La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

De esta forma, las limitaciones que la Ley 26.737 imponía sobre la adquisición de tierras por ciudadanos extranjeros vuelven a estar vigentes.

La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

El máximo tribunal consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente, debido a que los tribunales inferiores no habían resuelto los planteos formulados por los demandantes.

Por qué la Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras

La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.

En su presentación solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que la derogación de la Ley 26.737 comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Los demandantes sostuvieron que la eliminación de esa legislación ponía en riesgo la utilización racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Bariloche remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa vinculada con la misma disposición del decreto.

Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores se pronunciaran sobre la legitimación de los actores ni sobre la medida cautelar solicitada.

Las diferencias entre los casos Árbol de Pie y CECIM

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por CECIM, que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presunta afectación de la soberanía nacional.

En aquella resolución, el tribunal consideró que la entidad carecía de legitimación activa para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras ese fallo, los representantes de Árbol de Pie solicitaron que se aclarara si la decisión también alcanzaba a su presentación y reiteraron el pedido de protección cautelar.

La Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que CECIM había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

El tribunal destacó que el trámite judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes y que estaban comprometidos tanto el derecho a obtener una decisión judicial oportuna como la protección ambiental.

En ese contexto, resolvió suspender los efectos de la derogación hasta que el juzgado competente examine los planteos pendientes.

La disidencia de Rosenkrantz

El juez Rosenkrantz se pronunció en contra de la medida adoptada por la mayoría. Aunque reconoció que la legitimación invocada por Árbol de Pie difería de la planteada por CECIM, consideró que la Corte Suprema carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese expediente.

Por ese motivo, sostuvo que correspondía remitir la causa a la Justicia federal de Bariloche sin disponer ninguna suspensión. Esa posición habría mantenido vigentes los efectos derogatorios del artículo 154 del DNU 70/2023 mientras continuaba la tramitación judicial.

La decisión mayoritaria, en cambio, establece una protección provisoria y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

Luego del encuentro, Bullrich publicó un mensaje en sus redes sociales en el que describió la conversación como un intercambio profundo y aseguró que ambos hablaron con sinceridad.

“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan)”, escribió la senadora. Milei compartió el mensaje y respondió: “MAGA! VLLC!”.

Según trascendió desde el entorno de la senadora, durante la conversación se abordaron varios de los temas que Bullrich había planteado públicamente en las últimas semanas. Desde el entorno presidencial, en cambio, evitaron brindar detalles sobre el contenido del encuentro.

Uno de los últimos cruces estuvo relacionado con la designación de la fiscal Susana Pernas. Bullrich manifestó que no acompañaría su pliego para avanzar al Tribunal Oral de Menores de la Capital Federal por su actuación en el caso del policía de la Ciudad Luis Chocobar.

La senadora también había planteado reparos sobre el ritmo de la recuperación económica y había pedido que los efectos de las medidas oficiales llegaran con mayor rapidez a los hogares.

“Si nos comparamos con nosotros mismos, falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas, para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente sino que llegan a cada familia”, había expresado.

Luego del encuentro, desde el entorno de Bullrich señalaron que el Presidente se mostró dispuesto a escuchar sus planteos y a analizar estrategias. La senadora, además, habría dejado en claro que continuará marcando diferencias cuando considere necesario hacerlo.

La posibilidad de que Bullrich compita en una eventual interna dentro del oficialismo no habría formado parte de la conversación. Desde el Senado descartaron esa posibilidad y señalaron que el tema no fue tratado.

Tampoco se habrían discutido cambios en el Gabinete, una posibilidad que algunos sectores del oficialismo vienen planteando ante la evolución de las encuestas.

El futuro político de Patricia

Bullrich viene incrementando sus apariciones públicas y sus cuestionamientos a determinadas decisiones del Gobierno. Esa postura también alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura dentro de La Libertad Avanza.

Tiempo atrás, desde la Casa Rosada habían señalado que Milei le había confirmado que Bullrich era su candidata para acompañarlo como vicepresidenta en una eventual fórmula. Sin embargo, cerca de Karina Milei también mencionaron a Martín Menem como posible integrante de una futura fórmula.

El recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano, rechaza la decisión del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causa un “gravamen irreparable”.

Para el Gobierno, la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” ya que ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

En ese sentido, apuntan que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que acusan que no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que no es una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.

Sobre los recursos para su cumplimiento, remarcaron que afecta al equilibrio fiscal, y que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron. En esa línea, aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

Por otro lado, manifestaron que la confirmación del fallo afectaría a la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.

De esta forma, el Gobierno busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la ley, en medio de los reclamos del sector universitario para que se otorguen las partidas presupuestarias y se avance en la paritaria para docentes y no docentes.

Las idas y vueltas de la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025 y posteriormente vetada por Javier Milei. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación con los dos tercios necesarios en ambas cámaras. Diputados rechazó el veto el 17 de septiembre y el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año.

La norma contempla la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles según la inflación. También establece la convocatoria obligatoria a paritarias y partidas destinadas a investigación.

Tras la insistencia parlamentaria, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre. No obstante, sostuvo que su ejecución debía quedar suspendida hasta que se identificaran los recursos y se incorporaran las partidas presupuestarias. Para justificar esa decisión, invocó el artículo 5 de la Ley 24.629, que exige prever el financiamiento de las normas que disponen nuevos gastos.

