En el marco de la causa, el Juzgado Civil y Comercial N° 6 ordenó la ejecución de sanciones impuestas por el Ministerio de la Producción y Ambiente. Frente a esto, la defensa del legislador de La Libertad Avanza intentó evitar el pago argumentando inmunidad parlamentaria y falta de legitimación pasiva, al sostener que no era titular del predio al momento de los desmontes.

Sin embargo, ambos planteos fueron rechazados. La Justicia entendió que la inmunidad no aplica a este tipo de sanciones económicas -limitadas constitucionalmente a la inviolabilidad de opiniones y la inmunidad de arresto- y consideró acreditada su vinculación con el inmueble intervenido.

Antecedentes y multas impagas

En Formosa, los desmontes están regulados por la Ley Provincial 1.660, en el marco del ordenamiento territorial, en consonancia con la Ley Nacional 26.331 de protección de bosques nativos. Este régimen exige la tramitación previa de permisos de cambio de uso de suelo, que incluyen declaraciones juradas, fundamentos técnicos y evaluaciones de impacto ambiental y social. Una vez aprobados, los proyectos son monitoreados mediante sistemas satelitales para garantizar su cumplimiento.

El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, señaló que “Paoltroni desde hace casi una década atrás incurre en infracciones graves. Por lo tanto, el argumento de que las multas son una persecución política contra él es una cortina que intenta tapar su situación judicial”.

Según indicó Rodríguez, en 2017 y 2018, cuando aún no tenía actividad política, participó “como socio de la firma CONAGRI S.A. y apoderado de un empresario en desmontes no autorizados en los establecimientos ‘La Manga’ y ‘El Comienzo’, ubicados al sur de Estanislao del Campo y de Brouchard, respectivamente”.

En esos casos, el ministro resaltó que se habrían intervenido 1.173 y 340 hectáreas sin autorización, lo que derivó en multas que, aunque reducidas a 563.000 y 345.000 pesos, permanecen impagas hasta la actualidad. De acuerdo a estimaciones oficiales, si esos montos se actualizaran a valores actuales, la deuda ascendería a casi 59 millones de pesos, sin incluir la reciente condena.

Rodríguez puntualizó que “desde la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial, el Registro de Infractores al régimen de Cambio de Usos de Suelos de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, tiene más de 43 multas impuestas a establecimientos que han desmontando superficie cubierta con monte nativo, excediendo lo que había sido autorizado o haciéndolo de manera ilegal, sin permiso otorgado”.

Además, manifestó que en la actualidad hay “bajo análisis 19 casos más, lo que destierra el argumento de persecución”.

Cuestionamientos a la defensa y pruebas

En cuanto a la defensa del senador, las autoridades cuestionaron su solidez técnica. Indicaron que el expediente administrativo cumplió con todas las instancias previstas por la ley, incluyendo la posibilidad de descargo. También señalaron inconsistencias en los argumentos, como la supuesta falta de formulación de cargos o la extensión del terreno involucrado, aspectos que -según remarcaron- están claramente documentados en el expediente.

Uno de los puntos centrales de la causa es la reconstrucción de los hechos mediante imágenes satelitales. Según los informes incorporados, en junio de 2021 no se registraban desmontes en el predio; en agosto del mismo año comenzaron a observarse intervenciones en terrenos contiguos vinculados a firmas asociadas; y para septiembre ya se verificaban las 112 hectáreas desmontadas que motivaron la sanción.

Estos datos, junto con informes técnicos y registros de titularidad del inmueble, fueron considerados pruebas clave para establecer la responsabilidad del legislador.

Otro aspecto en discusión fue si Paoltroni era titular del campo al momento del desmonte. Desde el Ministerio relativizaron este argumento, al señalar que resulta poco verosímil que un predio sea desmontado semanas antes de su venta, y destacaron que la información registral y las pruebas técnicas lo vinculan directamente con la infracción.

Si bien el senador aún cuenta con instancias de apelación, la acumulación de sanciones, la reincidencia en conductas similares y las debilidades señaladas en su estrategia judicial configuran un escenario adverso. Además, la existencia de desmontes en predios contiguos, que formarían parte de un mismo desarrollo agropecuario, podría derivar en nuevas medidas judiciales en su contra.