vinculada a los restos que contenían. Una de ellas estaba relacionada con una casa velatoria de Candelaria, mientras que la otra tenía una identificación correspondiente a una empresa funeraria de Oberá.

Ante el hallazgo, los objetos no fueron manipulados y se dio aviso a las autoridades para que se realizaran los procedimientos correspondientes.

El conflicto por el local donde encontraron los ataúdes

El inmueble quedó en el centro de una disputa familiar luego de que se iniciara un proceso de sucesión por la propiedad. Tras un reclamo judicial, se autorizó el ingreso al lugar para realizar tareas de limpieza.

Sin embargo, al entrar, el matrimonio se encontró con una escena inesperada: decenas de féretros almacenados dentro del antiguo comercio.

Además de los ataúdes, denunciaron que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para elaborar pan, así como también un freezer.

El hallazgo provocó la intervención de la Policía y la Justicia, mientras que también participó una negociadora para intentar mediar en el conflicto por el inmueble.

Ahora, la Justicia deberá determinar por qué había 30 ataúdes y dos urnas dentro del antiguo local, de dónde provenían y cómo llegaron hasta allí. También deberá establecer qué procedimiento corresponde seguir con las cenizas encontradas.

El terrible episodio, investigado por el juez Diego Agüero y el secretario Martín Grizzuti, se conoció a partir de la denuncia de una vecina. Las víctimas tienen entre siete meses y once años, informaron fuentes judiciales.

La agresora quedó imputada por los delitos de abandono de persona agravado por haber sido cometido por una madre contra sus hijos, en concurso real con homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento, en grado de tentativa. En este contexto, su pareja y padre de al menos tres de los chicos, identificado como Daniel Eduardo Benítez Vergara, también está acusado.

Todos los niños presentaban signos de desnutrición y sarna. Además, en el domicilio de Sánchez, allanado por la Policía Bonaerense, los efectivos encontraron materia fecal en el piso.

La hija a la que Sánchez habría intentado matar tiene apenas dos años y no es hija de su actual pareja. La niña fue examinada por médicos forenses, quienes determinaron que había sido privada de alimento y sometida a golpes de manera sistemática.

“Debido al delicado estado de salud en que se encontraba la niña, debió ser trasladada e internada en el Hospital Zonal General de Agudos ‘Mi Pueblo’ de Florencio Varela, con el objeto de tratar el grave cuadro que presentaba”, señala el expediente.

Uno de los investigadores sumó: “Llevaba un pañal hecho jirones con días de heces. Su desnutrición es notable. Si no llegaba la Policía, se moría”.

“Sánchez tuvo a esa nena con otro hombre cuando se separó del detenido. Luego, Benítez volvió y maltrató a la nena como venganza”, agregó.

Sánchez y su pareja “violaron su deber de garante, toda vez que colocaron en situación de desamparo a sus hijos menores de edad, a quienes debían mantener y cuidar según la ley, poniendo de esa forma en peligro su salud”, sostuvo el juez Agüero.

La escena no tenía nada de extraordinario: un plan de cena familiar, una parada de pocos minutos y la intención de volver rápidamente al auto. Pero en José C. Paz todo terminó de la peor manera. Dos delincuentes armados las sorprendieron, les sacaron las llaves y escaparon con el vehículo, mientras un tercer cómplice esperaba a pocos metros en otro auto. La escena, brutal por lo cotidiana, es una postal de un fenómeno que en el Conurbano se cuenta en cientos de causas: en los departamentos judiciales que concentran los partidos del Gran Buenos Aires, todos los días ingresa un promedio de 349 denuncias por robos.

El dato surge del análisis de las estadísticas de la Procuración General bonaerense y corresponde a las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas por el Ministerio Público Fiscal. Son hechos que ingresaron formalmente al sistema judicial y dieron origen a investigaciones, por lo que no representan la totalidad de los delitos cometidos (la cifra negra, es decir hechos que jamás son denunciados).

Dentro de ese universo de causas abiertas, 33.133 expedientes del año pasado fueron por robos agravados por el uso de armas: alrededor de 91 casos diarios.

El episodio de José C. Paz ocurrió en la zona de Monte de Oca y Bustamante. Fue entonces cuando los dos ladrones aparecieron caminando por la vereda y las atacaron por sorpresa. Una de las mujeres llevaba al pequeño en brazos. Los delincuentes se apoderaron de las llaves y subieron rápidamente al vehículo. A pocos metros los esperaba un tercer integrante de la banda, que permanecía en otro automóvil para facilitar la fuga.

En torno a la inseguridad del Conurbano, el celular se convirtió en uno de los objetivos predilectos. Fuentes judiciales estiman unos 5.850 aparatos sustraídos diariamente, casi 244 por hora. Algo similar ocurre con los motochorros. Los registros de fiscalías ubican alrededor de 59 casos por día en el Conurbano.

Los vehículos también están en la mira. Se calcula que hay unos 133 hechos por día en el Conurbano, con violentos episodios de robos de autos y motos, principalmente. La tecnología abrió además una puerta para nuevas emboscadas. Las falsas compras y ventas pactadas por redes sociales generan alrededor de 52 casos cotidianos en el Conurbano: víctimas que concurren a un punto de encuentro para concretar una operación y terminan sorprendidas por delincuentes. Las bandas integradas por menores suman otra preocupación. Las estimaciones ubican en 34 los robos diarios cometidos por grupos de adolescentes en el Conurbano. Y la violencia genera otra consecuencia: la reacción de las víctimas.

En el Conurbano se contabilizan entre 10 y 12 episodios diarios de defensa propia durante robos, con delincuentes muertos o heridos. Así, detrás de cada número hay una escena.

Una familia que baja a buscar una pizza. Un vecino que mira el celular mientras camina. Un conductor que llega a su casa. En todos los casos, la estadística también baja a la calle: una esquina, una vereda, un auto detenido o un encuentro pactado. Y en esos segundos aparece el miedo.