La posición fue expresada en un comunicado conjunto firmado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

El nucleamiento manifestó su respaldo a la posición del Gobierno respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Al mismo tiempo, acompañó las medidas dirigidas a resguardar los recursos naturales. Fue el canciller Pablo Quirno quien dio a conocer el comunicado de los empresarios.

En su pronunciamiento, el G6 buscó colocar el reclamo por fuera de la confrontación política interna. “La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable”, señaló y remarcó que se trata de una cuestión que “debe unir a todos los argentinos”.

El sector empresario sostuvo que el reclamo debe continuar con firmeza, pero dentro del marco establecido por la Constitución Nacional y el derecho internacional. En ese sentido, ratificó la vía diplomática y la negociación como instrumentos para alcanzar una solución pacífica.

Las organizaciones también destacaron que la defensa del territorio y de los recursos naturales, junto con los intereses estratégicos de la Nación, constituye una responsabilidad colectiva que requiere continuidad independientemente del signo político de cada gobierno.

Preocupación por la explotación de recursos

Dentro del G6, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios fue más allá y expresó por separado su acompañamiento a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei.

La entidad centró su preocupación en una eventual explotación de recursos del subsuelo en las zonas bajo control británico. Frente a esa posibilidad, consideró favorable incrementar la presión sobre aquellas empresas que participen directa o indirectamente de esos proyectos.

La CAC sostuvo que las medidas servirían para desalentar lo que definió como un posible “flagrante expolio al patrimonio nacional” y reclamó que los distintos espacios políticos conformen una posición común ante la cuestión.

Para la cámara empresaria, las diferencias que atraviesan la discusión política doméstica deberían quedar en segundo plano cuando se trata de Malvinas. En respaldo de esa postura, recordó que la Constitución Nacional establece la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes como un objetivo “permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Tanto el G6 como la CAC coincidieron, además, en que el camino debe mantenerse dentro del derecho internacional, la negociación y la diplomacia. De esa manera, el empresariado sumó una señal de respaldo a la estrategia oficial y, al mismo tiempo, reclamó preservar el consenso histórico alrededor de Malvinas como una política de Estado.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas retrocedieron 0,2% interanual en términos reales durante el octavo mes del año, mientras que en la comparación con julio registraron una contracción del 2,7%. De esta manera, la actividad acumula una caída del 2,4% en lo que va de 2026.

El informe atribuyó el desempeño a la reducción del poder adquisitivo disponible como consecuencia, entre otros factores, de los aumentos tarifarios y las deudas familiares. A esto se sumaron el menor movimiento posterior a las vacaciones y una conducta más cautelosa de los consumidores, que concentraron sus compras principalmente en productos indispensables.

Un panorama algo más favorable

Las dificultades también quedaron reflejadas en las respuestas de los comerciantes. El 47,4% aseguró que su nivel de actividad se mantuvo sin cambios respecto del mismo período de 2025, mientras que el 46,5% afirmó que la situación de su negocio empeoró. Este último porcentaje aumentó dos puntos frente al 44,5% registrado en julio.

En el otro extremo, apenas el 6,1% de los empresarios consultados manifestó haber experimentado una mejora en el desempeño de su comercio.

Las perspectivas hacia adelante muestran un panorama algo más favorable, aunque todavía atravesado por la incertidumbre. El 43,9% de las pymes considera que su situación económica se mantendrá sin modificaciones durante los próximos 12 meses, mientras que un 42,8% espera una mejora y el 13,3% anticipa un deterioro.

La cautela se hace todavía más evidente cuando se consulta por las inversiones. El 57,9% de los comerciantes sostuvo que actualmente no es un buen momento para destinar fondos a su empresa, frente a apenas un 13,5% que respondió afirmativamente. Otro 28,6% no tomó posición.

Ganadores y perdedores

El comportamiento, sin embargo, fue dispar entre los distintos sectores. Cuatro de los siete rubros relevados por CAME consiguieron mejorar sus ventas frente a agosto del año pasado.

