La recepción oficial del Pontífice se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, y allí estarán presentes gobernadores, diputados, senadores nacionales y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La convocatoria fue definida por la Casa Rosada y, según fuentes oficiales, no contempla a quienes ejercieron anteriormente la jefatura de Estado.

La decisión se conoció durante los preparativos para la primera visita de León XIV a la Argentina desde el comienzo de su pontificado y despejó las versiones sobre una eventual participación de los ex-presidentes en las actividades protocolares.

El obispo sostuvo en una entrevista radial que el pontífice encontrará un país que busca superar sus dificultades, aunque con necesidades sociales que requieren respuestas. “Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”, expresó.

Braida planteó la importancia de “alentar la participación” y generar propuestas que permitan ampliar las posibilidades de empleo, enfrentar las adicciones y mejorar las oportunidades de desarrollo de la población.

Consultado sobre la situación social, señaló que hay personas que recurren a distintas instituciones para cubrir necesidades cotidianas, como la alimentación, y valoró la tarea de quienes trabajan solidariamente para asistirlas.

Sin embargo, sostuvo en diálogo con Radio 10 que esa ayuda debe estar acompañada por herramientas que permitan a las personas participar activamente en la sociedad. “El desarrollo requiere la promoción humana”, afirmó, y vinculó ese objetivo con el acceso al trabajo.

El titular de la Pastoral Social también consideró necesaria “una democracia más participativa que involucre a todos” en la elaboración de propuestas para superar los problemas del país.

En ese marco, destacó el concepto de justicia social y su relación con la responsabilidad colectiva. “La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos”, sostuvo.

Sobre la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, Braida expresó su expectativa por el mensaje que transmitirá el pontífice y convocó a prepararse para escucharlo.

“El Papa viene para todos los argentinos”, afirmó, y señaló que esa invitación comprende a creyentes y no creyentes y a personas de distintas pertenencias políticas.

El obispo indicó que desde La Rioja se organizan viajes para participar de las actividades y que quienes no puedan trasladarse se preparan para seguir las celebraciones en comunidad. “Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda”, expresó.

El rol de Braida durante la visita del Papa

Braida será el encargado de abrir formalmente el encuentro y presentar la jornada ante el Pontífice: “Me toca a mí presentar ante el Papa ese encuentro. Simplemente presento el encuentro agradeciéndole a él porque en su última encíclica toca el tema laboral específicamente y los cambios que sufre con las nuevas tecnologías; también plantearle la preocupación por la cuestión de la desocupación en el país y remarcar que todos los que están allí son personas que están apostando a un mundo mejor, donde haya más trabajo para todos, especialmente para las nuevas generaciones”.

La dinámica de la audiencia consistirá en la presentación de cinco testimonios de actores del ámbito productivo. Al respecto, Braida señaló que, si bien la selección final de oradores responde a diversos sectores nacionales, la Provincia contará con presencia en el auditorio: “Se propuso gente de distintos ámbitos, también de aquí, de La Rioja. Los testimonios son de distintos sectores”.

La actividad oficial del obispo riojano comenzará la tarde del domingo (ocho de noviembre) en el Palacio San Martín, donde integrará la recepción oficial junto a la Comisión Ejecutiva —encabezada por Monseñor Marcelo Colombo—, miembros de la Comisión Permanente y autoridades nacionales, provinciales y legislativas.

El lunes por la mañana asistirá al predio de Claypole, donde el Santo Padre mantendrá un encuentro con el sector de la discapacidad y las instituciones de acompañamiento. Tras el acto con el mundo del trabajo en la UCA, Braida participará a última hora de la tarde en el rezo de Vísperas, en la Catedral de Buenos Aires junto a los equipos sinodales.

En ese marco, confirmó que una delegación de tres riojanos integrará el grupo de referentes de la dimensión sinodal de la Iglesia. Posteriormente, tras un homenaje al Papa Francisco en el mismo templo, los obispos mantendrán una cena compartida con León XIV, espacio que Braida definió como el momento de contacto más directo de la Conferencia Episcopal con el Pontífice.

La agenda continuará el martes (10 de noviembre) con el traslado de la comitiva episcopal a Córdoba para la misa masiva y el encuentro con los consagrados, la posterior vigilia joven en Buenos Aires y la celebración final en el Santuario de Luján.

La vivencia personal de Monseñor Braida ante esta visita pontificia se inscribe en un recorrido de fe que comenzó en su juventud: “Pasaron 39 años de la última visita de un Papa a la Argentina. Cuando vino Juan Pablo II yo estaba en Córdoba y fuimos a hacer cordón los jóvenes de la iglesia de los Capuchinos en la avenida Vélez Sarsfield. Teniendo 19 años pude verlo pasar por lo menos y participar de una misa”, recordó Braida.

“Hoy para mí es muy significativo porque los obispos somos los colaboradores directos del Papa; es una gracia muy grande que viene a confirmar y animar el camino cotidiano”, expresó el Obispo de La Rioja.

Asimismo, Braida recordó sus intercambios previos con el Papa Francisco durante los sínodos y tras su ordenación episcopal, destacando una charla en la que el Papa de la época evocó la figura del Mártir Enrique Angelelli y su compromiso con el Concilio Vaticano II en La Rioja.

La obra está a cargo de Juan Carlos Pallarols, quien lleva diez meses dedicado a su fabricación. A sus 83 años, el reconocido artesano impulsó una iniciativa colectiva para que personas de distintos puntos del país participaran del proceso con pequeños golpes de martillo sobre la pieza.

