El accidente ocurrió cerca de las 13:30, en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, en inmediaciones de la Estancia Las Marías. Para llegar al lugar es necesario ingresar por un camino vecinal.

La aeronave realizaba tareas de fumigación cuando se precipitó contra el suelo. El momento previo a la caída quedó registrado en un video, en el que se observa a la avioneta durante los segundos anteriores al impacto.

La iniciativa apunta a limitar los beneficios tributarios que alcanzan a entidades financieras, proveedores de servicios de pago y otras compañías que participan de la intermediación financiera a través de plataformas digitales. El planteo vuelve a poner bajo la lupa el crecimiento del negocio fintech y el lugar que ocupa Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, en ese esquema.

Desde Unión por la Patria argumentan que la actividad principal no sería la producción tecnológica para exportación, sino el negocio financiero o de pagos. Además, hacen hincapié en que estas empresas beneficiarias del Estado manejan tasas excesivas, que han sido un factor determinante para el sobreendeudamiento que existe, que tiene a 6 millones de personas con deudas impagas y en situación de mora.

La propuesta es del senador peronista Mariano Recalde, y fue presentada esta semana en la Cámara alta junto a un proyecto que propone un “programa de desendeudamiento familiar”, destinado a mitigar el sobreendeudamiento de los hogares, garantizar la subsistencia económica de las familias y regular las condiciones crediticias del sistema financiero y de tecnologías financieras.

La iniciativa de exclusión busca sacar del Régimen de Economía del Conocimiento a las empresas que operan, directa o indirectamente, en crédito y servicios de pago. Es decir, que las entidades financieras, los proveedores de Servicios de Pago (PSP) y billeteras virtuales; los proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), las plataformas de crédito entre particulares (PSCPP), y las empresas controlantes, controladas, vinculadas o filiales tecnológicas de esas entidades no gocen de los beneficios que impulsa la Ley 27.506 que otorga reducciones impositivas a las empresas que desarrollan actividades de tecnología, ciencia e innovación.

El argumento principal es que estas empresas no utilizan los beneficios fiscales para promover actividades tecnológicas, sino que su actividad principal es el negocio financiero o de pagos. Además, los fundamentos vinculan la iniciativa con el “profundo deterioro de los ingresos populares” y a la “creciente necesidad de las familias de recurrir al financiamiento para cubrir gastos básicos”.

El proyecto cuestiona especialmente las tasas y los mecanismos de evaluación crediticia utilizados por estas empresas. Afirma que el scoring (puntaje crediticio) mediante algoritmos y la falta de análisis de solvencia pueden llevar a otorgar créditos de alto riesgo, lo que genera: “una espiral de refinanciaciones consecutivas y acumulación de intereses punitorios”.

De esta forma, el proyecto apunta a que el Estado estaría otorgando beneficios fiscales a empresas que utilizan la tecnología como herramienta para desarrollar su actividad financiera y no para desarrollar software y servicios informáticos; biotecnología, nanotecnología y neurotecnología, mucho menos para la industria aeroespacial y satelital. Tampoco para la producción audiovisual y servicios profesionales de exportación, como especifica el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento que se sancionó en mayo de 2019.

Los fundamentos recuerdan que la Ley 27.506 fue creada para promover: “el uso intensivo de tecnología, la innovación, la creación de empleo calificado y la generación de divisas genuinas a través de la exportación de alto valor agregado”.

El contrapunto también alcanza al vínculo político entre Galperin y el gobierno de Milei. El empresario se convirtió en uno de los principales respaldos del rumbo económico oficial y en una figura habitual del discurso a favor de la desregulación, la reducción de impuestos y la apertura de la economía. En ese contexto, la iniciativa de Unión por la Patria representa un desafío directo a uno de los grupos empresariales más importantes del país y plantea si los beneficios fiscales otorgados a empresas tecnológicas pueden sostenerse sin límites mientras el Estado reduce partidas y reclama esfuerzos al resto de los sectores.

