Se trata de SLB, una de las principales empresas globales de servicios petroleros, y Baker Hughes, proveedor internacional de tecnología para el sector energético. Ambas compañías comunicaron este sábado que no participarán ni tienen previsto intervenir en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y sus aguas circundantes.

Ninguna de las dos firmas está actualmente vinculada con Sea Lion, el yacimiento ubicado en la cuenca norte de las Malvinas y operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Cumplimiento de la norma

SLB, fundada en París, con sede en Estados Unidos y operaciones en alrededor de 100 países, explicó que su posición responde a lo dispuesto por el decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

“SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló la compañía.

La firma agregó que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

En la misma línea se pronunció Baker Hughes Argentina S.R.L. La multinacional informó que, en cumplimiento del decreto firmado por Milei, “no participa ni tiene previsto participar” en licitaciones para prestar servicios a emprendimientos hidrocarburíferos en las Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

La compañía destacó además su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y recordó que mantiene desde hace más de 70 años una vinculación con el desarrollo de la industria energética nacional.

Los anuncios se producen después de que el Gobierno avanzara con una serie de medidas destinadas a reforzar los controles sobre las compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas. El decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

La normativa alcanza a los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Entre otros puntos, dispone que los organismos públicos deberán comunicar posibles infracciones dentro de un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado el sumario, los investigados contarán con diez días para realizar su descargo.

Paralelamente, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas y empresas, por su presunta participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Contra accionistas

La Casa Rosada advirtió que las investigaciones no se limitarán a las empresas que desarrollen directamente esas tareas, sino que también podrán alcanzar a sus accionistas y a compañías que les brinden servicios para concretarlas.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho”, sostuvo el Gobierno al anunciar las medidas.

El Ejecutivo aseguró además que el objetivo es enviar “un mensaje claro hacia el mundo” respecto de la posición argentina sobre el archipiélago y advirtió que quienes busquen obtener beneficios económicos mediante actividades que considere contrarias a su soberanía enfrentarán las sanciones previstas por la legislación nacional.

Las decisiones comunicadas ahora por SLB y Baker Hughes representan las primeras repercusiones empresariales conocidas luego de la entrada en vigencia del nuevo esquema impulsado por el Gobierno para endurecer los controles sobre las actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas.

 

El listado incluye directores, accionistas, ejecutivos y firmas internacionales que, según la Secretaría de Energía y la Cancillería, forman parte de actividades consideradas “ilegales” por el Estado argentino, dado que se desarrollan sin autorización del Ejecutivo libertario y en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina. Entre las empresas mencionadas figuran operadoras británicas y socios financieros de proyectos offshore que avanzaron en los últimos años con apoyo del gobierno isleño.

Las sanciones implican prohibiciones de operar en Argentina, restricciones financieras y limitaciones para participar en licitaciones o acceder a permisos energéticos. También se establecen impedimentos para que las personas físicas ingresen al país o mantengan vínculos comerciales con empresas locales. El Gobierno sostuvo que estas medidas buscan “desincentivar la explotación unilateral” de recursos naturales en la zona en disputa.

El documento califica como ilegítimas licenciatarias a las compañías que buscan extraer petróleo de las Malvinas.

Malvinas: el listado de las 45 empresas y personas que el Gobierno quiere sancionar

-Navitas Petroleum Development and Production Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

-Navitas Petroleum Atlantic Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

-Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

–Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Lt— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Meitav Investment House Ltd— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Gideon Abraham Tadmor Cohen — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Yacob Katz — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Jonathan Akiva Sternberg — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Boaz Yoel Cohen Tadmor — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Amit Kornhauser — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

-Rockhopper Exploration (Oil) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

–Noked Capital Ltd — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Aedos Advisers (London) LLP — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

-Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Ion Fund Management Ltd — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Samuel Moody — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

-William Rees Perry — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

–Alan Brimacombe — Accionista de Borders & Southern — Canadá.

-Zila Corporation — Accionista de Borders & Southern — Islas Vírgenes Británicas.

-Interactive Investor Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Mr H Mason — Accionista de Borders & Southern — Origen sin especificar.

-Mr Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

–Mrs Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Halifax Share Dealing Clients — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-JHI Associates Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

-JHI Falklands Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

-Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — Accionista única de JHI — Canadá.

-CIBC Asset Mgt. — Accionista de Eco — Canadá.

-Canaccord Genuity Limited — Accionista de Eco — Reino Unido.

-Avanza Bank Holding AB — Accionista de Eco — Suecia.

-Moshe Peterburg — Accionista de Eco — Israel.

