La Justicia intimó al Gobierno a actualizar salarios y becas universitarias
El juez Martín Cormick dio cinco días para acreditar el cumplimiento de la cautelar y advirtió que habrá multas diarias si persiste el incumplimiento.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
La Justicia intimó al Gobierno Nacional a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades y los fondos destinados a becas, luego de considerar insuficiente la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano. El juez federal Martín Cormick concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 estableció un plazo máximo de cinco días para que el Gobierno cumpla con la orden judicial, en caso de persistir el incumplimiento, advirtió que se aplicarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial necesario alcanza el 33%.
Semanas atrás, Cormick había rechazado el pedido de la administración de Javier Milei para levantar la cautelar, al considerar que el acuerdo firmado en junio no demostraba que el conflicto estuviera resuelto. Además, había intimado al Estado a presentar documentación sobre el nivel de cumplimiento alcanzado. Tras analizar la información aportada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, ahora determinó que no resulta suficiente para acreditar que la orden judicial haya sido cumplida, informaron fuentes judiciales.
“Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución. Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, afirmó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El conflicto judicial comenzó cuando los rectores presentaron un amparo contra el Estado luego de la suspensión, mediante un decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general. En ese marco, Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo y ratificó la cautelar.
El Ejecutivo luego recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado, pero el máximo tribunal finalmente dejó firme la medida cautelar. La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado, luego fue vetada por el Presidente y posteriormente ratificada por ambas cámaras. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar, aunque en aquella oportunidad el Congreso no logró sostenerla.
Dos meses después del acuerdo firmado en junio, el conflicto universitario volvió a intensificarse cuando los gremios docentes y no docentes realizaron nuevas medidas de fuerza por el financiamiento. Los sindicatos denunciaron un triple incumplimiento: de la ley aprobada, de la cautelar judicial y del acuerdo alcanzado con los rectores.
El Gobierno abonó un aumento salarial del 21,33% correspondiente a junio y quedó pendiente un 3% adicional para octubre. También pagó las becas Manuel Belgrano, pero no cumplió con el incremento del 20% destinado a gastos de funcionamiento ni con la partida extraordinaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
La discusión también se trasladó al Presupuesto 2027. El proyecto presentado por el Gobierno contempla alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales durante el próximo año, mientras que los rectores habían señalado que serían necesarios $11 billones para ajustarse a la ley, casi un 50% más que lo previsto oficialmente.
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el proyecto mantiene los valores del período 2024-2026 y consolida una caída del 24,9% en términos reales frente al presupuesto de 2023. En ese mismo período, los salarios docentes perdieron un 25% de su poder adquisitivo. Los rectores volvieron al Congreso para pedir modificaciones al proyecto y los gremios retomaron las negociaciones paritarias, aunque recibieron nuevamente una oferta de aumento del 3%.
Tras esa propuesta, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. A diferencia de movilizaciones anteriores, que tuvieron como escenario principal la Plaza de Mayo, la nueva marcha tendrá como destino final el Palacio de Tribunales y fue ratificada por el CIN, que llamó a movilizarse “en defensa de la universidad pública argentina”.
