Tres hombres fueron detenidos este miércoles en un control policial realizado en el Puesto de Control Lavalle, luego de que los agentes detectaran una serie de circunstancias que llamaron su atención y las pusieran en conocimiento de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. El procedimiento quedó vinculado a una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.415, a raíz de un operativo realizado horas antes en la zona de Pampa del Indio.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10:40, cuando personal de la División Tránsito y Seguridad Vial Juan José Castelli controló una camioneta Toyota Hilux, dominio FOU-000, que se dirigía hacia la provincia de Formosa.

En el vehículo viajaban como conductor F.J.B., de 26 años, y como acompañantes W.E.A., de 24, y M.A.G., de 27. Los tres declararon tener domicilio en Formosa.

Durante la identificación, los agentes observaron distintos indicadores que motivaron una entrevista más exhaustiva. Según informaron, el conductor presentó signos de nerviosismo y realizó reiteradas miradas hacia sus acompañantes y el entorno. Además, detectaron inconsistencias en las respuestas relacionadas con su permanencia y las actividades que habían realizado en territorio chaqueño.

A esto se sumó W.E.A. y M.A.G. tenían sus prendas visiblemente sucias y con restos compatibles, a simple vista, con el tránsito por sectores de vegetación o caminos de tierra. La camioneta, en tanto, presentaba suciedad generalizada, además de rayones y marcas en la carrocería compatibles con un contacto reciente con ramas, vegetación u otros elementos propios de zonas rurales.

Estas circunstancias fueron consideradas relevantes debido a un procedimiento realizado pocas horas antes en jurisdicción de Pampa del Indio. En ese operativo, personal de la División Rural había perseguido e interceptado una Volkswagen Amarok que transportaba 51 cajas de cigarrillos marca RODEO, de presunto origen extranjero y sin el correspondiente aval aduanero.

Los ocupantes de esa camioneta habían escapado a pie hacia una zona rural, por lo que se había desplegado un operativo para intentar localizarlos. La investigación se lleva adelante bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la fiscal Pamela Michling.

Ante las coincidencias advertidas, el personal del Puesto de Control Lavalle comunicó la situación a las autoridades de la División Rural Pampa del Indio y de la División Rural Operaciones San Martín. Intervinieron el comisario Claudio Osuna y el subcomisario Renzo Galarza, respectivamente.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Federal, que dispuso las medidas procesales correspondientes. Como consecuencia, se ordenó la detención de los tres hombres, el secuestro preventivo de la Toyota Hilux y de los teléfonos celulares que tenían en su poder.

Además, se dispuso la intervención del Departamento Canes para realizar las diligencias correspondientes. El procedimiento continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente.

La Justicia Provincial hizo lugar en primera instancia a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó la reincorporación de seis trabajadores del Concejo Deliberante de San Francisco de Laishí que habían sido despedidos.

Según explicó Carlos Villasanti, secretario general de ATE, fueron alrededor de diez los trabajadores desvinculados, aunque seis decidieron iniciar acciones judiciales con acompañamiento del gremio. El recurso de amparo había sido presentado a comienzos del año pasado.

Villasanti señaló que los trabajadores tenían varios años de antigüedad y que, al momento de los despidos, llevaban aproximadamente dos años como personal de planta permanente. Según explicó, el presidente del Concejo Deliberante, Ramón Haponiuk, dio de baja contratos que ya no se encontraban vigentes debido a que los empleados habían sido incorporados a la planta.

“Lo que hubo ahí es una arbitrariedad manifiesta, que es lo que dice la jueza en su fallo”, sostuvo a La Mañana el dirigente gremial.

La resolución todavía debe ser notificada formalmente al intendente y al presidente del Concejo Deliberante. A partir de esa instancia, las autoridades podrán apelar. En caso de que la sentencia quede firme, tendrán cinco días para cumplir con la reincorporación, explicó Villasanti.

El secretario general de ATE destacó la importancia de la resolución para los empleados, especialmente por tratarse de una localidad con pocas alternativas laborales.

