La Legislatura aprobó el Presupuesto provincial 2027
La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el Presupuesto 2027 y aprobó el proyecto enviado por el gobernador Gildo Insfrán, por el que se designa como nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia a Grissel Insfrán, quien se desempeñaba como secretaria legal y técnica de la Provincia.

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Ambas iniciativas fueron aprobadas por los votos mayoritarios del justicialismo, mientras que los ocho referentes de la oposición se pronunciaron en rechazo a los dos proyectos. El proyecto enviado por el Gobernador proponiendo la designación de la nueva integrante del STJ fue tratado sobre tablas y aprobado con el apoyo de los 22 diputados del PJ. La sesión fue presidida por Armando Cabrera.
En tanto, el Presupuesto General de la Administración Pública provincial para el ejercicio 2027 establece un total de erogaciones de $ 4.296.280.118.706 y calcula recursos por $ 4.327.692.981.894. Además, fija la cantidad de cargos de planta permanente y temporaria, así como las horas cátedra correspondientes a los distintos niveles educativos.
En su artículo primero se fija en $ 4.296.280.118.706 el total de gastos previstos para el próximo ejercicio fiscal. El monto comprende a la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de la Seguridad Social.
Por su parte, el artículo segundo establece un cálculo de recursos de $ 4.327.692.981.894, destinados a financiar las erogaciones contempladas en el Presupuesto, conforme a la distribución detallada en las planillas anexas que integran la iniciativa.
De esta manera, se prevén recursos superiores a los gastos por una diferencia de $ 31.412.863.188, lo que representa un resultado presupuestario positivo en términos de la estimación inicial.
En tanto, el artículo tercero contempla las erogaciones figurativas incluidas en las planillas anexas, que constituyen autorizaciones legales para imputar gastos a los créditos correspondientes, de acuerdo con el origen de los aportes y contribuciones destinados a los organismos descentralizados.
Uno de los puntos centrales del proyecto está referido a la cantidad de cargos y horas cátedra autorizados para el Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido, el artículo cuarto establece 11.021 cargos de planta permanente y 22.605 cargos de personal temporario.
Asimismo, fija en 74.108 las horas cátedra correspondientes al Nivel Medio y en 9.023 las del Nivel Superior.
Rechazo del radicalismo
El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura, Juan Carlos Amarilla, fundamentó el rechazo de su bancada al proyecto de Presupuesto provincial 2027 y formuló una serie de cuestionamientos sobre la distribución de los recursos, la composición del empleo público, las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo y la falta de precisiones en algunas partidas presupuestarias.
Durante su intervención en el tratamiento de la iniciativa, Amarilla comenzó cuestionando el procedimiento legislativo y sostuvo que el proyecto tuvo una tramitación anormal. Según señaló, el expediente ingresó a la Cámara el 17 de octubre, pero recién fue entregado a los legisladores de la oposición el 17 de noviembre, pese a que durante ese período se realizaron dos sesiones en las que nunca llegó a tomar estado parlamentario.
En ese sentido, consideró imposible realizar un análisis serio y exhaustivo de un Presupuesto de aproximadamente 90 páginas y que distribuye más de 4,2 billones de pesos en apenas 48 horas.
Uno de los principales ejes de su exposición estuvo relacionado con la distribución de los recursos entre los distintos poderes del Estado y los municipios.
Sobre un Presupuesto total de $ 4.296.280.118.706, Amarilla indicó que el Poder Judicial recibirá el 3,06%, porcentaje que consideró insuficiente frente a las nuevas estructuras y organismos contemplados en la reciente Ley Orgánica sancionada por la Legislatura.
En cambio, evaluó como razonable la asignación del 1,12% destinada al Poder Legislativo, teniendo en cuenta que la media nacional se ubica en el 1,15%.
Sin embargo, puso especial énfasis en la participación de los municipios y comisiones de fomento, que recibirán el 10% de los recursos, mientras que el 85,82% quedará bajo la administración del Poder Ejecutivo.
«¿Eso es federalismo?», preguntó el legislador, quien planteó la necesidad de modificar el sistema de distribución de fondos y establecer un piso mínimo del 14% para los 37 municipios y comisiones de fomento de la provincia.
Como argumento, comparó la situación de Formosa con otras jurisdicciones del Norte argentino. Mencionó que Jujuy destina el 17% de sus recursos a los municipios; Tucumán, el 16,5%; Chaco, el 15,5%; Salta y Santiago del Estero, el 15%; y Misiones, el 12%.
Empleo público
Otro de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con la situación de los trabajadores estatales.
De acuerdo con los datos expuestos por Amarilla, la Administración Pública provincial, considerando los tres poderes del Estado y el Tribunal de Cuentas, reúne a 40.273 trabajadores, sin incluir a la Universidad Provincial de Laguna Blanca ni al IASEP.
De ese total, 15.183 pertenecen a la planta permanente, mientras que 25.090 integran la planta transitoria. Esto representa, según sus cálculos, que aproximadamente el 62% de los trabajadores se encuentra fuera de la planta permanente.
A esa situación, agregó la existencia de miles de monotributistas que prestan servicios en diferentes áreas de la administración pública.
Para el diputado radical, estos números evidencian una marcada precarización laboral que favorece situaciones de arbitrariedad y prácticas clientelares. Sostuvo que la estabilidad laboral constituye un derecho legítimo al que deberían poder acceder los trabajadores, más allá de los discursos oficiales y de las posiciones de los sectores gremiales.
Amarilla también cuestionó las atribuciones que el proyecto presupuestario otorga al Poder Ejecutivo para modificar partidas, reorganizar organismos y tomar decisiones sobre los recursos públicos.
Afirmó que Formosa continúa con un esquema de delegación de facultades que se mantiene desde hace más de 30 años y consideró que el debate presupuestario también pone en discusión la verdadera división de poderes en la provincia.