El abogado Pablo Cuestas, quien representa a la familia de Mateo Romero, el niño que murió tras ser atropellado por una motocicleta en la colonia Casco Cué, confirmó que la Justicia hizo lugar al planteo de la querella y modificó la calificación legal del hecho, que ahora será investigado como homicidio simple con dolo eventual, en lugar de homicidio culposo, y que se detuvo nuevamente al acusado.

En declaraciones a este Diario sobre el avance de la causa, Cuestas recordó que el episodio ocurrió en un camino vecinal de la colonia Casco Cué, ubicada a unos cuatro kilómetros de Pirané, donde viven aproximadamente diez familias. Según relató, se trata de un sector de circulación peatonal utilizado habitualmente por los vecinos, entre ellos niños que concurren a pequeños comercios de la zona.

El letrado señaló que el conductor de la motocicleta es conocido en el lugar porque frecuentemente transitaba a elevada velocidad, tanto en camionetas como en motocicletas. Incluso, aseguró que los habitantes de la colonia ya le habían advertido en reiteradas oportunidades sobre el peligro que representaba su manera de conducir.

Respecto del día del hecho, Cuestas sostuvo que el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas y circulaba a alta velocidad en una motocicleta Yamaha de 250 cilindradas. En esas circunstancias, embistió a Mateo, quien se encontraba a la vera del camino.

De acuerdo con la reconstrucción mencionada por el abogado, el impacto ocurrió sobre una recta y fue de tal magnitud que el niño fue arrastrado aproximadamente 15 metros, falleciendo en el lugar.

Cambio de carátula

Uno de los principales planteos de la representación legal de la familia estuvo relacionado con la calificación jurídica del hecho. Cuestas cuestionó que inicialmente se lo encuadrara como homicidio culposo, al considerar que las circunstancias del episodio excedían las características de un accidente de tránsito convencional.

En ese sentido, destacó que el conductor habría registrado 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre, según el resultado de los análisis realizados pocas horas después del siniestro, y que a esa circunstancia se sumaba el exceso de velocidad y las advertencias previas de los vecinos.

Para el abogado, estos elementos justificaban la aplicación de la figura de homicidio simple con dolo eventual, al entender que el imputado habría conducido en condiciones que implicaban un riesgo extremo para la vida de terceros.

Como antecedentes, mencionó los casos Ramoa y Villafañe, en los que, según recordó, también se aplicó una calificación penal más grave ante hechos de tránsito vinculados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

Cuestas explicó que la diferencia entre ambas figuras tiene consecuencias importantes en materia de penas. Mientras el homicidio culposo contempla sanciones menores y, dependiendo de las circunstancias, puede derivar en medidas alternativas, el homicidio simple prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Declaraciones testimoniales

Más adelante, el abogado confirmó que el planteo de la querella fue aceptado por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, con la intervención del juez doctor Sergio Cañete y de la fiscal de la causa, quienes coincidieron con el pedido de modificación de la carátula.

Asimismo, indicó que fueron fijadas para los días 13, 14 y 15 las declaraciones testimoniales de los vecinos de Casco Cué. Esas presentaciones permitirán incorporar a la investigación los antecedentes sobre la conducta del motociclista y las advertencias que, según los habitantes del lugar, le habían realizado antes de la tragedia.

También está prevista la declaración indagatoria del imputado, instancia en la que podrá ejercer su derecho de defensa.

Finalmente, consideró que la modificación de la calificación legal representa un avance importante en el reclamo de los padres, familiares y vecinos de Mateo, quienes buscan que las circunstancias en las que murió el niño sean investigadas con la gravedad que consideran correspondiente.

El Gobierno provincial informó este viernes que logró recuperar la totalidad de los sistemas esenciales para el funcionamiento de la Administración Pública Provincial, luego del grave ataque cibernético que afectó la infraestructura tecnológica del Estado.

A través de un comunicado oficial, señaló que se alcanzó “un hito fundamental” con la restauración de los sistemas que sostienen el funcionamiento de los distintos organismos públicos, como resultado de un trabajo extraordinario de los equipos técnicos y las áreas de sistemas.

El documento destacó el compromiso y el trabajo de los trabajadores involucrados, quienes, según indicó el Gobierno, desarrollaron sus tareas sin descanso para recuperar la infraestructura tecnológica provincial.

No obstante, aclaró que algunos servicios todavía no se encuentran disponibles, debido a que permanecen pendientes de habilitación. Para su restitución deberán superar las correspondientes pruebas de seguridad o completar su adecuación a los nuevos estándares tecnológicos establecidos.

