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Efectivos de la Policía provincial detuvieron la marcha de un camión cisterna sobre un camino alternativo que une la ruta 28 con la ruta nacional 86. Según informó la fuerza, le solicitaron las documentaciones obligatorias al conductor, pero lejos de colaborar, el hombre ofuscado trató de eludir a los policías y huyó hasta el acceso a un campo, donde descendió y abandonó el vehículo. En el predio, que es propiedad del intendente Atilio Basualdo (Las Lomitas), hubo una discusión con el jefe comunal. El hecho ocurrió este sábado, en horas de la madrugada. Hay tres policías detenidos, y se secuestraron el camión y el arma utilizada. Por otra parte, el Gobierno negó una “persecución política”.
Por la tarde, en la Jefatura de Policía, se brindó una conferencia de prensa para explicar los detalles del incidente. El jefe de la fuerza, comisario general Walter Arroyo, afirmó que en la ruta Nº 28, a la altura del Bañado La Estrella, cerca de las tres de la madrugada y en el marco del control policial de rutina, “pasó un camión que no acató las indicaciones de detenerse” para efectuar las verificaciones correspondientes, como saber “quién transita, lo que hace al servicio de seguridad vial”.
“Entonces, la suboficial a cargo informó del hecho a su base, que está en Posta Cambio Zalazar, solicitando que se intercepte a ese camión cuando llegase al puesto de control ubicado en Posta Cambio Zalazar, en ruta nacional 86. Pasó una hora. No hubo ninguna novedad. Entonces, un subcomisario que estaba a cargo calculó, porque conoce el terreno, de que iban a eludir el control por un camino alternativo, que une a la ruta 28 con la ruta nacional 86, esquivando el puesto que está en Zalazar”, señaló.
“A unos cinco kilómetros al oeste, por la ruta 86, se desplegó el control móvil vehicular. Luego, apareció el camión, entre las 5 y las 6 de la mañana, estando el control bien visibilizado, con luces intermitentes, y con personal uniformado: dos comisarios y un suboficial. Luego de que comenzaron a hablar con el conductor del camión acerca de por qué había hecho un trayecto fuera de la ruta asfaltada, se le pidió la RTO del vehículo, y como no la tenía, se generó una discusión, y el chofer objetó la presencia policial en una ruta nacional, y por qué el énfasis en controlar un camión que transportaba agua. Uno de los comisarios le explicó que el problema no era el agua, sino el camión. La conducta desplegada por el conductor no era la normal”, puntualizó.
“De repente, el conductor del camión puso en marcha el vehículo y avanzó. El subcomisario, al ver que no había forma de normalizar la situación, y en su capacidad de improvisación, optó por efectuar tres disparos en una de las ruedas del camión, para que se detenga, y no lo logró, porque el camión siguió avanzando”, planteó.
Asimismo, relató que el móvil policial siguió al vehículo, unos 25 kilómetros, hasta que llegaron a la altura de un campo, donde el chofer del camión y su acompañante “tenían la intención de ingresar”, tras lo cual “doblaron, se desplazaron a unos treinta metros para poder entrar”, los siguió el móvil policial y los dos sujetos se bajaron e “ingresaron corriendo al campo”, tras lo cual se generó una nueva discusión, con los dos infractores.
“La discusión se dio alambrado de por medio. Los policías trataban de entender por qué tanta resistencia del conductor. No estaban detrás de algo en específico”, expuso; y añadió que el campo “es propiedad de un intendente de la zona”, y que “las normas indican que hay que secuestrar el camión, traer testigos y realizar un procedimiento que lleva su tiempo”.
A continuación, mencionó que se hicieron presentes “el dueño del camión y el dueño del campo”, y que “se generó otra discusión, con los policías, porque se objetó el procedimiento”.
“También, llegó el jefe de la Unidad Regional Siete, y bajó un poco la tensión de la discusión”, expresó; y se remarcó que se explicó que el inconveniente se vinculaba con el camión y no con el agua. Luego, reveló que más tarde se descargó el agua del vehículo y que se informó de lo sucedido a la jueza interviniente.
“No dimos una orden específica para una determinada situación o un determinado vehículo. Después, se le dio otro cariz a la situación. Está imputado en una causa judicial el conductor del camión, y están investigados los tres policías, porque hubo tres disparos de por medio. Se secuestró el arma. La jueza resolverá la situación de los policías involucrados. Para nosotros, es un procedimiento que se desvirtuó. Era algo netamente policial, que luego pasó a ser algo netamente judicial”, consideró Arroyo.
A su vez, el subjefe de la Policía, el comisario general Juan Moisés Villagra, comentó que la carátula del expediente, de acuerdo a las cuestiones preliminares, es “Atentado, Lesiones y Abuso de Armas”, y precisó que “una vez vaciado el contenido del camión y cambiada la rueda, el camión fue secuestrado”, y aclaró que fueron demorados los tres efectivos que actuaron en el procedimiento.
Por otro lado, tras una consulta realizada por La Mañana acerca de las imputaciones que recibieron el intendente (quien fue notificado, pero no está privado de su libertad), los dos sujetos que estaban en el camión y los tres policías arrestados, Arroyo precisó que se espera la decisión de la jueza para saber “si la carátula se mantiene”, pero que “la carátula son Lesiones, porque hay un policía lesionado, Uso de Armas, porque hubo disparos y hay tres policías involucrados en una causa judicial, y Atentado, por todos los incidentes”. En lo vinculado a los dos hombres que se hallaban en el camión, dijo: “Son adultos, son hombres que trabajan permanentemente en la zona. No son personas desconocidas”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia, Jorge Abel González, criticó las declaraciones que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, efectuó acerca del hecho a través de redes sociales, negó que haya existido una “persecución política” y sostuvo que el incidente surgió a partir de un control de tránsito.
“Nosotros no estamos acostumbrados a discutir mediáticamente y en redes sociales, porque tenemos una responsabilidad institucional”, recalcó; y agregó que resolvieron “explicar la situación con las pruebas que tenemos, y no con acusaciones mediáticas”.
“No escondemos las cuestiones ni tampoco protegemos con argumentos infundados las conductas que tenemos que analizar. Hay un trámite judicial y uno administrativo de por medio”, inició diciendo el ministro, quien resaltó el marco institucional de este suceso.
“No permitimos que esto baje a una discusión mediática en redes sociales. Pero me parece bueno contextualizar la cuestión porque quienes leen el tuit de Patricia Bullrich no saben dónde queda la ruta 86”, expresó.
En ese sentido, Jorge González advirtió: “Formosa es fronteriza y tenemos casi 700 kilómetros de frontera seca con Paraguay, el lugar donde se produce la situación es cercano a la frontera seca y es responsabilidad primaria la custodia de la frontera de las fuerzas federales, en este caso de Gendarmería Nacional y ante esa ausencia, la Policía de Formosa tiene que realizar los controles”.
