Formosa cerró el primer semestre de 2026 con un resultado fiscal positivo, en un escenario marcado por una reducción tanto de los ingresos como del gasto público en términos reales. De acuerdo con un informe sobre los resultados fiscales provinciales acumulados al segundo trimestre, al que tuvo acceso La Mañana, la Provincia registró ingresos totales por $ 1.581.640 millones y gastos por $ 1.541.123 millones entre enero y junio, con un superávit primario de $ 41.366 millones y un resultado financiero positivo de $ 40.517 millones.

Los ingresos provinciales experimentaron una caída real interanual del 1,4% respecto del primer semestre de 2025. El comportamiento del gasto fue todavía más contractivo, con una reducción del 3,8% en términos reales. Esa diferencia entre la evolución de los recursos y las erogaciones permitió que Formosa mantuviera un resultado positivo en sus cuentas públicas durante el período analizado.

El dato más significativo aparece al comparar el desempeño de este año con el registrado durante el primer semestre de 2025. El resultado primario de Formosa, que había representado entonces un superávit equivalente al 0,3% de sus ingresos totales, pasó al 2,6% en 2026. Esto supone una mejora de 2,3 puntos porcentuales en un año y ubicó a la Provincia entre las jurisdicciones que lograron ampliar el margen positivo de sus cuentas fiscales.

La misma tendencia se observa en el resultado financiero, que contempla el conjunto de ingresos y gastos incluyendo los intereses de la deuda. Formosa pasó de un superávit equivalente al 0,2% de sus ingresos en el primer semestre de 2025 a uno del 2,6% en igual período de 2026. La mejora fue, en este caso, de 2,4 puntos porcentuales.

En términos nominales, la diferencia entre los recursos y las erogaciones fue de aproximadamente $ 40.500 millones al considerar el resultado financiero. El resultado primario, por su parte, alcanzó los $ 41.366 millones, lo que muestra que la Provincia logró sostener un saldo favorable durante los primeros seis meses del año, pese a la retracción real de sus ingresos.

La Provincia y el resto del NEA

El desempeño de Formosa presenta diferencias importantes frente a las otras provincias del Nordeste Argentino. En el resultado primario, Chaco mostró el mayor superávit de la región, equivalente al 7,2% de sus ingresos, mientras que Formosa alcanzó el 2,6%, Corrientes el 1,5% y Misiones apenas el 0,2%. De esta manera, las cuatro provincias del NEA cerraron el período con resultados primarios positivos, aunque con magnitudes diferentes.

En el resultado financiero, que incluye el efecto de los intereses de la deuda, Chaco también quedó por encima de Formosa, con un superávit equivalente al 3,3% de sus ingresos. Formosa registró 2,6%, Corrientes 1,3% y Misiones cerró prácticamente en equilibrio, con un resultado del 0%.

La comparación también muestra comportamientos diferentes en materia de ingresos. Formosa tuvo una caída real del 1,4%, mientras que Corrientes retrocedió 1,5%, Chaco 5,7% y Misiones registró la mayor disminución del NEA, con un 8,6% menos en términos reales. En cuanto al gasto total, Formosa lo redujo 3,8%, Corrientes lo hizo 4,9%, Misiones 6,4% y Chaco registró la contracción más fuerte de la región y del conjunto analizado, con una caída del 15,2%.

El informe, elaborado con información publicada por las propias jurisdicciones, tiene carácter provisorio. Los datos corresponden a 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todavía no fueron consolidados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía. Por ese motivo, las cifras podrían ser revisadas cuando se incorporen los ajustes metodológicos correspondientes.

La Municipalidad capitalina prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de los requisitos flexibilizados para la incorporación y habilitación de vehículos destinados al servicio de remises. La medida había sido solicitada por representantes del sector, que consideran que la extensión constituye un alivio frente a la difícil situación económica que atraviesa la actividad.

Entre los aspectos alcanzados por la prórroga se encuentran las condiciones vinculadas con el modelo y antigüedad de los vehículos, además de otros requisitos para acceder a las habilitaciones. También se mantiene la flexibilización relacionada con el color de las unidades, por lo que ya no resulta obligatorio que los vehículos sean de color blanco.

