El senador nacional por Formosa José Mayans (Partido Justicialista) aseguró a La Mañana que el gobernador Gildo Insfrán fue uno de los mandatarios que intervinieron, dialogando con pares y con integrantes de la Cámara Alta, para evitar que el capítulo de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido a la venta de tierras, pudiera obtener media sanción. Este apartado permitía a los extranjeros acceder a más parcelas del territorio argentino.

“La ley que trajo a exponer Federico Sturzenegger quedó con un esquema muy limitado, pero todavía tiene ‘poder de daño’. En el caso del primer capítulo de la ley, que se refería a los barrios populares (para eliminar el impedimento de realizar desalojos en aquellos barrios catastrados hasta octubre de 2032), referentes de la Iglesia Católica vinieron al Senado, a la Audiencia Pública, a decir que eso no se podía hacer y a pedir que se utilizara la ley para evitar la marginación de numerosas personas”, comentó.

“Como fue muy dura la reacción de la Iglesia Católica y el Papa visitará la Argentina dentro de algunos meses, en el Gobierno nacional no quisieron tener problemas. Ellos pretendían instalar una ‘inmobiliaria’ en el conurbano bonaerense, porque querían desalojar barrios y vender los terrenos. En los barrios populares viven cinco millones de familias en todo el país”, explicó Mayans a este Diario.

“Después, en diferentes sesiones, la ley fue cambiando. El capítulo referido a la venta de tierras era una barbaridad. Aquel extranjero que viene de otro país a vivir en la Argentina puede comprar un terreno, porque eso está contemplado en la legislación vigente y en la Constitución Nacional”, agregó.

A continuación, el legislador señaló que la normativa actual contempla que los extranjeros puedan comprar un determinado porcentaje de tierras, hasta llegar al 15% del territorio del país, y que en la actualidad, los terrenos en manos de corporaciones extranjeras son el 5% de la superficie del país, el equivalente a lo que representa la provincia de Santa Fe (13 millones de hectáreas).

“El 10% restante es el equivalente a lo que representa la Provincia de Buenos Aires: 26 millones de hectáreas. Lo que se proponía era ampliar el límite en un 10% más, el equivalente a la provincia de Córdoba. La idea es vender terrenos con recursos naturales. Además, en esto hay inconstitucionalidad”, precisó.

El rol de Insfrán

A su vez, Mayans resaltó el rol de Insfrán para dialogar con otros gobernadores y pedir a los legisladores que no se apruebe el capítulo referido a la venta de tierras.

“Los gobernadores, incluyendo Gildo Insfrán, estuvieron trabajando en este tema, porque la relación entre los gobernadores es muy importante. Cuando ellos les hablan a sus legisladores. Dijeron: ‘Hay que poner límite a esto, porque es un proyecto hecho por las corporaciones de afuera’”, relató.

Asimismo, mencionó que, de acuerdo con el capítulo rechazado, se permitía en provincias como Formosa la venta de tierras en zonas de frontera, lo cual hubiese incentivado la realización de actividades delictivas como el narcotráfico.

Por otra parte, el senador dijo que, en el caso del capítulo referido al manejo del fuego, fue rechazado debido a que facilitaba la venta de parcelas de bosques que hayan sido incendiadas.

“Diferentes personas que trabajan en la lucha contra el fuego en parques nacionales del Sur argentino le expresaron al Gobierno nacional la necesidad de realizar inversiones para combatir los incendios”, contó.

Capítulos incluidos

En otro orden, el senador dijo que en el caso de aquellos capítulos que sí fueron sancionados, el referido a las expropiaciones es “tan peligroso” como los otros tres que fueron mencionados.

“Se quiere limitar el accionar del Estado de forma extrema. Si un Gobierno quiere construir un acueducto o realizar viviendas o escuelas, se quiere que el accionar del Estado sea mínimo y que las indemnizaciones por expropiar terrenos para realizar obras sean millonarias, con tasación de mercado. Es la irracionalidad total, que el bien privado esté por encima del bien común. Al mismo tiempo, esto es inconstitucional”, aseveró.

Para finalizar, José Mayans denunció que el Gobierno nacional quiere “privatizar” el sistema de energía nuclear de la Argentina y que mientras no cumple con el envío de fondos que a las provincias les corresponden por ley y tiene 2.700 obras “paralizadas”, la gestión de Javier Milei procura convencer a gobernadores y a legisladores para que acompañen sus proyectos en el Congreso.