En una conferencia de prensa realizada este lunes, el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, detalló los motivos para la suspensión en su rol de consiliarios de tres decanos de la institución irregularidades en la designación de autoridades. Se trata de María Rosa Sanabria (Administración, Economía y Negocios – FAEN) y Carlos Aníbal Martínez (Recursos Naturales), con 60 días de suspensión, y Rafael Olmedo (Humanidades), suspendido por 90 días.

Según explicó Parmetler, se detectó que los tres funcionarios habrían presentado documentación fraudulenta para acceder a la categoría de profesores ordinarios, requisito indispensable según el estatuto vigente para ser electos decanos. «En los tres casos hemos encontrado documentación apócrifa o declaraciones juradas que no coinciden con la documental de base de la Universidad«, sentenció el rector.

Parmetler explicó que la Universidad adhirió en su momento al artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo Docente, que permitía considerar como ordinarios a quienes acreditaran cinco años de antigüedad ininterrumpida en el mismo cargo. A partir de ese marco, se estableció un circuito administrativo que incluía la presentación de documentación, su análisis en Recursos Humanos, dictámenes legales y evaluación por comisiones académicas antes de su aprobación en el Consejo Superior.

Sin embargo, sostuvo que en los casos analizados “hemos encontrado documentación fraudulenta para ser ordinarios”, y agregó: “Las declaraciones juradas no coinciden con la documental de base que tenemos en la Universidad”. En ese sentido, remarcó que los tres decanos “no reunían ninguna de las dos condiciones” exigidas por el estatuto anterior: ser profesores ordinarios y haber accedido por concurso.

A partir de estas conclusiones, la UNaF radicó una denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos como falsedad documental, fraude contra la administración pública, usurpación de autoridad y asociación ilícita. “Estamos obligados a denunciar, así como también a informar al Consejo Superior, porque estos títulos fueron avalados por ese cuerpo”, afirmó Parmetler, quien subrayó que actuó en su doble rol de rector y presidente del órgano colegiado.

En paralelo, el Consejo Superior dispuso la suspensión de los tres decanos en su función como consiliarios. El rector precisó que “la sanción es válida y solamente se refiere al funcionamiento dentro del Consejo Superior”, y aclaró que “no están suspendidos como decanos aún, eso lo determinará la Justicia”. En detalle, dos de ellos fueron apartados por un plazo de 60 días, mientras que en el caso de Rafael Olmedo, la medida se extendió a 90 días debido a una denuncia adicional de violencia.

Sobre este punto, Parmetler señaló: “A uno de los decanos se le agrega el hecho de violencia en el seno del Consejo Superior, por lo cual tiene una sanción adicional que se tramitó por otro expediente”. Asimismo, describió el contexto en el que se adoptaron estas decisiones, al indicar que la sesión del cuerpo fue “bastante controvertida”, con “insultos, violencia verbal y una negativa a escuchar los argumentos”, en referencia a la actitud de algunos de los involucrados.

El rector insistió en que la medida busca evitar la continuidad de lo que definió como “un supuesto fraude” y remarcó que la investigación recién comienza. En ese sentido, se conformó una comisión especial en el ámbito del Consejo Superior que tendrá la tarea de recabar información, recibir descargos y elevar un dictamen antes del vencimiento de las suspensiones. Ese informe deberá pronunciarse sobre la validez o nulidad de las elecciones realizadas el 13 de diciembre de 2024 en las facultades de Humanidades, Administración, Economía y Negocios, y Recursos Naturales.

“Se trata de una situación singular para la historia de la Universidad, nunca nos ocurrió algo así”, sostuvo Parmetler, quien añadió: “Queremos transparentar esta situación y que toda la comunidad universitaria entienda cuál es la cuestión de fondo”.

En cuanto al impacto institucional, el rector buscó llevar tranquilidad al afirmar que “la Universidad no está en crisis” y que el funcionamiento académico continúa con normalidad. “Nuestra función esencial es la educación. Las clases, la investigación y la extensión siguen desarrollándose sin interrupciones”, aseguró, al tiempo que destacó que actualmente hay seis carreras en proceso de acreditación.

Terrenos y comedor

Durante la conferencia, Parmetler también se refirió a las denuncias en su contra relacionadas con la compra de un inmueble para oficinas administrativas. Explicó que la operación se concretó por 360 millones de pesos, un valor que -según indicó- se encontraba por debajo de las tasaciones realizadas por peritos, que ubicaron el precio de mercado entre 430 y 515 millones. “Había una cuestión de mérito, conveniencia y oportunidad. Teníamos el dinero y el costo era menor al de construir un edificio nuevo”, argumentó.

En ese marco, aclaró que la adquisición se realizó con dictámenes jurídicos favorables y dentro de las normativas de la administración pública, y señaló que hasta el momento no fue formalmente notificado por la Justicia sobre esa denuncia.

Finalmente, el rector abordó la situación del Comedor Universitario, que actualmente funciona con limitaciones debido a una fuga de gas detectada en las instalaciones. Indicó que el espacio fue cerrado preventivamente y que se están realizando obras para reparar la cañería, lo que incluye la intervención del piso y la reposición de estructuras.

“Se trata de gas, y la responsabilidad es mía como rector ante cualquier eventualidad, por eso se decidió el cierre”, explicó. No obstante, aclaró que el servicio continúa mediante la entrega de viandas y la inscripción de estudiantes, especialmente ingresantes. “Si tenemos que ampliar el cupo, lo vamos a hacer. La condición es ser alumno regular, sin ningún tipo de partidismo”, afirmó.

Parmetler concluyó que la prioridad de la gestión es sostener el funcionamiento académico y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados: “La Justicia hará su trabajo y nosotros el nuestro, que es garantizar la educación y transparentar la vida institucional de la Universidad”.