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El Congreso Provincial del Partido Justicialista Formosa sesionó este viernes en el estadio Centenario para renovar sus autoridades, estableciéndose como nueva presidenta a Graciela Parola, hasta 2030. En la oportunidad, el partido renovó su compromiso de trabajar fuertemente para que en el 2027 nuevamente el peronismo sea Gobierno a nivel nacional.
En primer lugar, se entonaron los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa. Con la presencia de sus autoridades partidarias, el PJ Distrito Formosa comenzó a sesionar, con el actual diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, como orador principal.
Con todos los pasos legales cumplidos, incluso con la nómina de los congresales electos certificada por el Juzgado Federal de Formosa, con competencia electoral, fueron designadas las autoridades de la mesa directiva del Congreso Provincial Justicialista.
De esa manera, por unanimidad se aprobó la renovación de cargos para el período 2026-2030. En primer orden, se eligió a María Graciela Parola como su presidenta. La nómina incluye al nuevo vicepresidente primero, Esteban Máximo Ramírez; la vicepresidenta segunda, Grisel Noemí Cardozo; secretario general, Armando Felipe Cabrera; secretarios Elba Ruth Carnero y Juan Héctor Coronel; y tesorera, Fermina Clara Ramírez.
Tras ser ungida en sesión partidaria, la actual diputada nacional Parola agradeció al presidente de Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, así como a “cada uno de los compañeros y las compañeras” por acompañar la propuesta de renovación de cargos en el orden provincial.
“Como guardiana del Modelo Formoseño”, aseguró que se siente “protagonista de esta transformación de Formosa de la mano de este modelo político que conduce el compañero gobernador Insfrán”.
Acto seguido, se continuó con los demás puntos del orden del día a tratar en esta jornada deliberativa. Así, por un lado, el Tribunal de Disciplina del PJ quedó conformado con los siguientes nombres: Elena María García, Luis Sugasti, Paola Leonor Casco, Jesica Soledad Milatich, Víctor Fernando Colcombet y Roberto Omar Lovey.
Además, se aprobó la designación de los miembros de la Junta Electoral del PJ Distrito Formosa, para el período 2026-2030. Sus integrantes son Antonio Arce, Inés Beatriz Campuzano, Leandro Benítez, Yanina Estigarribia, Oscar Alberto Puppo, Patricia Lozano, Julio César Vargas Yegros, Celeste Benítez León y Diego Majda Ravano.
Asimismo, los apoderados del PJ elegidos por el Congreso fueron Armando Felipe Cabrera, Andrea Prati y Lorenz Olivier Boonman; y se aprobó también la memoria y balance del ejercicio correspondiente al 2025.
Por último, como congresales nacionales por el PJ Distrito Formosa fueron designados: en primer término, Gildo Insfrán; y seguidamente: Graciela Andrea Acosta, Miguel Ángel Medina, Inés Beatriz Lotto, Carlos Sotelo, María Teresa González, Antonio Arce, Norma Galeano, Lorenzo Gustavo Schmidt, Analía Heizenreder, Fermín Caballero, Angélica García, Isabelino Idoyaga.
También Otilia Britez, Mario Brígnole, Estela del Carmen Escobar, Roberto Vizcaíno Braida, Cristina Mirassou, Armando Felipe Cabrera, Yanina Insfrán, Rafael Navas, Gloria Giménez, Jorge Jofré, María Graciela de la Rosa, José Miguel Ángel Mayans, Blanca Denis, Antonio Ferreira, Teresa Galván, Jorge Oscar Ibáñez, Paula Ramírez, Carlos Hugo Insfrán y María Graciela Parola.
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Por habilitar la circulación de camiones de hasta 30 metros y 75 toneladas mediante el Decreto 689/26 firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Diego Santilli, una situación que, según consideró, agravará las condiciones de las rutas nacionales.
En este sentido, el funcionario aseveró que permitir la circulación de camiones de mayor peso coloca en grave riesgo la vida de los usuarios al permitir el tránsito de esas formaciones sobre una red vial deteriorada y sin ningún control con balanzas que fiscalicen el peso de los vehículos.
