Todo comenzó luego de que Sturzenegger cuestionara públicamente al organismo por haber objetado la comercialización de un producto de limpieza que buscaba lanzarse de cara al Mundial 2026 con una campaña vinculada a la «buena suerte».

Según trascendió, el producto había sido presentado como una edición especial pensada para el contexto futbolero y utilizaba el concepto «anti-mufa» como parte de su estrategia comercial. Desde la ANMAT señalaron que no existían pruebas o fundamentos que permitieran respaldar esa supuesta propiedad, por lo que se elaboró un informe técnico que frenó inicialmente la autorización para su venta. La discusión giró principalmente en torno a si se trataba de una exageración burocrática o de un control necesario para evitar mensajes considerados engañosos para los consumidores.

El episodio tomó una fuerte repercusión política luego de que Sturzenegger publicara mensajes en redes sociales criticando el accionar del organismo. El funcionario sostuvo que el Estado no debería intervenir en campañas publicitarias de productos que, según su visión, no representan riesgos para la salud. Además, remarcó que este tipo de controles terminan generando demoras, mayores costos y trabas para las empresas que intentan lanzar nuevos artículos al mercado.

Con el correr de las horas, el propio ministro aclaró que había existido una confusión respecto de la marca involucrada y señaló que finalmente el conflicto había tenido «un final feliz» gracias a la intervención de las autoridades del organismo sanitario. De todas maneras, la situación volvió a exponer las diferencias internas sobre cuál debe ser el alcance de los controles estatales y hasta dónde puede llegar la regulación sobre mensajes comerciales o campañas publicitarias.

El economista ya había expresado el año pasado, en pleno conflicto y crisis de muertos por fentanilo contaminado, que los medicamentos no debían tener control, con muchas críticas hacia el área. Algo que generó malestar en la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones. Mario Russo, su antecesor, también había mostrado rispideces con “El Coloso” por haber reclamado libre importación de medicamentos, sobre todo aquellos de la India.

La molestia se extendió a los laboratorios locales, que le enseñaron los dientes. Los trabajadores de la Aduana siguieron esa dirección porque saben que el ministro pretende reformar el código aduanero, plasmado en la Ley 22.415 de 1981. Es un tema sensible dicen los representantes sindicales porque facilitaría, desde la óptica del ministro, la libre entrada de mercadería sin control suficiente.

El tema ya ingresó en el radar de la CGT. Por eso, uno de sus triunviros, Cristian Jerónimo, ya avisó que habrá medidas si Sturzenegger logra plasmar sus cambios que deberían ser mediante un proyecto de ley.

“La aduana es la primera barrera para proteger la industria nacional, para controlar todo lo que entra y sale del país, para que no nos llenen de productos extranjeros que terminan destruyendo nuestras industrias”, sostuvo. Asimismo, puso en valor el trabajo de los trabajadores del sector, destacando su formación y responsabilidad en una función clave para el país.

La controversia nuevamente se produce en medio de un contexto de fuertes cambios impulsados por el Gobierno nacional sobre distintos organismos públicos. En los últimos meses, la gestión libertaria avanzó con una política de desregulación administrativa que también alcanzó a la ANMAT, con eliminación de trámites y revisión de procedimientos. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reducir burocracia y facilitar la actividad económica, mientras que sectores vinculados a la salud y al control sanitario advierten sobre la necesidad de mantener mecanismos estrictos de fiscalización.