Perfumería encabezó los aumentos, con una expansión interanual del 12,8%, seguida por Textil e indumentaria, con 6,4%. Calzado y marroquinería avanzó 1,2%, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción prácticamente se mantuvo estable, con una mejora del 0,3%.

Del otro lado, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles sufrió la caída más pronunciada, del 4,8%. También terminaron en terreno negativo Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).

Un dato que contrastó con la dinámica de los locales físicos fue el crecimiento del canal digital. Las ventas online realizadas por comercios que cuentan con establecimientos a la calle aumentaron 17,6% interanual y avanzaron 0,4% respecto de julio.

Compras indispensables

El Día del Niño y otras fechas del calendario comercial permitieron generar cierto movimiento en sectores específicos, principalmente en panificados, indumentaria infantil y regalería. Sin embargo, ese impulso resultó insuficiente para revertir la debilidad general de la demanda.

Según el relevamiento, las familias mantuvieron una conducta de compra cautelosa y fragmentada, privilegiando reposiciones impostergables y productos esenciales. En cambio, siguieron postergándose los bienes durables, el calzado formal y los artículos de mayor valor.

Los comercios también enfrentaron dificultades del lado de los costos. Las actualizaciones de las listas mayoristas, el encarecimiento de los fletes y la competencia de productos importados de bajo precio presionaron sobre márgenes de rentabilidad que ya se encontraban ajustados.

A esto se agregó la dificultad para ofrecer planes de cuotas sin interés, una herramienta tradicionalmente utilizada para impulsar las ventas de bienes de mayor valor. Frente a ese escenario, los comerciantes recurrieron a descuentos por pago al contado, liquidaciones de fin de temporada y promociones bancarias para reducir sus stocks.

 

Las principales consultoras habían anticipado durante las últimas semanas que el IPC se ubicaría por debajo del 2%, impulsado sobre todo por una menor presión de los alimentos y por el final de los factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno.

Ahora, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central confirmó esa tendencia y ubicó la estimación para el mes en 1,7%. El dato definitivo será publicado por el INDEC el jueves 10 de septiembre. Mientras tanto, las mediciones privadas habían mostrado un abanico de proyecciones de entre 1,4% y 1,9%.

Fundación Libertad y Progreso calculó el menor registro, con 1,4%; EcoGo estimó 1,5%; C&T Asesores Económicos, 1,6%; Analytica, 1,7%; y Equilibra, 1,9%. La coincidencia entre las distintas mediciones es que agosto habría dejado atrás el salto del mes anterior y retomado la tendencia descendente que se interrumpió en julio.

El resultado de agosto, que el INDEC dará a conocer esta semana, será la primera señal concreta para medir cuánto de esa mejora puede sostenerse hacia fin de año.

Inflación de agosto: las claves de la baja

Uno de los principales factores detrás de la desaceleración fue el comportamiento de los alimentos y bebidas, un rubro de fuerte incidencia en el IPC. Fundación Libertad y Progreso estimó una suba de apenas 1,1% en esa categoría, mientras que otras consultoras también detectaron una moderación respecto de los meses anteriores. En paralelo, perdió fuerza el efecto de los precios estacionales que habían presionado durante las vacaciones de invierno, sobre todo en turismo, hoteles y pasajes aéreos.

En el Gran Buenos Aires, C&T Asociados calculó una inflación minorista cercana al 1,6%, el nivel más bajo desde agosto del año pasado. La consultora explicó que el menor ritmo de aumento estuvo asociado principalmente a la caída de la incidencia de los componentes estacionales, aunque frutas y verduras volvieron a mostrar subas importantes. Vivienda mantuvo un ritmo cercano al 2,5% y salud avanzó alrededor del 2%, mostrando que la desaceleración no fue homogénea entre los distintos componentes de la canasta.

