La oposición también cuestionó la falta de precisión sobre los vencimientos de deuda a corto plazo acordados con acreedores privados e instituciones financieras internacionales. Los senadores reclamaron mayores detalles sobre esas obligaciones y su impacto en la política económica.

Otro de los puntos señalados fue la diferencia entre los datos presentados durante la reunión y la información sobre las reservas líquidas reales custodiadas en el Banco Central para hacer frente a la demanda de divisas. El bloque opositor consideró que esa divergencia requiere mayores precisiones.

En el comunicado, los legisladores también cuestionaron el uso de los activos y las reservas. Según su planteo, la gestión de Bausili ocultó el impacto real de las operaciones de pases y la transferencia de riesgo al Tesoro Nacional.

La bancada opositora sostuvo además que las explicaciones brindadas ante la comisión no detallaron la utilización de dólares provenientes de depósitos privados para sostener el tipo de cambio oficial. Por ese motivo, anticipó que volverá a convocar a funcionarios del equipo económico.

Los senadores exigirán informes detallados por escrito y advirtieron que no avalarán las medidas monetarias sin un desglose técnico verificado que, según plantearon, permita garantizar la transparencia de la política cambiaria nacional.

La senadora también puso el foco en el ritmo de la recuperación y advirtió que la evolución de la economía todavía no alcanza para generar mejoras perceptibles en la vida cotidiana. “La velocidad de la recuperación preocupa muchísimo”, afirmó.

Bullrich planteó que el ritmo de los cambios debe acompañar las necesidades de los argentinos para que el esfuerzo realizado durante el proceso de estabilización “tenga sentido” en 2027. En ese línea, sostuvo que se necesita confianza para que la velocidad de los cambios se traduzca en mejoras para las familias, las pymes y las empresas.

La dirigente ya había expresado una preocupación similar durante su participación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde reclamó “más velocidad en los resultados” y definió el rumbo económico del Gobierno como “correcto”, aunque difícil.

En relación con los impuestos, Bullrich sostuvo que uno de los desafíos consiste en ampliar los beneficios que actualmente reciben las grandes inversiones hacia otros sectores de la economía. Según planteó, numerosas empresas continúan afrontando costos elevados que afectan sus condiciones de competencia.

El RIGI fue diseñado por el Gobierno para atraer grandes inversiones mediante beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios durante períodos prolongados. Bullrich cuestionó que esas ventajas puedan generar diferencias frente a las empresas que no reúnen los requisitos para ingresar al régimen.

Las declaraciones de la senadora se conocieron un día después de que el presidente Javier Milei defendiera su programa económico durante el Council of the Americas y descartara la necesidad de realizar cambios en el rumbo adoptado por su administración. Bullrich, en cambio, volvió a reclamar una mayor velocidad en los resultados.

La senadora también había planteado una posición similar durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde reconoció los avances macroeconómicos y recordó que los planes de estabilización atraviesan “momentos difíciles”. Sin embargo, advirtió que abandonar el camino elegido implicaría “caerse”.

Picardi pidió a la fiscalía de Bolivia que facilite el espacio, la logística y los recursos tecnológicos necesarios para que Beller pueda declarar desde ese país y responder las preguntas de los investigadores. También solicitó que representantes de la fiscalía boliviana estén presentes durante la audiencia para garantizar la integridad de la mujer, que fue operada y permaneció internada luego del atentado.

El expediente tiene en la actualidad 19 procesados y otros 30 imputados que ya fueron indagados y cuya situación procesal deberá resolver el juez Ariel Lijo.

Cerimedo ya había declarado como testigo ante Picardi en septiembre de 2025. Aquella vez, aseguró que Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos cuando estaba al frente de la Andis.

Según su testimonio, el entonces funcionario también le habría contado que había informado a Javier Milei sobre esa situación durante una charla mantenida en la Quinta de Olivos. Cerimedo también mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el presunto circuito de las coimas.

Ahora, Picardi busca sumar al expediente el testimonio de Beller, que quedó vinculada públicamente con la investigación a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo durante la discusión en torno al peritaje de los audios.

En los últimos días, Lijo rechazó un pedido de la defensa de Spagnuolo para suspender el análisis de las grabaciones, al tiempo que Gendarmería continúa trabajando sobre los archivos para establecer si tuvieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación posterior, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

Además, estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de los emprendimientos que formaban parte de su actividad empresarial. Su trayectoria en el sector había convertido a Wiebel en una figura conocida dentro del ámbito empresarial de Puerto Iguazú.

