Una de las primeras iniciativas será la licitación de los 100 MHz de espectro que el Estado le había reservado a la empresa ARSAT para comunicaciones móviles, que no se encuentran en uso, además de los 50 MHz que están en manos del ENACOM. “Estas bandas de frecuencia se van a utilizar para el servicio de 5G. La habilitación de estos activos va a impulsar las inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones en el país con mejores condiciones de prestaciones y menos privilegios de las empresas públicas”, explicó el vocero en la misma conferencia donde informó el cierre de la AFIP.

Durante la gestión de Alberto Fernández, el ENACOM había concretado la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de 5G, logrando una recaudación total de 875.091.000 de dólares.

En una nueva ofensiva contra los medios de comunicación, el Gobierno eliminará las exenciones del IVA para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales. «Con esta modificación, los sujetos que realicen estas actividades pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja respecto al resto de los actores económicos», señaló Adorni, tras calcular que la recaudación aumentará en 264.000 millones de pesos.

Asimismo, el Ejecutivo avanzará con la relicitación del contrato para proveer conectividad en las 16.000 escuelas del país, representando un valor anual aproximado de 60.000 millones de pesos, además de un relevamiento de contratos de telecomunicaciones para detectar incumplimientos y la posible existencia de prácticas anticompetitivas en el sector.

En otro de los anuncios, Adorni comentó que la Auditoría General de la Nación (AGN) analizó la gestión del ENACOM vinculada a la administración de recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, conocido como FFSU, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020. «Este trabajo dejó en evidencia que el ENACOM omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas», detalló.

A raíz de esa situación, continuó el portavoz, «el Estado Nacional empezará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria».

“Estas medidas -remarcó Adorni- van a permitir un adecuado análisis de las condiciones de mercado y la protección de los derechos de los consumidores. De esta manera, el Gobierno trabaja constantemente en el programa de desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad o condiciones de prestación de los servicios”, concluyó el vocero presidencial.

En tanto, el Ejecutivo derogará también la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de programación.