-Askar Alshinbayev — Accionista de Eco — Kazajistán.

-Coronation Fund— Accionista de Eco — Sudáfrica.

-Westmount Energy Limited — Accionista de Eco — Jersey (Islas del Canal).

-Borders & Southern Falkland Islands Limited — Ilegítima licenciataria — Reino Unido.

-Noble Corporation — Proveedor estratégico de infraestructura — Reino Unido.

-AP Moller Holding A/S — Accionista de Noble Corporation y Seatrium — Dinamarca.

-First Eagle Investment Management LLC — Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

-Vanguard Portfolio Management LLC— Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

-Dimensional Fund Advisors LP — Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. — Estados Unidos.

-Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — Analistas y asesores corporativos — Estados Unidos.

-Fugro NV — Proveedor de servicios — Países Bajos.

La publicación del listado se produjo el día después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas y anunció nuevas medidas para “proteger los intereses estratégicos en el Atlántico Sur”. La decisión forma parte de una estrategia más amplia que incluye acciones diplomáticas, reclamos ante organismos internacionales y un refuerzo de la presencia argentina en la región.

 

La resolución fue adoptada luego de una audiencia encabezada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, de la que participaron representantes de las compañías y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). De acuerdo con lo informado por la cartera laboral, los despidos afectan a 700 empleados de la planta ubicada en Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y otros 450 de Esteban Echeverría.

La conciliación obligatoria tendrá una vigencia inicial de 15 días hábiles, con la posibilidad de extenderse por otros cinco. Durante ese período, las empresas deberán reincorporar al personal despedido, mientras que ambas partes deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan profundizar el conflicto.

El objetivo de la intervención del Ejecutivo bonaerense es generar una instancia de diálogo que permita preservar las fuentes de trabajo. En ese marco, se convocó a una nueva audiencia para el jueves 10 de septiembre, cuando volverán a reunirse funcionarios, representantes empresariales y dirigentes sindicales.

Durante el encuentro también se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá concretarse durante la próxima semana.

La crisis de Granja Tres Arroyos

El conflicto laboral se desarrolla en medio de la delicada situación financiera de Granja Tres Arroyos. La compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por U$S350,9 millones, que contempla quitas de hasta el 75%, plazos de pago de siete años, el ingreso de nuevos inversores y la venta de activos.

A eso se suma la intervención de la Justicia, que ordenó embargos sobre propiedades vinculadas con Joaquín y Elba De Grazia, accionistas del grupo, y dispuso una inhibición general de bienes contra Avex y otras cinco personas. La empresa avícola también enfrenta cuatro pedidos de quiebra y ejecuciones promovidas por sus acreedores.

La crisis ya había derivado en cierres, suspensiones y una reducción de las operaciones en varias unidades productivas. La planta de Capitán Sarmiento permanece paralizada desde el 31 de agosto, mientras que también se registraron conflictos en establecimientos de Tristán Suárez, Pilar, Río Cuarto y Concepción del Uruguay.

 

El episodio se produjo el 27 de agosto en una vivienda ubicada en la calle Benito Pérez Galdós al 9100, y según la investigación, un hombre llegó hasta el domicilio con la excusa de realizar una entrega. Al escuchar que llamaban a la puerta, la joven se acercó a una ventana.

Desde allí fue alcanzada por un líquido ácido que le provocó quemaduras en el rostro, el cuello y el pecho. El atacante huyó inmediatamente en un automóvil, explicaron fuentes judiciales.

La joven recibió asistencia médica y fue trasladada a un hospital local. Fuentes policiales señalaron que Ramírez fue quien la llevó hasta el centro de salud luego del episodio.

Una cámara fue clave para encontrar el auto

Tras la denuncia, los investigadores comenzaron a reunir imágenes de cámaras de seguridad de la zona. El objetivo era reconstruir la secuencia y determinar qué vehículo había utilizado el agresor para escapar.

El trabajo permitió localizar un Ford Fiesta Kinetic en la calle Martín Fierro al 8.000. El vehículo tenía características similares al observado en las imágenes vinculadas con el ataque.

Durante un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría 9ª de Villa Bosch, fueron detenidos el propietario del automóvil, Juan Sartori, de 37 años, y Ramírez.

Cuatro sospechosos quedaron detenidos

La investigación avanzó con otros procedimientos y permitió detener a dos hombres más. En esos operativos, según las fuentes policiales, a dos de los acusados les encontraron drogas y dinero. Ahora la Justicia busca establecer la participación que tuvo cada uno de los cuatro detenidos y determinar cómo se organizó el ataque.

