El tema fue presentado por el canciller Pablo Quirno, quien expuso ante el Gabinete después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de una eventual revisión de la postura de la Casa Blanca respecto de la soberanía de las islas, según informaron fuentes oficiales a la prensa.

Trump había señalado el lunes que estaba dispuesto a «revisar» su postura sobre la cuestión Malvinas ante una consulta sobre la posibilidad de retirar el respaldo estadounidense a la soberanía británica. «Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas», afirmó el mandatario.

Ante estos dichos, el presidente Javier Milei, aseguró este martes que “ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, pero no brindó mayores precisiones.

Por su parte, el ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que las Islas Malvinas «son británicas y seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”

Tras la reunión de gabinete, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el mensaje del Presidente será transmitido por cadena nacional el jueves a las 21:00 y estará centrada en la cuestión Malvinas y en los avances diplomáticos que, según el Gobierno, se produjeron en torno al reclamo argentino.

Durante el encuentro en la Casa Rosada también se analizaron la evolución de los indicadores del mercado laboral, la tasa de inflación y lo que el Gobierno identifica como un proceso de crecimiento de la economía.

Malvinas: el tuit de Milei sobre la cadena nacional y las críticas al periodismo

Horas después de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, el Presidente defendió el uso de la cadena nacional sobre la causa Malvinas y, sin nombrarlos, apuntó contra los periodistas que cuestionaron la medida.

«Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional», afirmó el líder de la Libertad Avanza desde su cuenta de la red social X.

Milei sumó en una nueva embestida contra la prensa: «¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de MIERDAS HUMANAS (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar».

El Presidente subrayó, por último, que su gobierno seguirá «defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese».

Entre los testigos estarán Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, especialista en Balística; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y los médicos forenses Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

Uno de los puntos centrales será determinar las lesiones que provocaron la muerte de Díaz y establecer la secuencia de los disparos. La defensa de Álvarez considera que esta cuestión puede ser clave para sostener su hipótesis de legítima defensa.

También declararán los profesionales que evaluaron al músico después del crimen. En 2018, el psiquiatra Esteban Toro Martínez concluyó que Álvarez estaba “psíquicamente compensado y en condiciones de estar en juicio”, aunque consignó antecedentes de consumo de sustancias y algunas alteraciones en la atención y el pensamiento.

La situación vuelve a cobrar relevancia porque durante las últimas audiencias “Pity” se quedó dormido e incluso llegó a roncar mientras sus abogados cuestionaban su capacidad para afrontar el proceso. El tribunal rechazó el pedido de una nueva evaluación neuropsicológica.

Las pericias sobre el arma

La audiencia también abordará la evidencia balística. La especialista Melina Michel analizó la pistola Lorcin L25 calibre .25 utilizada en el crimen y determinó que era “apta para producir disparos y de funcionamiento mecánico normal”. El cotejo permitió vincular el arma con las vainas y proyectiles incorporados al expediente.

Díaz fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Tras el ataque, Álvarez arrojó el arma en una alcantarilla y se dirigió a Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Luego se entregó a la Justicia y declaró: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

Las entregas, de acuerdo con lo relatado por Ibarra, se realizaron en las oficinas de Supercemento, ubicadas en la calle 3 de Febrero 2750. El dinero habría sido recibido por una persona identificada como “Nelson”, que la acusación vincula con Nelson Lazarte, quien era señalado como colaborador de Roberto Baratta.

“Me dijo [Marconi] que eran aportes para la campaña”, declaró Ibarra al responder sobre el motivo de los pagos.

Un pago que, según el testimonio, se repitió tres veces

El empresario explicó que al momento de las entregas se encontraba en el exterior y que fue Marconi quien concretó las operaciones. Según su relato, el pedido original habría surgido de Francisco Moresco, otro integrante del directorio de Supercemento, quien murió en 2018 y había sido procesado en la causa.

