La nueva audiencia se realizará después de una jornada en la que declaró el ex intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, quien reconoció que el municipio realizó pagos de entre $2,5 millones y $2,8 millones a un grupo que se presentó como parte de la Fundación Lucio Dupuy durante los primeros días de la búsqueda.

El exintendente reconoció pagos de hasta $2,8 millones

Durante su declaración ante el tribunal, Ynsaurralde explicó que conoció a la abogada Elizabeth Cutaia y a Alan Cañete, dos de los imputados por presunto entorpecimiento de la investigación, a través de un mensaje que recibió de un periodista. Según relató, ambos se presentaron como abogados vinculados a la Fundación Dupuy y él les pidió que asistieran a los familiares de Loan en medio de la conmoción que atravesaba la localidad.

El ex jefe comunal sostuvo que el municipio destinó $1,8 millones para cubrir gastos de alimentación, vestimenta, elementos de higiene y otras necesidades. También afirmó que fue él quien ofreció alojamiento al grupo en el hotel Despertar del Iberá.

“Yo les ofrecí el hospedaje”, señaló durante su testimonio. Además, explicó que el monto total de los gastos incluyó el alojamiento y otros servicios, y que una erogación de $1.050.000 se realizó parcialmente mediante transferencia y en efectivo.

Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo relacionado con una factura que presentó Cutaia a nombre propio, bajo el concepto “pericias atención primaria con informes periciales”. Ynsaurralde reconoció que nunca tuvo acceso a esos informes, que desconocía quién los había elaborado y que tampoco pudo precisar si el grupo había realizado tareas directamente vinculadas con la búsqueda del niño.

En la misma jornada declaró el comisario retirado José Raúl Rodríguez, quien reemplazó a Walter Maciel en la dependencia policial de 9 de Julio tras su detención. Según afirmó, no observó comportamientos sospechosos en el comisario y lo vio preocupado.

Por su parte, Jesús Maximiliano Duarte brindó detalles sobre la pericia realizada el 30 de junio de 2024 en la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava. El testigo sostuvo que el vehículo estaba cerrado, aunque no tenía faja de seguridad, y recordó que los especialistas encontraron cabellos y una botella de agua. También mencionó que una prueba sobre el paragolpes dio positivo, aunque los peritos le explicaron que podía corresponder a insectos.

Otro testimonio relevante fue el de la curandera Gladys Raquel Pross, quien relató que Daniel “Fierrito” Ramírez la llamó cerca de las 14 del día de la desaparición para pedirle una pista sobre el paradero de Loan. La mujer aseguró que le respondió que no era vidente y que no podía darle información.

Al cierre de la audiencia, el tribunal resolvió que el abogado Fernando Burlando y la ex diputada Elisa Carrió no declararán en el juicio, luego de analizar los desistimientos y los pedidos de convocatoria presentdos por las partes.

Quiénes declaran este jueves en el juicio por Loan

Para este jueves fueron convocadas siete personas cuyos testimonios están relacionados con distintos momentos de la investigación.

Uno de los testigos esperados es Fernando Ariel Gálvez, quien puso su teléfono celular a disposición de los fiscales durante la etapa de instrucción. Según surge del expediente, Ramírez se comunicó con él el 13 de junio de 2024 para pedirle ayuda en la búsqueda de Loan.

Ese mismo día, el acusado también había contactado a la curandera Gladys Raquel Pross para consultarle si podía darle alguna pista sobre el paradero del niño. La mujer declaró este miércoles y sostuvo que le respondió que no era vidente.

También deberá comparecer Cristian González, sacerdote de 9 de Julio. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el cura estuvo en la casa de Catalina Peña durante los días posteriores a la desaparición y escuchó a familiares que no querían que hablara el hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez, quien había estado en el naranjal junto a Loan.

“Déjenlo que hable”, recordó el sacerdote que respondió en aquella situación.

Otro de los testimonios previstos es el de María Quintina Blanco, amiga de Laudelina Peña. Según consta en el expediente, durante la madrugada del 14 de junio de 2024 le escribió para preguntarle por las novedades de la búsqueda. Laudelina le respondió que estaba en la comisaría y que Loan había aparecido.

Esa comunicación forma parte de la investigación sobre la falsa noticia de la aparición del niño, que provocó que varias personas que participaban del operativo se dirigieran hacia la casa de Catalina Peña. Más tarde se confirmó que el menor no había sido encontrado.