Por otra parte, afirmó que el Decreto antes citado “se encuentra contradiciendo y por fuera de los límites establecidos por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que define los pesos y medidas del transporte pesado”.
El ombudsman provincial señaló que el estado actual de la red vial representa uno de los principales problemas frente a la aplicación de la norma.
“Hay puentes con restricciones de carga, rutas de calzada simple, banquinas inestables y radios de giro que no fueron pensados para formaciones de semejante longitud”, advirtió.
Por ello, remarcó que “no alcanza con autorizar el camión: primero hay que tener la ruta capaz de recibirlo”.
“La política y la gestión del Gobierno nacional se basan en un Excel que nunca se condice con la realidad y esto sucede con las rutas. En pleno escándalo por el desvío de más de un billón de pesos recaudados por el impuesto al combustible que debe ser destinado a obras viales, habilitan que los camiones puedan transitar con mayor peso”, declaró.
Para finalizar, José Gialluca dijo que el alcance jurídico del Decreto 689/26 no puede modificar los límites establecidos por la Ley de Tránsito. “Un decreto puede reglamentar una ley, pero no puede reescribirla, con lo cual, si el Gobierno nacional quiere cambiar una ley, tiene que ir al Congreso”, planteó.
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Para analizar en detalle sus fundamentos y definir los próximos pasos de la querella, que tiene abierta la posibilidad de recurrir el fallo mediante un recurso de casación.
En declaraciones, el letrado puso el foco en la situación de Marcelo Ezequiel Díaz Arce y Abigail Samaniego, quienes fueron declarados penalmente responsables, aunque la eventual aplicación de una pena quedó pendiente de un período de evaluación de un año.
Durante ese tiempo deberán realizarse informes socioambientales y psicológicos cada tres meses. Pessolano explicó que la querella espera recibir traslado de esas evaluaciones para poder analizar sus resultados, formular observaciones y eventualmente plantear la participación de un perito de parte en el aspecto psicológico. Los estudios estarán a cargo del Cuerpo Médico Forense y luego serán elevados a la Cámara Segunda en lo Criminal, con intervención de las partes.
El abogado consideró que será necesario conocer el criterio con el que el tribunal valorará la evolución de ambos jóvenes, hoy mayores de edad, y si los resultados del seguimiento justifican o no la aplicación de una pena.
Pessolano también planteó sus dudas sobre la realización de estas evaluaciones ocho años después del hecho. “La ley lo exige, pero tampoco dice hasta cuándo se deben pedir esos informes”, sostuvo, al señalar que finalmente será el tribunal el encargado de determinar, una vez concluido el proceso de evaluación, las consecuencias penales que correspondan.
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Explicó además los alcances del dictamen respecto de Díaz Arce y Samaniego, que eran menores de edad al momento del hecho, y señaló que serán sometidos a evaluaciones trimestrales antes de definir si corresponde una pena
La jueza Laura Viviana Taboada, integrante del tribunal que dictó sentencia en el caso por el homicidio de Jonathan Lezcano, calificó al expediente como uno de los más complejos y paradigmáticos que debió analizar durante su trayectoria como magistrada y funcionaria judicial. En declaraciones a La Mañana, destacó la cantidad de pruebas reunidas, el trabajo realizado durante la investigación y la intervención de los peritos, que consideró esencial para arribar a la condena de Marcelo Díaz como autor del hecho.
La magistrada explicó que el proceso demandó el análisis de una extensa cantidad de actuaciones. “En toda mi vida de magistrada y funcionaria judicial, yo no tuve un caso tan paradigmático, en el sentido de que era profuso en investigación, en pruebas y en el tamaño de la cantidad de hojas que tenía”, señaló. Precisó que el expediente estaba integrado por diez cuerpos, con aproximadamente 200 fojas cada uno, además de una importante cantidad de testimonios recogidos durante las diez audiencias que formaron parte del debate oral.