En diálogo con La Mañana, Hernán Mucherli, remisero y propietario de la agencia OUR, explicó que la medida había sido planteada en conversaciones con funcionarios municipales y destacó el impacto positivo que tendrá para quienes trabajan en el sector.

“Para nosotros es un alivio prorrogar el tema del modelo por un año más y que sea accesible poder hacer las habilitaciones. Son todas cuestiones que nos ayudan mucho en la situación que estamos atravesando”, señaló.

Situación complicada

Reconoció que el sector atraviesa un escenario complicado, al que se suma la creciente presencia de las aplicaciones de transporte.

“Estamos relativamente mal, es una situación complicada. La situación económica, aparejado a eso también el tema de las aplicaciones. Cada vez hay más autos haciendo aplicaciones y la competencia es cada vez más grande”, explicó.

 

Sin embargo, sostuvo que continúa existiendo demanda de personas interesadas en incorporarse al servicio tradicional de remises. En su propia agencia, indicó, recientemente se sumaron algunos vehículos nuevos.

A la vez, señaló que muchos trabajadores combinan actualmente el servicio tradicional con las aplicaciones, especialmente cuando éstas ofrecen promociones o bonos que hacen más rentables determinados viajes.

“Los muchachos, cuando les conviene, utilizan las aplicaciones. Cuando tienen algún bono que haga que sea rentable y justifique el valor de los viajes, lo hacen”, comentó.

Tarifa

Respecto del funcionamiento del servicio, Mucherli explicó a este Diario que los usuarios pueden solicitar los remises a través de los medios habituales, como WhatsApp y las líneas telefónicas, mientras que la agencia trabaja también en la actualización de su propia aplicación para volver a ponerla en funcionamiento.

Según explicó, actualmente la empresa utiliza el sistema denominado Taxi Control, que permite establecer la tarifa de acuerdo con el recorrido realizado, en cumplimiento de la normativa vigente.

El empresario recordó que anteriormente la tarifa se calculaba mediante los tradicionales odómetros, que debían ser programados, mientras que ahora ese procedimiento se realiza mediante una aplicación.

La aplicación propia de la agencia, en tanto, permitirá al usuario conocer previamente el valor estimado del viaje, de manera similar al funcionamiento de otras plataformas.

Explicó que la agencia OUR trabaja para volver a poner en funcionamiento su aplicación, que actualmente se encuentra fuera de servicio por cuestiones económicas vinculadas a pagos y actualizaciones.

Estimó que el proceso podría estar terminado en unos 40 o 45 días, momento en el que los usuarios nuevamente podrían solicitar los viajes a través de la plataforma.

Una demanda variable

Más adelante, el remisero también sostuvo que el comportamiento de la demanda cambió considerablemente en los últimos años. A diferencia de otras épocas, cuando existían determinados días o fechas en los que se esperaba un mayor movimiento, actualmente el trabajo resulta mucho más variable.

“Antes había fechas puntuales, había días puntuales. Hoy en día es muy relativo: un día se trabaja bien, otro día no se mueve nada”, describió.

Según explicó, esta situación también se observa en las aplicaciones de transporte, donde el nivel de pedidos puede variar significativamente de una jornada a otra.

Hizo notar que la lluvia continúa siendo uno de los factores que pueden incrementar la demanda, tanto para las agencias tradicionales como para las aplicaciones, aunque el comportamiento general de los usuarios se volvió más difícil de prever.

Requisitos para incorporar vehículos al servicio de remises

La Municipalidad recordó los requisitos que deben cumplimentar las agencias y propietarios que quieran afectar nuevos vehículos al servicio de remises, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza Nº 8059/24.

La normativa fija la documentación necesaria para que las agencias puedan incorporar unidades al servicio de remises y establece las condiciones que deben cumplir tanto los vehículos como sus propietarios y conductores.

El trámite contempla la presentación de documentación correspondiente tanto al vehículo y su propietario como al conductor que estará habilitado para prestar el servicio.

