Tres hombres fueron detenidos este miércoles en un control policial realizado en el Puesto de Control Lavalle, luego de que los agentes detectaran una serie de circunstancias que llamaron su atención y las pusieran en conocimiento de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. El procedimiento quedó vinculado a una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.415, a raíz de un operativo realizado horas antes en la zona de Pampa del Indio.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10:40, cuando personal de la División Tránsito y Seguridad Vial Juan José Castelli controló una camioneta Toyota Hilux, dominio FOU-000, que se dirigía hacia la provincia de Formosa.

En el vehículo viajaban como conductor F.J.B., de 26 años, y como acompañantes W.E.A., de 24, y M.A.G., de 27. Los tres declararon tener domicilio en Formosa.

Durante la identificación, los agentes observaron distintos indicadores que motivaron una entrevista más exhaustiva. Según informaron, el conductor presentó signos de nerviosismo y realizó reiteradas miradas hacia sus acompañantes y el entorno. Además, detectaron inconsistencias en las respuestas relacionadas con su permanencia y las actividades que habían realizado en territorio chaqueño.

A esto se sumó W.E.A. y M.A.G. tenían sus prendas visiblemente sucias y con restos compatibles, a simple vista, con el tránsito por sectores de vegetación o caminos de tierra. La camioneta, en tanto, presentaba suciedad generalizada, además de rayones y marcas en la carrocería compatibles con un contacto reciente con ramas, vegetación u otros elementos propios de zonas rurales.

Estas circunstancias fueron consideradas relevantes debido a un procedimiento realizado pocas horas antes en jurisdicción de Pampa del Indio. En ese operativo, personal de la División Rural había perseguido e interceptado una Volkswagen Amarok que transportaba 51 cajas de cigarrillos marca RODEO, de presunto origen extranjero y sin el correspondiente aval aduanero.

Los ocupantes de esa camioneta habían escapado a pie hacia una zona rural, por lo que se había desplegado un operativo para intentar localizarlos. La investigación se lleva adelante bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la fiscal Pamela Michling.

Ante las coincidencias advertidas, el personal del Puesto de Control Lavalle comunicó la situación a las autoridades de la División Rural Pampa del Indio y de la División Rural Operaciones San Martín. Intervinieron el comisario Claudio Osuna y el subcomisario Renzo Galarza, respectivamente.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Federal, que dispuso las medidas procesales correspondientes. Como consecuencia, se ordenó la detención de los tres hombres, el secuestro preventivo de la Toyota Hilux y de los teléfonos celulares que tenían en su poder.

Además, se dispuso la intervención del Departamento Canes para realizar las diligencias correspondientes. El procedimiento continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente.

La Justicia Provincial hizo lugar en primera instancia a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó la reincorporación de seis trabajadores del Concejo Deliberante de San Francisco de Laishí que habían sido despedidos.

Según explicó Carlos Villasanti, secretario general de ATE, fueron alrededor de diez los trabajadores desvinculados, aunque seis decidieron iniciar acciones judiciales con acompañamiento del gremio. El recurso de amparo había sido presentado a comienzos del año pasado.

Villasanti señaló que los trabajadores tenían varios años de antigüedad y que, al momento de los despidos, llevaban aproximadamente dos años como personal de planta permanente. Según explicó, el presidente del Concejo Deliberante, Ramón Haponiuk, dio de baja contratos que ya no se encontraban vigentes debido a que los empleados habían sido incorporados a la planta.

“Lo que hubo ahí es una arbitrariedad manifiesta, que es lo que dice la jueza en su fallo”, sostuvo a La Mañana el dirigente gremial.

La resolución todavía debe ser notificada formalmente al intendente y al presidente del Concejo Deliberante. A partir de esa instancia, las autoridades podrán apelar. En caso de que la sentencia quede firme, tendrán cinco días para cumplir con la reincorporación, explicó Villasanti.

El secretario general de ATE destacó la importancia de la resolución para los empleados, especialmente por tratarse de una localidad con pocas alternativas laborales.

“Seis trabajadores que recuperen su trabajo en un pueblo chico, donde no hay mucha salida, no deja de ser importante”, señaló.

Además del salario, Villasanti remarcó que la reincorporación implica recuperar otros derechos vinculados al empleo formal. “Van a recuperar su ingreso, su obra social, van a tener su aporte jubilatorio”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el resultado judicial demuestra, desde la perspectiva del gremio, la importancia de sostener los reclamos. “La lucha siempre tiene sus resultados, no hay que bajar los brazos”, expresó.