“Hoy, la Provincia de Formosa ha dado un paso decisivo, demostrando la capacidad, el profesionalismo y la determinación de sus trabajadores para superar una situación de extrema complejidad y garantizar la continuidad del Estado al servicio de todos los formoseños”, expresó el comunicado.

De esta manera, el Gobierno provincial dio cuenta de la recuperación de los sistemas considerados esenciales, aunque el restablecimiento de la totalidad de los servicios afectados todavía dependerá de la finalización de los procedimientos técnicos y de seguridad pendientes.

Tras conocerse el caso de Lobito, el perro que fue retirado por la fuerza de su vivienda por dos hombres que lo ataron y lo embolsaron, la Asociación para la Defensa y Rescate Animal (ADYRA) busca ampliar la imputación contra los agresores y que se incorporen posibles delitos de violación de domicilio y violencia de género a la actual carátula de robo, maltrato y actos de crueldad animal; también se presentará como querellante.

El hecho ocurrió en la comunidad San Carlos, a unos 20 kilómetros de Subteniente Perín, y generó una fuerte conmoción. Tras la viralización y la intervención policial, el animal apareció con vida en la zona de Punta Alegre y logró regresar a su hogar.

Sobre lo sucedido, Elizabeth González, presidenta de ADYRA, contó que tomó conocimiento del caso a través de la dueña del perro, quien le relató que dos hombres ingresaron a su vivienda con machetes, la empujaron y se llevaron a Lobito, mientras ella se encontraba sola con su hijo pequeño. Los agresores habrían argumentado que el animal atacó a un chivito.

González destacó el accionar policial y la repercusión social que tuvo el caso, factores que consideró importantes para lograr que el perro apareciera. Sin embargo, manifestó su disconformidad con la actual carátula de la causa, que contempla robo, maltrato y actos de crueldad animal.

Desde la asociación buscan que también se investiguen posibles delitos de violación de domicilio y violencia de género, además del daño psicológico que habría sufrido el hijo de la mujer, de entre tres y cuatro años, al presenciar la situación.

“Lo único que hizo fue resguardar a su bebé y grabar. Me interesa más el daño psicológico y moral que causó en el niñito, y la violencia de género que emplearon hacia una mujer que estaba sola”, expresó a La Mañana.

En ese sentido, adelantó que ADYRA se presentará como querellante cuando cuente con el expediente completo, con el objetivo de impulsar la investigación y conseguir una sanción para los responsables.

La referente también recordó que la asociación ya obtuvo dos condenas por casos de maltrato animal, correspondientes a Rocco y una perrita de Mansilla. Asimismo, mencionó la causa por la muerte de Peter, un perro de Naineck que habría sido asesinado con un rifle, en la que recientemente fueron aceptados como querellantes.

Pedido de colaboración para los animales

Por otra parte, ADYRA convocó a la comunidad a colaborar con los perros de la comunidad San Carlos, que necesitan alimento, antiparasitarios y asistencia para avanzar con las castraciones.

Para organizar la ayuda trabajan junto a Luz Marina Esteche, docente y proteccionista de Subteniente Perín, quien se encuentra cerca del lugar y será la encargada de recibir las donaciones.

Quienes deseen colaborar con ADYRA pueden hacerlo mediante el alias adyra.rescates.mp. En tanto, para ayudar directamente a los animales de la comunidad, pueden transferir al alias Luz.113, a nombre de Luz Marina Esteche.

La Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) profundizó este viernes su plan de lucha con un paro parcial de actividades desde las 10 de la mañana y una movilización hacia Casa de Gobierno, en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a lo que considera un trato desigual por parte de la conducción del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En declaraciones a La Mañana, la secretaria general del sindicato, Fátima Gutiérrez, explicó que la decisión de marchar hacia la sede del Poder Ejecutivo fue adoptada durante la asamblea general realizada el lunes. Según indicó, los trabajadores consideran que agotaron las instancias de reclamo ante su empleador y buscan ahora que el Gobernador intervenga para encontrar una solución al conflicto.

“Hemos estado esperando algún tipo de respuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia y solamente recibimos aprietes, jerarquizaciones y reestructuraciones de las oficinas centrales”, sostuvo la dirigente.

Gutiérrez señaló que el principal eje del reclamo es la falta de proporcionalidad entre los incrementos salariales que, según denunció, se otorgaron las máximas autoridades judiciales y la mejora que recibieron los empleados.

