El proyecto modifica la normativa vigente y amplía el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias (RSG). Además, establece nuevos parámetros para determinar cuándo una diferencia entre lo declarado y la información que posee ARCA puede ser considerada significativa.

La iniciativa ahora deberá ser analizada por el Senado. El Gobierno apuesta a que las nuevas reglas otorguen mayor seguridad jurídica a quienes decidan utilizar ahorros que permanecieron durante años fuera del sistema formal.

Más contribuyentes podrán acceder al régimen

Uno de los principales cambios consiste en ampliar el universo de personas que pueden adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. El proyecto establece que podrán hacerlo las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, eliminando los actuales límites vinculados con ingresos y patrimonio.

Hasta ahora, quedaban excluidos quienes habían registrado durante alguno de los últimos tres años ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones.

Sin embargo, los grandes contribuyentes tendrán una limitación: podrán ingresar al régimen simplificado, pero no acceder a algunos de los beneficios adicionales previstos, como la presunción de exactitud y el denominado tapón fiscal.

El objetivo es que más personas puedan utilizar un mecanismo simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, mientras ARCA mantiene sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes de mayor relevancia económica.

Qué pasa con las diferencias detectadas por ARCA

Otro punto central es el cambio en la definición de una “discrepancia significativa”. Se trata de uno de los aspectos que más preocupación generaba entre contadores y contribuyentes.

La nueva propuesta establece que una diferencia será relevante cuando implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo informado por el contribuyente.

A ese porcentaje se suma un límite de $5 millones. De esta manera, cuando la diferencia no supere ese monto, no se considerará una discrepancia significativa bajo las condiciones previstas por el proyecto.

La modificación apunta a evitar que pequeñas diferencias terminen generando inspecciones o cuestionamientos fiscales de mayor alcance. En caso de que ARCA determine una diferencia superior al límite establecido, el contribuyente tendrá la posibilidad de regularizar su situación.

Una oportunidad para conservar los beneficios

El proyecto también contempla un mecanismo para que, aun cuando ARCA detecte una discrepancia, el contribuyente pueda conservar los beneficios del régimen.

Para eso deberá aceptar la determinación de oficio o la liquidación administrativa dentro de los 15 días posteriores a la notificación y pagar el impuesto correspondiente junto con sus accesorios.

Otro cambio relevante es que la diferencia se calculará sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo final a pagar. Según especialistas tributarios, esta modificación busca evitar que la metodología termine perjudicando a contribuyentes que cumplen regularmente con sus obligaciones.

Además, quienes utilicen los mecanismos habilitados para incorporar los llamados “dólares del colchón” deberán reflejar esos fondos en la última declaración correspondiente de Bienes Personales, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Hasta cuándo se podrán aprovechar los beneficios

El proyecto establece que los beneficios vinculados con el tapón fiscal y la presunción de exactitud podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027.

La fecha coincide con el final del actual mandato presidencial y funciona, además, como un incentivo temporal para que los contribuyentes decidan formalizar sus ahorros.

El Gobierno busca de esta manera que una parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero pueda ingresar al circuito formal. Las estimaciones oficiales hablan de alrededor de USD 170.000 millones guardados fuera del sistema.

Menores multas para las PyMEs

Durante el tratamiento en Diputados también se incorporó una modificación que beneficia a las pequeñas y medianas empresas.

El texto aprobado contempla una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las PyMEs. La medida quedó incorporada entre los cambios que recibió la iniciativa antes de obtener la media sanción.

El proyecto deberá ahora atravesar el debate en el Senado. Si finalmente se convierte en ley, el Gobierno espera que el nuevo esquema contribuya a formalizar ahorros y, al mismo tiempo, reduzca la incertidumbre de los contribuyentes frente a eventuales controles fiscales.

De acuerdo con el Consejo de Importación de Carne de América (MICA), el volumen corresponde al cupo denominado “Otros países o áreas”, que es utilizado por Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos. Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda cuentan con contingentes propios libres de arancel.

La decisión representa una oportunidad que los exportadores argentinos no podrán aprovechar, pese a que en febrero Washington había acordado ampliar de 20.000 a 80.000 toneladas el cupo sin arancel para la carne proveniente del país. Ese cambio había generado un fuerte crecimiento de los envíos hacia el mercado estadounidense.

La medida de fuerza comenzó a las 11 y alcanza a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), según informó el sindicato.

El reclamo también busca respaldar las demandas del personal militar, que carece de representación gremial propia, según sostuvo la conducción nacional de ATE.

“El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente aseguró que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar gastos de alimentos, alquileres, servicios y otras obligaciones económicas de las familias del sector.