También reconoció el trabajo desarrollado durante la etapa inicial de la investigación, tanto por la Policía como por los jueces intervinientes en primera instancia. Según recordó, una de las dificultades estuvo relacionada con las condiciones en las que debió realizarse la pesquisa, ya que el cuerpo de la víctima fue encontrado 16 días después del fallecimiento.
En ese contexto, remarcó que las pericias tuvieron un papel determinante en el desarrollo del juicio y en la valoración de la prueba. “El trabajo de los peritos fue muy esencial para nosotros como sentenciantes”, afirmó Taboada, quien integró el tribunal como subrogante debido a la jubilación del juez que originalmente ocupaba el cargo.
Señaló que los tres integrantes del tribunal coincidieron en la conclusión alcanzada respecto de la responsabilidad de Marcelo Díaz. “Llegamos a la conclusión los tres de la condena que se leyó en todos lados, teniendo en cuenta que justamente se comprobó con la certeza que se necesitaba para la etapa procesal que este señor, Marcelo Díaz, fue el autor del hecho”, sostuvo.
Consultada por La Mañana, Taboada también se refirió a la situación de los dos jóvenes que eran menores de edad al momento del homicidio y cuya responsabilidad fue declarada en el marco del Régimen Penal de la Minoridad. La sentencia no implicó, por el momento, la imposición de una pena, pero se dispusieron medidas y un período de evaluación que permitirá determinar posteriormente si corresponde aplicar una sanción.
Al respecto, amplió: “Si bien es cierto que quedan en este momento en libertad por haber sido menores al momento del hecho, seguramente más adelante veremos si conviene o no la imposición de alguna pena conforme al régimen penal de la minoría que estamos obligados nosotros a aplicar”.
La jueza continuó: “Lo que se hizo fue la aplicación de la ley de la minoridad, es la declaración de la responsabilidad, y después tendrán que cumplir con ciertas medidas que se establecieron en la sentencia, luego de las cuales se verá si se requiere o no la imposición de una pena”, explicó la magistrada. Los jóvenes permanecen en libertad debido a que eran menores al momento del hecho, aunque actualmente ambos son mayores de edad.
“Nosotros debemos cumplir la ley”, remarcó, al explicar que la resolución no depende de la convicción personal de quienes integran el tribunal, sino de las normas que regulan este tipo de situaciones. “Seguramente por ahí no se entenderá mucho cuál es nuestra responsabilidad en este sentido, y también somos parte de la gente, del cotidiano”, dijo.
Como parte de las medidas dispuestas, deberán realizarse informes socioambientales y psicológicos trimestrales. A través de esas evaluaciones se analizará el proceso de reinserción social de los jóvenes y otros aspectos de su conducta durante el período establecido por el tribunal. Entre los elementos que podrán ser considerados mencionó el reconocimiento del hecho y la eventual comisión de nuevas infracciones o delitos.
La jueza comparó el mecanismo de seguimiento con una situación similar a una libertad condicional, aunque aclaró que se trata del procedimiento previsto específicamente por la legislación aplicable a quienes eran menores al momento de cometer el delito. Si durante ese período transgreden normas de conducta o incurren en hechos previstos por el Código Penal, esas circunstancias también podrán ser valoradas al momento de resolver.
“Ya deberán ser responsables de esas conductas, más esta declaración de responsabilidad, justamente, tendrá que tenerse en cuenta al momento de resolver la aplicación de una condena, de una pena”, indicó.
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En el momento en que efectivos de la Zona Tres del Comando Radioeléctrico Policial Seguridad Urbana se encontraban realizando patrullajes preventivos, fueron alertados a través de la línea de emergencias 911 por un vecino, quien informó sobre la presencia de varias personas merodeando por el sector, portando una pinza tipo industrial y trepando portones.
Ante esta situación, los efectivos acudieron inmediatamente al lugar y observaron a tres sujetos, quienes al advertir la presencia policial se dieron a la fuga por diferentes direcciones, siendo uno de ellos alcanzado y demorado.
El sujeto tenía en su poder un arma blanca tipo cuchillo con la cual intentó agredir a los efectivos, sin lograr su cometido, siendo reducido y trasladado hasta la dependencia policial.
