El defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, señaló que tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la reforma laboral,

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Luego de que el Gobierno nacional trasladara a las redes sociales y a los canales oficiales una placa titulada “Mito vs Realidad” para defender el proyecto y asegurando que la nueva ley “generará más trabajo” y “más derechos”, advirtió que “no se les está informando a los trabajadores el impacto real que tendrá esta normativa, toda vez que el mundo del trabajo, bajo este nuevo esquema, no implica ni modernización, ni más derechos, ni formalización laboral”.

“Por el contrario, la iniciativa empuja una deslaboralización profunda, donde el trabajador pasa a ser tratado como una ‘empresa individual’ bajo la esfera civil, perdiendo la protección histórica de las leyes laborales”, aseveró.

En lo vinculado a las plataformas y al personal embarcado, Gialluca mencionó que “uno de los ejes del discurso oficialista es la ‘modernización’ que traería la regulación para los trabajadores de plataformas de reparto”. “Sin embargo, la promesa de flexibilidad horaria y derechos es ‘letra muerta’. En la práctica, si un repartidor no cumple con los horarios sugeridos por la aplicación, queda expuesto a bloqueos, sanciones y bajas en el ránking, operando bajo subordinación encubierta”, acotó.

“Por otro lado, ha pasado desapercibida la exclusión del ‘personal embarcado’ de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en el artículo 1 de la reforma. Esto significa que los trabajadores marítimos deberán volver a regirse por la antigua Ley de Navegación, obligándolos a discutir desde cero sus vacaciones, indemnizaciones y licencias con cada nuevo viaje. Nada de modernización: es ajuste laboral clásico y regresivo”, agregó.

También, el ombudsman provincial remarcó que la reforma laboral se financia recortando recursos del sistema previsional. “El texto impulsado en el Congreso incluye la creación de dos figuras claves: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el Régimen de Incentivos para la Formalización Laboral (RIFL). El mecanismo del FAL quitará USD2.500 a 3.000 millones anuales de recursos a las jubilaciones para pagar las indemnizaciones del sector privado”, indicó.

“Por su parte, el RIFL establece una reducción del 85% en las contribuciones patronales para nuevas contrataciones, un beneficio que no sólo alcanza a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), sino también a corporaciones multinacionales de altísima rentabilidad”, añadió.

Además, el funcionario denunció la debilidad que propone el modelo de esta reforma laboral, debido a que “el Estado nacional necesitará que se generen casi siete contrataciones nuevas para recaudar lo mismo que hoy aporta un solo trabajador a la Seguridad Social”.

“En ese escenario, se requeriría crear 1,4 millones de nuevos puestos de trabajo formales tan solo para compensar los 200 mil empleos privados registrados que, según datos aportados, se perdieron desde la asunción de Javier Milei”, apuntó.

Por último, José Gialluca expresó que esta reforma, al crear los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) como un régimen obligatorio destinado a financiar el pago de múltiples indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y en otros estatutos especiales, “a diferencia del esquema tradicional previsto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, donde el empleador afronta el costo indemnizatorio, introduce un mecanismo de aportes periódicos que conforman un fondo destinado a cubrir esa contingencia”.

“En términos prácticos: el costo del despido deja de concentrarse en el momento de la extinción y pasa a financiarse previamente mediante un pago que luego se descuenta de contribuciones a la ANSeS. Es decir, cubre prácticamente todo el sistema indemnizatorio estructural de la LCT”, manifestó.