Después de 12 horas de debate, quedó establecido que la norma se aplicará en los tribunales militares de Cisjordania, donde sólo juzgan a acusados palestinos. Los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles y la pena máxima es la cadena perpetua.

El texto prevé, formalmente, que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que sólo abarcará a quienes «causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel».

La nueva ley permitirá las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impondrá un régimen de casi total aislamiento a los condenados a muerte. También ofrece la posibilidad de imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora.

Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023 realizados por el grupo terrorista Hamás, el Parlamento israelí tramita otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo ‘a posteriori’.

«Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte», afirmó el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir.

El funcionario fue el impulsor de la reforma legal, que finalmente fue apoyada por el partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, presente en la votación, y por el partido opositor Yisrael Beitenu. El respaldo llegó también desde los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Israel: cuestionamientos a la nueva Ley de Pena de Muerte para Terroristas

«Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse sólo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial», denunció el director legal del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah Suhad Bishara.

La entidad recordó que aplicar la legislación interna israelí a palestinos residentes en Cisjordania «es una flagrante violación del derecho internacional», porque el Parlamento «no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada». Por eso, Adalah anticipó que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí «con máxima urgencia».