Los trabajadores encontraron el aviso cuando llegaron a la planta y no pudieron ingresar. Actualmente quedan entre 30 y 35 empleados, que fueron informados de que la actividad industrial llegará a su fin a partir de la fecha anunciada.

La empresa explicó que la decisión se tomó luego de un prolongado proceso en el que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban al establecimiento. Según indicó, las medidas adoptadas para mejorar la competitividad, mantener la actividad y preservar los puestos de trabajo no permitieron alcanzar las condiciones necesarias para continuar con una operación sostenible.

El cierre será el tercero que atraviesa la planta. El primer antecedente ocurrió en abril de 2020, durante la pandemia. En ese momento, la empresa había anunciado el cierre y lo atribuyó a los reclamos salariales del gremio aceitero. La medida fue revertida dos días después tras un acuerdo con el Gobierno bonaerense.

El segundo episodio se produjo a fines de 2024. La compañía volvió a comunicar el cierre de la fábrica y abrió un programa de retiros voluntarios. En aquel momento, la planta contaba con alrededor de 150 trabajadores.

Tras una negociación entre la empresa, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) y el Gobierno bonaerense, la actividad pudo retomarse en febrero de 2025, aunque con una dotación mucho menor.

De 150 trabajadores a una planta con apenas 30 empleados

La reapertura se produjo con alrededor de 40 trabajadores y una actividad reducida. Con el paso de los meses, la cantidad de empleados siguió disminuyendo hasta llegar a los aproximadamente 30 que permanecen actualmente.

Según fuentes de la empresa, durante la última etapa la actividad de Llavallol se encontraba limitada principalmente a tareas de envasado, bajo un acuerdo con el sindicato que vence el 30 de septiembre.

Dorada S.A. aseguró que, una vez cumplido ese plazo, comenzará la parada definitiva de las instalaciones y que se realizarán las tareas correspondientes de acuerdo con las normas ambientales vigentes.

Respecto de los trabajadores, la empresa informó que los salarios se mantendrán hasta la fecha prevista para el cierre y que ya comenzaron las formalidades para el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Sin embargo, desde el sindicato señalaron que hasta el momento el único documento formal recibido fue el cartel colocado en la puerta de la planta y que los trabajadores todavía no recibieron telegramas de despido ni cartas documento.

El SOEIA presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y solicitó una audiencia con la empresa. El gremio espera que el encuentro pueda concretarse durante esta semana.

Mientras tanto, los trabajadores instalaron una carpa frente a la fábrica y organizan una permanencia por turnos a la espera de definiciones sobre su futuro laboral.

Una fábrica con casi 90 años de historia

La planta de Llavallol funciona desde 1939, cuando el inmigrante danés Christian Boll se instaló en la zona para producir aceites vegetales hidrogenados destinados a la industria de galletitas y caramelos.

En 1963 comenzó la fabricación de margarinas de origen vegetal bajo la marca Dánica, que con el tiempo se convirtió en uno de los productos más reconocidos de la empresa.

La compañía tuvo distintos propietarios a lo largo de las décadas. En 2011 fue adquirida por el grupo brasileño BRF y, siete años después, pasó a manos del Grupo Beltrán, que continúa siendo su propietario.

El cierre de Llavallol no implica necesariamente la desaparición de la marca Dánica del mercado. El Grupo Beltrán mantiene otra planta en Córdoba, dedicada a la elaboración de aderezos.

Ahora, el futuro de los trabajadores de Llavallol quedará atado a las negociaciones entre la empresa y el sindicato, mientras se acerca la fecha prevista para el cierre definitivo de una fábrica que lleva casi 90 años de historia en el partido de Lomas de Zamora.

Unos 40 representantes del sector privado de Malvinas y más de 30 compañías trasandinas participarán de un encuentro empresarial entre el 28 y el 29 de septiembre, con la intención de analizar y potenciar las oportunidades de intercambio comercial.

