Exigen al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que informen los fondos disponibles para cumplir con la orden judicial
La Fundación Padres Unidos por el Dolor de la provincia de Formosa, una ONG conformada por familiares de víctimas fatales de siniestros viales y presidida por Alberto Daniel Gauna, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, denunciaron que Formosa sufrió un recorte del 77% en términos reales del gasto vial nacional entre 2023 y 2026.
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Según señalaron, este desfinanciamiento impactó de manera directa en el mantenimiento ordinario de las rutas, la paralización de obras consideradas clave y la exclusión de la provincia de los planes federales de inversión.
En este contexto, se solicitaron informes al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; al secretario de Transporte, licenciado Mariano Ignacio Plencovich; y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que, en un plazo de diez días, detallen los montos y el origen de los fondos y recursos necesarios para cumplir con la orden judicial dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa.
Los pedidos de informes se realizaron, además, ante la situación presupuestaria del Programa 48, técnicamente denominado “Obras de Seguridad en Rutas Nacionales”, que funciona dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (Entidad 604). Según lo señalado por la Defensoría del Pueblo, dicho programa cuenta actualmente con un crédito vigente de cero pesos, situación que atribuyeron al ajuste fiscal aplicado sobre la infraestructura vial.
La presentación se fundamentó en la obligación legal de las autoridades de Vialidad Nacional y del Ministerio de Economía de garantizar la conservación y el mantenimiento de las rutas nacionales bajo jurisdicción federal. Desde la Defensoría sostuvieron que la falta de reparación y mantenimiento, especialmente cuando las condiciones de las rutas generan riesgos para los usuarios o contribuyen a la ocurrencia de siniestros viales, compromete la responsabilidad del Estado.
En ese sentido, señalaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido criterios de responsabilidad del Estado nacional por daños vinculados con el deficiente mantenimiento de rutas de su jurisdicción, bajo el principio de “falta de servicio”, con referencia al artículo 1764 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