El REM realizado entre el 27 y el 31 de agosto llevó la estimación de inflación para agosto al 1,7%, una décima menos que en el relevamiento anterior. El cálculo fue desarrollado sobre la base de las respuestas de 35 consultoras y centros de investigación, junto con 12 entidades financieras. Para los próximos meses, sin embargo, los analistas no proyectan una caída abrupta del IPC: esperan una inflación de 1,6% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

 

El episodio ocurrió el viernes, alrededor de las 14.30, en una casa ubicada en 531 bis entre 2 y 3. Greco, titular del Juzgado Correccional N°4 de La Plata, se encontraba con su hijo cuando los asaltantes irrumpieron a cara descubierta.

Uno de los elementos que más inquieta a los investigadores es que los ladrones habrían contado con información previa sobre la magistrada. Según trascendió, le hicieron saber que conocían su identidad y le aseguraron que “la habían batido”.

Los delincuentes exigieron que les indicara dónde estaba una caja fuerte que, según explicó Greco, no existía. En medio de las amenazas, también advirtieron que su hijo “la iba a pasar mal” si no colaboraba.

Uno de los atacantes permaneció vigilando a madre e hijo, mientras sus cómplices revolvieron las habitaciones y la planta alta. También reclamaron joyas y elementos de oro. La jueza les explicó que esos objetos le habían sido sustraídos durante otro asalto sufrido en la misma casa en 2017.

En aquella oportunidad, los delincuentes también parecían manejar información sobre su actividad profesional e incluso uno de ellos la había acusado de enviar a prisión a un familiar. Los responsables de aquel robo fueron posteriormente condenados.

Dinero, transferencias y compras

Esta vez, los ladrones permanecieron dentro de la vivienda hasta cerca de las 16. Se llevaron parte del sueldo de la magistrada, dólares y tres valijas cargadas con distintos objetos.

Además, utilizaron el teléfono celular de Greco para realizar transferencias y emplearon sus tarjetas. De acuerdo con la información conocida, concretaron al menos una compra por unos dos millones de pesos.

Los ataron

Antes de escapar, los delincuentes ataron a la jueza y a su hijo para demorar el pedido de auxilio. Ninguno sufrió heridas, aunque ambos atravesaron momentos de extrema tensión.

La investigación quedó en manos de la DDI La Plata, que analiza cámaras de seguridad y otras evidencias para reconstruir la fuga e identificar a los responsables. Una de las principales hipótesis apunta a establecer cómo los delincuentes obtuvieron información sobre Greco y por qué estaban convencidos de que había una caja fuerte en la propiedad.

Los pesquisas también buscan determinar si la banda estuvo involucrada en otros robos bajo una modalidad similar, caracterizada por el ingreso a través de propiedades linderas, la reducción de las víctimas y la búsqueda específica de dinero.

 

Se trata de SLB, una de las principales empresas globales de servicios petroleros, y Baker Hughes, proveedor internacional de tecnología para el sector energético. Ambas compañías comunicaron este sábado que no participarán ni tienen previsto intervenir en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y sus aguas circundantes.

Ninguna de las dos firmas está actualmente vinculada con Sea Lion, el yacimiento ubicado en la cuenca norte de las Malvinas y operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Cumplimiento de la norma

SLB, fundada en París, con sede en Estados Unidos y operaciones en alrededor de 100 países, explicó que su posición responde a lo dispuesto por el decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

“SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló la compañía.

La firma agregó que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

En la misma línea se pronunció Baker Hughes Argentina S.R.L. La multinacional informó que, en cumplimiento del decreto firmado por Milei, “no participa ni tiene previsto participar” en licitaciones para prestar servicios a emprendimientos hidrocarburíferos en las Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

La compañía destacó además su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y recordó que mantiene desde hace más de 70 años una vinculación con el desarrollo de la industria energética nacional.

Los anuncios se producen después de que el Gobierno avanzara con una serie de medidas destinadas a reforzar los controles sobre las compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas. El decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

La normativa alcanza a los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Entre otros puntos, dispone que los organismos públicos deberán comunicar posibles infracciones dentro de un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado el sumario, los investigados contarán con diez días para realizar su descargo.

Paralelamente, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas y empresas, por su presunta participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Contra accionistas

La Casa Rosada advirtió que las investigaciones no se limitarán a las empresas que desarrollen directamente esas tareas, sino que también podrán alcanzar a sus accionistas y a compañías que les brinden servicios para concretarlas.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho”, sostuvo el Gobierno al anunciar las medidas.