La causa continúa en investigación y se esperan nuevas medidas judiciales mientras la víctima permanece internada y recibe tratamiento por las lesiones sufridas.

 

El caso reveló un fenómeno más amplio: no paran de crecer las denuncias por robos de vehículos que despiertan sospechas y obligan a las aseguradoras a mirar más allá de la versión inicial. Las compañías ya investigan a fondo una de cada tres denuncias ante fuertes sospechas de fraude.

Según los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación a los que accedió Popular, en el último ejercicio anual las aseguradoras recibieron 312.921 denuncias de siniestros vinculados con robos o incendios de vehículos. Fueron 81.496 robos totales, 218.757 parciales, 8.111 incendios totales y 4.557 parciales. Son unas 857 denuncias por día. Y ahí surge uno de los datos más llamativos del sector. Según la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), una de cada tres denuncias de siniestros de automotores presenta indicios de fraude.

¿Qué hace que una denuncia empiece a no cerrar? Una cámara que contradice el relato, horarios incompatibles, movimientos del vehículo que no coinciden con lo denunciado, documentación dudosa, fotografías adulteradas o un siniestro ocurrido poco después de contratar una póliza. También pueden aparecer antecedentes de reclamos o reiteración de siniestros.

Las aseguradoras cuentan cada vez con más herramientas. Cruzan información, recurren a cámaras, geolocalización y bases de datos y utilizan inteligencia artificial para analizar imágenes y documentación. Así pueden reconstruir qué ocurrió y contrastarlo con la versión del asegurado. Pero investigar también cuesta dinero. ADEAA advierte que no todas las sospechas terminan en una pesquisa profunda: en determinados casos, el costo de reunir pruebas, realizar peritajes o avanzar judicialmente puede superar el monto del posible fraude.

Por eso, el universo de denuncias con indicios es mayor que el de los fraudes que finalmente llegan a comprobarse. El automotor concentra el 65% de los casos investigados por fraude y más del 70% de los casos sospechosos se concentra en el AMBA, según ADEAA. El fenómeno incluye robos totales y parciales, ruedas y otras piezas, y también incendios que despiertan interrogantes.

¿Qué lleva a alguien a inventar el robo de su propio auto o moto? Las motivaciones son variadas. En algunos casos aparecen problemas económicos, deudas o una necesidad urgente de conseguir dinero. Un vehículo que cuesta mantener, perdió valor, resulta difícil de vender o quedó seriamente dañado puede transformarse en el centro de una maniobra. La expectativa puede ser cobrar la indemnización.

El caso de San Justo lo muestra con claridad. La historia comenzó con un supuesto robo, pero las cámaras permitieron ponerla en duda. Lo que parecía un delito contra un automovilista terminó con el propio denunciante primero bajo investigación, luego preso por un día entero y finalmente imputado en una causa por los delitos de falsa denuncia y tentativa de estafa.

«El hombre es un trabajador común, en un momento se quebró y contó que necesitaba el dinero. Entonces, se unió con otra gente para hacer desaparecer el auto, ganar algo con el desguace y luego denunciar el robo para cobrar el seguro. La aseguradora sospechó desde el inicio, y cuando apareció el video de una cámara donde el falso ladrón abre el auto con la llave y se va en 15 segundos fue clave», contó un comisario.

 

Los operativos fueron realizados en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y contaron con la participación de unos 300 efectivos de la DDI La Matanza. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia y deberán prestar declaración indagatoria el próximo lunes.

El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso el secreto de sumario hasta el momento en que los sospechosos comparezcan ante la Justicia. Los procedimientos habían sido solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la investigación.

En la causa ya se encuentran acusados Tony Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón. Están imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y violencia de género.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, también había sido investigado, aunque posteriormente recibió la falta de mérito y fue extraditado a Perú. Para los investigadores, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, ocupa un lugar central en la organización del crimen.

Según la acusación, “ se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez durante la noche del viernes 19 de septiembre de 2025, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada. Según la investigación, creían que se dirigían a una fiesta, pero se trataba de una trampa. Los cuerpos fueron encontrados el 24 de septiembre enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero de una vivienda de la calle Chañar 702.

La acusación formal sostiene que las víctimas fueron sometidas a extrema violencia, con mutilaciones y golpes, antes de ser asesinadas. El móvil del triple crimen estaría relacionado con el robo previo de droga y, de acuerdo con los investigadores, la organización habría organizado una falsa fiesta narco para atraer a las jóvenes y exigirles la devolución de la cocaína.