En un contundente comunicado publicado este viernes, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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 Manifestó su profunda preocupación y rechazo al Decreto N° 467/2026, que introduce cambios en los mecanismos de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores, advirtiendo que la letra de esta norma administrativa constituye un claro retroceso institucional.

El organismo, que reúne a las máximas autoridades judiciales provinciales y locales, ratificó las expresiones vertidas en su declaración previa del 22 de marzo de 2024 y advirtió sobre el impacto negativo que supone la nueva normativa para la institucionalidad y pluralidad del Poder Judicial argentino.

Según la Junta Federal, la modificación de los procedimientos de designación vulnera principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y compromisos internacionales asumidos por la Argentina. En particular, destacan que para estos cargos de alta relevancia se deben garantizar no sólo la idoneidad técnica y la especialización profesional, sino también la paridad de género y la representación federal de manera armónica e indivisible.

“La integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debe respetar los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica, no siendo parámetros meramente políticos, sino exigencias constitucionales y federales”, subraya el comunicado firmado por Emilia María Valle, Sergio Vittar y Adriana García Nieto, presidenta, vicepresidente y secretaria, respectivamente.

Otro punto de preocupación manifestado por la Junta es la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003, lo que constituye, según el organismo federal, un grave retroceso institucional. Esta medida, argumentan, restringe la participación ciudadana en el proceso, debilitando mecanismos esenciales de transparencia, publicidad y control democrático. En consecuencia, se pone en riesgo la confianza pública en las instituciones judiciales, un pilar imprescindible para una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país.

Desde la Junta se advirtió que esta reforma legislativa contradice el principio constitucional de progresividad de los derechos y vulnera garantías democráticas esenciales que aseguran la transparencia en la selección de magistrados y magistradas.

La Junta Federal finalizó su declaración enfatizando que cualquier modificación que prescinda o debilite estos criterios implica un retroceso institucional incompatible con los objetivos de una Justicia auténticamente federal y democrática.

Durante el debate que se dio en el seno de la JuFeJus con relación a este tema, el ministro Ariel Gustavo Coll, como integrante de la Junta y representando al Poder Judicial de Formosa, dejó constancia ante sus pares de las demás jurisdicciones, que la nueva Constitución de Formosa contempló y establece la paridad de género para la designación de los integrantes del STJ.