El Ejecutivo aseguró además que el objetivo es enviar “un mensaje claro hacia el mundo” respecto de la posición argentina sobre el archipiélago y advirtió que quienes busquen obtener beneficios económicos mediante actividades que considere contrarias a su soberanía enfrentarán las sanciones previstas por la legislación nacional.

Las decisiones comunicadas ahora por SLB y Baker Hughes representan las primeras repercusiones empresariales conocidas luego de la entrada en vigencia del nuevo esquema impulsado por el Gobierno para endurecer los controles sobre las actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas.

 

El listado incluye directores, accionistas, ejecutivos y firmas internacionales que, según la Secretaría de Energía y la Cancillería, forman parte de actividades consideradas “ilegales” por el Estado argentino, dado que se desarrollan sin autorización del Ejecutivo libertario y en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina. Entre las empresas mencionadas figuran operadoras británicas y socios financieros de proyectos offshore que avanzaron en los últimos años con apoyo del gobierno isleño.

Las sanciones implican prohibiciones de operar en Argentina, restricciones financieras y limitaciones para participar en licitaciones o acceder a permisos energéticos. También se establecen impedimentos para que las personas físicas ingresen al país o mantengan vínculos comerciales con empresas locales. El Gobierno sostuvo que estas medidas buscan “desincentivar la explotación unilateral” de recursos naturales en la zona en disputa.

El documento califica como ilegítimas licenciatarias a las compañías que buscan extraer petróleo de las Malvinas.

Malvinas: el listado de las 45 empresas y personas que el Gobierno quiere sancionar

-Navitas Petroleum Development and Production Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

-Navitas Petroleum Atlantic Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

-Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

–Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Lt— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Meitav Investment House Ltd— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Gideon Abraham Tadmor Cohen — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Yacob Katz — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Jonathan Akiva Sternberg — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Boaz Yoel Cohen Tadmor — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Amit Kornhauser — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

-Rockhopper Exploration (Oil) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

–Noked Capital Ltd — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Aedos Advisers (London) LLP — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

-Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Ion Fund Management Ltd — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Samuel Moody — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

-William Rees Perry — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

–Alan Brimacombe — Accionista de Borders & Southern — Canadá.

-Zila Corporation — Accionista de Borders & Southern — Islas Vírgenes Británicas.

-Interactive Investor Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Mr H Mason — Accionista de Borders & Southern — Origen sin especificar.

-Mr Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

–Mrs Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Halifax Share Dealing Clients — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-JHI Associates Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

-JHI Falklands Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

-Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — Accionista única de JHI — Canadá.

-CIBC Asset Mgt. — Accionista de Eco — Canadá.

-Canaccord Genuity Limited — Accionista de Eco — Reino Unido.

-Avanza Bank Holding AB — Accionista de Eco — Suecia.

-Moshe Peterburg — Accionista de Eco — Israel.

-Askar Alshinbayev — Accionista de Eco — Kazajistán.

-Coronation Fund— Accionista de Eco — Sudáfrica.

-Westmount Energy Limited — Accionista de Eco — Jersey (Islas del Canal).

-Borders & Southern Falkland Islands Limited — Ilegítima licenciataria — Reino Unido.

-Noble Corporation — Proveedor estratégico de infraestructura — Reino Unido.

-AP Moller Holding A/S — Accionista de Noble Corporation y Seatrium — Dinamarca.

-First Eagle Investment Management LLC — Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

-Vanguard Portfolio Management LLC— Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

-Dimensional Fund Advisors LP — Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. — Estados Unidos.

-Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — Analistas y asesores corporativos — Estados Unidos.

-Fugro NV — Proveedor de servicios — Países Bajos.

La publicación del listado se produjo el día después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas y anunció nuevas medidas para “proteger los intereses estratégicos en el Atlántico Sur”. La decisión forma parte de una estrategia más amplia que incluye acciones diplomáticas, reclamos ante organismos internacionales y un refuerzo de la presencia argentina en la región.