En la localidad de Loma Monte Lindo, a orillas del Riacho Monte Lindo Grande, sobre la ruta provincial Nº 3, se encuentra el camping Río Soñado, un espacio pensado para quienes buscan combinar contacto con la naturaleza, descanso y actividades al aire libre.

La propuesta invita a disfrutar del entorno natural durante todo el año y tiene como uno de sus principales atractivos un muelle destinado a la pesca, además de un bajadero para lanchas que facilita el acceso al curso de agua.

El responsable del lugar, Raúl Omar Soraire, contó a La Mañana que el predio ofrece distintas comodidades para quienes concurren por el día o desean permanecer durante más tiempo. Entre los servicios disponibles se encuentran quinchos, parrilleros, zona para acampar, sanitarios, duchas con agua caliente, electricidad y conexión wifi, y una piscina para disfrutar los días de verano en Formosa.

A esto se suma una cabaña amueblada con capacidad para hasta cinco personas, destinada a quienes prefieren una estadía con mayores comodidades sin resignar el contacto directo con el ambiente natural.

La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá presentó ante la Cámara Federal de Casación Penal un recurso de queja por casación denegada para intentar revertir el cierre de la investigación penal por la matanza cometida contra integrantes de ese pueblo en 1947, conocido como la Masacre de Rincón Bomba.

Tras la decisión de la Cámara Federal de Resistencia de declarar inadmisibles los recursos que buscaban la apertura del Juicio por la Verdad en sede penal, la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, con la representación legal de la Dra. Paula Mercedes Alvarado Mamani, acudió de manera directa ante el máximo tribunal penal del país mediante un Recurso de Queja por Casación Denegada.

Asi lo confirmo a La Mañana la abogada de la Federación, Paula Alvarado Mamani, quien senalo que la controversia judicial se intensifico luego de que el tribunal de alzada pretendiera dar por agotada la respuesta estatal sobre la Masacre de Rincón Bomba argumentando la existencia de un fallo civil patrimonial previo. Frente a este intento de clausurar la via punitiva, la representacion del Pueblo Pilagá impulso la apelacion en todas las instancias correspondientes para exigir la reconstruccion oral y pública de la Verdad Penal.

Al respecto, la letrada indicó que el expediente ya quedo formalmente radicado ante la Sala 3 de la Camara Federal de Casación Penal, bajo el registro Recurso de Queja N° 4 (Expte. FRE 24000946/2011/4).

Alvarado Mamani hizo notar que el avance del reclamo ante la Camara de Casación se produce en las visperas de un nuevo aniversario de la Masacre de Rincón Bomba, perpetrada en octubre de 1947. Los sobrevivientes y las comunidades del Pueblo Pilagá se mantienen como los unicos y principales protagonistas de este reclamo historico, exigiendo que la Justicia Penal no aplique atajos procesales y garantice el juzgamiento del Genocidio.

El planteo cuestiona especificamente la resolucion del 1 de septiembre de 2026, mediante la cual la Camara Federal de Resistencia declaro inadmisible el recurso de casacion que habia sido interpuesto contra la decision de clausurar la via penal respecto de la investigacion de los hechos de 1947.

La querella sostiene que esa decision configura una «flagrante denegacion de justicia» y solicita a la Camara Federal de Casación Penal que declare procedente la queja, revoque el pronunciamiento que denego la casacion y permita avanzar hacia la realizacion de un Juicio por la Verdad sobre el genocidio del Pueblo Pilagá

Reclamo por el derecho a la verdad

Uno de los principales argumentos de la presentación es que el paso del tiempo no puede ser utilizado como fundamento para cerrar la investigación de hechos que la querella califica como un genocidio y un crimen de extrema gravedad.

En ese sentido, la Federación sostiene que la falta de esclarecimiento judicial mantiene vigente una situación de vulneración de derechos y que el Estado tiene la obligación de investigar y establecer judicialmente la verdad sobre lo ocurrido.

“El silencio judicial frente al horror de Rincón Bomba es la continuación de las balas de 1947; abrir este juicio no es una opción procesal, es un mandato ético y constitucional impostergable con la memoria de los abuelos que ya no están”, expresa la presentación realizada por Alvarado Mamani.

La querella también plantea que el derecho a la verdad no pertenece exclusivamente a los sobrevivientes y sus descendientes, sino que posee una dimensión colectiva, por lo que la sociedad argentina tiene derecho a conocer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Diferencias con la causa civil

Otro de los ejes del recurso es la diferenciación entre la investigación penal y la causa civil que tuvo como resultado una sentencia en 2019.

La representación del Pueblo Pilagá sostiene que una reparación económica en sede civil no reemplaza la obligación de investigar penalmente los hechos, ni satisface por sí misma el derecho colectivo a la verdad y a la memoria histórica.

Según el planteo, un juicio penal permitiría reconstruir públicamente los acontecimientos mediante testimonios, documentación y pericias, además de generar una instancia de reconocimiento y reparación simbólica para las comunidades afectadas.

La presentación remarca que la investigación penal acumuló durante años un importante acervo probatorio, incluyendo testimonios de sobrevivientes, material audiovisual e informes multidisciplinarios, y advierte que cerrar definitivamente esa vía podría significar la pérdida de la posibilidad de valorar ese material histórico.

El antecedente de Napalpí

La Federación también destaca que la clausura de la vía penal impediría analizar el conjunto de pruebas reunidas durante décadas y frustraría la posibilidad de llevar adelante un Juicio por la Verdad.

La querella invoca además como antecedente el Juicio por la Verdad por el genocidio de Napalpí, realizado en el ámbito de la Justicia Federal, y considera que impedir un procedimiento similar para el caso Pilagá vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

En el recurso, la Federación Pilagá dejó planteada una reserva de caso federal y anticipó que, si la Cámara Federal de Casación confirma la decisión que impide continuar con el juzgamiento penal, recurrirá eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, dejó asentada la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Comisión Interamericana y, eventualmente, la Corte Interamericana, así como a mecanismos del sistema universal de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.

La presentación invoca, entre otras normas, las garantías de debido proceso, tutela judicial efectiva, acceso a la Justicia y derecho a la verdad contempladas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.

El pedido a Casación

Finalmente, la Federación solicitó que la Cámara Federal de Casación Penal tenga por presentada la queja, la declare admisible y procedente, revoque la resolución de la Cámara Federal de Resistencia y conceda el recurso de casación.

El objetivo central es que se habilite la continuidad de la vía penal y pueda sustanciarse un Juicio por la Verdad sobre el genocidio del Pueblo Pilagá de 1947.

La presentación judicial sostiene que el cierre de la investigación penal sobre la Masacre de Rincón Bomba constituye una denegación de justicia y reclama que se habilite un Juicio por la Verdad sobre los hechos ocurridos en 1947.

Para la querella, la discusión excede una cuestión estrictamente procesal y compromete el derecho de las víctimas, sus descendientes y la sociedad en general a conocer y preservar la verdad histórica sobre uno de los episodios de violencia estatal más graves sufridos por comunidades indígenas en el siglo XX.

El empleo registrado en el sector privado de Formosa tuvo en junio una caída del 5,1% interanual, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación analizados por Politikon Chaco en base al SIPA. La Provincia contabilizó 21.900 asalariados privados formales, lo que representa una reducción de 1.188 puestos respecto de junio de 2025.

El dato interanual ubica a Formosa entre las jurisdicciones con mayores retrocesos del país. En términos relativos, la Provincia comparte con Corrientes una disminución del 5,1%, mientras que Misiones presentó una baja todavía más pronunciada, del 5,7%. El informe, al que tuvo acceso La Mañana, señala que solamente tres jurisdicciones registraron aumentos interanuales en junio: Neuquén, Río Negro y San Juan.

Sin embargo, la evolución mensual mostró un comportamiento diferente. La serie desestacionalizada registró para Formosa un incremento del 0,1% respecto de mayo, que significó la incorporación de 32 empleos. De esta manera, la Provincia quedó entre las nueve jurisdicciones que lograron aumentar su nivel de empleo privado formal durante el mes.

La situación cambia al tomar como referencia noviembre de 2023, mes previo al cambio de Gobierno nacional. Desde entonces, Formosa acumula una caída del 11,8% en el volumen de empleo privado formal, equivalente a 2.930 puestos menos. Es el peor desempeño del NEA en este período y coloca a la Provincia entre las jurisdicciones con mayores retrocesos del país.

Formosa y el resto del NEA

La comparación regional muestra que las cuatro provincias del NEA registraron en junio resultados interanuales negativos. Misiones tuvo la mayor caída, con un 5,7%, seguida por Formosa y Corrientes, ambas con -5,1%, y Chaco, con -4,2%. En términos mensuales, Formosa y Chaco fueron las únicas del bloque que mostraron una mejora, ambas del 0,1%; Corrientes cayó 0,1% y Misiones, 0,2%.

Al comparar con noviembre de 2023, Formosa también registró la mayor contracción del NEA, con -11,8%. Misiones acumula -11,5%, Chaco -10,5% y Corrientes -5,4%. En consecuencia, mientras ninguna de las provincias de la región logró recuperar el nivel de empleo privado formal previo al cambio de Gobierno, Formosa presenta una de las brechas más amplias.

El panorama nacional

A nivel nacional, junio cerró con 6.095.800 asalariados registrados en el sector privado en la serie con estacionalidad. El número representa una caída interanual del 1,9%, equivalente a 121.000 empleos menos que un año atrás. En la serie desestacionalizada, el total alcanzó los 6.126.400 trabajadores, con una baja mensual del 0,1% y una pérdida de 6.261 puestos frente a mayo.

El informe destaca que el empleo privado formal nacional se encuentra 3,9% por debajo del nivel de noviembre de 2023, lo que representa una pérdida acumulada de 246.312 puestos de trabajo y ubica al volumen de empleo en su nivel más bajo de los últimos 50 meses.

En la comparación interanual, sólo Neuquén (+5,2%), Río Negro (+3,6%) y San Juan (+1,3%) mostraron crecimiento. En el extremo contrario, además de las caídas registradas en Formosa, Corrientes y Misiones, se destacó Tierra del Fuego con una disminución del 13,1%.

La situación del niño de 11 años que semanas atrás abandonó el Hogar “Remedios de Escalada de San Martín” de Clorinda y luego fue enviado en guarda con su abuela materna volvió a generar movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Durante la jornada de este viernes se realizaron dos marchas en reclamo de justicia: una por la mañana en Clorinda y otra por la tarde en esta capital.

En Clorinda, la movilización fue encabezada por la abogada Gabriela Neme bajo el lema “¡Con los niños no!”. La protesta tuvo como uno de sus principales reclamos el rechazo a las medidas de la jueza de Menores Nadia Caballero y de la asesora de Menores Noemí Teresa Isabel Vera, a quienes Neme cuestionó públicamente por su intervención en el caso.

Por la tarde, en tanto, una nueva marcha se concentró frente al Hogar de Menores “Crecer”, sobre la avenida González Lelong. Allí, la exdiputada sostuvo que la convocatoria no se limitaba al caso en concreto, sino que buscaba poner en discusión la situación de todos los niños que permanecen alojados en instituciones de protección.

“Hoy la sociedad formoseña, escuchando los gritos de este niño y de su mamá, se autoconvoca para marchar”, afirmó la abogada en declaraciones a La Mañana. En ese sentido, sostuvo que el caso se convirtió, a su entender, en un símbolo de una problemática más amplia vinculada con la separación de menores de sus familias.

Planteó además interrogantes sobre las razones por las cuales, según su visión, numerosos niños son separados de sus vínculos familiares. En particular, reclamó el cumplimiento de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Convención sobre los Derechos del Niño, haciendo hincapié en el derecho de los menores a ser escuchados y a mantener sus vínculos familiares.

“Venimos a reclamar la verdad. Venimos a reclamar la justicia”, manifestó durante la marcha, donde se mostraron consignas como: “Por una infancia con derechos, sin violencia” y “marchamos por los derechos del niño que son violentados y maltratados en el hogar de niños”.

La abogada también formuló fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de permanencia de niños en hogares de protección y denunció presuntas situaciones de violencia y medicación de menores. Al referirse específicamente a este caso, aseguró que el niño ingresó caminando al Juzgado de Menores y que posteriormente habría salido “totalmente dopado”.

Finalmente, cerró su intervención con una consigna que se convirtió en el eje de las movilizaciones: “El niño debe estar con su mamá”.

NUEVO SINIESTRO FATAL EN EL INTERIOR

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Un hombre de 42 años murió el jueves a la noche sobre la ruta nacional 81 tras ser atropellado por un automovilista, a metros del acceso a la colonia aborigen “Juan Bautista Alberdi”. El conductor que protagonizó el fatal siniestro se presentó minutos después en la comisaría de Ibarreta, donde se le inició una causa judicial y quedó secuestrado el Peugeot 208.

Según el informe policial, efectivos de la Comisaría de Estanislao del Campo tomaron conocimiento sobre un siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional Nº 81, entre los km 1405 y 1406, el pasado jueves alrededor de las 21.10 horas

Allí encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con graves heridas y que estaba siendo atendido por médicos, quienes determinaron que el sujeto se encontraba sin signos vitales.

Después, cerca de las 21.20 horas, los integrantes de la Comisaría Ibarreta informaron que un hombre de 63 años se presentó espontáneamente en la dependencia policial y refirió que minutos antes, mientras circulaba en su automóvil, protagonizó un siniestro vial frente al acceso a la colonia Juan Bautista Alberdi.

En consecuencia, con la colaboración de la Delegación Policía Científica se realizaron las actuaciones procesales en el lugar del suceso y se documentó fotográficamente los daños que presentaba el vehículo.

Por otra parte, el conductor fue sometido a prueba de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Centro de Salud de la Comunidad, donde el médico forense judicial informó como causal de fallecimiento «paro cardio respiratorio traumático», posteriormente fue entregado a sus familiares para exequias correspondiente.

Por el caso se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del siniestro.

Este jueves, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno, la visita protocolar de autoridades de la Policía Federal Argentina en Formosa.

La comitiva estuvo integrada por la subcomisaria Silvia Lapuente y el principal Mariano Sosa, jefa y subjefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Formosa, respectivamente.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el trabajo articulado y la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación institucional “para acompañar las acciones vinculadas a la seguridad pública en nuestra provincia”.