En ese sentido, afirmó que el aumento para los trabajadores fue considerablemente menor al aplicado a la cúpula del máximo tribunal de la provincia.

Como referencia de la situación económica del sector, mencionó que la canasta básica se ubica en torno a los 1.630.000 pesos, mientras que los salarios de los trabajadores judiciales rondan los 1.400.000 pesos. Esta diferencia, advirtió, deja a numerosos empleados por debajo del ingreso necesario para no encontrarse en situación de pobreza.

“Tenemos una importante cantidad de compañeros que están en la primera franja y no están alcanzando el valor de la canasta básica”, remarcó.

La titular de AJUFSA también cuestionó que, mientras se argumenta que no existen recursos para mejorar los ingresos del personal, dentro del Superior Tribunal se avanzó con una reestructuración que contempla nuevas jerarquías y categorías superiores, con cargos de jefes de departamento y directores a partir del 1 de noviembre.

Para Gutiérrez, estas decisiones reflejan una distribución desigual de los recursos y una política que beneficia a determinados sectores de la estructura judicial, mientras permanecen pendientes los pases a planta permanente y los ascensos de otros trabajadores.

Rechazo a los descuentos

Otro de los puntos señalados por la dirigente fue el impacto de los descuentos salariales aplicados a quienes participan de las medidas de fuerza. Según explicó, las autoridades del STJ fueron explícitas al advertir que no se pagarían los días no trabajados, una situación que afecta especialmente a los empleados con menores ingresos.

En ese contexto, sostuvo que el sindicato busca implementar distintas modalidades de protesta para visibilizar el conflicto sin que las medidas impliquen un perjuicio económico todavía mayor para los trabajadores.

“El paro en silencio, el paro detrás del escritorio, no le jode a nadie. Por eso, para nosotros, la forma de administrar las medidas es en la calle, visibilizar el problema y que todo el mundo sepa por qué no estamos trabajando”, expresó.

La secretaria general de AJUFSA aclaró que las próximas acciones serán definidas en asambleas y anticipó que no se descarta avanzar con paros generales en algún momento, aunque todavía no hay fechas establecidas.

Asimismo, confirmó que el próximo martes, después del feriado, se realizará una nueva asamblea frente a los juzgados de paz del barrio Don Bosco, donde los trabajadores evaluarán cómo continuará el plan de lucha.

Finalmente, Gutiérrez insistió en que el reclamo no apunta a obtener privilegios, sino a conseguir una mejora salarial acorde con los incrementos otorgados a las autoridades judiciales.

“Nosotros queremos trabajar, estar en nuestras oficinas, atendiendo a las personas y solucionándoles sus problemas, pero no tienen que pagar lo que ellos están cobrando. No estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo lo que nos corresponde”, concluyó.

Una violenta gresca protagonizada por un numeroso grupo de personas alteró la tranquilidad del barrio Namqom durante la madrugada de ayer y demandó un importante despliegue policial. El procedimiento terminó con diez personas detenidas y cinco adolescentes retenidos.

El episodio se registró alrededor de las 5.00 sobre la avenida Lucio Rodríguez, en inmediaciones de la cancha de rugby. Según el informe policial, los involucrados reaccionaron de manera hostil ante la presencia de los uniformados, profirieron amenazas y arrojaron elementos contundentes. Además, algunos portaban machetes y cuchillos.

En medio de los incidentes, los agresores dañaron el lateral izquierdo de un móvil policial de la comisaría seccional Quinta y arrojaron escombros contra la dependencia, lo que provocó la rotura de la luneta trasera y un vidrio lateral de un automóvil particular perteneciente a un efectivo.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la subcomisaría Namqom, con apoyo de distintas dependencias del Distrito Cinco y del Destacamento de Desplazamiento Rápido. Una vez restablecido el orden, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

La investigación continuó con la recolección de pruebas que fueron presentadas ante la Justicia provincial. A partir de esos elementos, el juez interviniente autorizó dos órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en la manzana 22 del barrio.

Los procedimientos se concretaron alrededor de las 14.30 y permitieron detener a cuatro hombres y retener a otro adolescente. También se secuestraron una resortera con varias piedras, un hacha de hierro, dos botellas de vidrio vacías, machetes y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo con el balance policial, el operativo y las posteriores diligencias judiciales dejaron como resultado diez personas detenidas y cinco adolescentes retenidos, todos a disposición de la Justicia provincial.