Consejo de la Abogacía expresó su “profunda preocupación” por la interrupción del sistema informático en la Justicia

Consejo de la Abogacía expresó su “profunda preocupación” por la interrupción del sistema informático en la Justicia

El cuerpo colegiado de los letrados advirtió que la falta de certezas sobre los plazos de normalización genera incertidumbre jurídica y dificulta el trabajo cotidiano de los abogados.

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Además, solicitó medidas excepcionales para resguardar los plazos procesales y garantizar el derecho de defensa

El Consejo Profesional de la Abogacía de la Provincia presentó este martes una nota formal ante la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia María Fernández, en la que manifestó su “profunda preocupación” por la interrupción de los servicios digitales del Poder Judicial y solicitó información precisa sobre los plazos previstos para el restablecimiento definitivo del sistema informático.

La presentación, identificada como Nota N° 014/26, lleva las firmas del presidente de la institución, Horacio Gustavo Gorleri, y de la vicepresidenta, Sandra Graciela Baz, quienes transmitieron la inquietud de los profesionales matriculados ante las dificultades que genera la situación para el normal ejercicio de la abogacía y el funcionamiento del servicio de justicia.

En el documento, la entidad reconoció la complejidad y gravedad de las vulnerabilidades informáticas que motivaron las medidas de seguridad implementadas por el área técnica del Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, advirtió que la ausencia de información concreta sobre los tiempos de recuperación de las plataformas digitales está provocando importantes inconvenientes en la actividad profesional.

En ese sentido, señaló que la falta de certezas sobre los plazos de normalización coloca a los abogados en un escenario de incertidumbre jurídica, agravado por las restricciones para acceder a herramientas indispensables para el seguimiento de las causas judiciales.

Entre los principales inconvenientes, el Consejo mencionó el acceso limitado a los sistemas de notificaciones electrónicas y la dispersión en la consulta de las listas de despacho, circunstancias que dificultan las tareas habituales de los profesionales del derecho.

Según planteó la institución, estas dificultades afectan de manera directa, grave e inmediata el ejercicio de la profesión y el normal desenvolvimiento del servicio de justicia.

 

Reclamo

Frente a este panorama, el Consejo Profesional de la Abogacía requirió a la presidenta del STJ que informe una fecha estimada para la resolución definitiva de los inconvenientes informáticos, así como el cronograma previsto para el restablecimiento total y seguro de la plataforma judicial digital.

La entidad explicó que contar con esta información “resulta fundamental para transmitir previsibilidad y certidumbre a los abogados matriculados, quienes necesitan conocer las condiciones en las que podrán continuar desarrollando sus actividades y cumpliendo con sus obligaciones procesales”.

El pedido apunta, además, a reducir la incertidumbre que genera la imposibilidad de utilizar con normalidad las herramientas electrónicas que forman parte del funcionamiento cotidiano de la Justicia provincial.

Plazos procesales

Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con la necesidad de adoptar disposiciones transitorias mientras persistan los problemas operacionales.

En este sentido, el Consejo solicitó que el Superior Tribunal de Justicia evalúe la implementación de medidas excepcionales destinadas al resguardo de los plazos procesales, con el propósito de evitar que las dificultades tecnológicas ocasionen perjuicios a los profesionales y a las personas que intervienen en procesos judiciales.

La institución fundamentó este planteo en la necesidad de preservar el pleno ejercicio del derecho de defensa y garantizar que ninguna de las partes resulte perjudicada por circunstancias ajenas a su voluntad.

De esta manera, el organismo profesional busca que las eventuales demoras o dificultades derivadas de la interrupción de los servicios informáticos no terminen afectando derechos procesales ni generando consecuencias desfavorables para quienes deben cumplir actuaciones judiciales.

En el tramo final de la nota, las autoridades del Consejo remarcaron la importancia de obtener una respuesta pronta y favorable por parte del máximo tribunal provincial, a fin de devolver previsibilidad al ejercicio de la profesión.