El tema volvió a quedar en el centro de la escena a partir del caso de un jubilado de 75 años que padece Alzheimer y que desde hace años intenta recuperar un departamento que figura a su nombre. La causa tramita en la Justicia porteña y, de acuerdo a la denuncia presentada por sus representantes legales, un hombre identificado como José Alberto V. habría enviado a otra persona a ocupar el inmueble para impedir que el propietario pudiera volver a disponer de él. El acusado acumula 24 denuncias penales en el fuero Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, con imputaciones por delitos como estafa, defraudación, extorsión, coacción agravada, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita. La acusación sostiene que durante años existieron acuerdos frustrados, promesas incumplidas y presentaciones de documentación presuntamente irregular que demoraron la resolución judicial.

Para investigadores y abogados, el caso refleja una modalidad que comenzó a repetirse con mayor frecuencia: personas mayores atrapadas en conflictos eternos mientras terceros ocupan viviendas, bloquean operaciones o utilizan mecanismos legales para desgastar a las víctimas hasta que abandonen el reclamo. «El negocio muchas veces no es quedarse legalmente con la propiedad, sino volver imposible su recuperación», explicó una fuente judicial consultada sobre este tipo de expedientes. En muchos casos, agregan, las víctimas atraviesan problemas de salud, deterioro cognitivo o situaciones económicas delicadas que las vuelven especialmente vulnerables frente a este tipo de maniobras.

Aunque las estafas virtuales siguen encabezando la mayor cantidad de denuncias, los investigadores advierten sobre el crecimiento de los fraudes vinculados al mercado inmobiliario y a propiedades pertenecientes a adultos mayores. Allí aparecen desde falsos contratos de alquiler hasta ocupaciones irregulares, firmas apócrifas, boletos de compraventa cuestionados y supuestos gestores que prometen resolver conflictos mientras extienden durante años los procesos judiciales.

En paralelo, las bandas dedicadas a fraudes digitales continúan sofisticando sus métodos. Se multiplicaron los casos de delincuentes que se hacen pasar por empleados bancarios, familiares o representantes de organismos públicos para obtener claves, vaciar cuentas o inducir transferencias millonarias. También crecieron las maniobras mediante WhatsApp, redes sociales y plataformas de compraventa.

Los adultos mayores aparecen entre las principales víctimas debido a que muchas veces no logran detectar señales de alerta frente a perfiles falsos, comunicaciones manipuladas o documentación adulterada. A eso se suma el impacto psicológico posterior: jubilados que pierden ahorros completos, quedan endeudados o atraviesan cuadros de angustia después de haber sido engañados. Mientras tanto, familiares y abogados de víctimas reclaman respuestas más rápidas de la Justicia y mayores mecanismos de protección para adultos mayores.

En los tribunales reconocen que muchos expedientes se extienden durante años y que, en algunos casos, las víctimas fallecen antes de obtener una resolución definitiva. Ese escenario, sostienen especialistas, es el que aprovechan muchos estafadores: procesos lentos, personas vulnerables y enormes dificultades para revertir maniobras.