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Tuvo lugar en la Defensoría del Pueblo una reunión de trabajo a la que acudieron, previamente citados, representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, el arquitecto José Mazó y la jefa de Seguridad Vial, Mayra Franco; de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, por medio de la jefa del Cuerpo de Inspectores, Gabriela Toledo; y el presidente de la Fundación Unidos por el Dolor, Alberto Gauna, acompañado por la secretaria de la institución, Patricia Barbosa. Todos ellos fueron recibidos por el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, junto al secretario letrado, José Porfirio García, y otros asesores legales.

En la ocasión, el ombudsman provincial destacó la necesidad de dar respuesta a una sociedad que solicita acciones concretas frente a la imprudencia de adultos y jóvenes que realizan maniobras peligrosas en la vía pública y en espacios comunes, al mando de motovehículos, específicamente a través de las denominadas “picadas”, la conducción con exceso de velocidad y los llamados o “wheelies” en motos, prácticas prohibidas en la Argentina por ser consideradas conducción temeraria y peligrosa.

Luego de un intercambio de ideas, en el que se puso de relieve la importancia del abordaje integral, la previsión de estrategias y, fundamentalmente, el trabajo conjunto mediante acciones concretas de los distintos actores públicos y asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, como resultado se extrajeron cinco ejes sobre los cuales se estimó necesario hacer hincapié:

1) Resaltar la decisión del Municipio capitalino de suspender los diversos eventos de destreza en motovehículos, en razón de las conductas imprudentes y peligrosas que luego se despliegan fuera de las áreas habilitadas, generadas por quienes no comprenden el riesgo que conllevan sus maniobras peligrosas.

2) La urgencia de una pronta modificación del Código de Faltas de la Provincia que prevea, de manera específica, la tipificación de acciones como la realización de “wheelies”, picadas y/u otras maniobras similares, así como el endurecimiento de las sanciones, con la elevación de los montos de las multas, sumando la suspensión de los permisos de conducir.

3) El llamado a la prudencia de los adultos -padres o tutores-, quienes al proveer a los menores de motovehículos o bicicletas, son los primeros responsables de las consecuencias negativas del accionar de los mismos en la conducción de estos rodados.

4) La solicitud de endurecimiento de las acciones por parte de los actores comprometidos con la seguridad vial en la provincia, específicamente intensificando los secuestros de motovehículos y bicicletas involucrados en maniobras peligrosas, la determinación de mecanismos de prueba en estos casos, para que se haga efectiva la aplicación de las multas correspondientes y el retiro temporal o permanente de los permisos de conducir a los infractores.

Finalmente, los presentes convinieron en continuar la labor iniciada, invitando al Ministerio de Gobierno de la Provincia para que, por intermedio del Consejo Provincial de Seguridad Vial y del Cuerpo de Tránsito de la Policía de la Provincia, se extiendan las tareas de prevención -dejando fuera de circulación a todo vehículo que no reúna condiciones de transitabilidad y procediendo al retiro de licencias- mediante la puesta a disposición de actas y documentación ante el Tribunal de Faltas Municipal y/o los Juzgados de Paz, según corresponda.