El estudio ubicó al peronismo unido con el 31% de intención de voto, apenas tres décimas por encima de Milei, que obtuvo el 30,7%, dentro del margen de error del sondeo, con un alto número de consultados que aún no definió su voto: 24,7%.

Analogías caracterizó el escenario electoral como de una «polarización sucia», debido a la marcada paridad entre los dos principales espacios y al elevado porcentaje de electores que todavía no definió su preferencia.

La encuesta fue realizada a nivel nacional sobre 2.932 casos relevados entre el 5 y el 8 de septiembre y tiene un margen de error de +/- 2%.

El trabajo también indagó sobre el posicionamiento político de los entrevistados y determinó que el oficialismo reúne un 34,3% al sumar a sus sectores «puros» y «moderados», mientras que las posiciones opositoras alcanzan el 49%.

Según las conclusiones de Analogías, el Gobierno mantiene una base de apoyo cercana a los 34 puntos, mientras las opiniones opositoras rondan los 50 puntos y existe un segmento intermedio de aproximadamente 16 puntos.

La consultora señaló que ese sector está integrado predominantemente por personas que votaron a Milei en 2023 y 2025 y que actualmente expresan posiciones críticas hacia el Gobierno.

Dentro de ese segmento «en disputa», el 69,6% evalúa la gestión gubernamental en los dos niveles más bajos y la imagen negativa de Milei llega al 84,8%. Sin embargo, el estudio indicó que allí prácticamente no se registra voto peronista y que el 55% responde que aún no sabe a quién votaría.

En cuanto a la situación económica personal, el 60,9% de los encuestados afirmó estar peor que un año atrás, frente a un 13,4% que manifestó encontrarse mejor.

Además, ante la disyuntiva entre priorizar «salario y empleo» o la «estabilidad de precios«, el 65,6% eligió la primera opción y el 27,1% se inclinó por la segunda. El relevamiento también mostró que el 63,1% considera que existe «mucha o bastante corrupción» en el Gobierno.

Ziliotto confirmó la presentación a través de sus redes sociales. “Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos”, afirmó.

El gobernador pampeano sostiene que el reclamo no se basa únicamente en el decreto de 1973 que establecía el reparto de las regalías. Según su planteo, también existe un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ese acuerdo establece obligaciones vinculadas al pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa. Desde la provincia sostienen que el Estado Nacional no puede modificar unilateralmente un compromiso asumido junto con las dos jurisdicciones.

La disputa por el río Atuel y los recursos generados por Los Nihuiles tiene más de cinco décadas. El decreto 982/2026 eliminó el decreto 1560/73, que había establecido un reparto igualitario de las regalías.

Posteriormente, la ley 23.164, sancionada en 1984, elevó el porcentaje de regalías al 12%, con un 6% para cada provincia.

Actualmente, el monto anual que se distribuye ronda los 2,5 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos mencionados en el conflicto. Mendoza, además, sostiene que La Pampa debería devolver unos 680 millones de dólares más intereses correspondientes a regalías compartidas durante los últimos 53 años.

El gobierno mendocino considera que el nuevo esquema responde a la necesidad de definir las condiciones para una nueva licitación de la concesión de Los Nihuiles por los próximos 30 años.

“No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece”, afirmó Ziliotto al cerrar su mensaje.

Aunque prevaleció una tendencia general a la desaceleración de los precios en relación con los períodos previos, la mayoría de los distritos presentó niveles de suba más elevados que el promedio general del país.

En el desglose territorial, seis distritos registraron subas de sus IPC superiores al registro nacional: lideró Neuquén con 2,3%, seguida por Río Negro con 2,1% y Chaco con 1,9%, mientras que Santa Fe, Tucumán y Córdoba exhibieron una suba del 1,8%.

Por su parte, el Tribunal Oral Federal N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la misma causa, junto con Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, ex-asesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.

El policía fue identificado como Marcelo Raúl Verón, un sargento primero de 52 años, quien se encontraba por subir a su Volkswagen Amarok cuando comenzó el enfrentamiento. Uno de los sospechosos recibió varios disparos y sus cómplices lo obligaron a un remisero a trasladarlo hasta la UPA 18, ubicada en el cruce de la Ruta 3 y la Autopista Presidente Perón. El joven llegó inconsciente al centro de salud y murió horas después.

Durante la fuga, uno de los integrantes de la banda escapó sobre el capot de un auto, según quedó registrado por una cámara de seguridad. Los delincuentes también interceptaron a un remisero de 39 años, identificado como Leonardo Gabriel Torres, cuando llegaba a su casa junto a su esposa. Bajo amenazas, le ordenaron que llevara al herido hasta el centro asistencial.

Sobre el capot de un auto: así escapó uno de los delincuentes

La víctima fatal fue identificada como Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años y domiciliado en Guernica. La investigación quedó a cargo de la UFI Especializada en Averiguación de Causales de Muerte y Homicidios, que deberá determinar las circunstancias del enfrentamiento y establecer la participación de los demás sospechosos.

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación. Se tratará del tercer proyecto presupuestario elaborado durante la gestión de Javier Milei, aunque el oficialismo solamente logró convertir uno en ley desde su llegada al poder.

Antes del envío formal, Milei adelantará el lunes algunos detalles a diputados y senadores durante un encuentro en la Casa Rosada. Allí también se brindarán precisiones sobre el proyecto destinado a endurecer las sanciones contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Una vez ingresado el Presupuesto, la Casa Rosada deberá concentrarse en conseguir los respaldos parlamentarios. La estrategia comenzará a delinearse en la Mesa Política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras las tratativas legislativas tendrán como protagonistas al titular de Diputados, Martín Menem, y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

El principal desafío será alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y garantizar posteriormente la aprobación de los artículos centrales en la votación en particular.

