Familias sin techo fueron desalojadas por la Policía tras 12 horas de protesta en el IPV
La actuación de la fuerza pública se realizó cerca de las 23 del lunes por orden del juez Marcelo López Picabea. “Fue por la seguridad y bienestar de los niños que estaban con sus madres”, señaló el comisario general Néstor Oviedo
Alrededor de 30 familias sin techo que tomaron parte del edificio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para reclamar soluciones habitaciones y audiencia con las autoridades del organismo fueron desalojadas el lunes a la noche por efectivos policiales del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) tras una orden del doctor Marcelo López Picabea. La protesta, que duró 12 horas e incluyó el encadenamiento de unas mujeres, terminó con un sumario preventivo contra todos los participantes bajo la carátula de daños, instigación a cometer delitos y resistencia a la autoridad.
Sobre el operativo que realizó la Policía en el lugar, el comisario general Néstor Oviedo brindó detalles en diálogo con La Mañana: “Desde la mañana del lunes, 28 mujeres, cuatro hombres y cuatro niños en edad de lactancia estuvieron dentro del recinto del edificio del IPV, ubicado por calles Junín y Roca, solicitando hablar con las autoridades y reclamando la entrega de viviendas”.
A pesar de “haberse dialogado con ellos”, Oviedo mencionó que “no hubo forma de hacerlos desistir de la medida, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas y el sufrimiento de los menores, que no tenían nada que ver con el reclamo”.
En su relato, el comisario explicó que “pese a ser una oficina de acceso público, el IPV en este receso por vacaciones sólo abrió por el turno de la mañana, lo que debía cerrarse al mediodía”.
“En estas circunstancias, varias mujeres aprovecharon la situación para encadenarse en la planta alta del edificio, quienes luego descendieron tras varias horas y decidieron quedarse en la planta baja del sector de atención al público, fomentados por la exdiputada Gabriela Neme”, refirió Oviedo.
Al respecto, responsabilizó a la abogada de propiciar un ambiente de violencia e incentivar al desorden dentro del edificio, aclarando que la Policía presentó a la Justicia las grabaciones respaldatorias que acreditan esta actitud.
“Todos los reclamos son válidos si se hacen de manera correcta y por las vías que corresponden. Lamentablemente, hay personas que permanentemente incitan a la violencia y las conocemos desde la época de la pandemia”, dijo.
Desalojo y forcejeos
El comisario Oviedo recordó ante este Diario que en el momento del ingreso de los manifestantes a la sede del IPV, el lunes a la mañana, la Policía realizó un acta de constatación para determinar el número de movilizados, el cual luego derivó en un sumario de prevención sin detenciones (con intervención de la Justicia) “contra todos los participantes bajo la carátula de coacción, daños, atentado y resistencia a la autoridad e instigación a cometer delitos”.
Ante la negativa del grupo de familias de dejar el edificio, Oviedo informó que por orden del juez subrogante Marcelo López Picabea se procedió a realizar el desalojo cerca de las 23 horas del lunes, mediante un operativo especial del Destacamento de Desplazamiento Rápido de la Policía de Formosa.
Señaló que la actuación policial contó con la presencia del personal de Niñez y Adolescencia y la línea 202 “para garantizar la seguridad de los menores y que permanezcan en buenas condiciones”.
Asimismo, aclaró que durante el procedimiento “sólo hubo algunos forcejeos” y detalló que “efectivos femeninos de la institución resultaron con lesiones leves al tratar de cerrar una puerta y evitar que más personas de afuera ingresen al edificio”.
