Bajo la excusa de supuestas irregularidades financieras y estructurales, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se apropió de una terminal clave mientras el Ejecutivo federal administra una caja anual estimada en 22.000 millones de pesos que le pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En un informe periodístico realizado por la periodista Felicitas Bonavitta para C5N, se destacó que tras el desembarco del interventor Fernando Ariel Polici —cuestionado por sus antecedentes en el PAMI fueguino— y del director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, vinculado al grupo Mirgor, actualmente 140 trabajadores continúan desplazados de sus puestos a la espera de un fallo judicial.

En diálogo con el ciclo periodístico, el cronista local Guillermo Worman (Diario del Fin del Mundo) relató los métodos de la toma. «La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy», indicó.

Un operario afectado sintetizó la angustia del sector al denunciar haber sido expulsado por las fuerzas de seguridad «como si fuera una basura».

En paralelo, la investigación puso bajo la lupa escandalosas irregularidades en las adjudicaciones: se detectaron contrataciones con saltos presupuestarios injustificados, tal es el caso del servicio de limpieza portuaria, que pasó de 6,5 millones a 563 millones de pesos en apenas un semestre.

La cobertura de C5N también advirtió sobre las sospechas que rodean la maniobra en el plano internacional. Apenas seis días después de concretada la intervención federal, un avión militar de los Estados Unidos con una delegación de congresistas aterrizó en la ciudad austral, encendiendo alertas sobre acuerdos bilaterales orientados a otorgar control logístico norteamericano en el paso interoceánico.

Finalmente, el informe advirtió sobre los intereses comerciales que orbitan en torno a la centralización del puerto, señalando proyectos de empresarios cercanos al poder central como Nicolás Caputo y Gustavo Elías, mientras el gobierno provincial agota las vías legales para revertir la usurpación administrativa de su principal activo logístico.

Cabe destacar que el Puerto de Ushuaia no es una terminal secundaria. Es la puerta de acceso a la Antártida más importante del mundo: según datos oficiales, el 96% de los cruceros antárticos parten desde allí. En la temporada 2025 pasaron por sus muelles 675 buques, 511 de ellos de pasaje, moviendo a 232.107 personas entre pasajeros y tripulantes. Su presupuesto anual ronda los 22.000 millones de pesos, producto de los servicios prestados a casi 700 embarcaciones de turismo, carga, pesca e investigación científica que recalan cada año.

La provincia administra ese activo desde 1992, cuando el gobierno de Carlos Menem transfirió el dominio, la administración y la explotación del puerto a la flamante provincia de Tierra del Fuego, creada un año antes. Desde entonces, la DPP costeó los salarios de los empleados portuarios y financió obras de infraestructura con fondos propios, incluyendo la ampliación del muelle inaugurada en 2023 con una inversión de $2.500 millones provinciales. El gobierno de Melella afirma haber recibido 540 recaladas de cruceros en la última temporada y proyectaba superar esa marca.