El diplomático norteamericano sostuvo que la legislación china obliga a esas compañías a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing. Según su análisis, esto compromete la seguridad nacional de los países que adoptan sus sistemas.

La abogada abandonó la Clínica Las Américas cerca de las 16.30, en silla de ruedas y bajo un amplio operativo policial que se desplegó para garantizar su seguridad.

El movimiento de efectivos comenzó unos minutos antes de la salida de Beller. Alrededor de las 16.20, varias patrullas se apostaron en los accesos de la clínica y en las calles cercanas. La víctima manifestó que todavía teme por su vida, por lo que las autoridades decidieron reforzar la custodia en su domicilio, donde continuará con la recuperación.

Cómo será el operativo para cuidarla

La protección incluirá monitoreo permanente y presencia fija de personal especializado en prevención de violencia de género. La medida busca evitar nuevos episodios mientras los investigadores avanzan para reconstruir el ataque e identificar a todos los responsables.

Según informó la Fiscalía, Beller recibió tres impactos de proyectil durante el atentado. Las heridas obligaron a una internación inmediata y a una intervención médica de urgencia. Tras recibir el alta, deberá continuar con controles ambulatorios y seguimiento clínico durante las próximas semanas.

El atentado

El ataque ocurrió durante la noche del lunes 17 de agosto. De acuerdo con la reconstrucción judicial, dos hombres vestidos como repartidores de delivery se acercaron hasta el lugar donde se encontraba la abogada. Uno de ellos le disparó a corta distancia, mientras que el segundo le robó el teléfono celular y la cartera. Luego ambos escaparon en una motocicleta.

La modalidad utilizada, la coordinación entre los agresores y la secuencia del ataque llevaron a los investigadores a considerar desde un primer momento la hipótesis de un hecho planificado. Por eso, la Justicia mantiene abiertas distintas líneas de investigación para establecer quiénes participaron y cuál fue el móvil del atentado.

En paralelo, la causa tuvo un fuerte avance en Bolivia. La Justicia de ese país dictó prisión preventiva por 180 días para Fernando Cerimedo, expareja de Beller y principal sospechoso de la investigación. El consultor político argentino permanece detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, mientras se realizan distintas medidas de prueba.

La decisión fue adoptada después de una extensa audiencia judicial, en la que el juez consideró que existen riesgos procesales y posibilidades de que el acusado pueda entorpecer el avance de la investigación. La Fiscalía boliviana busca determinar si Cerimedo tuvo algún grado de participación en el ataque o si existió una estructura de financiamiento y logística detrás del atentado.

En ese marco, se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas al acusado. Los investigadores secuestraron vehículos, dinero en efectivo y documentación que podría resultar relevante para el expediente. También avanzan sobre el análisis de comunicaciones, pericias telefónicas y testimonios para establecer eventuales conexiones entre Cerimedo y los autores materiales.

El caso adquirió además una dimensión internacional y generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que reclamaron mayores medidas de protección para Beller y para las víctimas de violencia de género.

Según datos difundidos por Luchemos por la Vida, en 2012 los ocupantes de motocicletas y ciclomotores representaban el 34% de las víctimas mortales por siniestros viales en la Argentina. Pero en 2025 llegaron al 47% del total, con picos de hasta el 60% en algunas provincias. El crecimiento coincide con una mayor presencia de repartidores que trabajan para empresas de aplicaciones, una salida laboral rápida para personas desempleadas o con bajos ingresos, pero también una actividad que los expone a situaciones de riesgo.

Para comprender las causas, Luchemos por la Vida observó comportamientos de riesgo de motociclistas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde realizó entrevistas individuales, en su mayoría a trabajadores de delivery. El objetivo fue conocer sus experiencias y profundizar en su percepción del riesgo y las razones de sus conductas.

La diferencia entre ambas modalidades es importante. Porque mientras en un caso existe un circuito delictivo montado alrededor de la reventa, en el otro aparece una dimensión social que no puede ignorarse: crecimiento de familias endeudadas, ingresos que no alcanzan, alimentos de alto costo y hogares que reducen su consumo para poder llegar a fin de mes.