El oficialismo cuenta inicialmente con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo. Sin embargo, esos respaldos no serían suficientes y el Gobierno necesitaría incorporar al menos una decena de votos adicionales en algunos tramos de la discusión.

El factor electoral

La principal dificultad para el Ejecutivo será que el debate presupuestario coincidirá con el avance de la campaña para las elecciones de 2027, en las que Milei buscará su reelección. Con los gobernadores concentrados cada vez más en sus estrategias provinciales, algunos de los espacios que hasta ahora acompañaron al oficialismo comenzaron a mostrar mayor autonomía.

Entre ellos aparecen sectores de Argentina Federal vinculados con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y Salta, Gustavo Sáenz, además de Independencia, que tiene como principal referente al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos bloques ya marcaron diferencias con la Casa Rosada en discusiones sensibles y la tensión podría aumentar cuando comience a debatirse la distribución de recursos nacionales y el impacto de las partidas presupuestarias sobre las provincias.

El margen para alcanzar acuerdos tampoco aparece demasiado amplio por el lado económico. El Ejecutivo ratificó que no está dispuesto a modificar uno de los pilares de su programa: el equilibrio fiscal. Esa posición podría convertirse en uno de los principales puntos de fricción con los mandatarios provinciales.

Las proyecciones económicas

El Ministerio de Economía había presentado en julio un adelanto de los lineamientos del Presupuesto. En un documento de 17 páginas, la cartera encabezada por Luis Caputo anticipó para 2027 un escenario de menor inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica.

Las proyecciones para el período 2027-2029 contemplan, según el Ejecutivo, la continuidad del proceso de “normalización y crecimiento de la economía argentina”, con una reducción significativa de la inflación que permitiría mejorar el poder adquisitivo y generar mejores condiciones para el consumo y la inversión.

En materia de actividad, el Gobierno espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2027 esté impulsado principalmente por una mejora de la inversión, acompañada por la recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

El escenario oficial también contempla una evolución favorable del mercado laboral, con una reducción del desempleo y creación de puestos de trabajo, además de una nueva baja de los niveles de pobreza e indigencia.

Respecto de la recaudación, Economía proyectó un leve crecimiento real anual de los recursos tributarios entre 2027 y 2029, apoyado fundamentalmente en la expansión de la actividad y de las exportaciones.

Con esas previsiones y el equilibrio fiscal como límite, el Gobierno comenzará ahora la etapa más difícil: transformar sus proyecciones económicas en una ley. Para conseguirlo deberá atravesar una negociación parlamentaria en la que las demandas provinciales y las necesidades electorales de sus aliados prometen tener un peso cada vez mayor.

Así surge del Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por la consultora Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, a partir de estadísticas del Banco Central (BCRA). La irregularidad por monto avanzó medio punto respecto de junio y acumuló un incremento de 10,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

El deterioro también aparece al analizar la cantidad de personas afectadas. El 26,6% de los titulares de créditos registró algún nivel de mora, 0,3 puntos más que el mes anterior y 8,3 puntos por encima del nivel registrado un año atrás.

En paralelo, el stock de deuda de las familias llegó a $99,4 billones a precios de julio. En términos reales, el crédito cayó 0,7% frente a junio, aunque todavía conserva un crecimiento interanual del 4,7%.

Proveedores no financieros

El informe también mostró importantes diferencias según quién otorgó el financiamiento. El sistema financiero tradicional concentra el 85,4% del crédito, equivalente a $84,9 billones, y presenta una morosidad del 15,8%.

La situación es más delicada entre los proveedores no financieros de crédito, categoría que incluye, entre otros, a emisoras de tarjetas no bancarias y fintech. Este segmento representa solamente el 14,6% del financiamiento total, con $14,5 billones, pero registra una mora del 31,3%, prácticamente el doble de la observada en el sistema bancario.

Como contrapartida, el estudio encontró una primera señal de estabilización. La denominada mora operativa, que contempla las situaciones 3 y 4 pero excluye los créditos considerados irrecuperables, se ubicó en 11,8% y comenzó a mostrar una meseta.

Fuertes diferencias entre provincias

La Rioja presentó la mayor morosidad por monto del país, con un 25,3%, seguida por Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el otro extremo aparecen La Pampa, con apenas 9,6%; la Ciudad de Buenos Aires, con 12,4%; y Entre Ríos, con 14%.

Si se toma la cantidad de personas con dificultades para pagar, La Rioja también encabeza la estadística: el 36,5% de sus deudores está en situación irregular. Le siguen San Juan, con 35,6%, y Catamarca, con 35,5%. Los menores registros corresponden a CABA (15,4%), La Pampa (20,4%) y Santa Fe (23,1%).

El deterioro del crédito, además, comenzó a reflejarse con mayor intensidad entre las empresas. Un informe de la consultora Equilibra indicó que la mora corporativa pasó del 0,7% del monto financiado en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de este año.

La cantidad de empresas con atrasos también se duplicó en dos años, desde unas 16.200 hasta casi 37.500, equivalente al 13,4% del total.

El problema se concentra especialmente entre las pymes y en actividades vinculadas al mercado interno. La construcción presenta una morosidad del 7,7% y el comercio del 6,5%, mientras que sectores como minería, energía e intermediación financiera mantienen niveles inferiores al 0,5%.

Así, aunque la mora empresarial permanece muy por debajo de los niveles observados entre las familias, ambos indicadores reflejan un deterioro de la capacidad de pago, mientras el crédito comienza a perder impulso en términos reales.