El magnate compartió este lunes un gráfico que señala que 14 países corren el riesgo de perder el 90% o más de sus habitantes en un plazo de 100 años, si no aumentan las tasas de fertilidad o cambian otros factores que inciden en la evolución demográfica.

La publicación original sostiene que las tasas de fertilidad son tan abstractas, que resulta difícil comprender la magnitud de la caída poblacional proyectada. El gráfico relaciona ese escenario con niveles de fecundidad muy inferiores a los 2,1 hijos por mujer que se consideran necesarios para mantener estable una población a largo plazo.

La decisión quedó formalizada este lunes mediante la resolución 366 y constituye la sanción más grave prevista para el empleo público nacional.

Según la investigación del medio «Bichos del Campo», la medida concluye un sumario iniciado en diciembre de 2023 y se fundamenta en la presunta violación de dos prohibiciones de la ley marco de empleo público: utilizar las facultades del cargo para fines ajenos a la función y hacer un uso indebido del patrimonio estatal.

Según el Consejo Directivo, las irregularidades incluyeron la participación de una persona retirada del organismo en el manejo de información reservada y decisiones vinculadas con los fondos del proyecto.

Uno de los cuestionamientos se relaciona con José Luis Costa, investigador retirado del INTA y conviviente de Aparicio desde septiembre de 2005, según las declaraciones juradas incorporadas a su legajo. La resolución sostiene que la investigadora utilizó sus atribuciones de coordinación para otorgarle una participación particular en la conducción del estudio y en la inspección de datos reservados, sin autorización institucional ni una formalización que permitiera evaluar el conflicto de intereses.

El documento también señala que Costa no mantenía un vínculo institucional vigente con el INTA, aunque figuraba en la documentación entregada a los voluntarios como una de las personas habilitadas para inspeccionar datos, incluso sin codificar. Para el Consejo Directivo, esa participación no contaba con las autorizaciones correspondientes.

Otro eje de la sanción fue el manejo de los fondos europeos que ingresaron a la contabilidad del organismo. La resolución registra ingresos por $5.661.483,83, egresos por $5.527.359,58 y un saldo de $134.124,25. Entre los gastos menciona un pago de $1.688.445,82 a la empresa World Courier, realizado en julio de 2022 para enviar muestras a los Países Bajos.

Sin embargo, el propio Consejo Directivo aclaró que esos montos no constituyen, por sí solos, una prueba de un perjuicio fiscal equivalente y que su existencia y cuantía no fueron determinadas de manera fundada en el procedimiento. La resolución sostiene que el uso indebido de bienes y recursos públicos puede constituir una falta por sí misma, sin que necesariamente deba demostrarse un daño económico, una apropiación o un beneficio personal. También cuestionó que Aparicio impulsara la centralización de los análisis en el exterior sin la autorización institucional exigible.

La lista de observaciones incluye diferencias en la integración de los participantes del estudio y en los mecanismos de evaluación ética. Según el organismo, Aparicio reemplazó el comité de ética previsto en el acuerdo de subvención por el del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin someter la decisión a los órganos correspondientes del INTA. Además, señaló discrepancias entre el protocolo original, que contemplaba 72 participantes distribuidos en tres grupos de 24, y una presentación de junio de 2023 que mencionaba 20 productores, 28 vecinos y 25 consumidores.

Aparicio había solicitado la nulidad del sumario y denunciado indefensión y trato discriminatorio, pero el Consejo Directivo rechazó sus planteos al considerar que se había respetado el procedimiento y garantizado su defensa con asistencia letrada. También desestimó que el conocimiento o la conformidad operativa de Violette Geissen, coordinadora general del consorcio, fueran suficientes para formalizar las decisiones cuestionadas. Aunque reconoció la ausencia de un beneficio económico acreditado y de antecedentes disciplinarios, sostuvo que esas circunstancias no justificaban atenuar la sanción.

La resolución también incorporó referencias a los resultados científicos del proyecto. Citó el documento D2.4 de SPRINT, publicado el 28 de febrero de 2023, que indicó que ninguna de las ingestas calculadas de glifosato superó la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos estudiados. Según ese informe, los niveles estimados no deberían representar un riesgo potencial para la salud bajo ese criterio, aunque los autores advirtieron que los datos sanitarios disponibles no eran adecuados para realizar un análisis epidemiológico.

