El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño consideró que las acusaciones sobre un posible fraude en los comicios «constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa». Y luego, remarcó: «La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente a su pueblo, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25″.

La cartera a cargo de Mauro Vieira subrayó que Milei «reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”, en referencia a los sectores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato opositor, que cumple una condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en enero de 2023.

La sesión comenzó a las 12 del mediodía y el oficialismo va confiado a defender sus dictámenes de mayoría, con una oposición agazapada buscando la oportunidad de dar el batacazo en alguno de los temas.

Después de que se cayera por falta de quórum la sesión opositora del pasado jueves, las cartas quedaron del lado del oficialismo, que jugará con la cancha inclinada a su favor e intentará imponer sus propios proyectos sobre Discapacidad y endeudamiento familiar.

Esos temas también habían estado en la fallida sesión de la semana pasada y fueron incorporados por el oficialismo en el temario de este miércoles como señuelo para seducir a dialoguistas para el quórum.

Qué se tratará

El primer tema del orden del día, y con el que se iniciará el debate en el recinto, es el proyecto venido del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, algo impensable meses atrás en un Gobierno que se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.

Además, aparece un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó la última gran tragedia sanitaria), que fuera trabajado por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la ex legisladora Mónica Fein, y otra iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural.

A La Libertad Avanza le interesa imponer sus propios dictámenes para bloquear los proyectos de la oposición, que implican una prorroga de la emergencia de la Discapacidad (que obliga a jueces a resolver con urgencia solicitudes de pensión y compensaciones a prestadores) y un plan de refinanciación de deudas a morosos con quita de punitorios y topes a las tasas de interés.

En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.

El proyecto ciertamente incorpora todo el esquema de beneficios incorporados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una ley de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno

La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.

Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos.

También argumentan que la ley propuesta por La Libertad Avanza y sus aliados delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso, por simple cruce de datos.

Tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.

Desde el conglomerado opositor se jactan de contar con el apoyo para prorrogar la emergencia del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), de todas las organizaciones de y para personas con discapacidad, del Foro Permanente Discapacidad, de las asociaciones de prestadores y transportistas, y de la Pastoral Social de la Conferencia Espiscopal.

En el caso del proyecto sobre morosidad familiar, el escenario está mucho más abierto y casi cualquier cosa puede ocurrir en el recinto.

El dictamen de mayoría, firmado por LLA, el PRO y la UCR, hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.

En cambio, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado «ley de regularización y alivio financiero», declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).

En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.

En el nuevo dictamen, incorporado a la causa que tramita en el juzgado subrogado por Ariel Lijo, los fiscales sostuvieron que la empresa habría “cooptado” la Andis y organizado un sistema de cartelización entre proveedoras de medicamentos, con sobreprecios y pagos ilegales a funcionarios. Según la acusación, la droguería habría intervenido en decisiones sobre qué empresas cobraban, cuáles quedaban relegadas y quiénes eran designados o despedidos dentro de la agencia, a cambio de “retornos”.

La investigación apunta también a exfuncionarios de la Andis, cuyo titular era Diego Spagnuolo, un hombre de confianza del Presidente y exabogado personal de Milei. La causa se originó a partir de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaba un supuesto esquema de cobros ilegales y se señalaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei. Por el momento, ninguno de los dos está bajo investigación y esos audios no fueron utilizados como prueba en el dictamen fiscal.

Tras el fallecimiento, las autoridades sanitarias comenzaron a analizar el agua de las termas, ubicadas a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial, para determinar si el menor pudo haber contraído allí la infección.

Las primeras señales de alerta fueron detectadas por el equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”, donde el chico estuvo internado. Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Catamarca dispuso la clausura preventiva del establecimiento y puso en marcha un operativo de toma de muestras y estudios del agua para comprobar si existe presencia del microorganismo. Además, los especialistas investigan las posibles fuentes de exposición del niño durante los doce días anteriores a la aparición de los primeros síntomas.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el hospital había identificado manifestaciones clínicas compatibles con una infección por Naegleria fowleri, una ameba microscópica que vive libremente en el ambiente.

Por otra parte, las autoridades aclararon que no existe riesgo de transmisión para los familiares, las personas que convivían con el niño ni el personal médico que lo atendió, debido a que este microorganismo no se contagia de una persona a otra.

También precisaron que la infección puede producirse cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas. En cambio, beber agua que contiene la ameba no constituye una vía de infección.