La medida, que fue adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se produjo luego de la difusión de un audio en el que el jefe comunal y el empresario Roque “Chipi” Giménez mantenían una comunicación en la que conversaban sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y un robo millonario, lo que desencadenó una crisis institucional en toda la provincia.
La iniciativa, de acuerdo con lo que se informó, tiene como fundamento al artículo 139 de la Constitución provincial, normativa que habilita al Poder Ejecutivo a tomar el control de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional. Guillermo Norry, quien quedó a cargo de la intervención que se extenderá por un plazo máximo de 180 días, tendrá la responsabilidad de restablecer el orden administrativo y garantizar la continuidad de los servicios municipales.
El audio que desató la crisis
La crisis institucional se precipitó tras la filtración de un audio en el que se escucha a Campos y Giménez discutir sobre un robo millonario y presuntos lazos con el narcotráfico. Jaldo manifestó públicamente su rechazo a cualquier tipo de vínculo entre funcionarios y actividades ilícitas, y advirtió que no tolerará que políticos de Tucumán estén relacionados con el tráfico de drogas.
“Lamentablemente en esta ciudad se han empezado a producir las sumatorias de hechos, algunos con denuncias judiciales, tanto en la Justicia provincial como en la federal. Hechos ligados a delitos, a conflictos personales dentro del funcionamiento y de las autoridades. Fundamentalmente, y el que más nos preocupa, se han venido denunciando delitos que tienen que ver con el narcotráfico y la comercialización de sustancias tóxicas”, expresó el gobernador este lunes al informar sobre la intervención.
Luego, agregó: “Si un objetivo nos hemos propuesto al comienzo de nuestra gestión es la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Todos aquellos que comercializan sustancias tóxicas, que comercializan muerte, nosotros, con la Policía de Tucumán, con las leyes que nos da el Poder Legislativo, los capturamos y los ponemos a disposición de la Justicia”.
En la madrugada del lunes una comitiva integrada por los ministros del Interiúr, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa; el fiscal adjunto Raul Ferrazzano; el jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau; y el propio Norry, arribó a Alberdi para ejecutar la intervención.
Monteros explicó que el interventor, contador de profesión y con experiencia en la función pública, se encargará de normalizar las finanzas y la gestión, asegurando a los empleados municipales la continuidad en sus puestos bajo las directivas del nuevo responsable.
Ferrazzano, en tanto, dio lectura al DNU, en presencia de la escribana Olga Inés Navarro, responsable del Registro de Gobierno. Paralelamente, por orden judicial, efectivos de la Policía y de Gendarmería allanaron los domicilios del exintendente Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán, además de tomar posesión de los edificios de la Intendencia y del Concejo Deliberante.
La investigación judicial que motivó la intervención se originó tras la denuncia presentada por el jefe policial Joaquín Girveau, luego de la difusión del audio entre Campos y Giménez. El domingo se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de Juan Bautista Alberdi: la vivienda particular de Giménez y el exmercado municipal, sitio que figura como su domicilio legal.
En la casa del barrio 111, donde reside un familiar directo de Giménez, los agentes secuestraron teléfonos celulares, documentación y el DVR del sistema de videovigilancia. En el exmercado municipal no se hallaron elementos relevantes para la causa.
El rol de uno de los involucrados
Chipi Giménez, de 39 años, es conocido en la ciudad por su rol como contratista de obras públicas. Su empresa, Giménez Group, construyó una sala velatoria municipal destinada a vecinos de bajos recursos, por la que cobró al menos 15 millones de pesos.
También estuvo a cargo de la recuperación del mercado municipal, aunque los trabajos se suspendieron por falta de pagos, ya que no recibía los fondos provinciales necesarios para continuar. Posteriormente, habría sido contratado para refaccionar el Centro Cultural de la ciudad.
El conflicto entre Giménez y el intendente Campos surgió tras el robo sufrido en el obrador del mercado municipal. En el audio viral, Giménez le reclama a Campos: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”. Este hecho fue denunciado ante las autoridades
Campos reconoció públicamente que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico. “De la grabación no recuerdo muchos detalles”, declaró a El Tucumano el ahora exfuncionario a la vez que situó la conversación hace aproximadamente un año y aseguró que el diálogo giraba en torno al robo sufrido por un tercero.
Además, cuestionó la legalidad de la grabación, argumentando que “grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”. Campos manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y expresó: “Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva. Esto es un dime y direte. Hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver. Quiero limpiar mi apellido y me pongo a disposición de la Justicia”.
