El diputado nacional por La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, respondió públicamente a las versiones sobre la denuncia en su contra por parte del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales por una operación rural. Defendió la compra de “los derechos de posesión” de un campo realizada junto con una empresaria, al tiempo que transformó su descargo en una crítica abierta al Gobierno provincial, al sistema de administración de tierras y al funcionamiento de la Justicia formoseña.

El punto central de la controversia está relacionado con una denuncia atribuida a la presidenta del Instituto, Isabel Atencia. En diálogo con La Mañana, Basualdo dijo que se lo acusó de haber utilizado información sobre una futura obra pública para convencer a los adjudicatarios de desprenderse del inmueble.

El diputado rechazó esa interpretación y negó haber condicionado la decisión de venta. “¿Cómo voy a ir a comprar algo que el Estado está por intervenir?”, planteó. Y agregó: “No es que está esperando una obra como dicen en el expediente. Eso es mentira”.

La polémica se instaló luego de la difusión de información sobre la denuncia hecha por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, en la que una empresaria de Rosario, Santa Fe, declaró por haberle entregado unos 40 mil dólares para la adquisición conjunta del campo, confiando en que no había inconvenientes.

Basualdo negó que se haya tratado de una estafa. “La señora Paula Paganti fue a declarar, pero no es la persona que me denuncia”, afirmó, para luego reconstruir el origen de la operación. Según relató, ambos adquirieron derechos sobre dos lotes ubicados en la zona de Las Lomitas que pertenecían a una familia adjudicataria de tierras fiscales.

Atribuyó la decisión a una necesidad vinculada a su actividad productiva y describió dificultades previas para sostener su explotación ganadera.

“Yo tengo mi campo donde no tengo agua dulce, todas las napas son salinizadas. Eso me llevó a buscar un lugar para realizar mi actividad ganadera, un campo con agua”, explicó.

Según su relato, la posibilidad surgió a partir del contacto con una familia que no podía continuar trabajando esas tierras. “Ellos vendieron por necesidad, por razones de salud, por enfermedad, y no tenían posibilidad de desarrollar”, sostuvo. Sobre la operación en sí misma agregó que “se hizo todo con documentación y con escritura pública donde ellos nos traspasaban los derechos que el Estado les dio sobre esas tierras”.

Legalidad de la operación

Consultado sobre la legalidad de adquirir derechos sobre tierras fiscales, Basualdo sostuvo que se trató de una operación privada y aprovechó para avanzar sobre el funcionamiento del organismo provincial. “¿Sabés por qué no le comuniqué en su momento al Instituto de Tierras? Porque cuando vos le comunicás, van y venden ellos esas tierras. Tengo mil pruebas de lo que hicieron empleados del instituto”, aseguró.

Presiones a la Justicia

A continuación, extendió sus cuestionamientos hacia el funcionamiento institucional de la provincia. “En esta provincia no podés ir a denunciar porque todos los fiscales y jueces dependen de las órdenes que le da el poder político”, afirmó.

Fue en ese tramo donde realizó una de las declaraciones más fuertes de la entrevista: aseguró que durante los años que tuvo vínculo cercano con el oficialismo provincial, cumplió funciones informales de intermediación con el Poder Judicial, puntualmente con el juez que entiende en la causa de su denuncia, Marcelo López Picabea.

Ante un planteo de La Mañana, el diputado, quien acompañó políticamente al Gobernador durante años, admitió una responsabilidad personal en ese proceso. “Siempre creí en Insfrán, como cree mucha gente hasta hoy, pero me ha desilusionado”, afirmó. Luego agregó una definición política más amplia: “Yo me siento culpable porque le he trabajado”.

Sobre el estado actual del campo, indicó que junto con la empresaria continúan realizando mejoras para desarrollar actividad ganadera y que consideran válida la operación realizada. “Estamos haciendo alambrado, picada, como corresponde para poder desarrollar la actividad”, señaló.

Finalmente, encuadró el conflicto como una represalia política. “Yo los entiendo y que me castiguen de esta manera, no tengo problema. Hay una cosa que no van a poder comprar, que es mi dignidad”, concluyó.