Actualmente, los integrantes de la Cámara alta reciben alrededor de $12.260.000 brutos mensuales, por lo que el nuevo monto significará una diferencia cercana al millón de pesos.

El acuerdo establece una suba acumulada del 6,98%, distribuida en cuatro tramos hasta fin de año: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

El aumento llega automáticamente a las dietas por el mecanismo aprobado por los propios senadores en abril de 2024. Desde entonces, sus ingresos están vinculados a los módulos utilizados para calcular los salarios de los empleados legislativos.

La dieta de cada senador equivale a 4.000 módulos: 2.500 corresponden al sueldo, 1.000 a gastos de representación y otros 500 al concepto de desarraigo.

De esta manera, cada actualización salarial que reciben los trabajadores del Congreso repercute también sobre los ingresos de los integrantes de la Cámara alta.

Con los nuevos incrementos escalonados hasta diciembre, la dieta llegará a $13.115.760 brutos mensuales desde enero de 2027.

CÓMO SE CALCULA LA DIETA
El sistema establece que las dietas están conformadas por 2.500 módulos, a los que se suman otros 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.

Además, se incorporó una dieta adicional para equiparar el pago correspondiente al aguinaldo.

Con el nuevo esquema salarial, los senadores superarán los $13 millones brutos mensuales desde enero próximo.

Hay una excepción dentro de la Cámara Alta: Alicia Kirchner no cobra dieta como senadora, ya que al asumir decidió mantener el beneficio previsional correspondiente a su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

El aumento vuelve a poner bajo la lupa los ingresos de los legisladores nacionales, especialmente en un contexto donde las actualizaciones salariales y el gasto público continúan siendo uno de los temas centrales de la discusión política.

MARTÍN MENEM CRUZÓ A VILLARRUEL
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se refirió al aumento de sueldo que tendrán los senadores, que cobrarán más de $13 millones, y cruzó directamente a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“No me parece que esté bien, que ganen lo que ganan. La verdad es que deberían ganar como los diputados”.

El funcionario aseguró que Villarruel “tiene una agenda distinta. A ella la eligieron los votantes que votaron al presidente Milei, que querían libertad económica, no intervención estatal, un ajuste. Milei dijo que iba a ajustar y no se están ajustando. Tiene una agenda que no se corresponde con la gente que la eligió”.

“No tiene la misma agenda y eso ya es una decisión personal. Creo que está yendo en una dirección equivocada”, agregó al respecto el funcionario.

La actividad está prevista para las 18 y tendrá como uno de sus principales oradores a Máximo Kirchner. La convocatoria reunirá a dirigentes, militantes y sectores políticos que acompañan a la expresidenta, mientras los organizadores esperan también adhesiones de espacios que exceden la estructura formal del peronismo.

El documento busca reflexionar sobre el contexto político, cultural y comunicacional que rodeó al atentado y cuestiona la proliferación de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas y distintas formas de violencia política. Sus impulsores plantean que el enfrentamiento entre sectores políticos no puede derivar en la eliminación física del adversario.

El reclamo por la investigación del atentado

Uno de los principales ejes del pronunciamiento será el cuestionamiento a la investigación judicial sobre los eventuales instigadores y financistas del ataque. La autoría material ya fue juzgada: Fernando Sabag Montiel fue condenado por intentar asesinar a Cristina Kirchner y Brenda Uliarte recibió una pena como partícipe necesaria.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Uliarte a ocho años. Por la unificación con condenas anteriores, las penas quedaron establecidas en 14 años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte. Nicolás Gabriel Carrizo, otro de los acusados que llegó al juicio, fue absuelto.

La discusión judicial, sin embargo, no terminó. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta apelaron las condenas y solicitaron penas mayores, además de reclamar que se contemplen agravantes que no fueron aceptados por el tribunal oral.

Desde el entorno de Cristina Kirchner sostienen que la investigación no avanzó lo suficiente para determinar si Sabag Montiel y Uliarte actuaron por cuenta propia o si detrás del ataque existió una estructura más amplia. El reclamo apunta a establecer si hubo autores intelectuales, instigadores o financistas.

