El fallo obliga al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a mantener el esquema de transferencias económicas de $78.000 para unas 950 mil personas en todo el país. La resolución establece además un plazo de tres días para regularizar los pagos interrumpidos a comienzos de abril.

La medida judicial impacta de lleno en la estrategia oficial, que buscaba reemplazar este programa por un sistema de vouchers de capacitación laboral y redirigir parte de esos fondos a políticas educativas, como la extensión de la doble escolaridad en sectores vulnerables.

Desde el Gobierno interpretan la resolución como una intromisión en el diseño de la política pública, aunque aseguran que cumplirán con lo dispuesto mientras avanzan por la vía judicial. “Vamos a acatar el fallo, pero no estamos de acuerdo”, señalaron fuentes oficiales, que confirmaron la presentación de una apelación para revertir la cautelar.

El argumento central del magistrado se apoya en el principio de no regresividad de los derechos sociales. En su resolución, sostuvo que el reemplazo por vouchers no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a proteger a los sectores más vulnerables.

El programa “Volver al Trabajo” había sido planteado por el oficialismo como una herramienta transitoria, heredera de planes sociales anteriores. Sin embargo, con el tiempo se consolidó como una asistencia directa clave para personas desocupadas, más allá de su objetivo original de capacitación e inserción laboral.

La interrupción del beneficio generó reclamos y derivó en una acción colectiva impulsada por beneficiarios y organizaciones sociales, que terminó dando lugar al fallo judicial. Entre los argumentos presentados, se destacó el impacto inmediato que tendría la eliminación del ingreso en contextos de alta vulnerabilidad.

En paralelo, desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que la continuidad del programa implica un fuerte costo fiscal, estimado en más de $70 mil millones mensuales, y condiciona otras políticas que el Gobierno considera prioritarias.

Mientras se tramita la apelación, el conflicto deja expuesto un debate de fondo: cómo debe estructurarse la política social. De un lado, la Justicia prioriza la continuidad de ingresos para garantizar condiciones básicas; del otro, el Ejecutivo intenta avanzar hacia un esquema centrado en la capacitación y la inserción laboral.

Por ahora, la cautelar mantiene vigente el programa y congela cualquier cambio. La definición final dependerá de lo que resuelvan las instancias superiores, en una disputa que combina urgencia social, restricciones presupuestarias y diferencias de enfoque sobre el rol del Estado.