Además, alrededor de 500.000 usuarios utilizaban exclusivamente sus servicios, por lo que quedaron directamente afectados cuando se suspendieron las operaciones. Entre los damnificados hay jubilados, trabajadores de bajos ingresos y pequeños emprendedores que dependían de sus cuentas para cobrar, transferir dinero y administrar sus gastos cotidianos.
La decisión del Banco Central del Paraguay, adoptada el lunes, interrumpió los servicios de la entidad y dejó a sus clientes sin posibilidad de utilizar tarjetas, retirar efectivo, realizar transferencias o disponer de sus depósitos.
La situación provocó una demanda extraordinaria de apertura de cuentas en otros bancos, cuyos sistemas comenzaron a registrar dificultades ante la llegada masiva de nuevos usuarios que necesitaban quedarse sin una herramienta financiera indispensable para realizar pagos y sostener sus actividades.
Las consecuencias se trasladaron rápidamente a la economía cotidiana. La caída del 35% en las ventas comerciales reflejó el efecto de inmovilizar los recursos de una porción significativa de la población. Los pequeños comerciantes y trabajadores independientes que utilizaban Ueno para recibir pagos, comprar mercadería o pagar a proveedores quedaron expuestos a dificultades para mantener sus operaciones.
La crisis, de esa manera, superó el ámbito bancario y comenzó a repercutir sobre el consumo y la actividad económica.
La intervención fue consecuencia de un deterioro patrimonial que había alcanzado niveles incompatibles con las exigencias regulatorias. Según las inspecciones del Banco Central, el índice de solvencia de Ueno Bank había descendido al 5,56%, frente al mínimo obligatorio del 12%. Las autoridades también detectaron deficiencias en los mecanismos de evaluación crediticia, inconsistencias en la documentación utilizada para aprobar préstamos y operaciones de financiamiento de gran magnitud con empresas presuntamente relacionadas con el grupo controlador.
Las irregularidades obligaron a introducir correcciones contables superiores a 1,6 billones de guaraníes. A esto se sumó la imposibilidad de recomponer encajes obligatorios por 70 millones de dólares. La investigación penal avanzó sobre las autoridades de la entidad: la Fiscalía imputó a 27 personas y solicitó la prisión preventiva para el fundador y principal accionista, Miguel Vásquez, mientras que otros directivos quedaron bajo investigación por presuntas maniobras financieras irregulares.
Para los ahorristas, la principal incertidumbre es cuándo podrán recuperar sus depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura equivalente a 75 salarios mínimos, actualmente unos 228,3 millones de guaraníes, alrededor de 38.600 dólares por depositante. El Banco Central anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por persona, aproximadamente 1.675 dólares. El resto de los depósitos cubiertos deberá devolverse mediante un cronograma oficial, mientras que quienes superen el límite de garantía dependerán del proceso de recuperación de activos.
La crisis también comprometió recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones cercanas a 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes a aproximadamente el 9% de su cartera. La entidad administraba, además, el pago de haberes de unos 32.000 jubilados. También quedaron involucrados fondos de la Administración Nacional de Electricidad y de la represa binacional de Itaipú, lo que amplió la preocupación por el alcance del impacto financiero.
Cuál es el problema detrás de la crisis de Ueno Bank
Las consecuencias económicas y sociales también alcanzaron directamente al presidente Santiago Peña, quien había sido accionista de Ueno Holding y mantuvo vínculos empresariales con el grupo hasta marzo de 2025. Las sospechas se profundizaron porque, después de asumir la Presidencia, designó al entonces titular de Ueno Bank, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, organismo encargado de supervisar a las entidades financieras. Carvallo terminó presentando su renuncia en medio del escándalo.
El caso abrió una disputa institucional de dimensiones inéditas para la administración paraguaya. 35 legisladores opositores respaldaron el impulso de un pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, aunque para avanzar con la destitución se necesitaban 53 votos.
La posibilidad de que la iniciativa consiga apoyos dentro del oficialista Partido Colorado agregó presión sobre Santiago Peñao, en medio de las protestas y los reclamos de los ahorristas, quien optó por renunciar a la presidencia