El cuestionamiento político que se instalará este martes, por lo tanto, no estará centrado únicamente en quienes ejecutaron el atentado, sino en si la Justicia agotó todas las líneas de investigación para determinar qué hubo detrás de ellos.

La concentración frente al departamento de Cristina Kirchner

La convocatoria tendrá lugar frente a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

La elección del lugar también tiene una fuerte carga política. Cristina Kirchner ya no vive en el departamento de Recoleta frente al cual ocurrió el atentado y actualmente cumple allí su prisión domiciliaria. La concentración reunirá así dos reclamos que el kirchnerismo mantiene alrededor de la expresidenta: el esclarecimiento completo del ataque y la denuncia de una persecución judicial.

El documento también plantea una mirada crítica sobre la denominada “antipolítica”, a la que presenta no solamente como una reacción espontánea de parte de la sociedad frente a sus representantes, sino también como una construcción de sentido que habría sido amplificada por sectores de poder económico, medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales.

El texto reclama recuperar el intercambio de ideas y la confrontación política como “un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático” y plantea como consigna final un “Nunca más” a la eliminación del adversario y a la violencia política.

Así fue el intento de asesinato

El ataque ocurrió el 1° de septiembre de 2022, frente al edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde entonces vivía Cristina Kirchner. Durante aquellos días se habían instalado concentraciones de militantes en las inmediaciones para respaldarla, en medio de la tensión política generada por el pedido de condena de 12 años de prisión realizado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa por la obra pública de Santa Cruz.

Esa noche, la entonces vicepresidenta regresó a su domicilio y se acercó a saludar a las personas que la esperaban. Entre la multitud estaba Fernando Sabag Montiel, quien se aproximó con una pistola Bersa calibre .32 y accionó el gatillo a centímetros de la cabeza de Cristina.

El disparo no salió. La secuencia quedó registrada por cámaras de televisión y teléfonos celulares. El arma tenía cinco proyectiles en el cargador, aunque no había una bala alojada en la recámara. Sabag Montiel fue detenido en el lugar y días después también quedó detenida Brenda Uliarte.

Durante el juicio, Sabag Montiel reconoció que había querido matar a Cristina Kirchner. La investigación también alcanzó a otras personas, entre ellas Agustina Díaz y Nicolás Carrizo. Díaz quedó desvinculada del tramo que llegó a juicio, mientras que Carrizo fue finalmente absuelto.

El estudio fue realizado por la consultora Synopsis entre el 10 y el 18 de agosto sobre 1.224 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,8%, y también relevó las preferencias de los votantes entre cambio y continuidad en el Gobierno Nacional.

Ante la pregunta sobre a quién votaría «Si hoy fuesen las elecciones presidenciales», las respuestas dan un empate técnico, con el peronismo en un 35,7% y La Libertad Avanza 35,5%, en lo que mostraría una total paridad de cara a una primera vuelta, con solo dos décimas de diferencia.

Según el sondeo, el 60,2% de los consultados manifestó que preferiría un cambio respecto de la situación actual, mientras que un 35,6% se inclinó por darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país.

Al consultar específicamente sobre el próximo comicio, el 22,6% afirmó que elegiría a Milei «sí o sí», mientras que otro 17,2% señaló que optaría por el actual mandatario porque «no hay otro«. De esa manera, el potencial electoral del Presidente llegaría a un 39,8%.

En el campo opositor, el 43,1% sostuvo que elegiría «un opositor sí o sí», mientras que el 14,7% se inclinó por un opositor ante la falta de otra alternativa, lo que sumado hace que un 57,8% elija un cambio de Gobierno.

En la medición por espacios, detrás del peronismo y LLA quedaron la izquierda, con 7,1%; el PRO, con 6,1%; Provincias Unidas, con 2,4%; otros espacios, con 5,3%; y un 7,9% que respondió no sabe/no contesta.