El macabro hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Chacabuco, que actualmente está en medio de un conflicto familiar y atraviesa un proceso de sucesión. La pareja había conseguido autorización judicial para ingresar al lugar y realizar tareas de limpieza y reacondicionamiento.

Fue durante esas tareas que descubrieron los féretros que permanecían dentro del inmueble. Luego, también aparecieron dos urnas funerarias que contenían cenizas, lo que generó sorpresa y motivó la intervención de las autoridades.

Según se pudo establecer, las urnas tenían etiquetas con información vinculada a los restos que contenían. Una de ellas estaba relacionada con una casa velatoria de Candelaria, mientras que la otra tenía una identificación correspondiente a una empresa funeraria de Oberá.

Ante el hallazgo, los objetos no fueron manipulados y se dio aviso a las autoridades para que se realizaran los procedimientos correspondientes.

El conflicto por el local donde encontraron los ataúdes

El inmueble quedó en el centro de una disputa familiar luego de que se iniciara un proceso de sucesión por la propiedad. Tras un reclamo judicial, se autorizó el ingreso al lugar para realizar tareas de limpieza.

Sin embargo, al entrar, el matrimonio se encontró con una escena inesperada: decenas de féretros almacenados dentro del antiguo comercio.

Además de los ataúdes, denunciaron que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para elaborar pan, así como también un freezer.

El hallazgo provocó la intervención de la Policía y la Justicia, mientras que también participó una negociadora para intentar mediar en el conflicto por el inmueble.

Ahora, la Justicia deberá determinar por qué había 30 ataúdes y dos urnas dentro del antiguo local, de dónde provenían y cómo llegaron hasta allí. También deberá establecer qué procedimiento corresponde seguir con las cenizas encontradas.

El terrible episodio, investigado por el juez Diego Agüero y el secretario Martín Grizzuti, se conoció a partir de la denuncia de una vecina. Las víctimas tienen entre siete meses y once años, informaron fuentes judiciales.

La agresora quedó imputada por los delitos de abandono de persona agravado por haber sido cometido por una madre contra sus hijos, en concurso real con homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento, en grado de tentativa. En este contexto, su pareja y padre de al menos tres de los chicos, identificado como Daniel Eduardo Benítez Vergara, también está acusado.

Todos los niños presentaban signos de desnutrición y sarna. Además, en el domicilio de Sánchez, allanado por la Policía Bonaerense, los efectivos encontraron materia fecal en el piso.

La hija a la que Sánchez habría intentado matar tiene apenas dos años y no es hija de su actual pareja. La niña fue examinada por médicos forenses, quienes determinaron que había sido privada de alimento y sometida a golpes de manera sistemática.

“Debido al delicado estado de salud en que se encontraba la niña, debió ser trasladada e internada en el Hospital Zonal General de Agudos ‘Mi Pueblo’ de Florencio Varela, con el objeto de tratar el grave cuadro que presentaba”, señala el expediente.

Uno de los investigadores sumó: “Llevaba un pañal hecho jirones con días de heces. Su desnutrición es notable. Si no llegaba la Policía, se moría”.

“Sánchez tuvo a esa nena con otro hombre cuando se separó del detenido. Luego, Benítez volvió y maltrató a la nena como venganza”, agregó.

Sánchez y su pareja “violaron su deber de garante, toda vez que colocaron en situación de desamparo a sus hijos menores de edad, a quienes debían mantener y cuidar según la ley, poniendo de esa forma en peligro su salud”, sostuvo el juez Agüero.

La escena no tenía nada de extraordinario: un plan de cena familiar, una parada de pocos minutos y la intención de volver rápidamente al auto. Pero en José C. Paz todo terminó de la peor manera. Dos delincuentes armados las sorprendieron, les sacaron las llaves y escaparon con el vehículo, mientras un tercer cómplice esperaba a pocos metros en otro auto. La escena, brutal por lo cotidiana, es una postal de un fenómeno que en el Conurbano se cuenta en cientos de causas: en los departamentos judiciales que concentran los partidos del Gran Buenos Aires, todos los días ingresa un promedio de 349 denuncias por robos.