“Seis trabajadores que recuperen su trabajo en un pueblo chico, donde no hay mucha salida, no deja de ser importante”, señaló.

Además del salario, Villasanti remarcó que la reincorporación implica recuperar otros derechos vinculados al empleo formal. “Van a recuperar su ingreso, su obra social, van a tener su aporte jubilatorio”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el resultado judicial demuestra, desde la perspectiva del gremio, la importancia de sostener los reclamos. “La lucha siempre tiene sus resultados, no hay que bajar los brazos”, expresó.

Causas similares en otras localidades

Villasanti indicó que ATE mantiene procesos judiciales relacionados con despidos y descuentos salariales en distintos municipios de la provincia.

Uno de ellos es Villa Escolar, donde alrededor de diez trabajadores fueron despedidos y, según explicó, también habían sido incorporados a planta permanente. La causa se encuentra a la espera de una sentencia. En Fontana, en tanto, son alrededor de 20 los trabajadores involucrados en un expediente que también está próximo a resolverse.

El dirigente mencionó además el caso de Estanislao del Campo, donde ocho trabajadoras fueron reincorporadas luego de un proceso judicial. Ahora, la discusión está vinculada con el reintegro de sumas descontadas. Según detalló, la Justicia ordenó la retención del 5% de la coparticipación del Municipio hasta cubrir aproximadamente 82 millones de pesos.

También, está pendiente una resolución del Superior Tribunal de Justicia por el caso de dos trabajadores de Villa Escolar a quienes, según ATE, deben devolverse salarios descontados. El monto supera los cuatro millones de pesos.

Más allá de los procesos judiciales, Villasanti cuestionó la situación salarial de los trabajadores municipales de la provincia.

“En general, nadie está bien. Y menos los trabajadores municipales, que tenemos el sueldo más bajo que existe en la provincia”, afirmó.

El dirigente señaló que el impacto de las tarifas de servicios básicos agravó la situación. “Tenemos casos que la mitad del sueldo se va para pagar la luz”, sostuvo, y mencionó también los aumentos registrados en el gas y el agua.

En paralelo, ATE impulsa proyectos vinculados con los trabajadores estatales y municipales, entre ellos una iniciativa para establecer una ley de paritarias y otra relacionada con el pase a planta permanente de trabajadores jornalizados.

Al referirse a los conflictos que el gremio lleva adelante en distintos municipios, Villasanti sostuvo que durante años los empleados del interior atravesaron situaciones similares sin contar, según su visión, con herramientas suficientes para reclamar.

“Antes que ATE aparezca por esos lugares, lo hicieron siempre. Entonces, ahora se encontraron con que alguien le pone el cascabel al gato”, afirmó.

El dirigente aseguró finalmente que el gremio continuará con presentaciones administrativas y judiciales en distintos organismos y municipios de la provincia cuando no obtenga respuestas favorables

La Policía, apostada en el Control Caminero Acceso Sur, detectó una importante cantidad de mercaderías de distintos rubros que eran transportadas en una camioneta y, tras verificar la documentación presentada, procedieron al secuestro de los productos por disposición de la autoridad judicial competente.

El procedimiento se concretó el martes último, alrededor de las 12, cuando los uniformados demoraron la marcha de una camioneta Toyota en la que viajaban dos personas oriundas de la provincia del Chaco.

Durante la inspección del rodado, los policías observaron que, en la caja, cubierta con una lona, transportaban distintos tipos de mercaderías. Ante esta situación, el conductor exhibió dos facturas para acreditar la procedencia de los productos.

Los efectivos dieron intervención al auxiliar fiscal, quien dispuso verificar la documentación presentada. Como resultado de las averiguaciones, se constató que una de las facturas exhibidas no se encontraba registrada.

Ante esta irregularidad, se procedió al secuestro de los elementos transportados, entre ellos una heladera, una cocina, un televisor, un equipo de sonido y un aire acondicionado, además de otros productos.

Finalmente, personal de la Subcomisaría Puente Uriburu labró el correspondiente Acta de Infracción Aduanera, mientras que las actuaciones y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad competente.