En términos estadísticos, el Sistema Nacional de Información Criminal incluye los episodios de mecherismo dentro de la categoría general de hurtos (un 20% del total). Sobre ese universo, una estimación ubica el fenómeno en 73 hechos por día en los distritos de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Los informes privados permiten dimensionar la dimensión organizada del problema. Prosegur Security informó que el 64% de los hurtos registrados en el retail argentino es cometido por delincuentes multirreincidentes, una señal de que detrás de buena parte del robo comercial no hay improvisación sino personas que repiten sistemáticamente la modalidad.

La escena con las bandas se repite: dos o tres integrantes ingresan juntas, una distrae al empleado, otra selecciona la mercadería y una tercera controla el movimiento de cámaras y personal de seguridad. En locales de ropa aparecen prendas de primeras marcas; en perfumerías, cremas y cosméticos; en supermercados, alimentos y bebidas que pueden ocultarse fácilmente y luego venderse.

Pero no todo termina en una publicación en redes sociales o en una feria informal. Comerciantes y trabajadores también describen episodios en los que el objetivo parece ser llevarse directamente comida u objetos de primera necesidad para consumir en el hogar. Son casos más difíciles de medir porque muchas veces el comerciante decide no hacer una denuncia formal por una cantidad pequeña de mercadería.

Ese comportamiento se produce en un contexto económico que tampoco admite una lectura sencilla. El INDEC informó que en julio de 2026 la Canasta Básica Alimentaria aumentó 37,4% interanual, mientras que la Canasta Básica Total subió 36,1%. El endeudamiento agrega otra presión. Una encuesta de UNICEF encontró que 31% de los hogares estaba endeudado y que la proporción llegaba al 45% al incorporar préstamos de aplicaciones, billeteras virtuales, comercios y familiares. El 70% de los hogares endeudados afirmó que las obligaciones con tarjetas de crédito superaban la mitad de sus ingresos. El mismo relevamiento detectó un aumento del uso de tarjetas para comprar alimentos. Estudios indican que más de 20 millones de personas tienen actualmente algún tipo de deuda con bancos, tarjetas, billeteras u otras entidades.

Los expertos afirman que un contexto económico adverso no explica por sí mismo el aumento del mecherismo (en más del 85% es cometido por mujeres) ni que todo robo de alimentos sea consecuencia de la necesidad, sin embargo en tiempos de crisis aumentan las estadísticas.

A eso se suma la cifra negra del delito. Los 73 episodios diarios corresponden a una estimación construida sobre los hechos que ingresan al sistema y no incluyen todos aquellos que jamás llegan a las fiscalías. En los comercios, muchos faltantes se absorben como «merma»: una prenda, paquetes de alimentos, cosméticos o bebidas que desaparecen y cuyo valor no justifica, para el comerciante, el tiempo y el costo de iniciar una denuncia. Por eso el fenómeno real es necesariamente mayor que el que muestran las estadísticas. Lo que todavía no puede determinarse con precisión es cuánto mayor.

Entre el negocio organizado y delinquir para llevar comida a casa existe un territorio enorme y difícil de medir. En un extremo aparecen bandas reincidentes que convierten el hurto en una actividad rentable. En el otro, personas que llegan al comercio con una necesidad inmediata. En el medio el comerciante, que pierde en ambos casos.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, de la ciudad de Buenos Aires, y expone un pasivo declarado de $15.945 millones. El rojo incluye obligaciones bancarias por $4.745 millones con entidades como Banco Nación, Santander, Galicia, Macro, Provincia, Ciudad y otras compañías financieras. A eso se suma una situación particularmente compleja: la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por un monto aproximado de $11.200 millones.

El impacto de la crisis excede a las entidades financieras. Unos 150 productores tamberos que abastecían de leche a la compañía también quedaron afectados por el deterioro de la situación. Según las estimaciones difundidas, las acreencias acumuladas con ese sector rondarían los US$60 millones, generando un fuerte impacto sobre las cuencas lecheras de la región.