El sindicato reclama además la reapertura de las negociaciones paritarias y cuestiona las condiciones laborales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La organización sostuvo que el deterioro salarial también afecta el funcionamiento de distintas áreas vinculadas con la defensa y la seguridad.

ATE señaló que el salario del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se determina por nivel y antigüedad mediante una Unidad Retributiva actualizada en paritarias y afirmó que existen categorías con básicos cercanos a los $402.396.

El sindicato advirtió que la pérdida del poder adquisitivo provocó un aumento del endeudamiento de los trabajadores y un crecimiento de las licencias por depresión, angustia y agotamiento.

Otro de los ejes del reclamo apunta a la situación financiera de la OSFA. El gremio denunció el desfinanciamiento de la obra social y reclamó investigar una deuda que, según sostuvo, supera los $223.000 millones.

Asimismo, ATE alertó sobre la salida de profesionales de hospitales militares y las dificultades para cubrir vacantes en la planta docente civil debido a los niveles salariales.

La protesta también incluirá el rechazo al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno en el marco de un proceso de reestructuración.

El sindicato advirtió que esa decisión pondría en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares, además de afectar la actividad económica de Punta Indio y Verónica.

La medida es llevada adelante por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica (responde a la CTA Autónoma).

El episodio se registró alrededor de las 14.30 durante el transcurso de una clase de historia en la Escuela Congreso de Tucumán. El director del establecimiento educativo intervino de inmediato, alertó a la Policía y el menor fue entregado a sus padres mientras avanza la investigación.

El trabajo fue realizado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria. El retroceso del sector privado acumula doce meses consecutivos.

En términos generales, el empleo asalariado formal disminuyó en 7 mil puestos durante mayo, contra los 17 mil de abril. Dentro de las principales actividades, Industria y Comercio volvieron a concentrar las bajas, una dinámica que se mantiene desde septiembre de 2025.

El dato supera ampliamente el promedio latinoamericano, que se ubicó en 2,78%, según un relevamiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El informe, elaborado con información correspondiente al primer trimestre de 2026, analizó la situación de 16 países de la región. Además de registrar la mayor mora, la Argentina también quedó última en otro indicador clave: el volumen de crédito en relación con el tamaño de su economía.

El ratio crédito/PBI argentino alcanzó apenas el 14,3%, frente a un promedio regional del 47,3%. De esta manera, el país combina un bajo nivel de financiamiento con una proporción elevada de préstamos que presentan atrasos.

Los datos de Felaban contemplan únicamente al sistema bancario tradicional. En la Argentina, los bancos concentran cerca de dos tercios de los aproximadamente $14 billones en créditos irregulares. El resto corresponde a fintech y otros proveedores no bancarios, como tarjetas vinculadas a supermercados y cadenas de electrodomésticos, cooperativas y mutuales.

La morosidad también mostró una tendencia ascendente en el resto de América Latina. Al cierre de marzo, la cartera vencida del sistema bancario regional rondó los USD 104.621 millones, un 10% más que en diciembre de 2025 y un 44% por encima del nivel registrado un año antes.

Después de la Argentina, los mayores niveles de mora se observaron en Brasil, con 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el extremo opuesto quedaron República Dominicana, con 1,1%; El Salvador, con 1,4%; y Uruguay, con 1,7%.

La situación local refleja una combinación que viene generando preocupación: poco crédito disponible y crecientes dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. Históricamente, el reducido tamaño del sistema crediticio argentino funcionaba como una protección frente a riesgos de mayor escala. Sin embargo, en los últimos años el financiamiento comenzó a recuperarse y, paralelamente, aumentaron los atrasos.

Entre los factores que explican la baja profundidad del crédito aparece la inflación, que durante años redujo los incentivos tanto para prestar como para tomar deuda. La Argentina sigue siendo el único país incluido en el relevamiento con una inflación anual de dos dígitos. Venezuela, que presenta registros superiores, no fue incorporada al análisis.

Durante los últimos dos años, el crédito al sector privado mostró una recuperación favorecida por la desaceleración inflacionaria, una mayor estabilidad cambiaria y la menor presencia de instrumentos remunerados del Banco Central. Ese proceso ayudó a impulsar la actividad económica, aunque también estuvo acompañado por un incremento de la morosidad.

El deterioro de la capacidad de pago ya afecta a millones de personas. Cerca de siete millones de argentinos mantienen deudas con bancos, fintech u otras entidades de crédito, mientras continúa el debate sobre si el Banco Central debería intervenir de alguna manera frente al crecimiento de los incumplimientos.

El informe también advirtió sobre el nivel de cobertura de los bancos ante posibles impagos. En la Argentina, ese indicador se ubicó en 84%, uno de los más bajos de la región y por debajo del 100%, situación que comparte únicamente con Panamá