La causa, a cargo del juez Federico Villena, apunta a desarticular un esquema de cartelización y evasión de sanciones judiciales que habría funcionado durante años con la anuencia de las máximas autoridades penitenciarias.
El procedimiento estuvo atravesado por momentos de extrema tensión. Martínez intentó inicialmente entregar un teléfono celular antiguo y en desuso, y luego aseguró haber “extraviado” el dispositivo que utiliza habitualmente. Sin embargo, un informe técnico incorporado al expediente reveló que el celular “perdido” emitió señal en una antena del barrio porteño de Barracas apenas una hora antes del allanamiento.
Para el magistrado, ese dato refuerza la sospecha de que el funcionario fue alertado del operativo y destruyó el aparato para ocultar información sensible.
La investigación
La investigación tiene su origen en reiteradas denuncias por la pésima calidad de la comida que reciben los detenidos en el complejo penitenciario de Ezeiza. Peritajes realizados por la ANMAT confirmaron que las viandas contenían niveles de bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus incompatibles con el consumo humano. A raíz de esas pruebas, Villena prohibió en 2024 que la empresa Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A. continuara prestando el servicio.
Sin embargo, la maniobra no se habría detenido allí. Según la pesquisa judicial, la firma Biolimp Soluciones de Calidad S.A., que resultó adjudicataria posteriormente, operaba como una empresa pantalla: utilizaba los mismos camiones, los mismos empleados y facturaba montos millonarios a la firma sancionada. Incluso se detectó que vehículos de Food Rush circulaban con ploteos superpuestos de otra razón social, Q-Chef, que comparte domicilio con Biolimp en Avellaneda.
El juez probó las viandas
El propio juez Villena llegó a probar las viandas durante una inspección en el penal y al día siguiente sufrió una descompensación que describió como un cuadro “vomitivo”.
La causa también incluye decenas de habeas corpus presentados por internos desde 2016, en los que se denuncian comidas con clavos, cucarachas, pelos, carne podrida y porciones ínfimas, además del incumplimiento de dietas médicas para personas con patologías crónicas.
El trasfondo económico del escándalo es tan impactante como las condiciones denunciadas. Según consta en el expediente, el servicio de alimentación factura unos 17.000 pesos por plato. Con tres comidas diarias para cerca de 2.000 internos, el negocio alcanza los 102 millones de pesos por día y más de 37.000 millones al año, unos 25 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Vínculos con La Salada
Otro dato que despertó sospechas en la Justicia es que Martínez se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada que se encuentra prófugo.
El funcionario había asumido la dirección del SPF en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un contexto de traspaso del organismo desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad.
Pese a que la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del allanamiento, Villena cuenta con el respaldo político de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su disposición a colaborar con la investigación. El juez sostiene que el objetivo es desarticular “mafias enquistadas desde hace muchos años” dentro del sistema penitenciario.
Mientras tanto, los investigadores analizan los teléfonos secuestrados a empresarios y otros funcionarios del SPF. Las preguntas sobre lo que Martínez intentó ocultar y quién pudo haberlo alertado del operativo siguen abiertas. En los tribunales de Lomas de Zamora coinciden en que el caso recién empieza y que sus derivaciones podrían comprometer a más de un eslabón de la estructura penitenciaria.
