La intervención ocurrió en el templo ubicado en Helguera 270, con participación de efectivos de la Policía de la Ciudad. La orden había sido dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons.

El procedimiento se originó en una disputa por la propiedad del edificio entre dos sectores ortodoxos. De acuerdo con las primeras informaciones, un fallo favorable a los denunciantes habilitaba la venta del inmueble, pero quienes estaban dentro sostuvieron que eran sus legítimos propietarios y rechazaron el desalojo.

Durante la protesta, uno de los religiosos, que se presentó como presidente del templo, defendió la permanencia en el lugar y cuestionó cualquier posibilidad de comercialización: “Nuestros abuelos y nuestros padres fueron los compradores. Es un templo que fue comprado, está escrito en los libros que un templo nunca se puede comprar ni demoler».

Además, afirmó que los ocupantes fueron informados recientemente sobre una supuesta operación inmobiliaria. «Nos enteramos que hace dos meses, nos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir», declaró.

El hombre también puso en duda la validez de los papeles vinculados al inmueble. Según explicó, el templo habría sido adquirido en 1950 y el título que le mostraron desde una inmobiliaria tendría inconsistencias. En particular, señaló que el documento exhibido estaba fechado en mayo de 1926.

Por otra parte, rechazó que la propiedad hubiera sido efectivamente vendida y planteó una posible transformación del espacio. “La propiedad no se vendió y no se va a vender nunca”, afirmó. Luego agregó: “Ellos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir. No nos vamos a ir, es un templo de mucha historia. De ninguna forma lo voy a entregar”.

Mientras continúa el conflicto por la documentación, el religioso sostuvo que la situación deberá resolverse en el ámbito judicial. “Se va a demostrar todo”, aseguró al defender la postura de quienes se mantuvieron dentro del templo.

Fuentes judiciales informaron a la prensa que Villar reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la sentencia de la Sala I de la Cámara de Casación Penal , que giró esa causa a Campana, en una decisión que calificó de «arbitraria»-

Además, solicitó que la causa regrese al primer juez que la tuvo, Daniel Rafecas, quien en diciembre pasado allanó la propiedad y secuestró 54 autos de lujo y colección.

Ahora la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si acepta que la apelación llegue a la Corte Suprema. Si la rechaza, Villar podría ir con un nuevo planteo «en queja» directamente al máximo tribunal.

El fiscal advirtió que esa resolución podría “sembrar la duda acerca de la imparcialidad” de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, que habían tomado esa decisión.

También planteó que detrás de la disputa por la competencia puede existir un “forum shopping”, es decir, un tribunal que proporcione una solución más favorable a los intereses de los acusados, como si pudieran elegir al juez más conveniente.

Para el fiscal, la decisión de Casación podría implicar una “arbitraria asignación de competencia al juez elegido por la defensa” de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

Ambos figuran como propietarios de la mansión, que entre sus prestaciones tenía un haras, una gran colección de autos -muchos de alta gama- e incluso un helipuerto propio. La sospecha es que, en realidad, la quinta pertenece a dirigentes de la AFA.