El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.

A su vez, convocaron al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”. “La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”, sostienen.

En ese sentido, enfatizaron en que Presupuesto se diseñó con base en un “programa general de gobierno —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente— y al plan de inversiones públicas”.

El Gobierno nacional también advierte en el considerando del decreto que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.

Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.

Milei se prepara para defender el veto en el Congreso

El jefe de Estado firmó el decreto el viernes por la noche, horas después de mantener una reunión en la Casa Rosada con los bloques de diputados dialoguistas, quienes le dieron su respaldo para el veto. Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.

Durante la reunión, el Presidente se entrevistó primero con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita «ampliada» con el resto de los legisladores que integran esas bancas. Fuentes oficiales indicaron a esta agencia que Milei detalló ante los legisladores los motivos del veto y buscó garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.

De esta manera, el mandatario logró sumar los respaldos necesarios de la oposición dialoguista para contrarrestar las intenciones de algunos bloques parlamentarios de mantener firme la actualización jubilatoria después del anuncio de la impugnación.

Pese a la voluntad del Presidente, el Congreso todavía tiene una última instancia para seguir adelante con la reforma jubilatoria. En caso de juntar los dos tercios en ambas Cámaras, los legisladores podrán insistir sobre el proyecto y pasar por encima del veto presidencial.

De todas formas, todavía no hay certezas de que el Congreso logre juntar los dos tercios, tras largas disputas internas en el PRO durante la última semana. Si bien en las votaciones iniciales ambas Cámaras aprobaron el proyecto con amplia mayoría (61 votos a favor en el Senado y 160 en Diputados), el oficialismo estaría empezando las negociaciones con los distintos bloques para que finalmente se termine aprobando el veto.

El Gobierno dispuso un nuevo bono de 70.000 pesos

El Gobierno nacional fijó un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados por un monto máximo de hasta 70.000 pesos que se abonará en el mes de septiembre de 2024.

La decisión llega después del veto del Presidente a la reforma de actualización jubilatoria que se votó en el Congreso.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

¿Quiénes cobrarán el bono?

Según lo fijado en el decreto serán beneficiarias de este bono las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias; los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo ANSES.

Además se dispone que para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado, también serán alcanzadas por el bono.

El decreto establece que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono. Es decir cobrará la diferencia.

El bono tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.