“Marconi me contó que Moresco le dijo que lo habían llamado y que tenía que entregar un sobre. Creo que fue en el 2015. Esto sucedió tres veces”, explicó Ibarra durante su declaración.

Ibarra había sido indagado durante la etapa de instrucción por el entonces juez Claudio Bonadio, pero no fue procesado en la causa.

La constructora también aparece mencionada en otros testimonios incorporados al expediente. Miguel Marconi, en calidad de arrepentido, reconoció los tres pagos a “Nelson”, aunque atribuyó la decisión a Moresco.

En cambio, el financista Ernesto Clarens declaró que Supercemento entregaba regularmente el 3% de los certificados cobrados y que esos pagos eran canalizados a través de Marconi, pero este último solo reconoció los tres pagos mencionados.

Según la acusación fiscal, el esquema investigado tenía en la cima a Néstor y Cristina Kirchner y contaba con funcionarios del Ministerio de Planificación e intermediarios vinculados a empresarios y contratistas del Estado.

También declaró Franco Gagliardo, empresario de Obring, quien contó que mantuvo un encuentro con Ernesto Clarens después de participar de una licitación. Según relató, el financista le había dado a entender que podía ayudarlo, pero “nada estuvo claro. No hubo nada concreto”.

El empresario había sido imputado durante la investigación, pero posteriormente fue sobreseído.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó la medida por considerar «prima facie» a ambas acusadas partícipes necesarias del delito de «adulteración de sustancias medicinales».

El magistrado dispuso un embargo de 500 millones de pesos, la continuidad de la prohibición para salir del país y la inhibición de general de bienes para las dos ex funcionarias, cuya decisión deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y a los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves.

A comienzos de agosto de este año Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas y luego excarceladas al pagar una fianza de $75 millones cada una. A su vez, prestaron declaración indagatoria ante el Kreplak.

En el caso hay 14 procesados, entre los que se encuentran Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.

Los análisis posteriores determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos que luego fueron encontrados también en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias.

Según la resolución judicial, el medicamento adulterado fue producido en condiciones “plagadas de serias deficiencias”, con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, controles microbiológicos irregulares y documentación presuntamente adulterada para aparentar procesos de calidad que, en realidad, no existían.

“El apartamiento de los criterios técnicos y pautas procedimentales administrativas contaron con el consentimiento y participación de Bisio en su calidad de administradora nacional de la Anmat”, calificó Kreplak en el documento de casi 300 páginas.

A criterio del magistrado, eso sucedió en dos casos. El primero, con un “acuerdo infrareglamentario consumado” durante un encuentro del 14 de enero del año pasado con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la sede central de la Anmat. De esa reunión con dos empresas que estaban siendo controladas por irregularidades en la producción de medicamentos no quedó registro oficial alguno y, además, ambas exfuncionarias omitieron mencionarlo inicialmente.

El segundo caso fue al no suscribir una carta de advertencia a HLB Pharma. “Era este último acto el que contenía una prohibición expresa de no comercialización [de fármacos]”, amplió el juez. “En ambos casos se verifica, efectivamente, un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario al cual se encontraba obligada como titular de la Anmat”, agregó sobre las omisiones de Bisio.

En cuando a su subordinada, Mantecón Fumadó, el juez enumeró un desentendimiento “por completo” de los plazos que definen las normas vigentes para dictar una medida extrema como es una carta de advertencia -en este caso, para Ramallo- o la inclusión de “actos no reglados” en los procedimientos a seguir como exdirectora del Iname como fueron las entrevistas -tanto formales como informales- con los dueños de las empresas a sancionar.

“Inclusive, selló un pacto con aquéllos -que, como vimos, no fue el primero- para eludir la emisión de la carta [de advertencia]”, sumó el juez. “A la par, “cajoneó” el proyecto de carta de advertencia de HLB por más de cuatro meses, sin darle al expediente respectivo ningún tipo de trámite durante ese lapso.»