El sumario alcanzó a otros trece agentes del INTA. Facundo Quiroz, director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, recibió quince días de suspensión, mientras que Eduardo De Gerónimo fue sancionado con 25 días. Los demás fueron eximidos, entre ellos Horacio Berger. Además, el Consejo Directivo ordenó comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción ante la eventual configuración de delitos de acción pública y solicitó un informe sobre la liquidación del acuerdo de subvención para evaluar si corresponde iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Los datos surgen de una encuesta realizada por la consultora QSocial el lunes 26 de octubre, un día después de la segunda vuelta electoral brasileña. El relevamiento incluyó a 1.100 personas de todo el país y mostró que solo el 16% se opone a que Milei reconozca la reelección de Lula, mientras que otro 16% no expresó una postura definida.

En cuanto a la posibilidad de recomponer los vínculos bilaterales, el 62% de los consultados considera que el Gobierno argentino debería tomar la iniciativa. En cambio, el 16% está en desacuerdo y el 22% no sabe qué posición adoptar.

Qué opinan los votantes de Milei, Bullrich y Massa

El estudio también analizó las respuestas según el voto presidencial de 2023 y encontró que el reclamo de reconocimiento al mandatario brasileño se extiende a distintos sectores del electorado.

Entre quienes eligieron a Patricia Bullrich en la primera vuelta, el 72% considera que Milei debería reconocer el resultado electoral de Brasil. A su vez, el 80% cree que el Presidente tendría que dar el primer paso para recomponer las relaciones diplomáticas.

Entre los votantes de Milei, el 37% sostiene que debería reconocer la victoria de Lula, mientras que el 41% considera necesario que su Gobierno impulse la normalización del vínculo bilateral.

La posición es más contundente entre quienes votaron a Sergio Massa: el 99% reclama que el mandatario argentino reconozca la reelección de Lula y el 89% respalda la iniciativa de acercamiento diplomático.

Rechazo a la intervención electoral y al trato al periodismo

La encuesta también midió la opinión pública sobre otras conductas del Presidente. En ese sentido, el 65% de los participantes manifestó su rechazo a que Milei intervenga en procesos electorales de otros países, frente a un 18% que respaldó esa postura.

Por otra parte, el 69% desaprueba la manera en que el mandatario se relaciona con el periodismo, mientras que el 25% está de acuerdo con su comportamiento.

Al desglosar las respuestas según las preferencias electorales de 2023, el 37% de los votantes de Milei cuestiona su trato hacia la prensa. Entre quienes eligieron a Bullrich, la desaprobación llega al 64%, mientras que entre los votantes de Massa alcanza el 99%.

La relación con otros países, por encima de las diferencias ideológicas

Otro de los puntos abordados fue la importancia de mantener buenas relaciones internacionales independientemente de la orientación política de los gobiernos.

Ante esa consulta, el 70% de los encuestados se manifestó a favor de priorizar los vínculos diplomáticos por encima de las diferencias ideológicas. En contraposición, el 18% consideró que el Presidente debería marcar sus diferencias políticas, incluso si eso perjudica las relaciones con otros países.

Esta postura también cuenta con el respaldo de una parte del electorado oficialista: el 53% de quienes votaron a Milei en 2023 cree que es necesario privilegiar las buenas relaciones internacionales, más allá de las diferencias ideológicas.

Entre los votantes de Bullrich, el apoyo a esa posición llega al 71%, mientras que entre quienes eligieron a Massa asciende al 88%.

Muestra que las opiniones sobre la importancia de la visita papal están divididas. El 49,3% de los encuestados la considera algo o muy importante, mientras que el 50,7% la califica como poco o nada importante.

Las diferencias se hacen más evidentes al analizar las respuestas por edad. Entre las personas de 50 años o más, el 58,3% considera relevante la visita, frente al 39,8% de los jóvenes de entre 16 y 29 años. Por género, el 53,7% de las mujeres le atribuye importancia, mientras que entre los varones el porcentaje alcanza el 44,5%.

La brecha más significativa se observa según el lugar de residencia. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 35,5% considera importante la llegada del Papa, mientras que en el resto del país la proporción asciende al 56,2%. La diferencia entre ambas regiones es de 20,7 puntos porcentuales.

Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, sostuvo: «La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales”.

Las diferencias generacionales en el acercamiento a la religión

La posibilidad de que la visita de León XIV incentive un mayor vínculo con la religión o la espiritualidad también presenta diferencias entre los grupos etarios.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 27,6% considera que ese acercamiento podría ser mucho o bastante significativo. La cifra aumenta al 39% entre las personas de 30 a 49 años y llega al 38,4% en el grupo de 50 años o más.

Las respuestas también varían según el género. El 42,2% de las mujeres espera un mayor acercamiento religioso o espiritual a partir de la visita, frente al 28% de los varones.

En cuanto a la distribución territorial, el 22,1% de los habitantes del AMBA considera posible ese acercamiento, mientras que en el resto del país el porcentaje alcanza el 42,1%. La diferencia entre ambos grupos es de 20 puntos porcentuales.

La pobreza, la principal prioridad del pontificado

Al ser consultados sobre los asuntos que debería atender prioritariamente León XIV, los encuestados ubicaron a la pobreza en el primer lugar, con el 43,2% de las respuestas. La paz internacional quedó en segundo puesto, con el 20,6%. En conjunto, ambas problemáticas concentran el 63,8% de las preferencias.

En posiciones posteriores aparecen la transparencia de la Iglesia, con el 9,7%; las migraciones, con el 6,9%; y el medio ambiente, con el 5,1%.

Otros temas obtuvieron porcentajes menores: la doctrina reunió el 4,6%; los abusos sexuales, el 4,2%; y la familia, el 2,9%. La inteligencia artificial alcanzó el 1,7%, mientras que el diálogo interreligioso registró el 1%.

La preocupación por la pobreza tiene una presencia destacada entre los jóvenes, con el 49,2% de las respuestas. También sobresale entre las personas con menor nivel educativo, con el 45%, y entre los residentes del AMBA, donde llega al 50,9%.

El estudio expone una diferencia particular: los jóvenes son quienes menos importancia le otorgan a la visita papal y quienes menos esperan que esta los acerque a la religión o la espiritualidad. Sin embargo, también constituyen el grupo que más reclama que el pontífice centre su atención en la pobreza.

De este modo, la menor valoración de la visita o el distanciamiento de las instituciones religiosas no necesariamente suponen indiferencia ante los problemas sociales ni frente al papel que puede desempeñar el Papa en el ámbito público.

La paz internacional ocupa el segundo lugar

La paz internacional se posicionó como la segunda prioridad que debería tener el pontificado, con el 20,6% de las respuestas. Su importancia, no obstante, varía de acuerdo con la edad de los participantes.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 12% mencionó esta cuestión. El porcentaje asciende al 24,8% entre las personas de 30 a 49 años y alcanza el 23,6% entre quienes tienen 50 años o más.

Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina, afirmó: “Los resultados de este relevamiento muestran que las expectativas sobre León XIV se concentran en su capacidad de intervenir frente a los grandes desafíos sociales y globales. Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado”.

El evento, que se realizará en Plaza de Mayo, fue impulsado por todos los miembros que conforman esta agrupación, sin banderas políticas, pero acompañados por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

Durante la jornada regalarán unos 1000 pares de zapatos como forma de protesta por lo que denuncian como una crisis que atraviesa la industria.

«Con los dueños de Nazaria y de Be Sexy Calzados nos juntamos para ver qué podíamos hacer porque no le encontrábamos la vuelta. La situación cada vez estaba peor y pensamos en citar a otros 20 fabricantes de calzado. Cuando hicimos la primera reunión nos dimos cuenta que todos estábamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones, y con todo el contrabando que está viniendo del norte que es increíble… no estábamos vendiendo nada y decidimos movilizarnos«, relató Lito Albano, fabricante y dueño de la firma Luna Chiara.

En la misma línea, contó que de esa primera reunión se armó un grupo de 450 personas y llegaron a juntarse entre 600 y 700; posteriormente, tuvieron una reunión con la CIC que los empezó a acompañar «en todo lo que decidieran», sobre todo en la parte legal.

Más tarde, se sumó UTICRA debido a que los empleados de cada una de las fábricas que conforman Zapateros Unidos «los estaban acompañando», y recibieron, también, el respaldo de la diputada nacional Luciana Potenza (Partido Justicialista) «que el miércoles va a presentar una ley a favor del sector» y el diputado provincial Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) «que redactó una ley a favor del calzado y en contra de la ley antidumping que vence el 14 de diciembre«.

Luego del zapatazo solidario, realizarán una conferencia de prensa cerca de la Plaza de Mayo, en Perú 322, donde estarán presentes los fabricantes, el sindicato y la Cámara del Calzado «para informar una movida nacional«, que podría realizarse el 17 o 19 de noviembre.

«Estamos haciendo de todo. Nosotros no somos un partido político ni nada que se le parezca, sino que somos fabricantes que estamos pidiendo poder vender. A su vez, tenemos que estar adentro de nuestra fábrica y todo nos cuesta el doble. Hacemos un sacrificio enorme, pero creo que vale la pena», concluyó Albano.

La protesta se desarrolla en medio de una fuerte preocupación por la situación de la industria del calzado. En un comunicado conjunto, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) y las cámaras empresariales de todo el país advirtieron sobre las consecuencias del aumento de las importaciones, el contrabando y la contracción de las ventas.

Las organizaciones aseguran que más de 200 establecimientos cerraron como consecuencia de la crisis, con la correspondiente pérdida de empleos.

Tras el choque, se desplegó un amplio operativo de emergencia con personal del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad. Los equipos sanitarios asistieron a los heridos, que fueron trasladados a distintos centros de salud porteños. Según la información oficial, ninguno presentaba lesiones de gravedad, aunque dos pacientes derivados al Hospital Penna tenían traumatismos de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Cómo fue el accidente y a qué incendio se dirigía la autobomba

De acuerdo con los datos difundidos, el camión pertenecía al Cuartel Parque Patricios II y se dirigía a un incendio registrado en Bulnes al 600, en el barrio de Almagro. El fuego se había iniciado en la cocina de un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de planta baja y 13 niveles, donde las llamas afectaron un lavarropas. El foco ígneo fue controlado por los equipos de emergencia.

Entre las diez personas heridas hay seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y un ocupante del vehículo particular. Los traslados se distribuyeron entre los hospitales Argerich, Penna, Ramos Mejía y Piñero. El operativo contó con la intervención de varias dotaciones y móviles sanitarios, mientras se asistía a los afectados por el choque ocurrido durante el desplazamiento de la autobomba hacia el incendio.

Según informaron medios locales, la niña señaló al hombre como el responsable de los abusos. Tras conocer su relato, el fiscal Guillermo Farías dispuso su detención inmediata y las autoridades lograron localizarlo. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y reunir las pruebas necesarias para avanzar con la causa. Por tratarse de una víctima menor de edad, el caso requiere especial protección de su identidad y un abordaje judicial que evite su revictimización.

La abuela de la niña, identificada como Norma, habló con Noticiero 7 y recordó que nunca había confiado en la pareja de su hija, Andrea, cuando se lo presentó como su compañero. Durante la entrevista, la mujer expresó su deseo de que el acusado permanezca detenido y relató que ella misma sufrió abusos durante su infancia. Su testimonio puso de manifiesto el impacto familiar del caso y el dolor que atraviesan quienes acompañan a la menor en medio de la investigación judicial.

“Que se haga justicia y que nunca lo larguen porque yo he pasado lo mismo que le ha pasado a la nena, lo he pasado cuando tenía 8 años y yo sé lo que se sufre”, declaró Norma al medio santiagueño. La mujer también manifestó su indignación ante lo ocurrido y reclamó que el caso no quede impune. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades penales del detenido y garantizar la protección integral de la niña.

La precaria construcción rural está ubicada a unos 150 metros de la Escuela Rural N.º 626, en el paraje El Malezal, donde la mujer trabajaba como directora. Las prendas serán sometidas a pericias de ADN para establecer si pertenecían a la maestra, según fuentes judiciales.

Los investigadores todavía deben determinar si la ropa está total o parcialmente quemada y si conserva material biológico que permita avanzar en la identificación. Los cotejos estaban previstos para este lunes, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido antes de la desaparición.

El hallazgo se suma a otros procedimientos realizados en las inmediaciones de la escuela y en domicilios vinculados con personas imputadas en la causa, aunque hasta el momento no se informó oficialmente que alguno de esos elementos haya permitido localizar el cuerpo de Godoy.

Entre las medidas recientes también figura la inspección de tres pozos de agua cercanos al establecimiento rural, realizada el pasado viernes por personal especializado en un operativo que requirió precaución, debido a la antigüedad de las estructuras y, hasta la información difundida, no se habían comunicado sus resultados.

Además, en un allanamiento en la vivienda de Rosa Leguizamón, otra de las imputadas, se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente, prendas que fueron exhibidas ante sus familiares para intentar reconocerlas.

La investigación tiene cinco detenidos con distintas imputaciones. Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

En la casa de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que también fueron enviados a peritar. Por ahora, no se informó que los análisis hayan confirmado una relación directa entre esos objetos y la desaparición de Godoy.

Los cinco acusados quedaron bajo prisión preventiva por decisión del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, quien hizo lugar a los pedidos de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González durante las audiencias del 23 y el 24 de octubre. La representación de Leguizamón solicitó prisión domiciliaria debido a que tiene tres menores a cargo, pero el planteo fue rechazado. Por su parte, la defensa de Rojas cuestionó la existencia de riesgos procesales suficientes para justificar la detención, mientras que la de Zarza manifestó su oposición a la resolución y pidió impugnarla.

En el caso de Zarza, los testimonios incorporados al expediente ubican al capataz en la tapera durante las horas previas a la desaparición. Según esos relatos, el hombre trabajaba en la estancia El Curupí y solía beber whisky en esa construcción, donde, de acuerdo con las declaraciones, podía volverse agresivo.