Este viernes por la mañana, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, inaugurará la refacción y ampliación del Juzgado de Paz de la localidad de Laguna Blanca, y en la misma localidad entregará 80 viviendas sociales.

El primer acto, en el que habilitará el edificio judicial, se realizará a las 8.15 horas en la calle San Martín entre Sargento Cabral y Laprida.

Esta nueva obra cuenta con los sectores de mesa de entrada, oficina civil y dos oficinas.

Seguidamente, a las 9.30 horas, el Gobernador entregará 80 viviendas sociales correspondiente al programa provincial “Casa Propia-Construir Futuro” en el barrio San Blas de la localidad de Laguna Blanca.

De este cupo de viviendas, 76 son de equipamiento común y cuatro adaptadas para personas con movilidad reducida. Las casas tienen 64 metros cuadrados cubiertos y están compuestas por un estar-comedor; cocina, dos dormitorios (con la posibilidad de ampliación para un tercero); baño, lavadero y un amplio patio.

Además, trae bajomesada, alacenas y una cocina y disponen de un tanque de reserva y cisterna que potencian el servicio de agua potable.

Asimismo, cuenta con importantes obras de infraestructura que incluyen red de agua potable, red eléctrica, alumbrado público, apertura de calles y desagües pluviales.

Ugelli

El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, aseguró que “empieza a dar sus frutos nuestro plan de terminación de viviendas sociales”.

“En nuestra provincia, con el Gobierno nacional anterior, de un perfil justicialista, nos permitió desarrollar un plan de cerca de tres mil viviendas distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial, en distintos grados de avance, licitados en distintos grupos y momentos, en 28 localidades y en Capital también”, recordó.

Y añadió: “Después, con la venida de este Gobierno nacional, que promovía que no iba a haber más obra pública, se terminaron los financiamientos y también, por supuesto, los de la vivienda social”.

En ese marco, explicó el funcionario, quedaron “neutralizadas” prácticamente un año y medio “en una interacción con lo que era el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que no existe más”.

“Después, con la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que tampoco existe más, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que era el organismo pagador, que tampoco existe más”, señaló.

Es decir, continuó, “en algún momento, luego de un año y medio de gestiones para retomar la obra, desaparecieron todos los organismos del Estado nacional y administradores de fondos”.

Por ello, aseguró, el Gobernador de la provincia “tomó la decisión de continuar la obra, de generar un programa provincial con fondos propios y que retomemos en una planificación un poco más acotada, porque lo íbamos a hacer con fondos propios”.

“Y en marzo de este año, en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, anunció cuáles iban a ser las obras que se iban a llevar adelante”, sostuvo.

De esta manera, el titular de IPV trajo a la memoria que el año pasado se entregaron 20 viviendas en Buena Vista y otras 20 en Laishí; por lo que esta será la primera adjudicación del año y la tercera del programa provincial creado por decisión del Gobernador”.

“Van a ser 80 viviendas con todas las infraestructuras que requiere ponerlas en funcionamiento para que sean dignas”, garantizó.

Programa provincial

Detalló, también, que el programa provincial de viviendas contempla la construcción de 600 casas que incluye, además, infraestructuras de nexo para la red de media tensión, la red baja, el alumbrado, la provisión de transformadores, red de agua y de cloacas, entre otras obras complementarias como la apertura de calles, alcantarillados para desagüe, accesibilidad con ripio.

“Así que es una planificación integral donde intervienen todos los organismos proveedores de servicios del Estado provincial en conjunto con el Instituto, es decir, los compañeros de REFSA, del SPAP y la gente del Municipio, colaborando en todo para que esto pueda hacerse realidad y afrontando el costo que conlleva”, destacó.

Asimismo, manifestó que el programa incluye 80 viviendas en Laguna Blanca, 80 en Pirané, 80 en Las Lomitas, 40 en Tres Lagunas y 200 en Formosa Capital; y, además, “tenemos otro grupo de 50 que estamos trabajando, pero en programas especiales en relocalización de personas en riesgo hídrico”.

“Y tenemos previsto también iniciar lo que tiene que ver con la parte administrativa por lo menos de El Colorado, que son también, creo que 54 viviendas ahí. Así que ese es el paquete de obras que se tiene previsto para este año”, esbozó.

Motorización de la economía

Además, habló sobre cómo la obra pública en general motoriza la economía en las localidades porque “construir una casa moviliza más de 30 rubros asociados a la construcción, en la provisión de materiales”.