Asimismo, se efectuó una consulta sobre sus antecedentes, estableciéndose que el detenido debía cumplir una condena de ocho días de arresto por una causa contravencional.
En el lugar se realizó la correspondiente constatación con personal de la Dirección de Policía Científica. Como resultado, se hallaron y secuestraron una pinza tipo industrial, un arma blanca tipo cuchillo y una pistola de juguete, elementos que guardarían relación con la investigación.
El detenido fue notificado de su situación legal y quedó alojado en una celda policial a disposición del Juzgado interviniente.
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El empleo privado registrado volvió a mostrar una caída en mayo y acumuló tres meses consecutivos de descenso, según un informe elaborado por la Secretaría de Trabajo. En el último año, la cantidad de trabajadores registrados del sector privado se redujo en alrededor de 110.000 puestos.
Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que en mayo había 12.785.600 trabajadores registrados del sector privado, frente a los 12.797.600 contabilizados en abril. Esto representa una baja de unos 12.000 puestos en términos absolutos, aunque la variación mensual informada fue del 0,1%.
La retracción de mayo fue menor a la registrada durante los dos meses anteriores: en marzo el empleo había caído 0,2% y en abril, 0,3%. De esta manera, el mercado laboral acumula tres meses consecutivos con números negativos.
El informe oficial señaló que la caída se concentró principalmente en el empleo asalariado y el trabajo autónomo. En particular, el empleo asalariado privado mantuvo una tendencia contractiva que ya acumula doce meses.
“La información procesada del registro administrativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que en mayo de 2026 el número de trabajadores registrados del sector privado se contrajo por tercer mes consecutivo”, indicó la Secretaría de Trabajo.
Según el organismo, la intensidad de la caída fue menor respecto de los meses anteriores, aunque el resultado general continuó siendo negativo.
La evolución del empleo también fue relevada durante junio a través de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que analiza empresas ubicadas en los principales centros urbanos. De acuerdo con ese relevamiento, el empleo asalariado registrado volvió a mostrar una disminución.
Dentro del conjunto de modalidades laborales, algunas registraron una evolución diferente. El trabajo monotributista creció en mayo después de dos meses consecutivos de bajas. La suba fue de 2.700 trabajadores, equivalente a un 0,1% mensual.
En los últimos doce meses, esta modalidad incorporó más de 42.000 trabajadores, lo que representa un incremento interanual del 2%.
También aumentó el empleo en casas particulares. En mayo, esta categoría registró una suba del 0,3%, con aproximadamente 1.400 trabajadores más.s.
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La embajada de China en la Argentina salió al cruce y le respondió al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, con una contundente frase. «Lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de guerra fría», expresaron.
Son «calumnias sin ningún fundamento», sostuvo la institución asiática mediante un comunicado publicado en las redes sociales, en respuesta a la declaración del funcionario norteamericano, quien advirtió que la injerencia de China en áreas estratégicas como Vaca Muerta «no traería más inversiones».
En ese sentido, las autoridades orientales recordaron: «Viene generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado«.
La empresa china de telefonía Huawei también le contestó a Lamelas y aseguró que cuenta con «un historial impecable» en ciberseguridad y protección de datos.
El jueves en el marco de la AmCham Energy Summit, Lamelas apuntó contra Huawei y la acusó de compartir datos con el Partido Comunista Chino.
La firma respondió y aseveró que se trata de acusaciones «sin sustento» y recordó que ya lleva 25 años trabajando en Argentina.
«Como compañía, nuestro foco es uno solo: crear valor para nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico del país”, remarcó mediante un comunicado.
Y destacó: “Una compañía propiedad de sus propios empleados, con 25 años en Argentina acompañando la conectividad y transformación digital del país, sus industrias y su sociedad». Por lo tanto, «frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia”.
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Estados Unidos identificó a la Argentina como un “nodo de riesgo” dentro de una red global de triangulación ilegal de mercancías chinas hacia el mercado estadounidense, según un informe publicado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera del gobierno de Donald Trump, titulado The Great Transshipment Scam.