Documentaciones

Para solicitar la afectación de una unidad al servicio de remises, la agencia deberá presentar una nota solicitando la afectación del vehículo y un contrato de arrendamiento del vehículo, el cual deberá estar estampillado en la Dirección de Rentas de la Provincia.

Asimismo, se deberá abonar la estampilla municipal correspondiente a la nota. La firma del contrato se realizará en la Dirección de Transporte.

Entre la documentación requerida también se incluye: fotocopia del DNI del propietario; fotocopia del título de propiedad y cédula verde del vehículo; fotocopia del frente de la póliza de seguro, donde figure el uso como remis, junto con el último recibo de pago; certificado de libre de deuda.

En este último caso, se establece que el titular deberá acreditar el pago cancelatorio de la deuda dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de habilitación.

Requisitos para los conductores

En cuanto a los conductores, deberán presentar fotocopia del DNI, fotocopia del carnet de conducir Clase D1 de la Municipalidad de Formosa y el correspondiente certificado de antecedentes penales.

Este último documento deberá encontrarse vigente al momento de realizar el trámite, estableciéndose una vigencia de 30 días.

La construcción de la nueva planta potabilizadora de Posta Cambio Zalazar, en el departamento Patiño, presenta un avance cercano al 70%. La obra responde a una demanda de los habitantes de la localidad y apunta a mejorar la calidad y disponibilidad del servicio de agua potable.

El presidente de la Comisión de Fomento, Meliano Acosta, destacó la importancia de la obra y explicó que permitirá aprovechar el agua proveniente del río Pilcomayo a través de la obra del río del Norte. El caudal llega desde El Descanso y recorre unos 60 kilómetros hasta Posta Cambio Zalazar, para luego continuar hacia Fortín Lugones y San Martín Dos.

Según explicó Acosta, la nueva infraestructura permitirá que ese caudal llegue al reservorio de la localidad y posteriormente continúe el proceso de potabilización en la planta.

El funcionario también destacó el impacto de la obra en la generación de empleo local, debido a la incorporación de trabajadores para las tareas de construcción. “Es una obra muy importante, que es anhelada”, sostuvo, y señaló que su ejecución “está oscilando en el orden del 70%”.

Reclamo por el estado de la ruta 86

En otro tramo de sus declaraciones, Acosta cuestionó el estado de la ruta nacional N° 86, particularmente en el tramo comprendido entre Posta Cambio Zalazar y Guadalcázar.

Según señaló, los aproximadamente 120 kilómetros presentan abundante vegetación en las banquinas, con vinales que en algunos sectores llegan hasta la calzada y dificultan la circulación. También, mencionó el acceso a El Remanso, donde advirtió que la presencia de arbustos genera serias dificultades para el tránsito.

Ante esta situación, reclamó la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el sector. El pedido, afirmó, alcanza a las localidades de El Remanso, La Libertad, Lamadrid, Fortín Pilcomayo, San Cayetano y Guadalcázar.

Se concretó un paro parcial de actividades a partir de las 10 horas por parte de la Asociación Judicial de Formosa, junto con una movilización por la avenida 25 de Mayo hasta la calle Juan José Silva, para luego finalizar con una concentración en la sede de Tribunales, sita en San Martín y España, con la finalidad de exigir una recomposición salarial y rechazar las recientes subas que recibieron los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia.

En lo vinculado a este tema, la secretaria general de la AJUFSA, Fátima Gutiérrez, comentó a La Mañana que el nivel de acatamiento a la medida fue “muy alto”, porque existe “un profundo malestar entre los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial”, por la caída del poder adquisitivo y el “aumento encubierto” recibido por los magistrados y funcionarios.

En este sentido, la gremialista denunció que con el reciente incremento, el salario de cada ministro del Superior Tribunal de Justicia asciende a cerca de 30 millones de pesos; y recordó que la nueva suma aplicada no se reflejó de manera proporcional en los haberes del personal del Poder Judicial.