“Y tiene afectadas por casa, en obra, por lo menos dos personas directamente en trabajo y dos personas indirectamente. Es decir, cuando estamos hablando de 80 viviendas, estamos hablando del doble de personas que tienen trabajo directo y otro tanto que lo hace indirectamente en los corralones, los proveedores, la logística, seguros, profesionales, especialistas, etc”, precisó.

Y agregó: “Ni que hablar que demanda de industria nacional en todo lo que tiene que ver con los materiales, industria local en lo que tiene que ver con específicamente los ladrillos, los premoldeados de hormigón y algunos rubros más que se puedan fabricar aquí en Formosa directamente”.

Por último, el responsable del IPV expresó que “el Gobernador siempre nos da esperanza para que sigamos trabajando dentro de una planificación, dentro de un orden presupuestario que nos permita afrontar este tipo de desafíos con la solvencia y la holgura que hay que tener para proveerle a la gente soluciones de este tipo”.

“Porque no es solamente el metro cuadrado de una casa, que de por sí es amplia, tiene materiales y calidades importantes, sino también la provisión de todo lo anterior que mencionaba, infraestructuralmente para que puedan acceder a todos los servicios y que eso es fruto de una planificación anterior para que esto suceda en estos tiempos”, cerró.

 

El director de Catastro y Tierras Fiscales de la Municipalidad de Formosa, Rubén Duré, informó a La Mañana que existen actualmente 11 loteos irregulares en diferentes puntos de la ciudad y que los proyectos inmobiliarios denominados “Ex Cecotto” y “Jardines de San Antonio” (frente al cementerio) son los “más complicados” para conseguir la aprobación del parcelamiento.

Según el funcionario local, desde que estalló públicamente esta problemática de los terrenos no habilitados para la venta, hace aproximadamente dos meses atrás, “prácticamente todos los loteos están en la misma condición” y sin avances concretos en términos administrativos para sus aperturas.

“En este tiempo, lo único que varió es el caso del proyecto Los Búfalos en la zona del Circuito Cinco, mediante la gestión del agrimensor de la firma Mi Primer Casa, que presentó ante el Municipio la carpeta con planos de factibilidad para luego acercar a Aguas de Formosa y REFSA, con el objetivo de empezar a amanzanar seis de las 70 que tiene en el predio, y elevar el pedido de parcelamiento a las autoridades del Concejo”, explicó ante este Diario.

Duré recordó que su oficina sólo puede aprobar el amanzanamiento del predio Los Búfalos, pero no así el parcelamiento, ya que “la ordenanza vigente permite lotes mínimos de 1.000 metros cuadrados (como es zona de quintas), siendo que “ellos (Mi primer Casa) vendieron a 300 metros cuadrados los terrenos”.

A su vez, precisó que “son 11 los loteos irregulares distribuidos en varias partes de la ciudad, los cuales en “su gran mayoría tienen que pasar por el Concejo Deliberante capitalino para ver si le aceptan o no las medidas”.

“Más complicados”

Entre los terrenos “más complicados” para la aprobación de parcelamiento, Duré señaló al desarrollo inmobiliario “Ex Cecotto” de Mi Primer Casa (en la zona del vaciadero municipal) y “Jardines de San Antonio”, ubicado frente al cementerio del barrio homónimo.

“El caso ‘Ex Cecotto’ tiene la particularidad de que el terreno fue comprado con un crédito hipotecario. Hasta tanto no se cancele esa hipoteca por parte de la firma Mi Primer Casa, no se puede inscribir la donación de 12% que le corresponde al Municipio para construir plazas y otras obras públicas”, detalló Duré, agregando que “ni el amanzanamiento se podrá aprobar en estas condiciones”.

En tanto, informó que “Jardines de San Antonio”, localizado frente al cementerio de ese barrio, en el año 2012 habilitó la venta de lotes para viviendas, mediante un negocio que al día de hoy tiene “mucha gente con todas las cuotas pagadas y necesitan hacer su título de propiedad”.

“Este lugar todavía no está manzanado ni mucho menos parcelado. Y el problema más grande es que uno de los dueños falleció, por lo que tiene que haber una sucesión y luego el pedido de los herederos para realizar la mensura y los demás trámites”, añadió.

El titular de Catastro municipal dijo que su oficina tenía un promedio de 7 a 8 actas de infracción labradas por año, pero desde hace dos meses que esta cifra aumentó considerablemente.