El documento, difundido en paralelo a la participación del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham,) coloca al país en el Nivel 3 de la llamada Red de Triangulación en la Sombra (Shadow Transshipment Network), una arquitectura de más de 40 países que —según Washington— sirve de puente para que productos de origen chino ingresen a Estados Unidos con una identidad falsa y eludan aranceles que rondan el 50%.
El informe describe a Argentina como parte de los “Corredores Latinoamericanos”, un núcleo funcional que incluye a Brasil, Chile, Colombia y Perú, y al que se le atribuye un rol de triangular por el Atlántico y el Pacífico el almacenamiento en depósitos fiscales y ensamblaje regional de mercancías de procedencia china.
Washington clasifica a los países del Nivel 3 como “objetivos oportunistas”: economías de menor escala que, a diferencia de los grandes intermediarios como México o la Unión Europea (UE), no mueven los mayores volúmenes de bienes, pero ofrecen ventajas específicas que los exportadores vinculados a China aprovechan: mano de obra barata, zonas francas con controles laxos, acceso portuario estratégico y capacidad aduanera limitada.
La advertencia del informe llega en un momento de tensión creciente entre Washington y Beijing por el control de sectores estratégicos en la región.
Lamelas advertió a las empresas y gobiernos de Argentina sobre la utilización de infraestructura tecnológica provista por compañías chinas en torno a las operaciones de Vaca Muerta. Lo hizo este jueves durante su disertación, ante ejecutivos y funcionarios, en el Summit Amcham 2026 desarrollado en una hotel porteño.
«La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero necesitan garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI», planteó Lamelas en la apertura del evento.
En ese sentido, el diplomático explicitó y advirtió a funcionarios y empresarios con intereses en el sector energético: «Entienda eso. Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, es todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta».
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La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján ya tiene cronograma confirmado y volverá a reunir a miles de fieles en uno de los eventos religiosos más convocantes del país.
La tradicional caminata se desarrollará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, uniendo la Ciudad de Buenos Aires con la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Como ocurre cada año, los participantes recorrerán cerca de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta el templo ubicado en la ciudad de Luján. A lo largo del trayecto atravesarán distintas localidades del oeste del conurbano bonaerense.
Para esta edición, los organizadores eligieron el lema «Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos», una invitación a vivir la peregrinación como un espacio de encuentro, solidaridad y fraternidad. Miles de personas participarán para agradecer, pedir, cumplir promesas o simplemente compartir la experiencia de caminar en comunidad.
La actividad comenzará oficialmente a las 10 del sábado 3 de octubre, cuando la imagen peregrina de la Virgen parta desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, Liniers.
Sin embargo, no existe un único horario de salida. Durante toda la mañana y buena parte de la tarde se irán incorporando grupos parroquiales, familias y peregrinos que realizarán el recorrido a distintos ritmos. La mayoría llegará a Luján entre la madrugada y la mañana del domingo, según las pausas y el tiempo de marcha de cada participante.
El recorrido mantendrá el trazado habitual. Luego de dejar Liniers, los caminantes pasarán por Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez, antes de ingresar a la ciudad de Luján para completar el trayecto.
Durante toda la peregrinación funcionarán puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual, organizados con la colaboración de voluntarios, instituciones y municipios por donde pasa la caminata.
Estos espacios permitirán asistir a los peregrinos con agua, primeros auxilios y atención ante inconvenientes frecuentes como ampollas, contracturas, agotamiento o deshidratación. Además, la organización recomienda utilizar calzado previamente amoldado, ropa cómoda y llevar abrigo para enfrentar las bajas temperaturas de la noche.
El cierre de la peregrinación tendrá lugar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde la concentración de fieles aumentará desde las primeras horas del domingo. Allí se celebrará la misa central a las 7 del domingo 4 de octubre, uno de los momentos más importantes de esta histórica manifestación de fe, que desde hace más de cinco décadas convoca a cientos de miles de personas de distintos puntos del país.