La disputa derivó en una presentación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional y las universidades. En diciembre de 2025, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó aplicar los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. Esa decisión fue confirmada por la Cámara y quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso del Estado por no dirigirse contra una sentencia definitiva. Ese pronunciamiento no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.

El conflicto continuó durante septiembre, cuando el magistrado intimó al Gobierno a acreditar el cumplimiento total de la cautelar en cinco días, bajo apercibimiento de multas diarias. El Ejecutivo cuestionó esa resolución y sostuvo que ya había cumplido con las obligaciones mediante aumentos salariales, negociaciones paritarias y actualizaciones de becas.

La sentencia del 6 de octubre, ahora apelada, avanzó sobre el fondo del planteo y ordenó el cumplimiento inmediato de la ley. Cormick consideró que el mecanismo utilizado para suspenderla había operado, en sus efectos, como una nueva instancia de veto no prevista en la Constitución, luego de que el Congreso ratificara la norma.

La marcha

La convocatoria a la quinta marcha federal universitaria se realizó en medio de un plan de lucha que contempla unos 13 paros nacionales y medidas de fuerza escalonadas. Se concretará el próximo 15 de octubre. “Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública”, convocan los rectores.

La empresa Santa Fe Bio, conformada en partes iguales por ambas compañías, firmó un acuerdo de compraventa de largo plazo con la francesa TotalEnergies, que se comprometió a adquirir la mayor parte de la producción y tendrá prioridad sobre los volúmenes restantes.

Rodríguez está acusada de seducir a hombres a través de redes sociales, concertar encuentros en sus domicilios y suministrarles psicofármacos para dejarlos indefensos y robarles dinero y pertenencias. La investigación sostiene que Castellanos Montilla conducía el vehículo utilizado como apoyo para facilitar los robos y la fuga.

Uno de los hechos investigados tuvo como víctima a L. G., un hombre de 31 años de Pilar que recibió a la joven en su departamento entre la noche del 24 de julio y la madrugada del 25. Cuando despertó, advirtió que estaba “totalmente dopado”, que tenía puesta ropa diferente de la que llevaba la noche anterior y que su ropa interior estaba mojada en el baño.

El hombre, que se presentó como agricultor, sostuvo que se enteró de lo ocurrido a través de su esposa y que después recibió un llamado de su madre para preguntarle si sabía algo sobre la desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

Durante su declaración, Bertón contó que se sumó a la búsqueda del chico horas después de que se perdiera su rastro. “Llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y Carlos Pérez en lo de Catalina”, relató en referencia a la casa de la abuela de Loan.

También aseguró que no vio a su madre ni a los demás imputados mientras participaba de los rastrillajes. Según su versión, acompañó a un grupo de personas hasta la ruta nacional 123 y luego regresó a su domicilio. Al día siguiente, volvió a sumarse a la búsqueda.

Uno de los puntos centrales de su testimonio estuvo relacionado con la Ford Ranger y el Ford Ka, vehículos en los que perros de la Policía detectaron rastros de Loan seis días después de su desaparición. Bertón fue categórico al afirmar que nunca condujo ninguno de los dos.

El quiebre de Caillava, la madre del testigo, durante su declaración

La declaración de Bertón se produjo dos días después de que María Victoria Caillava se presentara por primera vez ante el tribunal y negara haber trasladado a Loan en la camioneta que utilizaba junto a su esposo, Carlos Pérez.

La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, una de las siete acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, se quebró durante su testimonio mientras daba su versión de los hechos.

Uno de los ejes de su declaración fue la Ford Ranger blanca, que quedó bajo análisis durante la investigación. Un perito había señalado que una prueba con luminol detectó una reacción en la parte delantera del vehículo, aunque aclaró que podía corresponder a restos de insectos.

Caillava también debió referirse al viaje que realizó junto a Pérez a la ciudad de Corrientes al día siguiente de la desaparición, así como a los motivos de su consulta médica. Esos movimientos y las explicaciones sobre su estado de salud forman parte de los elementos que se discuten durante el debate.

En otras audiencias, especialistas en odorología declararon que perros entrenados detectaron correspondencia con el olor de Loan en los asientos traseros de los dos vehículos. El perito explicó que el procedimiento permite establecer una correspondencia odorológica, pero no determinar cómo llegó ese rastro hasta los automóviles.

Por otra parte, durante la jornada en la que declaró Bertón, el oficial de la Policía Federal Ciro Melián Abril aportó información sobre los movimientos de Pérez. Según su testimonio, el exmarino había visitado páginas para adultos en internet el día de la desaparición y se había comunicado con el entonces comisario Walter Maciel para pedirle custodia ante el temor de que le plantaran pruebas.

El juicio continuará la semana próxima con nuevas declaraciones testimoniales, entre ellas la de Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña, tía de Loan, a la fiscalía de Corrientes. La mujer había instalado inicialmente la hipótesis de que el nene fue atropellado y luego reconoció que esa versión era falsa, al señalar que había actuado bajo presión de su entonces abogado, José Fernández Codazzi.

Durante su alegato, Ferrari detalló las acciones y omisiones que, según la acusación, protagonizó Luque entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, desde el traslado de Maradona luego de la operación por un hematoma subdural hasta su llegada a la casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Tigre, donde murió.

La misma acusación por «homicidio simple con dolo eventual» fue formulada contra la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, y la psiquiatra Agustina Cosachov, para quienes los fiscales solicitaron diez años de prisión, y ocho años, respectivamente.