Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar
La Defensoría del Pueblo de Formosa intimó al Distrito 22 de Vialidad Nacional, Delegación Formosa a ejecutar la reparación y el mantenimiento integral del Puente Blanco, y señaló que el reclamo ante el estado de abandono también será llevado ante la Justicia Federal.

El defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca, denunció que la política de “Déficit Cero” del Gobierno nacional, sumada a la paralización de la obra pública y al abandono del mantenimiento de la infraestructura básica de conectividad en todo el país, ha originado una crisis vial que dejó de ser un problema focalizado en Formosa para convertirse en una emergencia de escala federal.

Puntualmente, hizo foco en el denominado “Puente Blanco”, ubicado sobre el riacho Formosa, donde “tras reiterados reclamos de vecinos y transeúntes”, personal de la Defensoría del Pueblo realizó constataciones y registros fotográficos que evidencian el grave estado de deterioro de la estructura.

Según se indicó, el puente presenta condiciones que favorecen la ocurrencia de siniestros viales de manera frecuente, especialmente en horarios de alta circulación, cuando coinciden vehículos de carga, transporte de pasajeros, automóviles particulares, motovehículos, bicicletas y peatones en una estructura angosta que no garantiza condiciones seguras de tránsito.

El defensor recordó que, a mediados de 2025, autoridades del Distrito 22 de Vialidad Nacional, Delegación Formosa, habían anunciado la refacción del puente y la construcción de una nueva estructura complementaria, además de la finalización de la Autovía de la ruta nacional Nº 11. Sin embargo, señaló que ninguna de estas obras fue iniciada.

 

Recortes

Gialluca remarcó que al ajuste en obras viales se agrega la decisión de retener los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y la paralización de las obras de mantenimiento, lo que deriva en un marcado deterioro de la red de rutas en todo el país, comprometiendo la seguridad de los ciudadanos.

Ante esta situación, administradores de vialidades provinciales de distintos distritos comenzaron a articular reuniones de urgencia para coordinar acciones conjuntas y visibilizar el impacto sistémico de estas medidas.

El diagnóstico compartido por las autoridades viales provinciales es coincidente: el abandono de las rutas nacionales está trasladando un costo operativo y una presión de tránsito creciente a las redes secundarias locales. Al no recibir las transferencias correspondientes y ante el deterioro de los principales corredores federales, las provincias se ven obligadas a cubrir estas deficiencias con recursos propios, que resultan insuficientes.

En este contexto, la principal preocupación radica en el riesgo para la seguridad vial. La falta de señalización, la ausencia de bacheo y el escaso mantenimiento en rutas nacionales incrementan la siniestralidad, obligando a los conductores a realizar maniobras riesgosas o a desviar el tránsito hacia caminos provinciales que no fueron diseñados para soportar transporte pesado.

 

Desde la Defensoría, se advirtió que la justificación política basada en el mandato electoral no puede desligar al Estado nacional de su responsabilidad de garantizar la transitabilidad y la seguridad de quienes circulan por el territorio argentino. Asimismo, se remarcó que la infraestructura vial constituye un sistema interconectado, donde la falta de inversión en un sector genera consecuencias inmediatas en el resto de la red.

En esa línea, señalaron que la retención de recursos provenientes del impuesto a los combustibles -abonado por los usuarios-, en un contexto de deterioro de las rutas, es interpretada por las provincias como una ruptura del equilibrio federal que afecta la conectividad productiva y social.

Frente a este escenario, las provincias avanzan en la formalización de un reclamo conjunto para exigir la restitución de los niveles mínimos de inversión que permitan frenar el deterioro de la infraestructura vial. Desde el organismo provincial advirtieron que, de no mediar una respuesta urgente, continuarán con acciones judiciales que podrían derivar en la determinación de responsabilidades civiles y penales por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.