La debacle financiera también tuvo consecuencias directas sobre el empleo. Durante el último semestre, la compañía había intentado avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis que contemplaba la desvinculación de unos 200 trabajadores. Sin embargo, la falta de liquidez terminó afectando la operatoria de las tres plantas que la empresa posee en Santa Fe: Clason, Lehmann y Suardi.

La situación crítica de trabajadores

Los trabajadores llevan meses sin cobrar sus salarios y, ante la falta de ingresos, las autoridades provinciales y municipales debieron intervenir con asistencia alimentaria para algunas de las familias afectadas. Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, encabezado por Roald Báscolo, reconocieron que la presentación judicial era un desenlace que podía producirse luego del deterioro de la situación financiera y laboral.

En las plantas, mientras tanto, los empleados atraviesan un escenario de incertidumbre. “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”, señaló Domingo Possetto, delegado de Atilra en Lehmann, al resumir la preocupación de los trabajadores ante la falta de respuestas del directorio.

Un acuerdo para salvar empleos

En medio de este panorama apareció una alternativa, aunque todavía limitada, para una parte de la plantilla. La cooperativa cordobesa Copalac, de Morteros, acordó operar bajo la modalidad de “fasón” las instalaciones de Verónica en Suardi. El convenio permitirá ingresar leche cruda y retomar la producción de leche en polvo, con la reincorporación provisoria de unos 30 trabajadores.

Desde Atilra remarcaron que el acuerdo contempla garantías para quienes vuelvan a prestar tareas. “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, indicó la representación sindical.

El entendimiento supone una pausa en la parálisis de Suardi, pero no resuelve la crisis estructural de la compañía. Ahora, el concurso preventivo abre una instancia judicial en la que deberán ordenarse las deudas y definirse las posibilidades de continuidad de una empresa que durante años fue una de las marcas tradicionales de la industria láctea argentina.

El contraste con su pasado reciente es significativo. Entre enero de 2020 y abril de 2025, Lácteos Verónica exportó manufacturas por más de US$102 millones hacia mercados de África y Medio Oriente. La empresa llegó a consolidarse como una importante exportadora de quesos y manteca. Hoy, sin embargo, su futuro depende de la capacidad de reestructurar un pasivo de casi $16.000 millones y encontrar una salida que permita recuperar la producción y sostener los puestos de trabajo.

Pese a la estabilidad mensual, la morosidad de los hogares más que se duplicó en el último año: pasó de 5,2% en junio de 2025 a 12,8% en el mismo mes de este año. En paralelo, la irregularidad del crédito al sector privado descendió levemente y se ubicó en 7,6% a nivel agregado.

El comportamiento fue diferente según el tipo de financiamiento. Las tarjetas de crédito registraron una baja en su nivel de mora hasta el 12,6%, lo que contribuyó a contener el promedio general de los créditos destinados a las familias.

En cambio, los préstamos personales y prendarios mostraron aumentos en sus índices de irregularidad durante junio. La mora alcanzó el 16,4% en los créditos personales y el 7,9% en los prendarios, mientras que los préstamos hipotecarios permanecieron estables, con un nivel de irregularidad de 1,6%.

El BCRA explicó que la evolución del indicador estuvo vinculada con una desaceleración en el crecimiento real de la cartera irregular y con un aumento del financiamiento total. También influyó el traspaso a cuentas fuera de balance de deudores que hasta mayo se encontraban en situación irregular.

En el caso de las empresas, el coeficiente de irregularidad se ubicó en 3,5%. El Central registró leves aumentos de la mora en los sectores de construcción, comercio e industria, mientras que la producción primaria mostró una ligera reducción.