«El objetivo es consolidar la posible nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Stanley (Puerto Argentino), cuyo viaje inaugural está previsto para mediados de noviembre de 2026. A comienzos de este año, la empresa de transporte marítimo Easter Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Falkland (Malvinas) y comenzará a operar la nueva ruta», explicaron los organizadores de Punta Arenas Business Showroom.

El episodio ocurrió el 19 de octubre de 2021, cuando la mujer, que entonces tenía 72 años, esperaba por una cirugía en su rodilla derecha. Según el expediente, tras ser sedada y recibir la anestesia, el médico se acercó a ella, le hizo comentarios sobre su piel y posteriormente la tocó en sus partes íntimas y le introdujo los dedos en la vagina. La víctima quiso apartarse y pedir ayuda, pero debido a la sedación y a que se había quitado las prótesis dentales para la intervención, tuvo dificultades para hacerse entender.

Finalmente, una enfermera acudió a la sala cuando el anestesiólogo ya se había retirado. La mujer relató inmediatamente lo ocurrido y la operación fue suspendida. Esa misma noche presentó una denuncia, acompañada por su familia.

El anestesiólogo negó la acusación y sostuvo, entre otros argumentos, que la paciente pudo haber sufrido una alteración de la percepción debido a sus condiciones médicas, a los medicamentos que consumía y los sedantes administrados antes de la cirugía. De todos modos, la Justicia penal lo declaró culpable de abuso sexual simple y la Cámara de Casación Penal lo condenó a tres años y medio de prisión y a inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina.

El médico presentó un recurso de queja que actualmente se tramita ante la Corte Suprema.

Los antecedentes del acusado

Para la Justicia fueron determinantes también los testimonios de cuatro enfermeras y un enfermero, quienes aseguraron que anteriormente habían advertido a las autoridades del Hospital Italiano sobre comportamientos sospechosos del anestesiólogo con otras pacientes sedadas.

Relataron, entre otras situaciones, que el médico se quedaba a solas con las mujeres y cerraba las cortinas de las salas, y que en algunas ocasiones las encontraban posteriormente inconscientes y con la ropa o el cuerpo en posiciones que consideraban incompatibles con su estado de sedación.

Según esos testimonios, las advertencias fueron comunicadas a superiores antes del abuso de 2021, pero no derivaron en medidas que evitaran nuevos episodios. «Al final pasó lo que veníamos anunciando… la señora del ‘box’ 3 me acaba de decir que la manoseó», recordó una de las trabajadoras que le dijo una compañera tras conocer la denuncia de la paciente. La Cámara de Casación ordenó además investigar otros dos posibles casos atribuidos al mismo anestesiólogo.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 34 determinó que existió responsabilidad tanto del profesional como del establecimiento asistencial, y resaltó la «falta de adopción de medidas eficaces para prevenir nuevos hechos» pese a las advertencias previas del personal. La sentencia civil, que es de primera instancia, fijó en 97 millones de pesos la indemnización para la víctima.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 estableció un plazo máximo de cinco días para que el Gobierno cumpla con la orden judicial, en caso de persistir el incumplimiento, advirtió que se aplicarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial necesario alcanza el 33%.

Semanas atrás, Cormick había rechazado el pedido de la administración de Javier Milei para levantar la cautelar, al considerar que el acuerdo firmado en junio no demostraba que el conflicto estuviera resuelto. Además, había intimado al Estado a presentar documentación sobre el nivel de cumplimiento alcanzado. Tras analizar la información aportada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, ahora determinó que no resulta suficiente para acreditar que la orden judicial haya sido cumplida, informaron fuentes judiciales.

Se trata de su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional y alineamiento diplomático con Washington e Israel.

Tras arribar este martes por la mañana a Nueva York, Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio “Ohev Yisrael”. Y una vez finalizado ese evento, mantendrá una reunión de trabajo con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal.

El punto central de su 18° viaje a Estados Unidos desde que llegó a la Casa Rosada tendrá lugar el miércoles, a las 12, cuando expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso genera expectativa en medio de las tensiones con el Reino Unido por el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Los ejes del discurso de Mile en la ONU

El mensaje del mandatario se enfocará en el rol de la ONU, la necesidad de que no avance en regulaciones en materia de Inteligencia Artificial (IA) y la política que encaró con respecto a las Islas Malvinas.

