La medida de fuerza comenzó a las 11 y alcanza a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), según informó el sindicato.

El reclamo también busca respaldar las demandas del personal militar, que carece de representación gremial propia, según sostuvo la conducción nacional de ATE.

“El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente aseguró que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar gastos de alimentos, alquileres, servicios y otras obligaciones económicas de las familias del sector.

El sindicato reclama además la reapertura de las negociaciones paritarias y cuestiona las condiciones laborales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La organización sostuvo que el deterioro salarial también afecta el funcionamiento de distintas áreas vinculadas con la defensa y la seguridad.

ATE señaló que el salario del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se determina por nivel y antigüedad mediante una Unidad Retributiva actualizada en paritarias y afirmó que existen categorías con básicos cercanos a los $402.396.

El sindicato advirtió que la pérdida del poder adquisitivo provocó un aumento del endeudamiento de los trabajadores y un crecimiento de las licencias por depresión, angustia y agotamiento.

Otro de los ejes del reclamo apunta a la situación financiera de la OSFA. El gremio denunció el desfinanciamiento de la obra social y reclamó investigar una deuda que, según sostuvo, supera los $223.000 millones.

Asimismo, ATE alertó sobre la salida de profesionales de hospitales militares y las dificultades para cubrir vacantes en la planta docente civil debido a los niveles salariales.

La protesta también incluirá el rechazo al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno en el marco de un proceso de reestructuración.

El sindicato advirtió que esa decisión pondría en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares, además de afectar la actividad económica de Punta Indio y Verónica.

La medida es llevada adelante por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica (responde a la CTA Autónoma).

El episodio se registró alrededor de las 14.30 durante el transcurso de una clase de historia en la Escuela Congreso de Tucumán. El director del establecimiento educativo intervino de inmediato, alertó a la Policía y el menor fue entregado a sus padres mientras avanza la investigación.

El trabajo fue realizado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria. El retroceso del sector privado acumula doce meses consecutivos.

En términos generales, el empleo asalariado formal disminuyó en 7 mil puestos durante mayo, contra los 17 mil de abril. Dentro de las principales actividades, Industria y Comercio volvieron a concentrar las bajas, una dinámica que se mantiene desde septiembre de 2025.

El dato supera ampliamente el promedio latinoamericano, que se ubicó en 2,78%, según un relevamiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El informe, elaborado con información correspondiente al primer trimestre de 2026, analizó la situación de 16 países de la región. Además de registrar la mayor mora, la Argentina también quedó última en otro indicador clave: el volumen de crédito en relación con el tamaño de su economía.

El ratio crédito/PBI argentino alcanzó apenas el 14,3%, frente a un promedio regional del 47,3%. De esta manera, el país combina un bajo nivel de financiamiento con una proporción elevada de préstamos que presentan atrasos.

Los datos de Felaban contemplan únicamente al sistema bancario tradicional. En la Argentina, los bancos concentran cerca de dos tercios de los aproximadamente $14 billones en créditos irregulares. El resto corresponde a fintech y otros proveedores no bancarios, como tarjetas vinculadas a supermercados y cadenas de electrodomésticos, cooperativas y mutuales.

La morosidad también mostró una tendencia ascendente en el resto de América Latina. Al cierre de marzo, la cartera vencida del sistema bancario regional rondó los USD 104.621 millones, un 10% más que en diciembre de 2025 y un 44% por encima del nivel registrado un año antes.

Después de la Argentina, los mayores niveles de mora se observaron en Brasil, con 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el extremo opuesto quedaron República Dominicana, con 1,1%; El Salvador, con 1,4%; y Uruguay, con 1,7%.

La situación local refleja una combinación que viene generando preocupación: poco crédito disponible y crecientes dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. Históricamente, el reducido tamaño del sistema crediticio argentino funcionaba como una protección frente a riesgos de mayor escala. Sin embargo, en los últimos años el financiamiento comenzó a recuperarse y, paralelamente, aumentaron los atrasos.

Entre los factores que explican la baja profundidad del crédito aparece la inflación, que durante años redujo los incentivos tanto para prestar como para tomar deuda. La Argentina sigue siendo el único país incluido en el relevamiento con una inflación anual de dos dígitos. Venezuela, que presenta registros superiores, no fue incorporada al análisis.

Durante los últimos dos años, el crédito al sector privado mostró una recuperación favorecida por la desaceleración inflacionaria, una mayor estabilidad cambiaria y la menor presencia de instrumentos remunerados del Banco Central. Ese proceso ayudó a impulsar la actividad económica, aunque también estuvo acompañado por un incremento de la morosidad.

El deterioro de la capacidad de pago ya afecta a millones de personas. Cerca de siete millones de argentinos mantienen deudas con bancos, fintech u otras entidades de crédito, mientras continúa el debate sobre si el Banco Central debería intervenir de alguna manera frente al crecimiento de los incumplimientos.

El informe también advirtió sobre el nivel de cobertura de los bancos ante posibles impagos. En la Argentina, ese indicador se ubicó en 84%, uno de los más bajos de la región y por debajo del 100%, situación que comparte únicamente con Panamá

El jefe del Palacio de Hacienda precisó que ese dinero podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas. El funcionario presentó la iniciativa este miércoles durante una conferencia de prensa.

Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el fondeo de los bancos: “Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”.

Para atender esta coyuntura, hasta tanto crezca el ahorro de los argentinos en las instituciones locales, se ideó un esquema que pretende movilizar fondos del FGS para incentivar la actividad en un sector clave de la economía.

La idea ya había sido anticipada por Caputo en su última conferencia de prensa y tomó forma en los últimos días ante la necesidad de dar respuesta a la necesidad de apuntalar la débil reactivación económica.

El monto total del programa asciende a $2 billones, que se irán adjudicando a través de licitaciones por $200.000 millones cada una. Los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito. La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.

corte económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.

Caputo asistió a la reunión de la mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Esta vez, fue invitada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la ANSES. Según trascendió, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Ejecutivo enviará al Congreso.

En el recinto se discutirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; el proyecto de Inocencia Fiscal «bis» (una actualización de la ley original) y la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como «la más importante» de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación, informó Noticias Argentinas.

En otras medidas, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad. El proyecto también elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

Paralelamente, se busca fortalecer la independencia del Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para “blindarlos” de los cambios en los gobiernos.

Inocencia Fiscal 2

El proyecto amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podrían adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

Ley de adhesión al Tratado de Patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países– que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Es una especie de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Claro que la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud y perjudicando a la producción de genéricos de laboratorios nacionales