El trabajo también agrupó los espacios en un escenario de eventual polarización: peronismo e izquierda reunieron el 42,8%, mientras que PRO y LLA alcanzaron el 41,6%. El resto quedó distribuido entre Provincias Unidas, otros espacios y los indecisos.

Otra arista que destaca el sondeo está relacionada con el “voto anti”, un segmento en el que el que sale peor parado es Milei, ya que un 47,3% dice que «no quiere que gane LLA», mientras un 36,7% desea lo mismo, pero respecto a que no gane el peronismo.

El esquema de protesta contempla dos franjas de tres horas por día, de 9 a 12 y de 18 a 21, durante ambas jornadas. El sindicato informó con anticipación el cronograma a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que las aerolíneas y los demás actores del sistema aeroportuario puedan tomar previsiones ante eventuales cambios en las operaciones.

Entre los principales reclamos del gremio se encuentra el pago de los aumentos acordados para conceptos extraparitarios, además de la apertura de una negociación paritaria específica para los trabajadores de ANAC. Según ATE, estos pedidos fueron planteados en distintas instancias de diálogo con el Gobierno, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta concreta.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el financiamiento de las áreas operativas de los aeropuertos, especialmente del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de Fiscalización. Desde el sindicato sostienen que se necesitan recursos específicos para garantizar el funcionamiento de sectores considerados esenciales dentro de la actividad aeroportuaria.

En ese sentido, ATE/ANAC reclamó que el incremento de la tasa aeroportuaria se destine también a fortalecer las áreas operativas, incluyendo a los bomberos aeronáuticos y al personal de Fiscalización. Para el gremio, la falta de respuestas a estos planteos llevó a profundizar el plan de lucha.

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que los reclamos «continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución» y advirtió que, frente a la falta de avances, el sindicato se ve obligado a profundizar las medidas de acción gremial.

La protesta comenzará el jueves 3 de septiembre, con una primera franja de 9 a 12 y una segunda de 18 a 21. El mismo esquema se repetirá el viernes 4 de septiembre, por lo que la medida tendrá una duración total de 48 horas, aunque las interrupciones de tareas estarán concentradas en esos horarios.

El paro tendrá alcance nacional y podría afectar las operaciones en los aeropuertos donde intervengan trabajadores de ANAC, incluidos Aeroparque y Ezeiza. Sin embargo, la medida no significa que todos los vuelos vayan a quedar cancelados o suspendidos, ya que la incidencia dependerá de cada operación y de las tareas involucradas.

ATE/ANAC indicó además que quedará garantizada la atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales, por lo que el impacto sobre el resto de las operaciones dependerá de cómo se organice cada aeropuerto y de las decisiones que adopten las compañías aéreas.

Los pasajeros que tengan vuelos programados para el jueves o viernes deberán consultar previamente con la aerolínea el estado de su servicio, ya que podrían producirse demoras, cambios de horario o reprogramaciones como consecuencia de la medida de fuerza. La afectación estará concentrada en las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21, aunque las consecuencias sobre la programación podrían extenderse a otros horarios dependiendo de cómo se reorganice la actividad.

Acorde con el documento, los bienes, depósitos y dinero del presidente aumentaron de $206.046.375,48 al comienzo de 2025 a $295.182.652,87 al cierre de ese año, es decir, un incremento de $89,1 millones.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado registró una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, mora que no tenía hace doce meses atrás.

Las cifras en la declaración jurada del mandatario son las siguientes: $81.806.723,92, integrado por $48.792.217,80 de renta del trabajo personal y $45.083.979,43 de renta de empresas y auxiliares de comercio (previo a las deducciones). En cuanto a los gastos personales, subieron a $66.262.044,60.

En cuanto a los bienes, Milei no incorporó bienes nuevos, por lo que presentó la revaluación de los mismos activos que ya tenía. El inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en la ciudad de Buenos Aires pasó de una valuación de $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

Los dos vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé conservaron su valuación en $20.173.600 y $16.254.200, respectivamente.