El jefe de Estado piensa destacar el reclamo de la Argentina por el archipiélago en manos del Reino Unido e insistir en que la ONU sea garante de los procesos de paz y que abandone la burocracia que construyó en los últimos años.

Algunas de las líneas que redactó y trascendieron en las últimas horas plantean lo siguiente: “Hoy quiero hablarles de tres cuestiones: primero, aquello que este organismo debió hacer y no hizo; segundo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas, y tercero, su posición ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial”.

Luego del discurso, Milei expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). Además, mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y un grupo de empresarios para analizar oportunidades de inversión en Argentina. La jornada concluirá a las 19:30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

En tanto, el jueves disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino. La partida del vuelo de regreso hacia la Argentina está programada para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30.

La salida del funcionario se produjo en medio de la discusión interna que generó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las previsiones para el área de Discapacidad expusieron nuevos ajustes que fueron cuestionados por la oposición y generaron malestar dentro del propio oficialismo, donde algunos senadores, como la propia Paricia Bullrich, jefa de la bancada, o Luis Juez, aseguraron no haber sido informados sobre las decisiones.

La más explícita fue Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado reconoció que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política y reclamó corregir los problemas de coordinación. “Quedás como un tonto o como que engañás”, advirtió, y sostuvo que ese tipo de episodios “resiente las relaciones” con los bloques que después deben defender las iniciativas oficiales en el Congreso.

En ese contexto, el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias destinadas al área para el próximo año mientras que, al mismo tiempo, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en una nueva ley que reemplace la emergencia en discapacidad sancionada durante el período actual.

La política de discapacidad abarca una agenda que excede al sistema sanitario e incluye cuestiones vinculadas con la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Por ese carácter transversal, las políticas destinadas al sector requieren la intervención y coordinación de distintos organismos del Estado. Las discusiones presupuestarias, legislativas, educativas, de transporte y protección social involucran áreas con competencias específicas.

El organismo rector de las políticas de discapacidad no surgió originalmente dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con distintos actores estatales y sociales. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría conservó esa dinámica de articulación interministerial.

Vilches había asumido al frente del organismo luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios en los que presuntamente exponía maniobras irregulares vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

Médico egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cuenta con formación especializada en administración de sistemas de salud públicos y privados. Su trayectoria incluye tareas de gestión, auditoría y control de prestaciones en organismos estatales y obras sociales.

Entre sus antecedentes figuran su paso como asesor de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), y responsable de áreas de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de comisiones de salud en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el ámbito de las obras sociales ocupó cargos de dirección médica en entidades de los trabajadores ceramistas, de industrias químicas y petroquímicas de Zárate-Campana, de la industria de la carne y de la industria del cuero. También fue asesor médico y responsable de la gerencia de prestaciones médicas durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.

Vilches además desarrolló actividades académicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde dictó cursos superiores de auditoría médica, fue profesor de la maestría en Gestión de Salud y docente regular de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad. En los últimos meses también había adquirido exposición pública por su participación en el examen unificado de ingreso a residencias médicas, cuya nueva evaluación alcanzó a más de 200 postulantes luego de detectarse un incremento estadísticamente inusual de calificaciones elevadas.

La Justicia también confirmó el procesamiento de otros 18 involucrados, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, quien fue segundo de Spagnuolo en la ANDIS. Según la investigación, habrían existido “pagos indebidos” a funcionarios de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras expuestas”.

Las acusaciones contra los involucrados concurren además con el delito de asociación ilícita, por el que se señala a Spagnuolo como jefe de la organización. La investigación estimó en más de $ 30.337 millones el perjuicio ocasionado mediante el desvió de compras de medicamentos, el beneficio a determinadas empresas y los presuntos sobreprecios en las operaciones, informaron fuentes judiciales.