El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín consideró acreditada la existencia de una organización que extorsionaba a personas investigadas por delitos vinculados con drogas, fraguaba procedimientos judiciales y se apropiaba de cargamentos de estupefacientes para su posterior comercialización.

La sentencia fue dictada después de casi dos años de debate oral y permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que operaba desde las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Según la acusación, los integrantes de la organización utilizaban sus facultades como agentes de seguridad para seleccionar arbitrariamente a sus objetivos y manipular investigaciones en beneficio propio.

Leones blancos

Uno de los episodios centrales fue el denominado operativo “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta del partido de Moreno perteneciente al clan Loza. Allí, los policías montaron un procedimiento a partir de una supuesta denuncia anónima y simularon el secuestro de casi media tonelada de cocaína.

En paralelo, se apoderaron de otra cantidad similar de droga que se encontraba dentro de un vehículo perteneciente a la organización criminal investigada. El cargamento sustraído fue valuado en entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y, según se determinó durante el juicio, fue trasladado hasta Santa Clara del Mar para ser distribuido en la costa atlántica y también incorporado a un circuito internacional de comercialización mediante envases termosellados.

Las penas más severas

Por esta maniobra, el tribunal aplicó las penas más severas a integrantes de la cúpula de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta fueron condenados como coautores de distintos delitos, entre ellos el uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

También fueron condenados otros integrantes de esa dependencia. Los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco recibieron penas de 14 años y seis meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca fue condenada a 11 años de cárcel.

Pero el caso no se limitó al operativo realizado en Moreno. La investigación permitió identificar un patrón de actuación que se repitió en otros expedientes, entre ellos los denominados “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán”. En esas causas quedaron expuestas maniobras de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, con pedidos de dinero a cambio de evitar imputaciones o modificar el curso de las investigaciones.

La estructura que funcionaba en San Isidro también recibió duras condenas. El comisario Roberto Adrián Okurzaty fue sentenciado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. En tanto, el sargento Santiago Ignacio Cabré recibió 14 años y el teniente Mario Alberto de Armas, 12 años.

El fallo también alcanzó a civiles vinculados con la organización. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas de ejecución condicional y recibieron inhabilitación especial para ejercer la profesión. El tribunal los consideró miembros de la asociación ilícita y partícipes en hechos de extorsión y cohecho.

Durante el proceso también quedaron bajo análisis las posibles responsabilidades de funcionarios judiciales. Los jueces absolvieron a seis de los imputados y ordenaron remitir las constancias de la causa a la etapa de instrucción para profundizar la investigación sobre el destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros funcionarios policiales y judiciales.

En su alegato, los fiscales Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly remarcaron que los hechos no podían ser considerados simples episodios aislados de corrupción. Según plantearon, se trató de una estructura coordinada que utilizó las facultades estatales para intervenir y administrar ilegalmente el mercado de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires.

Por la gravedad institucional del caso, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez dispusieron además que los fundamentos de la sentencia sean enviados al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial. El objetivo es que se adopten medidas preventivas para evitar que estructuras similares puedan volver a utilizar el aparato estatal para favorecer negocios vinculados con el narcotráfico.