“Los montos recibidos por los trabajadores y trabajadoras fueron irrisorios, paupérrimos, y se ubicaron entre los $ 20.000 y los $ 35.000, mientras que los magistrados y funcionarios recibieron sumas que partieron de un mínimo cercano a los $ 900.000 y que no fueron abonadas a los jubilados”, aseveró.

“Toda la familia de un empleado judicial tiene que vivir de un sueldo mínimo de 1.400.000 pesos, mientras que los salarios de nuestros ministros del STJ parten de los 27 millones y medio de pesos”, recalcó.

Además, la sindicalista dijo que hubo empleados del Poder Judicial que recibieron presiones por parte de sus superiores y amenazas de rebajar calificaciones laborales para impedir ascensos o pases a planta permanente, en un intento de conseguir que los trabajadores no se sumen a las medidas de protesta organizadas por la AJUFSA.

“Esto ocurrió desde este martes, y se está generalizando. Les comunicamos a nuestros Delegados que tienen el deber de informar en qué oficinas está sucediendo esto. Se quiere influenciar deliberadamente sobre el derecho a manifestarse que tienen nuestros afiliados”, precisó.

Asimismo, indicó que desde el 2024 el STJ “se viene alejando de nuestro sistema salarial vigente, el Sistema de Valores de Referencia, que figura en el Reglamento Interno de la Administración de Justicia”.

“En un momento político tan difícil, en el cual el Gobierno de la Provincia está haciendo todo lo posible para distribuir los recursos de la forma más equitativa, nosotros nos encontramos con un STJ que tiene otro concepto y que distribuye el dinero del Presupuesto de otra manera”, evaluó.

A continuación, remarcó que “es la primera vez que ocurre una situación así en los años que llevo como asociada a la AJUFSA” y que los aumentos “encubiertos” recibidos por los magistrados y funcionarios figuran como sumas en negro y con la denominación de “Gastos Protocolares”.

Para finalizar, la titular de la AJUFSA señaló que el gremio presentó dos Recursos: uno para exigir que no se descuenten a los trabajadores las horas de paro, sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta, y otro para informar que el personal no recibió de manera correcta la liquidación del reciente aumento salarial otorgado por el gobernador Gildo Insfrán, ante lo cual el STJ argumentó que el gremio realizó un cálculo equivocado y que no corresponde abonar el porcentaje que se reclama.

La jueza de apelaciones de Las Lomitas, Gabriela Soledad Plazas, absolvió de culpa y cargo a los periodistas Lautaro Martín Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán, del canal televisivo La Nación +, y dejó sin efecto la sentencia contravencional que les había impuesto la pena de cinco días de arresto porque, según ese fallo, habían ejercido el periodismo sin un carné habilitante o matriculación.
La resolución, dictada ayer por la jueza Plazas, revoca los puntos centrales de la sentencia 351 que firmó hace veinte días el juez de Paz de Las Lomitas, Omar Padilla.

El nuevo fallo absolutorio se apoya en argumentos de fuerte contenido institucional: la actividad periodística se define por el ejercicio efectivo del oficio y no por la tenencia de un carnet o título habilitante y, en tal sentido, exigir credencial previa como condición para informar constituye una vía indirecta de censura y vulnera la propia jurisprudencia de la provincia de Formosa, trazada por el Superior Tribunal de Justicia, la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada en septiembre del año pasado por Guillermo López, cacique de la comunidad originaria San José –Río Muerto– en el extremo Oeste de la provincia.

López relató que los cuatro periodistas, integrantes del equipo del programa “Hambre de Futuro” vinculado al canal LN+, habían ingresado a la comunidad para realizar entrevistas y filmaciones, y que tras una primera jornada autorizada, se sintió ofendido por el modo en que le hablaron cuando les pidió que no regresaran. A partir de esa denuncia, la Policía encuadró la conducta en los artículos 73 y 77 inciso A del Código de Faltas de Formosa y en la Ley Integral del Aborigen.

La versión que dio la periodista Urdínez a La Mañana es diferente: el cacique le habría dicho que le habían hecho firmar un papel, pero que no sabía de qué se trataba.