Al mismo tiempo aumentó el valor en pesos de sus tenencias en dólares: US$65.562 en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo, que pasaron de valuarse a un tipo de cambio de $1029 a uno de $1446 por el cambio del dólar entre el principio y el final del año.

La declaración jurada de Karina Milei

La hermana del presidente y secretaria de Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y aquí se observa un incremento del patrimonio más pronunciado en términos porcentuales, pero un monto mucho menor. Sus bienes, depósitos y dinero aumentaron de $11.401.021,93 a $35.312.784,57, una suba del 210%.

La razón principal de esa alza es la revaluación de la propiedad de 150 metros cuadrados con cochera que la funcionaria posee en Vicente López, provincia de Buenos Aires, y que declara como su casa habitación desde 2011.

La valuación de ese inmueble pasó de $3.992.825,14 a $28.162.492,74, una diferencia de $24,17 millones, que explica la totalidad del incremento patrimonial, debido a que, en los demás bienes (depósitos, efectivo y créditos impositivos) se registraron variaciones menores y hasta bajas.

Karina Milei declaró ingresos netos por $33.124.206,02 e indicó que todos corresponden a la renta del trabajo personal, y gastos personales por $33.688.374,25.

Las deudas de la hermana del mandatario también crecieron: la que tiene con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, y la que mantiene con el Banco Santander, de $782.741 a $909.097. En total, las deudas de la funcionaria aumentaron de $841.961 a $969.471 durante el 2025.

Además, en la declaración, Karina Milei sumó una cuenta de pago de una billetera virtual por $3.852.216, que no estaba en la presentación del año anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su declaración jurada el fin de semana e indicó un patrimonio que aumentó de $11.851 millones a $19.209 millones, una suba del 62% en pesos.

Respecto a sus depósitos bancarios, la suma declarada es $12.730 millones y el 97%, $12.422 millones se encuentran en el exterior, mayoritariamente en una única cuenta en Estados Unidos en la que hay $11.739 millones. Además, Caputo declaró gastos personales por $237 millones durante el 2025.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), expuso el retroceso de la cobertura de salud en el país, en medio de la pérdida de puestos de trabajo y los fuertes incrementos en el costo de la medicina privada.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, 1.246.285 personas dejaron de contar con algún tipo de cobertura privada, ya fuera a través de una prepaga, obra social o mutual, y pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud.

Desde el IAG advirtieron que este importante traslado de pacientes hacia el sistema estatal generó una mayor presión sobre hospitales y centros de atención públicos, que registraron un aumento de su población de referencia en todas las regiones del país.

El informe atribuyó esta situación a la combinación de la liberación de precios en el sector y la reducción del empleo formal. En ese sentido, señaló que, entre noviembre de 2023 y julio de 2026, las cuotas de las empresas de medicina prepaga aumentaron un 475%, por encima de la inflación acumulada durante ese período, que alcanzó el 329%.

En paralelo, desde la llegada del actual Gobierno se perdieron 241.746 puestos de trabajo. La pérdida de un empleo registrado tiene un impacto directo sobre el acceso a la salud, ya que implica la interrupción de la afiliación a una obra social y afecta no solo al trabajador, sino también a su grupo familiar.

El Gran Buenos Aires (GBA) concentró la mayor cantidad de personas que perdieron su cobertura privada, mientras que el norte del país se mantuvo como la zona con menor acceso general a este tipo de servicios.

El impacto fue particularmente fuerte en el conurbano bonaerense, donde la población sin cobertura médica privada creció un 21,4%. En el Área Metropolitana, el porcentaje de habitantes que depende exclusivamente del sistema público pasó del 30,8% al 35,9%, lo que representó la incorporación neta de 904.131 personas a la atención estatal.

El Noreste argentino aparece como la región con mayor vulnerabilidad en materia sanitaria. Allí, el 46,3% de la población depende únicamente de hospitales y centros públicos, frente al 44,3% registrado a fines de 2023. En términos absolutos, 40.716 personas más pasaron a depender del sistema estatal.

En Cuyo, la proporción de habitantes atendidos exclusivamente por el sector público pasó del 34,3% al 38%, con la incorporación de 82.708 personas. En la Patagonia, el porcentaje creció del 21,5% al 23,4%, lo que representó un aumento de 29.022 personas.

Por su parte, la región Pampeana sumó 146.481 nuevos usuarios del sistema público, al pasar del 30,2% al 32% de su población. En el Noroeste, otras 43.227 personas quedaron bajo la dependencia exclusiva de la salud estatal, elevando esa proporción al 39,6%.

Entre las zonas urbanas más afectadas, Ushuaia-Río Grande encabezó el ranking nacional de crecimiento de la población sin cobertura médica privada, con un aumento del 47,1%. Le siguieron Viedma-Carmen de Patagones, con una suba del 40,1%, y el Gran Catamarca, con un incremento del 21,8%.

La pérdida de cobertura se distribuyó de manera casi equitativa entre mujeres y hombres. Un total de 624.948 mujeres dejaron de contar con cobertura médica privada, lo que provocó un aumento del 13,35% en la cantidad de mujeres que dependen exclusivamente del sistema público: pasaron de 4.682.237 a 5.307.185 entre fines de 2023 y comienzos de 2026.

En el caso de los hombres, 621.337 perdieron su cobertura de salud privada. Esto representó un incremento del 13,09% en la población masculina que depende únicamente del sistema público, que pasó de 4.745.894 a 5.367.231 personas durante el mismo período.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense y fue el resultado de una investigación que permitió establecer el presunto funcionamiento de una organización dedicada al abastecimiento, distribución y comercialización de drogas, con distintos puntos de venta y personas que cumplían diferentes funciones dentro de la estructura.

Los allanamientos incluyeron tres campos, tres búnkeres y un procedimiento de urgencia. Como resultado, los investigadores secuestraron 3,8 kilos de marihuana, 307,4 gramos de cocaína y 204,8 gramos de pasta base, además de una sustancia granulada que sería compatible con un producto utilizado para el corte de estupefacientes.

El despliegue también permitió incautar seis armas de fuego, entre ellas cinco revólveres de distintos calibres y una pistola Glock calibre 9 milímetros, junto con 28 municiones.

A esto se sumaron 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación handy, dos tarjetas SIM y tres balanzas digitales, además de cuadernos con anotaciones y otros elementos que podrían estar relacionados con el fraccionamiento y la comercialización de drogas.

Durante los procedimientos también fueron encontrados 2.900 dólares, 621.500 pesos argentinos y 122.000 guaraníes. Los agentes secuestraron además un automóvil, una motocicleta y un cuadro de moto con la numeración suprimida.

Entre los elementos incautados aparecieron también dos chalecos antibalas con funda policial y numeración borrada, lo que quedó incorporado a la investigación judicial.

Cayó “Paranacito”, el capo narco investigado por el crimen de un policía

Entre los 18 detenidos se encuentra Nelson Adrián Prieto Grance, de 24 años, alias “Paraná” o “Paranacito”, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización narcocriminal.

El joven también es investigado por su posible participación en distintos hechos de sicariato y homicidio. Entre ellos aparece el asesinato del sargento Facundo Giménez, quien murió el pasado 16 de junio tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento antidrogas en el barrio La Colorada Oeste.

La investigación incluyó tareas de vigilancia, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los 30 allanamientos que se concretaron en Quilmes y Florencio Varela.

Además de Prieto Grance, fue detenido Matías Damián Rosales, acusado de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También fue identificada Rocío Belén López, de 36 años, quien cumplía arresto domiciliario por una causa vinculada con la Ley 23.737.

Como cierre del operativo, los tres búnkeres identificados como puntos de comercialización de drogas fueron derribados con personal municipal, con el objetivo de evitar que volvieran a funcionar como centros de venta de estupefacientes.