Su nombre también era reconocido en el automovilismo. Wiebel fue piloto de carreras y compitió en distintas categorías, tanto en Misiones como a nivel nacional.

A lo largo de su trayectoria deportiva participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde compitió en la Clase B. Su actividad en las pistas se sumaba así a sus emprendimientos en los sectores hotelero y gastronómico.

El crimen ocurrió este viernes en Puerto Iguazú. Cuando los efectivos de la Policía llegaron al inmueble, encontraron a Wiebel tendido en el suelo y sin signos vitales. El médico policial constató que presentaba una herida de arma de fuego que, en principio, habría sido provocada por una pistola calibre 9 milímetros.

Tras el hecho, Ángel S. ingresó a una clínica de Puerto Iguazú, donde permaneció internado bajo custodia policial. Los investigadores buscan el arma que habría sido utilizada y analizan, entre otras hipótesis, posibles diferencias económicas y financieras entre Wiebel y el acusado. Por el momento, esa línea forma parte de las cuestiones que la Justicia intenta confirmar.

Izaguirre advirtió también sobre «el avance de las drogas de diseño y sostuvo que muchas ya se fabrican en el país con recetas y condiciones mínimas de laboratorio». A su entender, «una consecuencia directa de esa expansión será un aumento de episodios violentos y de personas que terminen internadas en instituciones psiquiátricas o privadas de su libertad por la gravedad de los hechos».

El caso de Tolosa comenzó con tareas de vigilancia, filmaciones, fotografías y seguimientos realizados por efectivos de la Delegación La Plata de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Esas medidas permitieron establecer que en dos viviendas del barrio La Bajada II se desarrollaban maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo. Los investigadores identificaron a tres personas: J.R.M., de 74 años; A.V.L., de 43; y B.M., quien no fue localizada durante los procedimientos.

En los allanamientos encontraron 138,8 gramos de cocaína distribuidos en 152 envoltorios y 105,5 gramos de marihuana fraccionados en otros 22 paquetes. También hallaron 128,1 gramos de una sustancia pulverulenta celeste claro. El test orientativo realizado con una ampolla para anfetaminas y éxtasis produjo una coloración compatible con DOB-Brolamfetamina y deberá ser confirmado luego mediante un análisis de laboratorio. También secuestraron 294.350 pesos, nueve celulares, una balanza de precisión, sustancia de corte y recortes de nylon.

Durante los operativos, vecinos arrojaron piedras y dos bombas molotov contra los policías y los móviles para impedir el procedimiento. Fuerzas Especiales logró contener la situación. La Justicia dispuso luego la captura de J.R.M. y A.V.L. La causa quedó a cargo de la Fiscalía 18 de La Plata, encabezada por Hugo Tesón.

La DOB, cuyo nombre químico es brolamfetamina, pertenece a la familia de las fenetilaminas y es una sustancia psicodélica sintética de alta potencia. Puede provocar alucinaciones visuales y auditivas, aumento de la percepción y ansiedad, además de paranoia y crisis de pánico. También se han advertido convulsiones, alteraciones cardiovasculares y cuadros graves de intoxicación.

Sus efectos pueden prolongarse durante muchas horas y aumentar el riesgo de que el consumidor pierda la capacidad de distinguir entre realidad y alucinación. El nombre «Droga del Miedo» está asociado a esas experiencias psicodélicas intensas y aterradoras. El hallazgo de Tolosa vuelve a poner bajo la lupa la circulación de nuevas sustancias psicoactivas y el desafío para las autoridades y los especialistas en adicciones.

En la resolución mediante la cual suspendió el Régimen Penal Juvenil, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 en la que funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen.

El nuevo régimen penal juvenil, que había sido sancionado en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

La iniciativa contemplaba un período de 180 días de transición hasta la entrada en vigencia de la norma de forma tal que las jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras penitenciarias para alojar a población adolescente.

Al finalizar dicho plazo, se conoció el fallo de la magistrada, y desde el oficialismo y sectores políticos cercanos apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Otra denuncia contra la jueza

El miércoles pasado, la ONG Usina de la Justicia había presentado una denuncia penal contra Pascual por supuesta «usurpación funcional y abuso de autoridad».

En paralelo solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa. Para la entidad, la determinación de la magistrada es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y viola la división de poderes, debido a que, la magistrada suspendió una norma que fue aprobada por el Congreso Nacional.

Según la ONG, la decisión de Pascual se basó en «una hipótesis de futuro» al conjeturar sobre un posible incremento de adolescentes detenidos y en consecuencia, problemas de alojamiento.