La Cámara alta retomará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el mes pasado, cuando el oficialismo debió suspender el debate porque no había conseguido asegurar la mayoría.

Aunque la iniciativa sufrió cambios durante su tratamiento parlamentario y el texto definitivo podría incorporar modificaciones, el núcleo del debate continúa siendo la flexibilización de los mecanismos de control sobre la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

¿Qué cambia con la reforma?

La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 con el objetivo de establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y preservar la soberanía sobre recursos considerados estratégicos.

La normativa vigente fija límites nacionales, provinciales y departamentales para evitar que grandes extensiones del territorio queden concentradas en manos extranjeras. También incorpora criterios especiales para determinadas zonas sensibles.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone modificar ese esquema. Si bien el texto fue objeto de negociaciones y aún resta conocer la versión definitiva que llegará al recinto, la iniciativa apunta a flexibilizar las restricciones vigentes y redefinir el sistema nacional de regulación.

Otro de los puntos que genera preocupación es la ubicación de buena parte de estos territorios en áreas de frontera. Diversos especialistas consideran que los mecanismos de control sobre la adquisición de tierras rurales en estas zonas constituyen herramientas de soberanía territorial.

El proyecto despachado contiene 47 artículos que van más allá del régimen agrario. El documento redactado reforma el sistema de expropiaciones, modifica la ley de Manejo del Fuego, agiliza las ejecuciones de desalojo y reestructura las pautas de funcionamiento en los registros de la propiedad inmueble de todo el país.

Cómo viene el poroteo en el Senado

Más allá de las modificaciones incorporadas a la ley de tierras, el oficialismo llegará al recinto con un escenario parlamentario extremadamente ajustado. Si bien La Libertad Avanza logró sellar un entendimiento con sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y partidos provinciales, el respaldo todavía no garantiza la aprobación de la ley y cada voto aparece como determinante para el resultado final.

En ese marco, la oposición también quedó atravesada por una controversia en torno a la posible ausencia de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas y solicitó autorización para participar de manera remota por indicación médica. La posibilidad abrió un debate sobre la validez del voto virtual en una sesión de estas características, en un contexto donde una sola ausencia podría inclinar la balanza.

A ese panorama se suma la incógnita sobre el rol que podría desempeñar la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya manifestó públicamente sus diferencias con el proyecto impulsado por la Casa Rosada. En caso de un empate, el Gobierno busca evitar que la titular del Senado tenga que definir la votación, motivo por el cual el presidente Javier Milei adelantó un viaje oficial al exterior para impedir que Villarruel quede al frente del Poder Ejecutivo durante la sesión.

Con ese tablero, el acuerdo político alcanzado por Patricia Bullrich representa apenas el primer paso para el oficialismo. Ahora, el desafío será transformar ese entendimiento en una mayoría efectiva dentro del recinto, donde las ausencias, la modalidad de votación e incluso un eventual desempate podrían terminar siendo tan decisivos como el contenido de la propia ley.