Otro de los indicadores utilizados por la autoridad monetaria para medir el riesgo crediticio es la probabilidad de default estimada (PDE), que refleja el pasaje de los deudores desde una situación regular hacia atrasos. En junio, la PDE del crédito al sector privado cayó 0,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

El Ministerio de Economía y el BCRA siguen la evolución de la mora junto con las entidades financieras. En los últimos días, el equipo económico mantuvo una reunión con representantes de los bancos para analizar los datos recientes, aunque el encuentro tuvo carácter de seguimiento y no incluyó intervenciones directas sobre la operatoria del sistema.

La autoridad monetaria descartó establecer topes a las tasas de interés y sostiene que la recuperación del crédito debería contribuir a reducir la irregularidad de los préstamos en pesos. También se apunta a que los bancos ofrezcan mecanismos de refinanciación para las familias con atrasos, con tasas anuales estimadas por Economía de entre 20% y 25% a tres años.

Desde el BCRA señalaron que existe un desfase entre la regularización efectiva de una deuda y su impacto en las estadísticas oficiales. Santiago Bausili explicó que los indicadores de morosidad no suelen registrar cambios bruscos porque su evolución es gradual: una persona que refinancia una deuda puede permanecer hasta nueve meses en la categoría 5, correspondiente a deuda incobrable, antes de regresar a la categoría 1, de deuda al día.

El Presidente cuestionó la marcha del miércoles que encabezó la CGT contra «la usura bancaria que tiene jaqueada a gran parte de la población» y dijo: «Me pregunto si quieren salvar a los bancos que están tan preocupados con la morosidad».

En ese sentido, sostuvo que «las elecciones son el año que viene, la campaña ya empezó», aunque destacó que «hace 27 meses seguidos que crecemos, entiendo que me odien, pero los datos son los datos».

En el inicio de su discurso le agradeció a las «autoridades de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires» y luego se rectificó y aclaró que estaba en la Bolsa de Comercio de Rosario.

«Había periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios del micrófono, dijeron que el discurso era ajeno a la realidad. Pero están los videos: anticipé lo que se iba a venir. Hoy vamos a hablar del riesgo país, ciclo económico y morosidad. Si los medios y la política no tuvieran una mirada en torno a los tres segundos, hubiesen entendido», dijo.

El Presidente además precisó que su alocución estará dividida en tres bloques. Allí lo escuchan el titular de la Cámara baja, Martín Menem, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

¿Por que tanto debate?», preguntó el Presidente al comienzo de su exposición. «Los números que [tiene le Argentina] no son distintos de los que tiene Estados Unidos en morosidad, y ni siquiera digamos como Chile, o Brasil, o algo por el estilo», señaló. «Entonces la pregunta ¿por qué tanto ruido? No sé, salvo que tengan una compulsión por querer salvar a los bancos, que me parece una cosa bastante particular», dijo.

«La realidad es que estamos entrando en el año electoral y claramente es parte de la estrategiaque no quieren que entremos y abracemos el futuro y quieren retener el status quo prebendario y corrupto. La etsrtageia radica en generar todo el ruido y todas las distorsiones posibles y todo el daño que sea posible a ver si logran hacer subir el riesgo país y que eso frene la expansión de la economía», afirmó.

Recordó que «en 2023 los mismos impresentables que no quieren la solucion de abrazar el futuro y el progreso sino el estadio decadente que nos lleva a Cuba, con escala en Venezuela, hablaban de mercado de órganos. Decían que se iban a vender armas en los colegios para que los chicos se caguen a tiros y entramos como imbéciles…». Milei hizo gestos a los comentarios contra sus políticas de parte de la oposición y dijo: «Me niego a creer que seamos tan pelotudos».

Milei dijo que «el ejemplo tipico que generaba asco fue en el siglo IV con Constantino cuando en connivencia con la Iglesia determinaron que el mercado del préstamo era asco. Y consecuentemente pasaron cosas, quienes eran los más experimentados en esas transacciones con un interés: los judíos. Entonces los católicos se encargaron de sacarlos del medio».

«El gobierno del hijo de mil putas de Fernández no solo mató a cien mil personas más, sino que también eran pobres», lanzó y sostuvo que «cagarse en el análisis económico le costó la vida a cien mil personas» en el país