El Gobierno de Pedro Sánchez afronta su legislatura más encallada, con casi un centenar de iniciativas bloqueadas en el Congreso y una mayoría parlamentaria incapaz de destrabar reformas clave.

Fuente: https://www.canal26.com/

El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa un panorama desolador con su legislatura más encallada en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo y sus socios parlamentarios -PSOE y Sumar- acumulan cerca de un centenar de iniciativas pendientes de tramitación, algunas con más de 50 prórrogas y hasta 18 meses de parálisis.

Mientras tanto, los 22 ministerios intentan mantener viva la narrativa del Gobierno mediante una intensa actividad política que elude el trámite parlamentario y se traduce en medidas ideológicas, eventos conmemorativos y anuncios que raramente se concretan en leyes.

Las dificultades que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez

El caso más paradigmático es la Ley de Familias, que permanece estancada desde el 8 de marzo de 2024 y ya suma 57 prórrogas en la fase de enmiendas. Esta norma es solo la punta del iceberg de un bloqueo generalizado que afecta a más de 30 proyectos de ley, 18 reales decretos-leyes solicitados para tramitarse como proyectos legislativos y un sinfín de proposiciones de ley del PSOE y sus aliados.

Desde la primavera de 2024, marcada por escándalos de corrupción y las exigencias de Bruselas y la OTAN, el Gobierno ha perdido buena parte de su capacidad de iniciativa parlamentaria. Muchos proyectos de ley se tramitan por procedimiento de urgencia pero quedan atrapados en la fase de presentación de enmiendas, sin avances sustanciales. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha prorrogado decenas de veces los plazos ante la falta de apoyos claros en la Cámara Baja.

Mientras el Congreso permanece inactivo -con semanas en que ni siquiera se celebran plenos-, La Moncloa apuesta por mantener un relato de acción política centrado en medidas de marcado tinte ideológico. Entre ellas destacan la prohibición de la Fundación Francisco Franco o la “descolonización” de museos impulsada desde Cultura. No son leyes, pero permiten marcar agenda y enviar mensajes políticos.

El caso de los Presupuestos: más gesto que realidad

Uno de los mayores desafíos del Ejecutivo es la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Aunque internamente se reconoce que su aprobación es muy difícil, la maniobra sirve para presentar una narrativa de bloqueo por parte de los socios y la oposición.

A la espera de apoyos, los ministerios continúan anunciando reformas, reales decretos y planes normativos que probablemente no llegarán a buen puerto. El Plan Normativo para 2025 recoge 199 propuestas, entre ellas 16 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos. Un 37% son trasposición de normativa europea y un 10% están vinculadas al Plan de Recuperación.

Pero la realidad legislativa es otra: ni una sola de las 18 solicitudes de conversión de decretos en proyectos de ley se ha concretado. Proyectos como la Ley del Cine, la reforma del Estatuto del Artista o la Ley de Universalidad del SNS languidecen en el Congreso desde 2024.

Los ministerios, al rescate del relato gubernamental

Con el Congreso paralizado, los 22 ministerios intentan mantener la actividad a través de medidas que no requieren votación parlamentaria. Algunos, como Sanidad, tienen hasta ocho reales decretos pendientes, desde la regulación del cannabis hasta la financiación de productos sanitarios. Otros, como Derechos Sociales, impulsan proyectos como la Ley de Consumo Sostenible o un futuro Real Decreto sobre comedores hospitalarios.

El Ministerio de Cultura, en manos de Ernest Urtasun, mezcla legislación pendiente con una agenda cultural ideológica: devolución de bienes del franquismo, cierre de la Fundación Franco, y “descolonización” museística. Mientras tanto, se preparan grandes eventos como Mondiacult 2025 o el centenario de la Generación del 27.

En el caso del Ministerio de Juventud e Infancia, su titular Sira Rego confía en aprobar la ley para proteger a los menores en entornos digitales y una reforma de la Ley de Infancia frente a la violencia. También trabaja en la reubicación de menores migrantes no acompañados, un tema delicado en plena negociación con las comunidades autónomas.

En Hacienda, María Jesús Montero se enfrenta a la incógnita de si podrá presentar un nuevo techo de gasto o avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica. De momento, la mutualización de la deuda catalana está en el aire y sin apoyos claros.

Economía, Vivienda, Agricultura, Industria, Transportes, Trabajo e Inclusión también tienen una cartera legislativa densa, aunque muy condicionada por la falta de votos. Iniciativas clave como la Ley de Movilidad Sostenible o la reforma del despido están bloqueadas, y el Estatuto del Becario de Yolanda Díaz aún no tiene fecha firme para su aprobación.

Una legislatura que se agota sin grandes avances

Con la tramitación parlamentaria prácticamente congelada, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber asumido que buena parte de su programa no verá la luz en esta legislatura. Sin mayoría clara, ni apoyo garantizado de sus socios naturales, cada paso en el Congreso se convierte en una batalla incierta