El dato surge del análisis de las estadísticas de la Procuración General bonaerense y corresponde a las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas por el Ministerio Público Fiscal. Son hechos que ingresaron formalmente al sistema judicial y dieron origen a investigaciones, por lo que no representan la totalidad de los delitos cometidos (la cifra negra, es decir hechos que jamás son denunciados).

Dentro de ese universo de causas abiertas, 33.133 expedientes del año pasado fueron por robos agravados por el uso de armas: alrededor de 91 casos diarios.

El episodio de José C. Paz ocurrió en la zona de Monte de Oca y Bustamante. Fue entonces cuando los dos ladrones aparecieron caminando por la vereda y las atacaron por sorpresa. Una de las mujeres llevaba al pequeño en brazos. Los delincuentes se apoderaron de las llaves y subieron rápidamente al vehículo. A pocos metros los esperaba un tercer integrante de la banda, que permanecía en otro automóvil para facilitar la fuga.

En torno a la inseguridad del Conurbano, el celular se convirtió en uno de los objetivos predilectos. Fuentes judiciales estiman unos 5.850 aparatos sustraídos diariamente, casi 244 por hora. Algo similar ocurre con los motochorros. Los registros de fiscalías ubican alrededor de 59 casos por día en el Conurbano.

Los vehículos también están en la mira. Se calcula que hay unos 133 hechos por día en el Conurbano, con violentos episodios de robos de autos y motos, principalmente. La tecnología abrió además una puerta para nuevas emboscadas. Las falsas compras y ventas pactadas por redes sociales generan alrededor de 52 casos cotidianos en el Conurbano: víctimas que concurren a un punto de encuentro para concretar una operación y terminan sorprendidas por delincuentes. Las bandas integradas por menores suman otra preocupación. Las estimaciones ubican en 34 los robos diarios cometidos por grupos de adolescentes en el Conurbano. Y la violencia genera otra consecuencia: la reacción de las víctimas.

En el Conurbano se contabilizan entre 10 y 12 episodios diarios de defensa propia durante robos, con delincuentes muertos o heridos. Así, detrás de cada número hay una escena.

Una familia que baja a buscar una pizza. Un vecino que mira el celular mientras camina. Un conductor que llega a su casa. En todos los casos, la estadística también baja a la calle: una esquina, una vereda, un auto detenido o un encuentro pactado. Y en esos segundos aparece el miedo.

En tanto, ese mismo grupo familiar requirió de $726.469 para comprar la cantidad mínima de comida para subsistir y no caer en el umbral de la indigencia, según los datos publicados por el organismo oficial.

Durante agosto, la suba mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) al igual que la canasta básica total (CBT) fue de 2,6%. De esta forma, fue un aumento muy superior a la inflación del mismo mes, que fue del 1,7%. En Tanto, la CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 39,6% y de 38,3%, respectivamente, contra un alza de precios del 33,5% promedio.

Se trató del valor más bajo en 14 meses. Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja con el que se entusiasmaba el Gobierno para la segunda parte del año.

Cómo dato previo, la inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) también fue de 1,7&. Acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). La inflación núcleo, sin embargo, se ubicó por encima del 2%.

El estudio de D’Alessio IROL-Berensztein, realizado entre el 28 y el 30 de agosto sobre 800 casos en todo el país, mostró que Francos fue además el único dirigente evaluado con un diferencial positivo: alcanzó 45% de imagen favorable contra 44% de negativa.

Detrás del exjefe de Gabinete aparecieron Patricia Bullrich, con 43% de positiva y 55% de negativa; Myriam Bregman, con 40% y 56%; y Axel Kicillof, con 40% favorable y 58% desfavorable. Más abajo quedaron Jorge Macri, con 39%; Mauricio Macri, con 38%; y Diego Santilli, con 37%.

Milei, en tanto, registró 34% de imagen positiva y 57% de negativa, por lo que quedó octavo en la medición.

Milei tampoco lideró entre los votantes de La Libertad Avanza

El dato también resulta llamativo al observar exclusivamente las respuestas de quienes votaron a La Libertad Avanza. En ese segmento, el Presidente tampoco ocupó el primer lugar.

