Defensorías del Pueblo rechazan una intervención federal en Formosa y advierten sobre una posible “tutela política” – Diario La Mañana
A través del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales, Defensorías de distintas provincias sostuvieron que la intervención federal no puede utilizarse para desplazar gobiernos elegidos democráticamente.

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Señalaron que su finalidad constitucional es restaurar el orden institucional y no alterar la voluntad popular
Desde el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE), integrado por defensorías del pueblo de Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes y el municipio de Lanús, expresaron su rechazo a las posturas que promueven una intervención federal en la provincia de Formosa.
En un comunicado conjunto, advirtieron que la intervención federal es un mecanismo previsto en la Constitución Nacional para restablecer el orden institucional ante situaciones extremas, como la ruptura del sistema republicano, la imposibilidad de ejercer derechos o el colapso del orden público, y no para desplazar autoridades electas democráticamente.
Asimismo, señalaron que la utilización de esta herramienta fuera de sus parámetros constitucionales podría derivar en una “tutela política” incompatible con el federalismo argentino, al implicar -según sostuvieron- una intromisión del poder central sobre las provincias.
El documento también cuestiona la legitimidad de los argumentos que plantean la falta de funcionamiento de las instituciones en provincias donde, al mismo tiempo, se desarrollan procesos electorales que permitieron el acceso de representantes a cargos legislativos nacionales y provinciales.
En esa línea, remarcaron que la intervención federal ha sido históricamente un recurso excepcional y que su aplicación debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad, aunque señalaron que en la práctica no siempre ha sido reglamentada de manera precisa.
Finalmente, el comunicado plantea que el Congreso Nacional debería concentrarse en atender problemáticas estructurales del país, en lugar de avanzar sobre mecanismos que impliquen la remoción de autoridades constituidas democráticamente, y advierte sobre denuncias vinculadas al deterioro de derechos sociales y económicos, citando observaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos








