La contadora Damaris Gómez Ñato (MP 1826) comentó a La Mañana que en el contexto económico actual, en el cual “cada costo cuenta”, el nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) se presenta como una “herramienta clave para las PyMEs y comercios que buscan expandir su equipo o regularizar personal con un alivio fiscal sin precedentes”.

En este sentido, la profesional señaló que el empleo registrado en el sector privado ahora cuenta con un “nuevo e importante estímulo”, debido a que a través de la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802, el Gobierno nacional puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

Además, precisó que la medida mencionada introduce un “esquema de reducción muy agresivo en las alícuotas de las contribuciones patronales mensuales, diseñado específicamente para bajar el costo real de la nómina salarial”.

A continuación, especificó que para todas las nuevas contrataciones o regularizaciones que se efectúen entre el 1º de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, las empresas dejarán de abonar los porcentajes habituales de cargas sociales en el Formulario 931. “En su lugar, las tasas fijas se reducirán drásticamente al 2% total para los subsistemas de Jubilación (SIPA), Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares y al 3% total para la Obra Social de Jubilados (INSSJP – Ley 19.032)”, explicó.

Para Gómez Ñato, la mayor ventaja de este incentivo radica en su “estabilidad temporal”, debido a que el beneficio de alícuotas reducidas “se mantendrá vigente por un plazo de 48 meses (4 años) contados a partir del alta de cada trabajador”, lo cual “otorga previsibilidad a mediano plazo para la estructura de costos de cualquier negocio”.

A su vez, la especialista destacó que este beneficio no busca sustituir personal actual, sino generar nuevos puestos. “Por lo tanto, la normativa exige que la incorporación represente un incremento neto real en la cantidad total de empleados de la empresa, tomando como referencia la base ocupacional establecida por la ley”, acotó.

Asimismo, la experta indicó que para aplicar a la reducción en el Formulario 931, en una empresa, el nuevo dependiente debe cumplir con al menos una de cuatro condiciones de vulnerabilidad laboral o informalidad previa. Dos de ellas son: ser desempleado, una persona que no haya registrado empleo en relación de dependencia durante los últimos seis meses previos al mes de su alta, o ser trabajador informalizado o “en negro”, un personal que no contaba con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. “Esta es una oportunidad única para regularizar situaciones preexistentes”, apuntó la contadora.

Las demás condiciones son: ser Monotributista (persona inscripta en el Régimen Simplificado que no haya tenido trabajo en blanco en los últimos seis meses (o nunca antes de la fecha límite del 10/12/2025) o ser ex empleado del sector público, una persona cuyo último desempeño laboral haya sido en dependencias del Estado (ya sea a nivel nacional, provincial, municipal o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Por otra parte, Damaris Gómez Ñato remarcó que la implementación técnica de este régimen requiere precisión jurídica contable y que el proceso se gestiona de manera completamente digital a través de los sistemas de ARCA (ex AFIP). “Al momento de dar el alta en Simplificación Registral y de confeccionar la declaración jurada mensual (F. 931), se debe aplicar el código específico de encuadre: ‘710 – Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral – Ley 27.802’”, agregó.

“Aprovechar esta ‘quita’ estructural en los impuestos al trabajo puede marcar la diferencia en el crecimiento de una empresa durante los próximos años. Una correcta planificación y el asesoramiento profesional adecuado permitirán maximizar este beneficio sin contingencias futuras”, manifestó la profesional contable.