El dictamen incluye también el decomiso de unos 84.000 millones de pesos. Desde el retorno de la democracia, en 1983, sólo dos exmandatarios tuvieron condenas firmes de la Justicia argentina: Carlos Menem y Cristina Kirchner.

Ahora el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá resolver sobre las condiciones de detención de la exjefa de Estado y de los otros ocho condenados, entre ellos Báez y José López. Es muy probable que en el caso de Cristina Kirchner se resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años.

Además, no podrá participar de las elecciones legislativas donde planeaba competir por una banca provincial en la Tercera Sección de Buenos Aires. Este lunes por la noche, la también exvicepresidenta había encabezado un acto en el Partido Justicialista en el que declaró: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Y, este martes por la mañana, volvió a la sede de la agrupación que preside para reunirse con legisladores de Unión por la Patria y esperar las novedades.

Con la convocatoria de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, a sus colegas para la reunión que comenzó a las 16 de hoy, el tribunal dejó de lado los rumores que hablaban de una demora en el anuncio y avanzó en la decisión que fue adoptada por unanimidad por los tres jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron las apelaciones de la defensa de la expresidenta, de los otros ocho condenados, y del fiscal Mario Villar, utilizando la fórmula del artículo 280 de Código Procesal Civil y Comercial, en este caso acompañado de los fundamentos de la decisión (280 fundado) dada la trascendencia institucional de la decisión.

Según se informó, el dictamen del máximo tribunal resolvió: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública (arts. 174 inc. 5° y 45 del Código Penal)“.

En el plenario de esta mañana, la Corte ya había tratado el informe elaborado por el secretario penal de ese tribunal, Diego Seitún, donde se recomendaba rechazar los recursos de queja de todos los que apelaron el fallo de la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad.

Es la misma opinión que había dado el exjuez del tribunal, Juan Carlos Maqueda, en una declaración pública realizada recientemente donde había considerado que, tratándose de una cuestión de hecho y prueba, no había motivo para abrir el recurso extraordinario, y debía confirmarse la sentencia.

La historia judicial de la Causa Vialidad

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes juzgaron el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Este fallo fue confirmado en noviembre del año pasado por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, por medio de una sentencia de más de 1.600 páginas en la que rechazó tanto los recursos de las defensas como el de la fiscalía.

En la misma decisión, Casación confirmó las condenas -también por el delito de fraude a la administración pública- de Lázaro Báez (seis años de prisión), de José López (seis años de prisión), de Nelson Periotti (seis años de prisión), de Juan Carlos Villafañe (cinco años de prisión), de Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses de prisión), de José Santibáñez (cuatro años de prisión), de Mauricio Collareda (cuatro años de prisión) y de Raúl Daruich (tres años y seis meses de prisión).

A todos los exfuncionarios se les había impuesto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto también confirmado por el máximo tribunal penal. Por decisión mayoritaria de los camaristas Borinsky y Barroetaveña, se rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita, confirmando así la decisión absolutoria del Tribunal Oral 2 en cuanto a ese delito. El juez Hornos, en disidencia, consideró que correspondía aplicar la figura de asociación ilícita.

La decisión de la Corte deja firme también las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, quien fuera acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral.