En 2024, Milei compartió en redes una foto editada del protagonista de la versión teatral de «Secreto en la Montaña» -junto a Benjamin Vicuña- en la que, sobre la palma de la mano, aparecía la leyenda “Basta Milei”. En ese momento, el actor aclaró que la imagen era falsa: la foto original correspondía a una campaña por el derecho a la identidad y en su mano tenía escrito su nombre, “Raúl Esteban”.

El presidente la usó para contrastar “las manos que piden subsidio” con “las manos que pagan los subsidios”, en medio del debate por el cine y el INCAA, por lo que Lamothe salió a desmentirlo, pero nunca recibió una retractación.

Consultado en «El Ejército de la Mañana» sobre si el presidente se disculpó, el actor fue tajante “No, nunca le pidió disculpas a nadie el Presidente. No pide disculpas” y agregó que el reclamo ya no es personal “Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los 

Al mismo tiempo, Lamothe evitó alinearse con el kirchnerismo “Tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes”.

Sobre la comparación de las manos, el actor respondió “Yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá cómo tengo las manos, trabajé de pintor, albañil” y también acusó al primer mandatario argentino de odiar a los actores y de no priorizar el arte “El INCAA era un desastre pero lo de ahora… está en el piso”.

Después de decir su explosiva frase, reconoció que la violencia “no conduce a nada” y aclaró que no se imagina un diálogo posible con él, pero que “la pulsión” y “la sensación” son esas.

«Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho», expresó Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia:.

En referencia a fechas para concretar el acuerdo, dijo: «Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene».

Debido al retiro de los representantes de los trabajaroes , el Gobierno quedó en condiciones de avanzar con la definición del nuevo salario mínimo, que sería establecido por decreto ante la falta de consenso en el Consejo.

El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

El punto central de la discusión está en la forma en que la normativa establece la actualización de las deudas laborales. Según el fallo, el artículo 55 fija un piso mínimo equivalente al 67% del monto que surgiría de actualizar el crédito mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual.

Así, quienes habían iniciado una demanda antes de la entrada en vigencia de la reforma quedarían, en los hechos, con una reducción del 33% de sus indemnizaciones frente al mecanismo general contemplado en el artículo 54 de la misma ley.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67% por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del 3% anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma. Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”.

La historia comenzó en febrero de este año, cuando la mujer recibió un mensaje a través de Facebook de un hombre que se presentó como Michael Lawrence Williams y aseguró ser ciudadano del Reino Unido. Con el paso del tiempo, la conversación continuó por WhatsApp y el vínculo fue adquiriendo un tono sentimental. El hombre utilizaba una línea telefónica con característica británica, algo que contribuyó a que la víctima creyera en la identidad que le había dado.

Según relató la damnificada en su denuncia, durante todo ese tiempo nunca llegaron a realizar una videollamada, pero ella estaba convencida de que la relación era real. En determinado momento, el supuesto novio le manifestó que quería viajar desde el Reino Unido hasta Paraná para finalmente conocerse en persona.

Fue entonces cuando comenzó la maniobra. El hombre le explicó que necesitaba dinero y una autorización para poder concretar el viaje y le pidió ayuda económica. La mujer, convencida de que estaba colaborando con su pareja, solicitó créditos en entidades bancarias y no bancarias hasta reunir el dinero que le reclamaban.

Finalmente, realizó distintas transferencias que alcanzaron un total de $29.816.400,69. El dinero fue enviado a una cuenta cuya titularidad figuraba a nombre de una mujer identificada con las iniciales D.C.M.. Después de recibir los fondos, el supuesto británico dejó de responder y el viaje prometido jamás se concretó. Ante esa situación, la mujer comprendió que había sido engañada y radicó la denuncia.

A partir de la investigación, personal de la División Cibercrimen logró seguir parte del recorrido del dinero y determinó que los fondos habían terminado vinculados con una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en Concordia.

Con esos elementos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Las Heras al 1044, en Concordia. El procedimiento fue realizado por agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información que permita establecer quiénes participaron de la maniobra, cómo se realizaron las transferencias y cuál fue el destino final del dinero.

La mujer que fue localizada en Concordia quedó vinculada a la causa por el delito de estafa, en principio como presunta coautora. De todos modos, su eventual responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas que surjan de los teléfonos secuestrados, las cuentas investigadas y el resto de las medidas ordenadas por la Justicia.

El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad conocida como estafa romántica, en la que los delincuentes construyen durante semanas o meses un vínculo afectivo con sus víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez que logran ganarse su confianza, comienzan a solicitar dinero bajo distintos pretextos, como viajes, problemas económicos, trámites o supuestas emergencias.

En este caso, el argumento utilizado fue la necesidad de reunir dinero para que el supuesto novio pudiera viajar desde el Reino Unido hasta Paraná. La promesa de un encuentro presencial terminó siendo el mecanismo utilizado para conseguir que la víctima entregara una suma cercana a los 30 millones de pesos.