«Se ha logrado recortar la planta de empleados en 1500 personas, una reducción del 13% de la planta», destacó Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según expresó, la mayoría de los empleados que se desvincularon de la empresa aérea lo hizo a través de retiros voluntarios.

“Esto alcanza a niveles que tienen otras empresas como los de Latam, que tiene una cantidad de empleados similar”, aclaró.

Por su parte, el funcionario destacó: “Aerolíneas Argentinas, en el primer semestre, redujo el déficit en un 70% y este invierno fue el primero en generar ingresos genuinos de las últimas siete temporadas”.

“Agradecemos la gestión del su presidente, Fabián Lombardo, y de todo el equipo de trabajo que hicieron posible este avance en el ordenamiento de la empresa”, remarcó, y agregó: “Es el único que le ha impuesto sanciones a aquellos que hacían paros sorpresivos complicándole la vida a todos los que pretendían viajar”.

Por último, el vocero sostuvo que mientras la compañía de bandera continúa bajo gestión estatal, trabajarán para que sea “lo más eficiente posible” y para que “funcione como una verdadera empresa privada”.

Rechazan aumentar el monto del bono que paga a los jubilados

Adorni aseguró hoy que el gobierno nacional no tiene previsto aumentar el monto del bono que le paga a los jubilados, que asciende a 70 mil pesos en el mes de septiembre.

“Todo aumento, o en este caso un bono, va a estar atado siempre al superávit fiscal, y hoy no están dadas las condiciones para que eso ocurra”, planteó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa ante la consulta de Infobae. Así, descartó una posibilidad que estuvo bajo análisis en el área de Economía: un incremento extra del 8% al bono que los jubilados reciben en el marco del sistema de actualizaciones vigentes.

El veto total a la Movilidad Jubilatoria fue oficializado el pasado lunes, cuando se publicó en el Boletín Oficial. El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También se planteó que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las dificultades que presentaría su implementación”.