Los archivos desclasificados fueron publicados en las redes sociales de la Side en un compilado de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE, elaborada para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores:

• «Operaciones psicológicas secretas»: Documentos de 1977 detallan acciones para «perturbar, neutralizar o destruir» al enemigo mediante la manipulación informativa y el control de medios.
• Espionaje y persecución: Se revela la existencia de departamentos dedicados exclusivamente al seguimiento del «Marxismo», «Organizaciones terroristas» y el control estricto de periodistas y comunicadores considerados «llaves».
• Calificación ideológica: Documentos de 1973 y 1975 muestran cómo se clasificaba a las personas según sus «antecedentes marxistas», determinando si eran aptas o no para trabajar en la administración pública o recibir becas del Estado.
• Control de la cultura: Existían áreas específicas de inteligencia encargadas de «relevar y actualizar permanentemente el ámbito discográfico» y analizar el contenido ideológico de los mensajes en medios de comunicación. Entre algunos de los documentos, que van del 1 de enero de 1973 al 10 de diciembre de 1983 cuando el país pasó de la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse (con la denominada Revolución Argentina) a la llegada de la democracia con las elecciones que ganó el radical Raúl Alfonsín, se nota incluso los cambios del nombre del organismo estatal que en principio se llamaba Secretaría de Informaciones del Estado.
  

  La Side señaló que la desclasificación de estos documentos que eran secretos se realizó por orden del presidente Javier Milei y confirmó que tras su difusión, el material será enviado al Archivo General de la Nación para facilitar la consulta del público. Sin embargo, la desclasificación se inició en enero de 2010 con el decreto 4 de Cristina Fernández de Kirchner. Por entonces, CFK ordenó relevar del secreto toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas sobre el período 1976-1983.

  Desde el organismo indicaron que con esta acción se busca «fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad»

  La desclasificación de archivos previamente secretos constituye un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente», remarcó la Side.

  Entre los documentos que fueron desclasificados hay algunos que ya fueron remitidos al juzgado de Daniel Rafecas, donde se investigan los centros clandestinos que regenteó la SIDE entre 1976 y 1977.

  Uno de los puntos que genera debate es la Circular N° 3/76, emitida poco después del golpe de Estado, donde se aclaraba que la misión de la SIDE debía ser «únicamente informativa y no operativa», dejando la fase «represiva» en manos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los organigramas de la época muestran una estructura aceitada para la detección y el seguimiento detallado de ciudadanos por sus ideas políticas.

  Hay otros documentos que muestran un interés en instalar que la persecución a la izquierda no comenzó en 1976 –algo que hace décadas es denunciado por organismos de derechos humanos. Por ejemplo, figura una resolución de agosto de 1973 que crea una comisión asesora de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que tenía a su cargo “el estudio de los antecedentes ideológicos marxistas de personas físicas o de existencia ideal, organizaciones, publicaciones y medios de difusión”.

  Consultado por Página 12, Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, se está ante una “desclasificación parcial, sesgada y arbitraria”, mientras el Gobierno no informa si avanzará con una desclasificación completa. Por otra parte, señala: “No es información totalmente novedosa: parte de ese material ya había sido enviado en oficios judiciales o solicitado por organismos de derechos humanos, y otra parece haber sido incluida para reforzar la línea argumental del Gobierno, que es hablar de la pre-dictadura para no hablar de la dictadura”.