Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), expuso el retroceso de la cobertura de salud en el país, en medio de la pérdida de puestos de trabajo y los fuertes incrementos en el costo de la medicina privada.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, 1.246.285 personas dejaron de contar con algún tipo de cobertura privada, ya fuera a través de una prepaga, obra social o mutual, y pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud.

Desde el IAG advirtieron que este importante traslado de pacientes hacia el sistema estatal generó una mayor presión sobre hospitales y centros de atención públicos, que registraron un aumento de su población de referencia en todas las regiones del país.

El informe atribuyó esta situación a la combinación de la liberación de precios en el sector y la reducción del empleo formal. En ese sentido, señaló que, entre noviembre de 2023 y julio de 2026, las cuotas de las empresas de medicina prepaga aumentaron un 475%, por encima de la inflación acumulada durante ese período, que alcanzó el 329%.

En paralelo, desde la llegada del actual Gobierno se perdieron 241.746 puestos de trabajo. La pérdida de un empleo registrado tiene un impacto directo sobre el acceso a la salud, ya que implica la interrupción de la afiliación a una obra social y afecta no solo al trabajador, sino también a su grupo familiar.

El Gran Buenos Aires (GBA) concentró la mayor cantidad de personas que perdieron su cobertura privada, mientras que el norte del país se mantuvo como la zona con menor acceso general a este tipo de servicios.

El impacto fue particularmente fuerte en el conurbano bonaerense, donde la población sin cobertura médica privada creció un 21,4%. En el Área Metropolitana, el porcentaje de habitantes que depende exclusivamente del sistema público pasó del 30,8% al 35,9%, lo que representó la incorporación neta de 904.131 personas a la atención estatal.

El Noreste argentino aparece como la región con mayor vulnerabilidad en materia sanitaria. Allí, el 46,3% de la población depende únicamente de hospitales y centros públicos, frente al 44,3% registrado a fines de 2023. En términos absolutos, 40.716 personas más pasaron a depender del sistema estatal.

En Cuyo, la proporción de habitantes atendidos exclusivamente por el sector público pasó del 34,3% al 38%, con la incorporación de 82.708 personas. En la Patagonia, el porcentaje creció del 21,5% al 23,4%, lo que representó un aumento de 29.022 personas.

Por su parte, la región Pampeana sumó 146.481 nuevos usuarios del sistema público, al pasar del 30,2% al 32% de su población. En el Noroeste, otras 43.227 personas quedaron bajo la dependencia exclusiva de la salud estatal, elevando esa proporción al 39,6%.

Entre las zonas urbanas más afectadas, Ushuaia-Río Grande encabezó el ranking nacional de crecimiento de la población sin cobertura médica privada, con un aumento del 47,1%. Le siguieron Viedma-Carmen de Patagones, con una suba del 40,1%, y el Gran Catamarca, con un incremento del 21,8%.

La pérdida de cobertura se distribuyó de manera casi equitativa entre mujeres y hombres. Un total de 624.948 mujeres dejaron de contar con cobertura médica privada, lo que provocó un aumento del 13,35% en la cantidad de mujeres que dependen exclusivamente del sistema público: pasaron de 4.682.237 a 5.307.185 entre fines de 2023 y comienzos de 2026.

En el caso de los hombres, 621.337 perdieron su cobertura de salud privada. Esto representó un incremento del 13,09% en la población masculina que depende únicamente del sistema público, que pasó de 4.745.894 a 5.367.231 personas durante el mismo período.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense y fue el resultado de una investigación que permitió establecer el presunto funcionamiento de una organización dedicada al abastecimiento, distribución y comercialización de drogas, con distintos puntos de venta y personas que cumplían diferentes funciones dentro de la estructura.

Los allanamientos incluyeron tres campos, tres búnkeres y un procedimiento de urgencia. Como resultado, los investigadores secuestraron 3,8 kilos de marihuana, 307,4 gramos de cocaína y 204,8 gramos de pasta base, además de una sustancia granulada que sería compatible con un producto utilizado para el corte de estupefacientes.

El despliegue también permitió incautar seis armas de fuego, entre ellas cinco revólveres de distintos calibres y una pistola Glock calibre 9 milímetros, junto con 28 municiones.

A esto se sumaron 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación handy, dos tarjetas SIM y tres balanzas digitales, además de cuadernos con anotaciones y otros elementos que podrían estar relacionados con el fraccionamiento y la comercialización de drogas.

Durante los procedimientos también fueron encontrados 2.900 dólares, 621.500 pesos argentinos y 122.000 guaraníes. Los agentes secuestraron además un automóvil, una motocicleta y un cuadro de moto con la numeración suprimida.

Entre los elementos incautados aparecieron también dos chalecos antibalas con funda policial y numeración borrada, lo que quedó incorporado a la investigación judicial.

Cayó “Paranacito”, el capo narco investigado por el crimen de un policía

Entre los 18 detenidos se encuentra Nelson Adrián Prieto Grance, de 24 años, alias “Paraná” o “Paranacito”, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización narcocriminal.

El joven también es investigado por su posible participación en distintos hechos de sicariato y homicidio. Entre ellos aparece el asesinato del sargento Facundo Giménez, quien murió el pasado 16 de junio tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento antidrogas en el barrio La Colorada Oeste.

La investigación incluyó tareas de vigilancia, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los 30 allanamientos que se concretaron en Quilmes y Florencio Varela.

Además de Prieto Grance, fue detenido Matías Damián Rosales, acusado de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También fue identificada Rocío Belén López, de 36 años, quien cumplía arresto domiciliario por una causa vinculada con la Ley 23.737.

Como cierre del operativo, los tres búnkeres identificados como puntos de comercialización de drogas fueron derribados con personal municipal, con el objetivo de evitar que volvieran a funcionar como centros de venta de estupefacientes.

La primera advertencia fue realizada en España por la Policía Nacional, que recomendó no abrir ni responder este tipo de mensajes cuando provengan de contactos desconocidos. La maniobra aprovecha una función disponible en WhatsApp desde 2021, creada para que determinados contenidos desaparezcan después de ser vistos una sola vez.

El mecanismo comienza con el envío de una fotografía que suele presentar contenido sensible o comprometedor, el destinatario recibe el archivo sin poder conocer previamente su contenido y la curiosidad puede llevarlo a abrirlo.

El episodio tuvo lugar en la tarde del lunes, en la intersección de las avenidas Gobernador Figueroa y Arturo Illia, en la ciudad capital de Catamarca.

El video fue registrado por los vecinos de la zona y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y estados de WhatsApp. En las imágenes se observa a la mujer sobre la moto mientras intenta ponerla en marcha, con una nena sentada detrás de ella.