Las normas mantienen el núcleo de las medidas rechazadas el viernes pasado, aunque incorporan algunas modificaciones, y deberán ser ahora sometidas a la Diputación Permanente del Congreso, órgano que asume determinadas funciones parlamentarias tras la disolución de las Cortes.

“Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”, afirmó Sánchez durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros reproducida por diversas cadenas internacionales.

El jefe del Ejecutivo justificó la decisión al señalar que “las circunstancias” que llevaron al Gobierno a impulsar las medidas “no han cambiado en estos días” y defendió las normas como “ambiciosas, razonables y necesarias”.

Entre las principales iniciativas figuran la ampliación hasta 2030 de la protección contra los desahucios de personas vulnerables, límites a determinadas subas de los alquileres, la regulación de los contratos temporarios y por habitaciones y restricciones a las compras especulativas de viviendas por parte de grandes fondos.

El paquete también contempla incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, un IVA del 10 por ciento para los pisos turísticos, una reducción al 4 por ciento para la vivienda protegida y mecanismos de financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda.

El Gobierno incorporó además un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la compra de la primera vivienda, para el que prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros.

Uno de los decretos establece también la prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que vencen antes de fines de 2028 y limita las actualizaciones de las rentas.

La segunda norma apunta a establecer la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, aunque su aplicación quedará condicionada a que sea convalidada por la Diputación Permanente.

Los dos decretos habían sido rechazados el viernes por el Congreso, en uno de los mayores reveses parlamentarios sufridos por el Gobierno de coalición integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.

El principal decreto cayó por 178 votos contra 172 tras el rechazo del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La derrota parlamentaria profundizó la crisis política y precedió la decisión de Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones para el 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha inicialmente prevista.

Con el Parlamento ya disuelto, los decretos deberán pasar por la Diputación Permanente, compuesta por 68 legisladores más la presidenta del Congreso. La nueva composición de la votación podría favorecer al Ejecutivo en al menos uno de los decretos, debido a que el voto de Junts ya no sería indispensable para alcanzar la mayoría.

El segundo texto, sin embargo, presenta mayores dificultades debido a la oposición expresada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la renovación automática de los contratos. La vivienda se convirtió en uno de los principales temas de la campaña electoral española tras varias semanas de protestas por el aumento de los alquileres y las dificultades de acceso a una casa.

Las movilizaciones se intensificaron luego del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso generó una fuerte reacción social y protestas en distintas ciudades del país. El lunes, miles de personas volvieron a manifestarse en Barcelona por la crisis habitacional, en una protesta que terminó con incidentes, detenidos y policías heridos.

La oposición cuestionó la decisión de volver a llevar las normas a votación. Vox calificó la maniobra como una “cacicada” y sostuvo que el Congreso ya había rechazado los decretos cuando se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.

Sánchez, en tanto, defendió que el Ejecutivo seguirá adoptando decisiones hasta las elecciones y sostuvo que las medidas de vivienda responden a una situación de emergencia social.

El adelanto electoral coloca así a la crisis habitacional en el centro de una campaña en la que el PSOE buscará defender sus políticas frente al PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox, mientras los distintos espacios políticos comienzan a definir sus alianzas de cara a los comicios del 29 de noviembre.

La decisión se confirmó en la cuenta de X del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien señaló que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y que Trump dio su aprobación.

«El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EE.UU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009», publicó Parnell en su X.

Según informó el canal israelí Channel 12, Hammam Al-Hammami declaró ante investigadores de Emiratos Árabes Unidos: “Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir“. Las autoridades israelíes y emiratíes investigan ahora si actuó por cuenta propia o si recibió instrucciones o apoyo de terceros.

El ataque ocurrió el miércoles pasado, cuando Al-Hammami agredió con un hacha de emergencia al capitán indio Smit Machchhar e intentó tomar el control del Boeing 737 MAX 8. El piloto logró abrir la puerta de la cabina pese a sus heridas y permitió que pasajeros y tripulantes redujeran al atacante.

La aeronave, que llevaba unos 174 pasajeros, terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos calificó el hecho como un intento de atentado terrorista.

Mientras avanza la investigación, el Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, también participa de las pesquisas para determinar las circunstancias del ataque y si existió una organización detrás del intento.

Según Channel 12, un representante del Mossad informó el domingo al gabinete de seguridad israelí que Al-Hammami había realizado en los últimos años breves viajes a países hostiles a Israel, algunos considerados formalmente enemigos. Los investigadores intentan establecer si durante esas visitas pudo haber sido contactado, reclutado o influido por alguna organización. Por ahora, no se anunció públicamente ningún vínculo concreto con un grupo terrorista.

Otros datos conocidos este lunes apuntan, además, a que el ataque habría sido planificado mucho antes de que Al-Hammami subiera al vuelo FZ1073. Dos funcionarios israelíes con conocimiento de la investigación dijeron que el copiloto confesó a sus interrogadores que buscó deliberadamente empleo en una aerolínea que operara vuelos hacia Tel Aviv. Otra fuente informada sobre la pesquisa afirmó que pretendía estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurion.

De acuerdo con esa misma fuente, Al-Hammami incluso habría considerado atacar un vuelo anterior hacia Israel este año, pero desistió. Ese primer intento estaba previsto para julio y la investigación emiratí concluyó de manera preliminar que había buscado trabajo en una compañía que volara a Israel con el propósito de perpetrar un atentado.