Un tribunal revolucionario la sentenció por “colusión” y “propaganda contra el sistema”. La activista llevaba casi dos meses detenida tras otra condena.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
Un tribunal revolucionario de Irán aplicó una nueva condena a la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, a siete años y medio de prisión, en una nueva sentencia contra la reconocida activista por los derechos humanos y de las mujeres.
La pena incluye seis años por “congregación y colusión contra la seguridad nacional”, un año y medio por “actividad propagandística”, además de una prohibición de salida del país por dos años y una pena complementaria de exilio interno, según informó su abogado, Mostafa Nili.
La condena fue dictada por la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad, en el noreste del país, tras una audiencia realizada este sábado. Nili explicó que recibió un breve llamado telefónico de Mohammadi, el primero tras 59 días de detención, en el que la activista le comunicó la sentencia y alertó sobre su delicado estado de salud.
Trasladada a un hospital
De acuerdo con el abogado, Mohammadi fue trasladada a un hospital días atrás por el empeoramiento de su cuadro médico, pero regresó al centro de detención sin completar el tratamiento necesario. La activista, de 53 años, arrastra un historial clínico complejo que incluye infartos, hipertensión, dolor torácico y problemas en la columna vertebral.
Ante esa situación, su defensa reclamó que sea liberada de manera temporal bajo fianza para poder recibir atención médica adecuada. “Dadas sus enfermedades, debería ordenarse su liberación”, sostuvo Nili, quien remarcó que la legislación iraní establece que, tras dictarse sentencia, la acusada debe ser trasladada a una prisión común.
Huelga de hambre
Mohammadi había iniciado una huelga de hambre seis días atrás para denunciar su detención, el aislamiento absoluto y el bloqueo total de comunicaciones al que fue sometida. Este domingo, y ante el deterioro físico extremo, decidió poner fin a la protesta, según informó la Fundación Narges, con sede en París, que expresó su “creciente preocupación” por la vida y la seguridad de la activista.
La detención de Mohammadi se produjo a mediados de diciembre, cuando fue arrestada de manera violenta durante una ceremonia fúnebre en Mashad, junto con otros activistas. En ese momento se encontraba en libertad condicional por razones médicas, tras haber sido excarcelada en diciembre de 2024.
Una nueva condena
La nueva condena se inscribe en un contexto de fuerte represión interna tras las protestas que sacudieron Irán entre diciembre y enero, inicialmente por la caída del rial y luego con consignas que cuestionaron la continuidad de la República Islámica. El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, cifra que atribuye a acciones promovidas por Estados Unidos e Israel, mientras que la ONG opositora HRANA eleva el número a 6.961 víctimas y continúa verificando miles de casos, además de más de 51.000 arrestos.
En ese marco, decenas de activistas fueron detenidos, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar, y reconocidos defensores de derechos humanos como Vida Rabbani y Abdullah Momeni.
Con esta sentencia, Mohammadi acumula trece arrestos y diez condenas desde 2021, con penas que superan los 44 años de prisión, de los cuales ya cumplió más de 17. Además, recibió 154 latigazos en condenas anteriores, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
La activista no ve a sus dos hijos, que viven en París, desde hace once años. A fines de 2024 denunció que las autoridades le prohibieron de manera permanente salir del país y le negaron la emisión de un pasaporte.
A pesar del encarcelamiento, Mohammadi continuó denunciando la pena de muerte, la represión estatal y la violencia contra las mujeres que desafían el uso obligatorio del velo islámico. Por esa trayectoria, el Comité Nobel noruego le otorgó en 2023 el Premio Nobel de la Paz “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.
La Fundación Narges y la familia de la activista reclamaron su liberación inmediata e incondicional y exhortaron a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a intervenir ante lo que calificaron como “graves violaciones de los derechos fundamentales”.