Causas similares en otras localidades

Villasanti indicó que ATE mantiene procesos judiciales relacionados con despidos y descuentos salariales en distintos municipios de la provincia.

Uno de ellos es Villa Escolar, donde alrededor de diez trabajadores fueron despedidos y, según explicó, también habían sido incorporados a planta permanente. La causa se encuentra a la espera de una sentencia. En Fontana, en tanto, son alrededor de 20 los trabajadores involucrados en un expediente que también está próximo a resolverse.

El dirigente mencionó además el caso de Estanislao del Campo, donde ocho trabajadoras fueron reincorporadas luego de un proceso judicial. Ahora, la discusión está vinculada con el reintegro de sumas descontadas. Según detalló, la Justicia ordenó la retención del 5% de la coparticipación del Municipio hasta cubrir aproximadamente 82 millones de pesos.

También, está pendiente una resolución del Superior Tribunal de Justicia por el caso de dos trabajadores de Villa Escolar a quienes, según ATE, deben devolverse salarios descontados. El monto supera los cuatro millones de pesos.

Más allá de los procesos judiciales, Villasanti cuestionó la situación salarial de los trabajadores municipales de la provincia.

“En general, nadie está bien. Y menos los trabajadores municipales, que tenemos el sueldo más bajo que existe en la provincia”, afirmó.

El dirigente señaló que el impacto de las tarifas de servicios básicos agravó la situación. “Tenemos casos que la mitad del sueldo se va para pagar la luz”, sostuvo, y mencionó también los aumentos registrados en el gas y el agua.

En paralelo, ATE impulsa proyectos vinculados con los trabajadores estatales y municipales, entre ellos una iniciativa para establecer una ley de paritarias y otra relacionada con el pase a planta permanente de trabajadores jornalizados.

Al referirse a los conflictos que el gremio lleva adelante en distintos municipios, Villasanti sostuvo que durante años los empleados del interior atravesaron situaciones similares sin contar, según su visión, con herramientas suficientes para reclamar.

“Antes que ATE aparezca por esos lugares, lo hicieron siempre. Entonces, ahora se encontraron con que alguien le pone el cascabel al gato”, afirmó.

El dirigente aseguró finalmente que el gremio continuará con presentaciones administrativas y judiciales en distintos organismos y municipios de la provincia cuando no obtenga respuestas favorables

La Policía, apostada en el Control Caminero Acceso Sur, detectó una importante cantidad de mercaderías de distintos rubros que eran transportadas en una camioneta y, tras verificar la documentación presentada, procedieron al secuestro de los productos por disposición de la autoridad judicial competente.

El procedimiento se concretó el martes último, alrededor de las 12, cuando los uniformados demoraron la marcha de una camioneta Toyota en la que viajaban dos personas oriundas de la provincia del Chaco.

Durante la inspección del rodado, los policías observaron que, en la caja, cubierta con una lona, transportaban distintos tipos de mercaderías. Ante esta situación, el conductor exhibió dos facturas para acreditar la procedencia de los productos.

Los efectivos dieron intervención al auxiliar fiscal, quien dispuso verificar la documentación presentada. Como resultado de las averiguaciones, se constató que una de las facturas exhibidas no se encontraba registrada.

Ante esta irregularidad, se procedió al secuestro de los elementos transportados, entre ellos una heladera, una cocina, un televisor, un equipo de sonido y un aire acondicionado, además de otros productos.

Finalmente, personal de la Subcomisaría Puente Uriburu labró el correspondiente Acta de Infracción Aduanera, mientras que las actuaciones y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad competente.

El Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio de agua potable y desagües cloacales que presta Aguas de Formosa SA en la ciudad de Formosa. La actualización comenzó a regir con las lecturas correspondientes al 1 de septiembre de 2026 y se aplicará de manera gradual hasta diciembre.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 571, de fecha 3 de septiembre, a partir de un pedido de revisión extraordinaria presentado por la empresa concesionaria, en el marco de lo establecido por el contrato de concesión. El EROSP había autorizado previamente la conformación de una mesa de estudios para analizar la evolución de los costos de operación y mantenimiento del sistema de provisión de agua potable.

Según surge de los fundamentos de la resolución, la revisión extraordinaria fue habilitada debido a que las variaciones de costos habían superado ampliamente el 7% establecido en el contrato como parámetro para este tipo de procedimiento. Entre los factores considerados se mencionan los incrementos en los costos laborales derivados de negociaciones colectivas y disposiciones provinciales, además de las variaciones registradas en materiales, insumos y servicios utilizados para la prestación y mantenimiento del servicio.

