La difusión del video se produjo luego de que Bullrich cuestionara al Poder Ejecutivo por la falta de coordinación en torno al Presupuesto y los cambios vinculados con discapacidad.

“La mesa se reúne todas las semanas. El presupuesto tiene tres meses de elaboración”, planteó la senadora al expresar su malestar por haberse enterado de las modificaciones cuando el proyecto ya había ingresado a la Cámara de Diputados.

“Yo no me enteré porque lo recibí a las tres de la mañana porque entró por Diputados, pero luego a la mañana leyendo los diarios”, explicó Bullrich.

La jefa del bloque libertario en el Senado sostuvo que el oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con sus proyectos y reclamó mayor coordinación en la toma de decisiones.

“Nosotros somos 21 acá y tenemos que llegar a 39, 40, como recién que votamos Inocencia Fiscal con 44 votos ”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que un asunto que consideró de especial sensibilidad no hubiera sido discutido previamente dentro de los ámbitos políticos del oficialismo.

“Entonces, no puede ser que un tema de tal sensibilidad nosotros lo sepamos y tengamos que venir acá a decir: ‘Bueno, no lo sabía, ¿qué somos, tontos? ’”, expresó.

“El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, sostuvo Menem.

En esa línea, agregó sobre Villarruel: “La votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta. No forma parte del Gobierno, no comparte nuestra agenda transformadora”.

El presidente de Diputados reveló además que mantiene escaso contacto con la vicepresidenta. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto ”, señaló.

Durante la entrevista, Menem también comparó las gestiones de Carlos Menem y Javier Milei y consideró que el proyecto del actual mandatario es “más ambicioso”.

“Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”, sostuvo el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, finalizó Cagnacci.

A pesar de ello, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, confirmó que otorgará el aumento salarial pese al desacuerdo gremial y argumentó, ante la Justicia, que cumple con las medidas cautelares vigentes; al mismo tiempo, los gremios exigen una recomposición cercana al 32%, con el objetivo de «recuperar el poder adquisitivo», y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Luego de esta respuesta por parte del Gobierno Nacional, los gremios anticiparon un esquema de paros continuos en las universidades nacionales, como vienen haciendo hasta ahora, e informaron que preparan la convocatoria de una quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, frente al Palacio de Tribunales.

Paralelamente, el conflicto se trasladó al Congreso de la Nación, donde los rectores continúan con el reclamo de 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones asignados en el proyecto oficial, para que se reconozcan dentro del Presupuesto 2027.

Por su parte, el Frente Intersindical Universitario y diversas federaciones docentes y no docentes ratificaron la profundización de su plan de lucha y aseguraron que volverán a reclamar el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldada por la Justicia, pero frenada por el Ejecutivo; la actualización de las becas estudiantiles; y un presupuesto real para el funcionamiento de los establecimientos de cara al año próximo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y agrupaciones estudiantiles advirtieron que, de mantenerse este recorte en el Presupuesto 2027, el inicio del ciclo lectivo del próximo año corre serio peligro.

Godoy permanecía detenido en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires por otra causa en la que era investigado por asaltar supermercados. El implicado irrumpió a mano armada en un comercio de Parque Chacabuco, donde amenazó a punta de pistola a un hombre en la avenida Cobo al 1600.

Personal de la División Investigaciones Comunales 7 realizó tareas en la zona luego de recibir una denuncia el pasado 23 de febrero y concretó el arresto del delincuente en el cruce de las calles Primero de Mayo y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Los oficiales lo demoraron y de inmediato se pusieron en contacto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 57.

Con la detención de Godoy, ya son 16 los arrestados por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que las chicas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.

En paralelo, hay tres sospechosos que continúan prófugos y tienen pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. La principal hipótesis de los investigadores es que podrían encontrarse en la ciudad peruana de Trujillo.

Ahora, la Justicia deberá avanzar sobre la participación que tuvo cada uno de los acusados en el secuestro, traslado y homicidio de las víctimas.

Para el tribunal, realizar un único debate obligaría a las defensas, querellas y abogados con participación limitada a uno de los expedientes a asistir a audiencias vinculadas con pruebas ajenas a sus representados. La resolución sostuvo que esa dinámica “no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión”.

En el caso Los Sauces, la acusación sostiene que la sociedad facturó $25.968.042,30 entre 2009 y 2016 por alquileres a empresas de los grupos Báez e Indalo. Según la investigación, esos ingresos representaron el 88% de la facturación de la sociedad durante ese período y estuvieron vinculados con contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras.

La acusación en Los Sauces también incluyó una presunta asociación ilícita y lavado de activos. Los fiscales vincularon los pagos de empresas de Báez y del Grupo Indalo con supuestos beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.

Hotesur, en tanto, analiza una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que habrían tenido origen en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez. La hipótesis de la acusación sostiene que una parte de esos recursos habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de establecimientos hoteleros y la intervención de la firma Valle Mitre.

El requerimiento de elevación a juicio señaló que Valle Mitre pagó más de $28 millones a Hotesur durante la relación comercial y atribuyó la canalización de cerca de $6,9 millones hacia el hotel Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013. De acuerdo con la pesquisa, esos fondos habrían sido presentados como rentas legítimas de la actividad hotelera.

El juicio por Los Sauces tendrá un esquema de audiencias los lunes, viernes y sábados, con posibilidad de ajustes para compatibilizar las agendas de los magistrados. El tribunal también habilitó los sábados 24 y 31 de octubre de 2026 y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 para garantizar la continuidad del debate, mientras que la segunda semana de la feria quedó reservada para una eventual habilitación.

Los jueces señalaron que Los Sauces presenta un mayor avance en las medidas de instrucción suplementaria y consideraron que su inicio no debía quedar supeditado a diligencias pendientes en Hotesur. “No existe razón para que el expediente más avanzado deba aguardar diligencias pendientes del otro”, afirmaron. Además, el Tribunal Oral Federal 5 solicitó información sobre la situación laboral y los cargos públicos actuales o anteriores de los imputados en Los Sauces, junto con informes socioeconómicos, antecedentes penales y registros de la Policía Federal Argentina y de la Dirección Nacional de Reincidencia.