El proyecto enviado por el Gobierno nacional propone modificar el régimen de pensiones y el sistema de aranceles de las prestaciones
Las familias de personas con discapacidad siguen con atención el tratamiento del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso, debido a los cambios que la iniciativa propone para las pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre, bajo el expediente 0013-JGM-2026, y actualmente se encuentra en tratamiento parlamentario.
En declaraciones a La Mañana, Tomás Leliur, integrante de la asociación Puentes de Esperanza, que reúne a familias con personas con trastornos del espectro autista, expresó la preocupación que existe entre los padres y sostuvo que las modificaciones se suman a problemas que el sector ya viene atravesando.
“Estuvimos mirando, estuvimos informándonos un poco con los padres. Hablábamos, hacíamos grupo y realmente estamos un poco decepcionados por muchas cosas”, manifestó. Según explicó, las dificultades que enfrentan las familias no se limitan al proyecto presupuestario, sino que incluyen demoras en las prestaciones, medicamentos y trámites vinculados con las pensiones.
Uno de los principales problemas señalados por Leliur está relacionado con las obras sociales. Según indicó, las demoras en los pagos a los profesionales repercuten directamente en la continuidad de las terapias. “Se está hablando de entre tres a cuatro meses de demora”, afirmó.
Esta situación, sostuvo, llevó a que algunas familias reduzcan la frecuencia de las terapias. “Hay muchos padres que han dejado de concurrir a terapias. En vez de ir por lo menos cuatro veces al mes, van dos veces; algunos van una vez al mes”, explicó.
También señaló que algunos profesionales optaron por trabajar de manera particular debido a las demoras en los cobros de las obras sociales. A esto sumó dificultades para acceder a medicamentos y otros elementos necesarios para las personas con discapacidad.
En ese contexto, Leliur destacó el funcionamiento de Puentes de Esperanza como espacio de acompañamiento entre las familias. “Muchas veces los padres tenemos medicaciones que por ahí nos sobra, o pañales, y si puede servir para otra persona, nos ayudamos entre nosotros”, relató.
Qué plantea el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto introduce, entre sus artículos 36 a 41, modificaciones en distintos aspectos de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y en los regímenes de pensiones y prestaciones. No propone derogar formalmente toda la ley, sino modificar o eliminar instrumentos específicos.
Uno de los cambios centrales está vinculado con los aranceles de las prestaciones. El proyecto modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901 y elimina el esquema de valores universales y la actualización automática vinculada a la inflación. El nuevo mecanismo permitiría que cada prestador establezca sus valores y que las obras sociales y prepagas determinen los montos máximos que reconocerán.
Para las familias y prestadores, uno de los interrogantes es cómo impactaría ese cambio sobre la continuidad de tratamientos y terapias. Leliur señaló que ya existe preocupación entre los padres y profesionales ante la posibilidad de que algunas prestaciones puedan verse afectadas.
“Todos estamos preocupados, la mayoría, porque vemos que puede haber ausencia en algunas prestaciones, en algunas terapias, en algunas medicaciones”, afirmó.
El proyecto también modifica el régimen de las pensiones no contributivas por discapacidad. Entre otros puntos, reemplaza la referencia al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como criterio explícito por un esquema basado en la imposibilidad para trabajar, cuyos requisitos quedarían establecidos por reglamentación. También plantea incompatibilidades entre la pensión y el empleo formal.
Las dificultades para acceder a las pensiones
Leliur sostuvo que, más allá de los cambios que eventualmente apruebe el Congreso, las familias ya enfrentan dificultades para completar los trámites de las pensiones.
“Está muy burocrático y está muy parado eso”, dijo. Como ejemplo, contó que en su caso lleva dos años desde que terminó de presentar la documentación correspondiente a la pensión de su hija, sin haber recibido una respuesta definitiva.
“Hace dos años ya terminé los papeles y tampoco sale ni favorable ni te contestan ni un mail, nada”, relató.
Según explicó, algunas familias recurren a amparos judiciales para intentar acelerar los expedientes. En Formosa, señaló, los reclamos pueden canalizarse ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y también mediante la Defensoría del Pueblo.
El problema, agregó, se extiende a familias del interior provincial. “Hay gente de Clorinda que nos llama y nos dice que están teniendo muchos problemas, que están todos parados sus papeles”, comentó. Incluso mencionó casos en los que los padres aseguran que documentación presentada no aparece posteriormente en los sistemas administrativos.
Una discusión que también atraviesa al Congreso
La discusión sobre discapacidad se desarrolla mientras Diputados analiza un proyecto para extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, que actualmente tiene vigencia hasta fines de 2026. La comisión de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda fue convocada el 16 de septiembre para avanzar en el tratamiento de esa prórroga.
Desde el Gobierno, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, sostuvo ante Diputados que la gestión apunta a fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad de los recursos y garantizar la continuidad de las prestaciones, tratamientos, medicamentos y servicios de rehabilitación.
Para las familias, sin embargo, la discusión se da sobre una realidad cotidiana marcada por los costos de los tratamientos y las dificultades administrativas. “Hay veces que uno tiene que pensar: bueno, vamos a comer o compramos esto, o compramos esto y no pagamos el gas”, describió Leliur al referirse a las decisiones que, según relató, deben afrontar algunos hogares.