El documento también señala un aumento de los controles de calidad y de las distancias de recorrido, factores que generaron un mayor uso de productos químicos y otros recursos necesarios para el traslado. La mesa de estudio concluyó que las modificaciones producidas en la estructura de costos justificaban la revisión extraordinaria y que los valores tarifarios debían reflejar el costo económico real de la prestación.

La actualización se implementará en cuatro tramos mensuales consecutivos y acumulativos. De acuerdo con lo establecido en el dictamen de la Subsecretaría de Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, los incrementos se aplicarán linealmente sobre los cargos fijos, tanto residenciales como no residenciales, y sobre los valores por metro cúbico excedente.

La resolución establece que el nuevo cuadro tarifario tendrá vigencia a partir de las lecturas realizadas desde septiembre de 2026 y contempla su aplicación hasta las lecturas correspondientes a diciembre. El artículo primero de la norma aprobó los valores incluidos en los cuatro anexos que forman parte de la resolución.

Los nuevos valores

Para las lecturas realizadas desde el 1 de septiembre, el cargo fijo mensual para la categoría residencial 1, correspondiente a agua, quedó establecido en $ 19.532,22, mientras que para agua más cloaca es de $ 30.118,68. En la categoría residencial 2, los valores son de $ 9.766,11 para agua y $ 15.059,34 para agua más cloaca.

En las categorías no residenciales, el cargo fijo mensual de la categoría 10 es de $ 29.298,33 para agua y $ 45.178,02 con cloaca; en la categoría 11, de $ 39.064,44 y $ 60.237,37, respectivamente; y en la categoría 12, de $ 48.830,55 para agua y $ 75.296,71 para agua más cloaca.

A esos cargos se suma, cuando corresponde, el valor por metro cúbico excedente. Para septiembre, la categoría residencial 1 tiene un valor de $ 835,900 por m³ para agua y de $ 1.504,620 para agua más cloaca. Para las categorías residenciales 2, el cuadro establece $ 0 en este concepto. En las no residenciales, los valores van desde $ 1.003,080 por m³ para la categoría 10 agua hasta $ 2.257,766 para la categoría 12 agua más cloaca.

Desde el 1 de octubre, el cargo fijo residencial 1 pasa a $ 20.585,96 para agua y $ 31.743,55 con cloaca; el residencial 2, a $ 10.292,98 y $ 15.871,78. Para los usuarios no residenciales, la categoría 10 queda en $ 30.878,94 y $ 47.615,33; la 11, en $ 41.171,92 y $ 63.487,10; y la 12, en $ 51.464,90 y $ 79.358,88, según se trate de agua o agua más cloaca.

En ese segundo tramo, los valores por metro cúbico excedente son de $ 881,000 para residencial 1 agua y $ 1.585,800 para agua más cloaca. Para las categorías no residenciales, ascienden a $ 1.057,200 y $ 1.903,841 en la categoría 10; $ 1.189,350 y $ 2.141,711 en la 11; y $ 1.321,500 y $ 2.379,581 en la 12.

Para las lecturas desde el 1 de noviembre, el cargo fijo residencial 1 se ubica en $ 21.639,69 para agua y $ 33.368,40 con cloaca, mientras que el residencial 2 queda en $ 10.819,85 y $ 16.684,20. En las categorías no residenciales, los cargos son de $ 32.459,54 y $ 50.005,60 para la 10; $ 43.279,38 y $ 66.736,80 para la 11; y $ 54.099,23 y $ 83.421,00 para la 12.

En cuanto a la micromedición, en noviembre el metro cúbico excedente pasa a $ 926,090 para residencial 1 agua y $ 1.666,962 con cloaca. Para las categorías no residenciales, los valores son de $ 1.111,308 y $ 2.001,280 en la 10; $ 1.250,222 y $ 2.251,325 en la 11; y $ 1.389,135 y $ 2.501,369 en la 12.

Finalmente, desde las lecturas correspondientes al 1 de diciembre, el cargo fijo residencial 1 alcanza $ 22.693,42 para agua y $ 34.993,25 con cloaca; y el residencial 2, $ 11.346,71 y $ 17.496,63. En las categorías no residenciales, los cargos quedan en $ 34.040,13 y $ 52.489,88 para la 10; $ 45.386,84 y $ 69.986,51 para la 11; y $ 56.733,55 y $ 87.483,13 para la 12.