En relación con ese episodio también declarará Vicente Gustavo Martínez, uno de los policías que participó de las primeras tareas de búsqueda durante aquella noche. En su declaración durante la instrucción, recordó que el personal regresó a la vivienda sin conocer el motivo y que, cerca de las 2.55, escuchó gritos que anunciaban la supuesta aparición del niño.

Según su relato, varias personas corrieron hacia el naranjal, pero luego regresaron a la casa de Catalina Peña. Allí había preocupación y dudas sobre la veracidad de la información. Finalmente, las autoridades realizaron llamados y averiguaciones hasta confirmar que se trataba de una falsa alarma.

La nómina de testigos citados para este jueves se completa con Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas y Juan Martín Ledesma Santinón.

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en Corrientes. Desde entonces, la investigación busca esclarecer qué ocurrió con el niño y determinar las responsabilidades de los imputados en el caso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño consideró que las acusaciones sobre un posible fraude en los comicios «constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa». Y luego, remarcó: «La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente a su pueblo, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25″.

La cartera a cargo de Mauro Vieira subrayó que Milei «reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”, en referencia a los sectores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato opositor, que cumple una condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en enero de 2023.

La sesión comenzó a las 12 del mediodía y el oficialismo va confiado a defender sus dictámenes de mayoría, con una oposición agazapada buscando la oportunidad de dar el batacazo en alguno de los temas.

Después de que se cayera por falta de quórum la sesión opositora del pasado jueves, las cartas quedaron del lado del oficialismo, que jugará con la cancha inclinada a su favor e intentará imponer sus propios proyectos sobre Discapacidad y endeudamiento familiar.

Esos temas también habían estado en la fallida sesión de la semana pasada y fueron incorporados por el oficialismo en el temario de este miércoles como señuelo para seducir a dialoguistas para el quórum.

Qué se tratará

El primer tema del orden del día, y con el que se iniciará el debate en el recinto, es el proyecto venido del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, algo impensable meses atrás en un Gobierno que se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.

Además, aparece un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó la última gran tragedia sanitaria), que fuera trabajado por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la ex legisladora Mónica Fein, y otra iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural.

A La Libertad Avanza le interesa imponer sus propios dictámenes para bloquear los proyectos de la oposición, que implican una prorroga de la emergencia de la Discapacidad (que obliga a jueces a resolver con urgencia solicitudes de pensión y compensaciones a prestadores) y un plan de refinanciación de deudas a morosos con quita de punitorios y topes a las tasas de interés.

En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.

El proyecto ciertamente incorpora todo el esquema de beneficios incorporados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una ley de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno

La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.

Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos.

También argumentan que la ley propuesta por La Libertad Avanza y sus aliados delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso, por simple cruce de datos.

Tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.

Desde el conglomerado opositor se jactan de contar con el apoyo para prorrogar la emergencia del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), de todas las organizaciones de y para personas con discapacidad, del Foro Permanente Discapacidad, de las asociaciones de prestadores y transportistas, y de la Pastoral Social de la Conferencia Espiscopal.

En el caso del proyecto sobre morosidad familiar, el escenario está mucho más abierto y casi cualquier cosa puede ocurrir en el recinto.

El dictamen de mayoría, firmado por LLA, el PRO y la UCR, hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.

En cambio, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado «ley de regularización y alivio financiero», declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).

En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.

En el nuevo dictamen, incorporado a la causa que tramita en el juzgado subrogado por Ariel Lijo, los fiscales sostuvieron que la empresa habría “cooptado” la Andis y organizado un sistema de cartelización entre proveedoras de medicamentos, con sobreprecios y pagos ilegales a funcionarios. Según la acusación, la droguería habría intervenido en decisiones sobre qué empresas cobraban, cuáles quedaban relegadas y quiénes eran designados o despedidos dentro de la agencia, a cambio de “retornos”.

La investigación apunta también a exfuncionarios de la Andis, cuyo titular era Diego Spagnuolo, un hombre de confianza del Presidente y exabogado personal de Milei. La causa se originó a partir de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaba un supuesto esquema de cobros ilegales y se señalaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei. Por el momento, ninguno de los dos está bajo investigación y esos audios no fueron utilizados como prueba en el dictamen fiscal.