“En este último tiempo ya labramos 11 actas de infracción por loteos irregulares. Para este trámite, siempre se necesita algo concreto. No alcanza una publicación en Facebook u otras redes sociales. Las últimas actas se hicieron con copias de boletos de compra-venta que acercaron las personas perjudicadas con venta de terrenos no autorizados”, señaló.

Por último, Duré aclaró que las personas damnificadas por la comercialización de lotes sin habilitación en la ciudad “tienen la seguridad jurídica de recurrir a acciones legales en contra de la parte vendedora que no cumplió con el contrato, en principio por el delito de daños y perjuicios”.

“Desde nuestra función municipal, las ordenanzas sólo nos permiten multar a los infractores. Ni siquiera se puede clausurar una oficina de inmobiliaria que se dedica a esta actividad, porque su habilitación comercial cumple con todos los requisitos para la apertura. Distinto ocurre con una rotisería, por ejemplo, que se la cierra por no estar en condiciones de cocinar”, explicó.

Y finalizó: “La Cámara de Comercio es la que da la habilitación para que funcione como inmobiliaria. La persona damnificada y la Defensoría del Pueblo pueden actuar como sujetos activos ante una demanda, son los habilitados para realizar la denuncia”.

En lo concerniente a este tema, la secretaria general de la AJUFSA, Fátima Gutiérrez, comentó a La Mañana que la medida de fuerza fue resuelta durante una asamblea general del gremio concretada el miércoles 30 de septiembre por la mañana, a raíz del “descontento generalizado” de los afiliados a causa de que el aumento otorgado por el gobernador Gildo Insfrán no impactó sobre las sumas complementarias de los trabajadores judiciales y de que los magistrados y funcionarios recibieron incrementos importantes, que en algunos casos superan el haber mensual de un empleado del Poder Judicial.

“Nosotros veníamos conversando con el STJ acerca de la posibilidad de obtener algunas mejoras sobre las sumas complementarias que tenemos, que no son remunerativas pero que integran los haberes generales. Hay un incremento otorgado por el Gobierno de la Provincia en tres tramos del 5% cada uno, que tendría que haber impactado sobre las sumas complementarias de todo el personal de la administración pública. Esto no ocurrió en nuestro caso”, explicó la sindicalista a este Diario.

Además, la gremialista dijo que la AJUFSA volvió a plantear a través de dos Notas la necesidad de incrementar las sumas complementarias que se abonan al personal del Poder Judicial de la Provincia, tras lo cual el sindicato tomó conocimiento de las nuevas sumas percibidas por los magistrados y funcionarios.

Aclaró que las sumas abonadas al personal son $ 16.000 en tres tramos, lo cual asciende a “cerca de $ 50.000”, un importe sumamente inferior a lo percibido por los magistrados y funcionarios.

“Se nos venía diciendo que el presupuesto del Poder Judicial está restringido, que existe una ‘contención de gastos’ y que es prácticamente imposible obtener alguna forma de mejora, pero este miércoles los magistrados y funcionarios recibieron una mejora bastante importante, que parte de una suma mínima de $ 500.000 y que supera el millón de pesos en los cargos más altos del escalafón de magistrados y funcionarios”, precisó.

“Nosotros tuvimos a la vista recibos de sueldo de funcionarios del Poder Judicial en los que se hace evidente este aumento importante. En el caso de los Secretarios de Primera Instancia, ya venían percibiendo cerca de $ 1.100.000, suma que ahora se elevó a casi $ 1.900.000. Lo reciben como ‘Gasto Protocolar’, una suma no remunerativa que no integra el sueldo, por lo cual no se deduce por los valores de referencia del sistema de ‘enganche’ que tenemos con respecto a los sueldos de los ministros del STJ y no nos corresponde el incremento porcentual que históricamente veníamos cobrando”, agregó.

A continuación, señaló que por lo expuesto, los salarios de los trabajadores judiciales se encuentran “cada vez más ‘aplastados’” y que a esos empleados les resulta “cada vez más difícil cumplir con sus responsabilidades financieras”; y mencionó que el gremio presentó un Recurso de Amparo para evitar que a los empleados se les descuenten las horas o los días de paro que el sindicato realice durante cada medida de fuerza.

Para finalizar, manifestó que los trabajadores judiciales nucleados en la AJUFSA reclaman obtener los aumentos salariales que les corresponden, de forma proporcional a lo fijado para cada Categoría y de acuerdo a lo que percibe cada ministro del STJ, porque el régimen vigente lo establece de esa manera.