Bullrich encabezó el ranking entre los votantes libertarios con 89% de imagen positiva, seguida por Francos, con 81%, y Santilli, con 77%. Milei quedó cuarto, con 76%, por delante de Luis Caputo, que obtuvo 70%, y Federico Sturzenegger, con 69%.

En el extremo opuesto apareció Martín Lousteau, quien tuvo el peor diferencial: 19% de opiniones positivas frente a 71% negativas, con un saldo desfavorable de 52 puntos.

Carlos Presti, ministro de Defensa, quedó último si se toma como criterio la imagen positiva, con 18% favorable y 44% negativa. En su caso, además, el 39% de los consultados no expresó una opinión sobre su figura.

También tuvieron resultados negativos Cristina Fernández de Kirchner, con 30% de imagen positiva y 65% negativa, y Victoria Villarruel, con 24% favorable y 67% desfavorable.

La preocupación por la economía sigue en aumento

La encuesta también reflejó una mirada negativa sobre la situación económica. El 66% de los consultados consideró que la economía está peor que hace un año, mientras que el 33% sostuvo que está mejor.

La percepción sobre la economía personal también mostró un escenario complicado: el 67% afirmó que su situación empeoró respecto del año anterior. Además, el 59% cree que la economía estará peor dentro de los próximos doce meses, frente a un 37% que espera una mejora.

En cuanto a la gestión del Gobierno, el 58% evaluó negativamente la administración de Milei, mientras que el 40% la respaldó. Según el estudio, estos números se mantienen relativamente estables después del piso registrado en abril.

Por último, el costo de los servicios públicos aparece como la principal preocupación, mencionada por el 60% de los encuestados. Le siguen el temor a que los ingresos no alcancen para sostener el nivel de vida, con 59%, y la incertidumbre económica, con 58%.

El calendario electoral comenzará varios meses antes, entre abril y mayo, con el inicio del año electoral y la convocatoria oficial a los comicios. En junio llegará otro momento clave: el cierre de alianzas y la presentación de las precandidaturas de los distintos espacios políticos.

Las fechas clave de las elecciones 2027

Uno de los puntos que todavía puede modificar el cronograma es la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Si se mantienen vigentes, las primarias nacionales están previstas para el domingo 8 de agosto de 2027.

En tanto, la campaña electoral oficial comenzaría durante septiembre y las elecciones generales se realizarán el 24 de octubre, tal como establece el esquema para los comicios presidenciales.

El cronograma previsto contempla:

• Abril-mayo: inicio del año electoral y convocatoria oficial.
• Junio: cierre de alianzas y presentación de precandidaturas.
• 8 de agosto: PASO, si continúan vigentes.
• Septiembre: inicio de la campaña oficial.
• 24 de octubre: elecciones generales.
• Noviembre: eventual balotaje presidencial.
• 10 de diciembre: asunción de las nuevas autoridades.

La elección presidencial se realiza el cuarto domingo de octubre, por lo que en 2027 la fecha establecida es el 24.

Para ganar en primera vuelta, una fórmula deberá obtener más del 45% de los votos o alcanzar al menos el 40% y sacarle más de 10 puntos porcentuales a la segunda fórmula más votada.

Si ninguna candidatura consigue esos resultados, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en un balotaje, que deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la elección general.

El cronograma todavía puede sufrir cambios, especialmente por el futuro de las PASO. Una eventual eliminación o suspensión de las primarias modificaría la instancia prevista para agosto y obligaría a reorganizar parte del proceso electoral.

También tendrán peso las elecciones provinciales. Durante 2027 se elegirán 21 gobernadores, y cada distrito podrá decidir si realiza sus comicios junto con las elecciones nacionales o si los desdobla.

Por ese motivo, la actividad electoral podría comenzar en algunas provincias desde abril y extenderse durante buena parte del año.

El proceso nacional terminará el 10 de diciembre de 2027, cuando se produzca el traspaso de mando presidencial y asuman las nuevas autoridades elegidas en las urnas.