Especialistas consideran que el robo a Binance podría convertirse en el mayor de la historia de las criptomonedas.Michael Bosack, director fundador del Parley Policy Institute y antiguo responsable del Mando de la ONU, afirmó a la agencia AFP que el monto sustraído equivale a casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto anual estimado de Corea del Norte.

Bosack sostuvo que Pionyang probablemente se vio obligado a responder ante la atención internacional que generó el caso. Según su análisis, la negativa también buscaría preservar los canales que permitirían al régimen blanquear y utilizar los fondos robados. El especialista advirtió que, si las plataformas y otros actores cierran esas vías por presión internacional, las criptomonedas perderían utilidad para financiar las prioridades del gobierno norcoreano.

Un informe de Naciones Unidas publicado en 2024 señaló que los beneficios obtenidos mediante ciberataques norcoreanos habrían contribuido a financiar el desarrollo de armas de destrucción masiva del país. La advertencia reforzó las preocupaciones sobre el posible vínculo entre las operaciones informáticas y el programa armamentístico de Pionyang.

Corea del Norte probó misiles con ojivas de munición en racimo

En paralelo a la disputa por el hackeo, Corea del Norte realizó el lunes una prueba de misiles de crucero estratégicos equipados con una nueva cabeza de guerra de munición en racimo, según informó el martes la agencia estatal Korean Central News Agency (KCNA).

La agencia oficial aseguró que la cabeza dispersora de tamaño medio instalada en el misil tiene capacidad para cubrir una zona de entre cinco y seis hectáreas con su potencia destructiva. También indicó que el ensayo permitió mejorar la capacidad de ataque vertical contra objetivos mediante modificaciones en la maniobrabilidad durante la fase final del recorrido del proyectil.

Los episodios también fueron detectados en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Suecia, Estonia, Rumania y Finlandia. La serie de incidentes había comenzado en Francia el 11 y 12 de octubre, cuando centenares de frigoríficos quedaron fuera de servicio en decenas de supermercados y provocaron daños por millones de euros.

La autoría de los ataques todavía no fue identificada. Expertos e investigadores consideran que los episodios forman parte de una «guerra híbrida», aunque todavía no pudieron determinar quiénes están detrás de las acciones. En Italia, además, se registraron problemas en tres grandes sociedades internacionales y en una carnicería de Sicilia, donde dejaron de funcionar los motores de los frigoríficos.

Uno de los casos más importantes ocurrió en la cadena Coop de Sicilia. Su director, Giuseppe Spadaro, reconoció que no esperaban convertirse en blanco de un ataque informático. Cuatro de los 300 establecimientos del grupo resultaron afectados y las pérdidas alcanzaron «varios miles de euros».

«Tuvimos que tirar todo. Las estanterías están vacías«, afirmó Spadaro en declaraciones al diario Corriere della Sera. La mercadería debió ser descartada ante el riesgo de que hubiera perdido las condiciones necesarias para su consumo.

Mantovano advirtió que, hasta el momento, los ataques provocaron el apagado de los sistemas de refrigeración, pero planteó su preocupación ante la posibilidad de que los responsables puedan apagar y volver a encender los motores. «Por ahora solo se han apagado los sistemas, pero me pregunto qué pasaría con un ataque en vasta escala consiguiendo apagar y re-encender los motores», señaló.

El funcionario alertó que una operación de mayor alcance podría generar un riesgo sanitario si los equipos fueran manipulados de manera que los comercios terminaran ofreciendo alimentos en mal estado. En los países del norte de Europa afectados, los supermercados ya debieron descartar miles de envases de productos congelados después de que los atacantes llevaran la temperatura de los equipos hasta los 50 grados centígrados.

El comisario europeo para la Agricultura, Christopher Jansen, calificó los incidentes como «totalmente preocupantes». Si bien aseguró que la seguridad alimentaria de la Unión Europea no está actualmente en riesgo, reconoció que las consecuencias económicas para las empresas son reales y anunció que llevará el tema a la próxima reunión de la Comisión Europea.

En la carta, Bozzella sostuvo que las automotrices chinas comercializan en distintos mercados vehículos subsidiados que incorporan software y hardware conectados. También advirtió que esos sistemas pueden recopilar y transmitir información sensible de los conductores al Partido Comunista Chino, aunque afirmó que esa situación todavía no ocurrió dentro de Estados Unidos. Los vehículos conectados mantienen un enlace permanente con internet para funciones como navegación, diagnóstico remoto y actualizaciones de software.

El proyecto frenado por la participación china en Mercedes-Benz

La iniciativa mencionada por la asociación es la Ley de Seguridad de Vehículos Conectados de 2026, aprobada en julio por el Comité de Comercio del Senado. El proyecto, impulsado por los senadores Bernie Moreno, republicano por Ohio, y Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, prohíbe la venta en Estados Unidos de vehículos de empresas con más del 15% de capital chino. En la Cámara de Representantes se presentó una propuesta similar, impulsada por John Moolenaar y Debbie Dingell.

https://www.diariopopular.com.ar/tecnologia/las-automotrices-eeuu-presionan-bloquear-los-autos-chinos-n927587#:~:text=Sin%20embargo%2C%20el,cambios%20de%20gobierno.

La Alianza sostiene que busca establecer una política permanente y equilibrada que permita a sus integrantes continuar operando en el mercado estadounidense. El avance de fabricantes chinos como BYD y Geely en Europa, América Central y Sudamérica forma parte del escenario que preocupa a la industria. Además, un acuerdo comercial firmado en enero entre Canadá y China permitirá a Geely vender decenas de miles de vehículos eléctricos por año en el mercado canadiense, según CBS News.

El Congreso todavía podría tratar el proyecto después de las elecciones de noviembre, durante la llamada sesión de transición, cuando los legisladores que dejaron sus bancas o no fueron reelectos continúan en funciones hasta enero. Los impulsores anticiparon que insistirán con la iniciativa, que deberá obtener la aprobación de la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente Donald Trump. La Alianza fijó el 3 de enero como fecha límite para convertir el pedido en ley.