Por medio de un escrito presentado ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. la legisladora sostuvo que el pedido de ambas medidas se basa en «nuevos hechos y elementos de convicción» derivados de publicaciones en medios de prensa nacionales.

En este sentido, Pagano señala que «Conforme surge del expediente y resulta de público conocimiento, se incorporaron a la causa comunicaciones —audios y mensajes— mantenidas por el imputado con el contratista Matías Tabar, responsable de la remodelación integral de la vivienda del country Indio Cuá Golf Club. En una de esas grabaciones, ya con la investigación en marcha y antes de que Tabar prestara declaración testimonial, el imputado le aseguró que le brindaría ´todo el soporte´ que necesitara para su presentación ante los tribunales, añadiendo que obraría ´como hice con todos´, expresión que sugiere que otros testigos habrían declarado tras coordinarlo con el nombrado o con personas de su entorno».

«A ello se suma -agrega la diputada- que, según las constancias incorporadas, el imputado habría requerido la eliminación de conversaciones una vez iniciado el expediente, y remitido mensajes de autodestrucción aludiendo a la sensibilidad del material. El testigo Tabar se negó a recibir esa asistencia y aportó voluntariamente su teléfono a la Justicia, de cuyo contenido se desprenden los elementos descriptos».

«Estos hechos -recalca en el escrito- no constituyen meras manifestaciones públicas ajenas al proceso, sino actos concretos dirigidos a influir sobre un testigo de singular relevancia y a sustraer u ocultar prueba documental, todo ello orientado a obstaculizar el normal desarrollo de la pesquisa»

Por ello, Marcela Pagano indica en su petitorio al fiscal que «mientras subsista la posibilidad de contacto del imputado con testigos y con prueba aún no asegurada, el riesgo de frustración de la pesquisa permanece vigente y se agrava con el conocimiento público del avance de la causa».

Finalmente, la legisladora señaló en su presentación «que también concurren indicios de peligro de fuga que refuerzan la necesidad de la medida: (i) la reciente renuncia del imputado a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que implicó el cese de su principal actividad formal y la consecuente disminución de su arraigo institucional; (ii) la disponibilidad de recursos económicos de magnitud — incluida la existencia de fondos no declarados oportunamente reconocidos en el marco de la investigación—, que incrementa sus posibilidades materiales de sustraerse al accionar de la justicia; y (iii) el acceso a medios de transporte que facilitarían una rápida salida del territorio o dificultarían el control de sus desplazamientos».