“Lo estamos haciendo para él y se lo vamos a entregar a él”, asegura el orfebre desde su taller, ubicado en el casco histórico porteño.

«La primera medida es suspender embargos de ARCA hasta mayo del año que viene», enumeró Caputo al presentar el paquete durante un discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolló este martes en el Golden Center porteño. El objetivo, dijo, es que esto «les dé margen para ordenar sus cuentas».

«La segunda medida es extender el plan de 18 cuotas sobre lo que eran deudas con ARCA, que vencían el 30 de junio. Se extiende hasta el 31 de octubre. Para que tengan más holgura financiera», continuó Caputo y destacó que «nuestra consolidación fiscal nos permite hacer estas cosas de enorme beneficio».

En su discurso, Caputo hizo un repaso de lo logrado hasta el momento y comenzó la parte de los anuncios con un elogio al sector empresario del país y agregó que el modelo de competitividad es el que efectivamente servirá para salir adelante. “Eso depende mucho de cada uno de ustedes, de animarse a invertir, a competir y a que eventualmente les vaya mal”, subrayó. Y agregó: “Puede pasar, pero es parte de cómo crecen los países y las industrias”.

Caputo afirmó que las dificultades para ampliar el crédito no responden únicamente a la disponibilidad de pesos, sino a la incertidumbre y al descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos de mayor duración. En ese sentido, sostuvo que el objetivo oficial es dar mayor previsibilidad al sistema financiero y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas.

El ministro también señaló que las pymes enfrentan costos elevados para financiar capital de trabajo. Sobre ese punto, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez que estas hayan sido conformadas, una herramienta que permitiría a los proveedores acceder a tasas menores que las bancarias.

Asimismo, anunció dentro del paquete el uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. En ese sentido, las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros. Y las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.

Finalmente, enumeró créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.

Impuestos a los Sellos

En tanto, Caputo anunció que están en diálogo con varios gobernadores para proponerles eliminar el impuesto a los sellos y señaló que desde el Gobierno nacional están dispuestos a hacerse cargo de pagarle a las provincias adheridas al RIGI o al REOR la mitad de lo que se recauda por ese impuesto, «a cambio de que las provincias resignen la otra mitad».

«Es un esfuerzo enorme para nosotros», afirmó el ministro y marcó que el impuesto a los sellos «es muy nocivo», porque «impacta directamente en el bolsillo de la gente». Según detalló, recauda «entre 4 y 5 billones de pesos al año».

Entre los denunciantes se encuentran Leonardo Jara, quien habría aportado US$520.000; Ezequiel Cerutti, con US$320.000; Lucas Rodríguez, con US$180.000; Gonzalo Maroni, con US$170.000; Juan Francisco Brunetta, con US$105.000; Alejandro Gastón Mena, con US$110.000; y Facundo Fraga, que habría invertido US$ 720.000. La causa también incluye a otros particulares que aseguran haber entregado dinero para participar del mismo emprendimiento.

La propuesta consistía en adquirir inmuebles en Baltimore, realizar las refacciones necesarias y luego ponerlos en alquiler. Los responsables del negocio se encargaban, según lo ofrecido, de administrar todo el proceso para que los inversores recibieran una renta sin tener que ocuparse de las tareas. Para generar confianza, organizaron reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, además de recorridas por las propiedades en Estados Unidos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los inversores comenzaron a advertir diferencias entre lo prometido y el estado real de los inmuebles. En algunos casos encontraron viviendas abandonadas, con obras inconclusas o problemas estructurales; en otros, detectaron deudas, ocupaciones y dificultades vinculadas con permisos y registros. También denunciaron que los pagos por alquileres, que inicialmente se habían realizado, comenzaron a presentar irregularidades hasta interrumpirse entre fines de 2023 y 2024.

La presentación judicial también alcanza a Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galletti, que habría invertido US$79.000 y participado en el acercamiento de algunos jugadores al proyecto. A ese reclamo se sumaron otros tres particulares: Héctor Remorini, Pablo Tomás y María Laura Maill, que denunciaron pérdidas por unos US$ 475.000. De esta manera, el monto total reclamado por los distintos damnificados supera los US$ 2,6 millones.

La investigación apunta a un grupo de socios comerciales y otras personas vinculadas con la administración del emprendimiento. Entre las firmas mencionadas aparece FPBC LLC, presentada como parte de la estructura utilizada para desarrollar las operaciones inmobiliarias. Los denunciantes sostienen que confiaron sus ahorros a quienes ofrecían encargarse de las compras, las remodelaciones y la posterior explotación de las viviendas.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. El abogado Ignacio Fernández Camillo representa a parte de los damnificados y solicitó distintas medidas para reconstruir el circuito del dinero, determinar el destino de las inversiones y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Entre las medidas solicitadas figuran declaraciones testimoniales, auditorías contables y pedidos de información societaria e impositiva. También se pidió investigar un fideicomiso familiar denominado Plastigones, constituido en abril de 2024, que habría incorporado cuatro propiedades ubicadas en City Bell, La Plata, General Belgrano y Beccar. La fiscalía ya convocó a denunciantes y requirió documentación para avanzar con el expediente.

Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial y todavía deben ser probadas. La Justicia deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta, cómo se administraron los fondos entregados por los inversores y qué ocurrió con las propiedades adquiridas en Estados Unidos. Mientras tanto, los damnificados buscan recuperar el dinero que aseguran haber perdido en un negocio que prometía ingresos mediante alquileres y terminó convertido en un conflicto millonario.