Además, denunció que una mujer de 81 años quedó con restricciones para acceder en vehículo a su domicilio. La comuna, en tanto, había señalado que los terrenos se encuentran bajo su administración
El operativo de clausura y desalojo de tres locales gastronómicos ubicados en la zona conocida como el Mercadito generó un nuevo conflicto entre familias que ocupan el sector y la Municipalidad de la ciudad. En las últimas horas, Adriana Estigarribia, nieta de una de las mujeres afectadas, cuestionó el procedimiento y puso en duda las facultades del municipio sobre los terrenos.
En declaraciones a La Mañana, Estigarribia explicó que es nieta de Abelina Figueroa, de 81 años, quien reside desde hace 37 años en un inmueble ubicado sobre la calle San Martín al 1032. Según explicó, la vivienda fue adjudicada originalmente a su abuelo, un trabajador ferroviario, y la familia cuenta con documentación que, según afirmó, acredita aquella adjudicación y la permanencia en el lugar durante décadas.
El planteo de la familia se centra particularmente en la situación dominial de los terrenos. Según sostuvo Estigarribia, se trata de tierras que continúan perteneciendo al Estado Nacional y que no habrían sido cedidas a la Municipalidad ni a la Provincia.
La mujer explicó que realizó una consulta ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a raíz de la documentación presentada durante un trámite de habilitación comercial.
De acuerdo con su relato, desde el municipio le comunicaron que debía dirigirse al organismo nacional correspondiente porque el terreno pertenece al Estado Nacional, aunque en la misma notificación se indicó que la Municipalidad tendría la “tenencia y custodia” del predio.
Para Estigarribia, esa situación genera una contradicción que debe ser aclarada. “Quiero saber hasta dónde es el alcance de la Municipalidad” sobre terrenos que, según la documentación que exhibe la familia, continúan siendo nacionales, sostuvo.
La entrevistada también cuestionó que el procedimiento realizado sobre los locales haya sido presentado exclusivamente como una cuestión bromatológica.
Según relató, después de la clausura y secuestro de elementos comenzaron a colocarse vallas y rejas en el sector. Horas más tarde, agregó, se habría difundido la intención de convertir el lugar en un espacio gastronómico.
“Nosotros decimos que no es bromatológico la cuestión, es otro el tema”, manifestó Estigarribia, quien vinculó el operativo con un eventual proyecto de recuperación del predio por parte de la Municipalidad.
En ese sentido, aseguró que cuentan con un video en el que personal municipal habría manifestado que el intendente pretendía “recuperar estos terrenos” y que ya se estaba avanzando con la recuperación de todo el predio.
Reclamo
Uno de los principales reclamos de la familia está relacionado con las dificultades que, según denunció, enfrenta actualmente Figueroa para ingresar con un vehículo hasta su domicilio.
Estigarribia señaló que efectivos policiales impiden el ingreso vehicular al sector y cuestionó que no se haya contemplado la situación de una persona de 81 años que debe trasladarse periódicamente para realizar consultas médicas.
“Mi abuela sigue viviendo acá”, aclaró la mujer, al explicar que el desalojo alcanzó principalmente al local comercial ubicado en el frente de la vivienda, mientras que la familia continúa ocupando el inmueble.
Según afirmó, en el sector también permanecen otras familias vinculadas históricamente a trabajadores ferroviarios y sostuvo que al menos otra familia habría sido desalojada de un inmueble cercano.
Denuncia por usurpación
Otro de los puntos que preocupa a la familia es que, según relató Estigarribia a este Diario, la Municipalidad habría informado que existe una denuncia por usurpación contra su abuela.
La nieta cuestionó esa situación y recordó que la familia lleva 37 años en el lugar, con una ocupación que, según aseguró, fue pública, pacífica e ininterrumpida. También mencionó que durante todo ese tiempo se abonaron servicios como electricidad y agua.
La familia sostiene además que existen antecedentes documentales vinculados con la adjudicación de la vivienda por parte del ferrocarril.
Estigarribia explicó que su abuelo había iniciado un proceso para adquirir el inmueble luego del cierre definitivo del ramal C25, ocurrido en la década del 90. El trámite, según relató, quedó interrumpido posteriormente y, tras el fallecimiento de su abuelo en 2012, la situación debía ser continuada a nombre de su esposa.
En la Justicia
Actualmente, la familia asegura haber iniciado un nuevo trámite ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado para intentar regularizar la situación del inmueble.
Estigarribia explicó que su abuela fue incorporada a un programa de regularización de inmuebles estatales y que cuentan con documentación relacionada con los antecedentes de la vivienda.
En paralelo, cuestionó el procedimiento municipal realizado sobre el local comercial. Según denunció, durante el operativo se retiraron ventiladores de techo, cocinas y otros elementos que, a su entender, no estarían comprendidos dentro del secuestro de materiales gastronómicos.
La mujer planteó que será la Justicia la que deberá determinar si el procedimiento se ajustó a la orden impartida o si se produjo un avance sobre bienes que no correspondían.
“Se escudaron a través de la orden de un juez que dice secuestro y quisieron hacer un desalojo”, sostuvo.
Estigarribia también reclamó que, si la Municipalidad pretende controlar las condiciones de los comercios instalados en el sector, debería aplicar los mismos criterios a todos los establecimientos ubicados en las inmediaciones, incluidos los locales comerciales que funcionan sobre las veredas.
“Una ordenanza o un proyecto no puede venir a privarme de mis derechos como ciudadana”, afirmó.