La medida se concretó luego de una intimación del juez federal Luis Armella, quien había otorgado un plazo de 24 horas para la entrega del dispositivo. Además, el magistrado había ordenado a la Gendarmería Nacional proceder al secuestro del equipo si la conductora era identificada en la vía pública.

A través de su representación legal, la modelo presentó el equipo con todas las formalidades necesarias para garantizar la conservación del contenido. Por ahora, no se confirmó si el material audiovisual difundido recientemente está almacenado en ese teléfono, algo que deberá establecer la pericia técnica.

La primera carta de la estrategia defensiva apunta al origen de la grabación. Según analizan sus abogados, el planteo será sostener que las imágenes habrían sido obtenidas de manera ilegal y, en consecuencia, no deberían ser aceptadas como prueba dentro del expediente judicial. Si ese argumento no prospera, la discusión podría trasladarse al contenido del video y al dinero que aparece exhibido en las imágenes. En ese escenario, la defensa buscaría explicar el origen y la tenencia de los dólares observados en la grabación.

Mientras tanto, la investigación avanza con distintas medidas patrimoniales sobre Insaurralde, Cirio y Sofía Clerici. El objetivo de los investigadores es establecer si los bienes y movimientos económicos de los involucrados guardan relación con las sumas que aparecen en el material incorporado a la causa. Las imágenes difundidas durante el fin de semana muestran a la conductora dentro de un vestidor donde se observan fajos de dólares almacenados en bolsas, valijas y cajones, algunos de ellos termosellados. La Justicia intenta determinar el origen del dinero, además de precisar cuándo y dónde fue realizada la filmación.

El expediente se abrió en septiembre de 2023 tras el denominado «yategate», cuando trascendieron fotografías de Insaurralde junto a Clerici a bordo del yate «Bandido» en Marbella. Aquella revelación derivó en la salida del entonces funcionario bonaerense y dio inicio a una investigación centrada en su evolución patrimonial y presuntas maniobras de lavado de dinero.

En marzo de este año comenzaron nuevos peritajes sobre los bienes del exfuncionario. Los fiscales consideran que existiría una marcada diferencia entre sus ingresos declarados y el patrimonio acumulado, motivo por el cual solicitaron declaraciones indagatorias tanto para él como para otras personas investigadas como supuestos testaferros.

La intimación a la conductora llegó después de varios allanamientos realizados en inmuebles vinculados a ella y a Elías Piccirillo. Durante esos procedimientos se secuestraron cerca de 19.000 dólares en efectivo y armas registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la presentadora. Por otro lado, Piccirillo también entregó su teléfono celular junto con la clave de acceso, aunque los investigadores informaron que el material que buscaban no fue encontrado en ese dispositivo.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la conductora aseguró que los videos corresponden a “manipulaciones digitales”. Además, sostuvo que desarrolla actividades privadas desde los 18 años, defendió el origen de su patrimonio y afirmó que todos sus ingresos fueron declarados ante los organismos fiscales sin recibir observaciones por inconsistencias económicas.