Causa del oro: solicitaron un allanamiento al Banco Central y detectar posibles comisiones millonarias
Fueron denunciados Luis Caputo, Santiago Bausili, Juan Curutchet y Nicolás Ferro. Solicitan investigar operaciones con oro, pérdidas por USD 1.023 millones y posibles comisiones.
Fuente: https://www.cronica.com.ar/
El abogado Gregorio Dalbón amplió la presentación judicial en la causa que investiga las operaciones con derivados sobre oro concretadas por el Banco Central de la República Argentina durante el año pasado.
El escrito formaliza cargos contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y ahora también incluye a Nicolás Marcelo Ferro, quien se desempeña como subsuperintendente del área y miembro del directorio.
La estrategia legal impulsada por el letrado apunta a dilucidar si las transacciones derivaron en un perjuicio económico para el Estado, de qué manera se seleccionaron las contrapartes y si existieron pagos en concepto de comisiones, honorarios o beneficios que puedan considerarse indebidos.
En esa línea, la fiscalización judicial contempla posibles figuras penales como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y una supuesta asociación ilícita en caso de comprobarse una estructura permanente orientada a delinquir.
Uno de los ejes centrales de la ampliación radica en la supuesta intervención del Deutsche Bank en las operaciones financieras.
Tomando como referencia publicaciones periodísticas, la presentación de Dalbón detalla que dicha entidad habría actuado como contraparte en contratos orientados a cubrir una potencial baja en la cotización del metal precioso, mediante la cesión a terceros del derecho de compra por un valor superior a los tres mil dólares por onza, en un contexto donde el precio internacional superaba los USD 4.000.
No obstante, el mismo escrito aclara que esta descripción no surge del informe de auditoría de la Auditoría General de la Nación y requiere su validación a través de los contratos originales.
El planteo también pone el foco en los montos que habrían percibido las entidades financieras intervinientes. Respecto a este punto, Dalbón advirtió que «no se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado».
Luego, señaló que trascendió públicamente una cifra superior a los sesenta millones de dólares, dato que solicitó constatar en el expediente.
Sumado a esto, el abogado indicó que, según la información periodística mencionada, el organismo monetario se habría negado a brindar copias de los convenios a la Auditoría General de la Nación para conocer las condiciones acordadas y los responsables de las autorizaciones.
La presentación subraya que tanto Caputo como Bausili mantuvieron vínculos laborales previos con el Deutsche Bank. Si bien esta circunstancia no constituye por sí misma una falta, la denuncia requiere que se esclarezcan los criterios de selección de la contraparte y los controles implementados.
Para resguardar los elementos probatorios, el letrado requirió el allanamiento y el secuestro o la copia forense de los servidores, los registros de acceso a archivos y los correos institucionales de la presidencia, el directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos del Banco Central.
El pedido abarca las comunicaciones sostenidas durante 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras firmas asociadas, bajo el argumento de que la prueba documental y electrónica se encuentra en manos de los propios denunciados y corre riesgo de ser modificada, suprimida u oculta.
En caso de que la medida no prospere, solicitó como alternativa una orden judicial para la entrega y preservación de la documentación.
El origen de la causa se sustenta en la auditoría sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, visada por la Auditoría General de la Nación mediante la resolución 205 del corriente año.
El documento consignó que las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de $1,469 billones, equivalentes a US$ 1.023 millones, con egresos de divisas.
Con el fin de determinar la razonabilidad de los precios, el costo total de las transacciones y la cobertura real lograda por la autoridad monetaria, Dalbón solicitó informes al Banco Central y al Deutsche Bank, además de requerir la intervención de la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y la cooperación internacional de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Asimismo, pidió la designación de peritos contadores y expertos en instrumentos derivados.
Hacia el cierre de la presentación, como bien detalló Ámbito, el abogado solicitó que los cuatro funcionarios sean citados a declaración indagatoria, junto con aquellos individuos que resulten imputados a partir del avance de las medidas de prueba, resumiendo el propósito de la ampliación al cuestionar: «Cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida».