El valor del metro cúbico excedente en diciembre será de $ 971,180 para residencial 1 agua y $ 1.748,124 para agua más cloaca. En las categorías no residenciales, será de $ 1.165,416 y $ 2.098,720 para la 10; $ 1.311,093 y $ 2.360,939 para la 11; y $ 1.456,770 y $ 2.623,157 para la 12.

El Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, a cargo del juez federal Pablo Fernando Morán dio un plazo de seis meses a Vialidad Nacional para reparar las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, en el marco de una presentación de “Padres Unidos por el Dolor”. Las tareas incluyen bacheo, rellenar pozos y protuberancias, sellar grietas y mantener limpias las banquinas.

La decisión fue adoptada en el marco del expediente “Fundación Padres Unidos por el Dolor y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ incidente de medida cautelar”, que tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa. La medida amplía una tutela cautelar originalmente dispuesta en junio de 2025 y cuyo criterio ya había sido confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Al resolver, el juez Morán puso de relieve especialmente los derechos comprometidos por el estado de las rutas: la libre circulación, la seguridad vial, la vida y la integridad física de quienes transitan por ellas. La resolución considera que el deterioro acreditado representa un riesgo para los ciudadanos y una amenaza concreta para la seguridad vial.

La medida también pondera la importancia de esos corredores para la vida cotidiana de la provincia, ya que atraviesan numerosas localidades, comunican a Formosa con provincias vecinas y constituyen vías de vinculación con la República del Paraguay. En ese contexto, la decisión menciona además la protección de derechos vinculados con la salud, la educación, la propiedad y la circulación segura de las personas.

En términos institucionales, la resolución parte de una premisa clara: la tutela judicial de esos derechos no supone sustituir a la Administración ni interferir en la definición de políticas públicas, sino exigir el cumplimiento de obligaciones que el ordenamiento jurídico ya asigna a los organismos competentes.

La Dirección Nacional de Vialidad es el organismo legalmente responsable de la conservación y mejora del sistema troncal de caminos nacionales. Por ese motivo, el fallo señala expresamente que la intervención judicial no implica una intromisión indebida del Poder Judicial en el Poder Administrador, sino la exigencia del cumplimiento concreto y efectivo de una obligación establecida por la ley.

Rutas estratégicas

La medida comprende sectores de cuatro corredores fundamentales para la provincia. En el caso de la ruta nacional 11, alcanza el tramo comprendido desde General Lucio V. Mansilla hasta Clorinda y el acceso a Puerto Pilcomayo.

En la ruta nacional 81, la disposición comprende el corredor desde el límite con Salta, en un tramo de aproximadamente 504 kilómetros. Para la ruta nacional 86, alcanza el recorrido desde Clorinda hasta Guadalcázar, de aproximadamente 437 kilómetros. Finalmente, en la ruta nacional 95, abarca el tramo desde Puerto Lavalle hasta Villa General Güemes, de aproximadamente 120 kilómetros.

Vialidad Nacional deberá además presentar, antes del vencimiento del plazo establecido, un informe que permita verificar el cumplimiento de la orden judicial.

Desde el Juzgado Federal se destacó que la conservación de las rutas debe ser entendida como una responsabilidad institucional permanente. El juez Pablo Fernando Morán señaló que “la adecuada conservación de las rutas nacionales no constituye una cuestión partidaria ni coyuntural. Se vincula directamente con la seguridad de las personas, la protección de la vida y de los bienes y con la preservación de una infraestructura pública que pertenece a toda la comunidad.”

En esa misma línea, agregó: “La función de la Justicia no consiste en administrar ni en sustituir a los organismos técnicos. Corresponde, en cambio, brindar tutela cuando se encuentran comprometidos derechos de los ciudadanos y exigir que las obligaciones establecidas por la ley tengan un cumplimiento efectivo.”

La resolución también recoge la incidencia que el estado de la infraestructura vial puede tener sobre la actividad económica provincial, al afectar el traslado seguro de personas, mercancías y producción hacia otras regiones del país.

Tutela judicial e institucionalidad

La decisión procura así conciliar dos principios igualmente relevantes: el respeto por las competencias propias de la Administración y la obligación constitucional del Poder Judicial de brindar protección efectiva cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales.

En ese marco, la intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa se orienta a preservar la seguridad vial, la vida y la integridad de los ciudadanos y el adecuado mantenimiento de una infraestructura pública esencial para Formosa, dentro de los límites propios de la función jurisdiccional.

La medida mantiene carácter cautelar y, por lo tanto, no implica un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión de fondo del proceso. La propia resolución recuerda que este tipo de tutela es provisoria y se encuentra condicionada por las circunstancias que determinaron su dictado.