El texto da los argumentos oficiales que justificarían la exclusión de Aubasa: “En primer lugar, una de las exigencias esenciales de la licitación es acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras”. De acuerdo con el comunicado de Nación, “el requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma, y no de contratistas que las tercericen”. Así, dice el Gobierno, “la documentación presentada por Aubasa da cuenta principalmente de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego”.

Por otro lado, como segundo argumento, “se verificó un incumplimiento de los requisitos económico-financieros establecidos. El pliego fijó indicadores objetivos de endeudamiento y solvencia con el fin de asegurar que las empresas cuenten con respaldo económico suficiente para asumir el riesgo integral de la concesión sin recurrir a asistencia estatal. En este caso, los ratios presentados por Aubasa superan ampliamente los límites definidos, con un endeudamiento de 3,75 superando el límite establecido de 1,50, evidenciando una situación de fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso”.

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Según Nación, “se brindó a la empresa la posibilidad de complementar y aclarar la documentación presentada, en línea con el principio de concurrencia y de igualdad de trato. Sin embargo, las observaciones técnicas y económico-financieras no pudieron ser revertidas”.

Por último, dice el texto, “la empresa no presentó el balance contable-financiero como corresponde”. “Cabe destacar que los criterios aplicados fueron uniformes para la totalidad de los oferentes, sin distinción alguna en función de su naturaleza jurídica o pertenencia jurisdiccional. En este sentido, otras empresas también fueron excluidas por no cumplir con los parámetros técnicos y financieros exigidos, lo que reafirma el carácter objetivo, transparente y no discrecional del proceso de evaluación”.

Dados sus argumentos, además el Gobierno plantea que “Aubasa no impugnó en ningún momento los Pliegos durante la etapa correspondiente, lo que implica la aceptación plena de las condiciones establecidas. Sin embargo, posteriormente formuló observaciones sobre las ofertas de otros participantes invocando una normativa que no resulta aplicable al procedimiento”.

La polémica salió a la luz hace 10 días cuando las autoridades de Autopistas de Buenos Aires SA presentaron una nota en el Ministerio de Economía de la Nación pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo. Según informaron, las autoridades cambiaron 33 artículos del pliego licitatorio una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas con “cierta arbitrariedad”, como dijo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

Unos días después, AUBASA denunció “graves irregularidades” en la evaluación de las ofertas y pidió que se impugne todo el proceso. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad negó cualquier tipo de arbitrariedad y sostuvo que desestimaron la oferta de la empresa bonaerense por razones técnicas.

“El gobierno nacional decidió cambiar las reglas de juego en mitad del partido para dejar afuera a Aubasa, utilizando argumentos falaces, arbitrarios y sin sustento técnico”, expresó José Arteaga, presidente de Aubasa.

“No es una cuestión de requisitos. Es una decisión ideológica disfrazada de tecnicismo”, sentenció el funcionario, marcando el pulso de lo que podría ser una batalla judicial de varios capítulos.