La Universidad Nacional de Formosa atraviesa una fuerte crisis interna luego de que el rector Augusto Parmetler anunciara la suspensión de tres decanos, medida que fue rápidamente rechazada por los propios involucrados, quienes denunciaron irregularidades en el proceso y motivaciones políticas detrás de la decisión.

Se trata del decano de Humanidades, Rafael Olmedo; el de Recursos Naturales, ingeniero Carlos Martínez; y la decana de la FAEN, magíster María Rosa Sanabria, quienes hablaron con La Mañana para dar su versión de los hechos y cuestionaron tanto el procedimiento como los fundamentos de la medida.

Los tres decanos cuestionaron la legalidad de su apartamiento y advirtieron sobre un “grave daño institucional” que afecta a docentes, estudiantes y el funcionamiento académico.

Según explicaron, el conflicto tiene como trasfondo la aplicación del artículo 73 del convenio colectivo docente, mediante el cual cerca de 400 docentes pasaron de condición interina a ordinaria en 2023, accediendo a estabilidad laboral y derechos políticos dentro de la vida universitaria. Señalaron que este proceso fue avalado por distintas instancias administrativas y judiciales, incluyendo fallos de la Cámara Federal.

El decano de Humanidades remarcó que “la Cámara Federal de Resistencia avaló todo el proceso que hizo la universidad y con esto le otorgó la calidad de docente ordinario a casi 400 docentes”.

En ese sentido, cuestionó que recién ahora se intente invalidar ese procedimiento: “Empieza a desacreditar esto que fue la aplicación del artículo 73, que pasó por distintas instancias académicas, jurídicas y administrativas”, sostuvo.

Olmedo calificó la situación como “triste y lamentable”, al sostener que no sólo se pone en duda a los decanos sino también a todo el cuerpo docente alcanzado por la medida.

En esa línea, Martínez remarcó que la denuncia del rector genera “incertidumbre” en la comunidad universitaria y afecta la credibilidad institucional.

Coincidió en que el conflicto excede a los tres decanos y afecta a toda la comunidad universitaria, al señalar que “no solamente nos afecta a nosotros como decanos, sino que está poniendo en duda la credibilidad de 400 docentes de la Universidad Nacional de Formosa”.

“No tenemos ambición de un rectorado”

Martínez vinculó la situación con una supuesta disputa de poder interna: “Creo que él vio en nosotros ficticios candidatos a ocupar su silla y le puedo asegurar que ninguno de los tres jamás hemos expresado querer ser rectores”, subrayó.

En ese sentido, recordó que “en una oportunidad le dije al rector que yo nunca escuché a Rafael Olmedo decir que él quiere ser rector, porque nosotros no tenemos la ambición de un rectorado, nosotros tenemos una función que nos dieron democráticamente para llevar adelante una gestión en nuestra unidad académica, que es lo que estamos desarrollando”.

Los decanos también cuestionaron el momento en que surge la acusación sobre presunta falsedad documental. “Es llamativo que recién ahora se plantee algo que ya fue evaluado y aprobado en su momento”, señalaron, sugiriendo que existirían “pretensiones políticas” vinculadas a una eventual reelección del rector.

Por su parte, Sanabria describió una controvertida sesión extraordinaria del Consejo Superior, donde, según relató, no se habrían respetado los procedimientos reglamentarios.

Además, denunció que el encuentro se realizó con restricciones de acceso, presencia de seguridad privada y sin tratamiento previo de los expedientes en comisiones. También afirmó que la sesión quedó sin quórum tras el retiro de 11 integrantes, por lo que sostuvo que cualquier resolución adoptada posteriormente sería “nula”.

Los decanos indicaron que hasta el momento no han sido formalmente notificados de las sanciones, lo que dificulta su derecho a defensa. En respuesta, iniciaron acciones legales, incluyendo una denuncia penal por abuso de autoridad contra el rector, y anticiparon que pedirán la nulidad de la sesión cuestionada.

El conflicto también escaló con acusaciones cruzadas. Los decanos sostienen que el rector intenta apartarlos del Consejo Superior para evitar controles sobre decisiones administrativas, como el manejo del presupuesto, inversiones y concesiones dentro de la universidad. Entre otros puntos, mencionaron irregularidades en la gestión del comedor universitario y la compra de inmuebles.

“Se está generando un daño enorme a la institución, a los estudiantes y a las familias formoseñas”, advirtió Martínez, mientras que Sanabria insistió en la necesidad de conocer formalmente los cargos en su contra para avanzar en su defensa.