En primera instancia, el juez de Paz absolvió a los comunicadores del artículo 77, pero los declaró responsables de la infracción prevista en el artículo 73 del Código de Faltas –que sanciona a quien inicia una actividad sin cumplir los requisitos previos exigidos por la autoridad competente–. Según ese fallo, los imputados, al presentarse y actuar como periodistas, debían acreditar su condición mediante la matrícula y el carnet profesional previstos en la Ley 12.908; al no exhibirlos, habrían incumplido la exigencia legal y quedado atrapados por la figura contravencional.

La defensa, a cargo del abogado Ricardo Gabriel Presman, apeló y denunció una “grave e inaceptable afectación a la libertad de expresión” mediante una forma de censura indirecta. Señaló que sus defendidos ejercieron la profesión de periodistas en forma lícita, amparados por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia. Sostuvo además que la sentencia de primera instancia violaba el debido proceso, se apoyaba en una valoración arbitraria de la prueba, pretendía reinstalar requisitos de colegiación obligatoria incompatibles con la libertad de prensa y graduaba de forma desproporcionada la sanción.

Doctrina del STJ

Al analizar el recurso, la jueza de apelaciones comenzó por precisar el alcance del artículo 73 del Código de Faltas, indicando que para que exista infracción debe verificarse una “actividad determinada” y la falta de cumplimiento de los requisitos previos que la autoridad ha fijado para su ejercicio. En el expediente no había duda sobre cuál era la actividad: todos –denunciante, testigo y propios imputados– reconocieron que los cuatro imputados se desempeñaban como periodistas, integrantes de un equipo que produce contenidos audiovisuales sobre comunidades originarias.

Lo central, entonces, estaba en definir qué exige el ordenamiento jurídico argentino para que alguien pueda ejercer como periodista. En este punto, la jueza Plazas siguió la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa en el fallo 6.200/2023, en el que el ministro Ariel Gustavo Coll sostuvo que la Ley 12.908 define la categoría de periodista profesional por la actividad efectivamente desarrollada y la retribución percibida, y no por la posesión de un título o carnet habilitante.

Según recordó la jueza en su fallo, el Estatuto del Periodista no impone un título profesional como condición para ejercer, ni habilita a las autoridades a impedir el trabajo informativo de quienes no exhiban una credencial. En consecuencia -aseveró- intentar convertir la falta de carnet o matrícula en el “medio comisivo” de una contravención “implica forzar el sentido de la norma e introducir, por vía administrativa, una restricción que la ley no contempla y que la Constitución prohíbe”.

La resolución subrayó que el artículo 13 de la Constitución de Formosa, reformada en 2005, garantiza de manera enfática que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas y difundirlas “por cualquier medio, sin censura de ninguna clase”, y que ninguna ley ni autoridad pueden restringir esa libertad. A ello se suman los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos con jerarquía constitucional a partir del artículo 75 inciso 22, que protegen la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa.

En virtud del artículo 186 de la Constitución provincial, los jueces inferiores están obligados a acatar la interpretación que el Superior Tribunal de Justicia haga de la Constitución y de las leyes locales. Tomando ese mandato como “norte”, la jueza concluyó que la sentencia de Paz había aplicado de modo erróneo el artículo 73 del Código de Faltas y había desconocido sin fundamento el criterio fijado por el máximo tribunal formoseño.

Contradicciones

Como corolario, la doctora Plazas resolvió hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia 351/2026 del Juzgado de Paz de Las Lomitas y absolver de culpa y cargo a Lautaro Martín Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán por la presunta infracción al artículo 73 del Código de Faltas de Formosa.

La decisión se inscribe en una línea jurisprudencial que refuerza la protección de la libertad de prensa en el interior del país y envía un mensaje contundente: los periodistas no pueden ser perseguidos ni sancionados por carecer de carnet o matrícula profesional, y cualquier intento de condicionar el ejercicio del periodismo a requisitos burocráticos constituye una forma de censura incompatible con la Constitución y los estándares interamericanos en materia de derechos humanos.