El bloque que representa a Unión por la Patria (UxP) en el Senado presentará un pedido de interpelación al titular del Ministerio de Defensa nacional, Luis Petri, para que explique por qué la Armada Argentina realiza entrenamientos antidisturbios, una actividad prohibida por la Ley de Seguridad Interior y de Inteligencia.

«Queremos que el ministro Petri se presente en el Senado para saber por qué la Armada Argentina hace ensayos de represión callejera contra la población civil, algo completamente ilegal», dijo el senador Oscar Parrilli.

«Ese tipo de prácticas están prohibidas en la Argentina y son causal de juicio político contra el o los funcionarios que lo promuevan u organicen», agregó el legislador.

El 4 de abril, la Armada realizó, en la base militar de Vicente López, un simulacro de acción antidisturbios en el que una integrante de la fuerza resultó gravemente herida tras ser embestida por uno de los instructores del ejercicio. Por el hecho debió ser internada e inducida a un coma farmacológico.

La víctima fue identificada como la joven voluntaria de la Armada, Brisa Páez, de 21 años, y el hecho se produjo en una base naval de Vicente López.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la investigación, ordenó el miércoles pasado una serie de allanamientos en la base naval y en los domicilios de varios implicados.

Se secuestraron videos del entrenamiento, documentos y celulares de los implicados para intentar reconstruir los hechos.

El hecho

Según la reconstrucción de distintas fuentes, la joven se encontraba practicando un simulacro de control de disturbios dentro del predio naval cuando, en medio del ejercicio, uno de los instructores impactó con violencia el escudo que sostenía, lo que ocasionó que Páez perdió el control y cayó hacia atrás golpeando su cabeza contra el suelo.

En tanto, trascendió que, a pesar de mostrar evidentes signos de desorientación, los ejercicios habrían continuado durante varios minutos más y el informe preliminar de la Fiscalía federal indica que Páez contaba con solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido instrucción previa para este tipo de entrenamientos, que simulan respuestas ante eventuales disturbios.

Si bien en un principio se consideraba al tema como un accidente, con el correr de las horas las compañeras de la joven declararon ante la Justicia y señalaron que Páez habría sido objeto de un trato más violento que el resto del grupo durante la práctica, mientras que algunas mencionaron incluso una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, que podría haber influido en el trato recibido.

Según testigos, la joven manifestó un fuerte dolor de cabeza cuando terminó el ejercicio, pero habrían pasado varias horas hasta que un médico de la base la atendió y ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo donde Páez reportó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que encendió las alarmas.

Ante el progresivo empeoramiento del cuadro, la joven fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano, donde fue inducida a coma durante una semana y el diagnóstico indicó que había sufrido lesión axonal difusa, una forma grave de daño cerebral provocada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas.

Tras conocerse los detalles, Arroyo Salgado ordenó los citados allanamientos en la base naval y en los domicilios de varios implicados, durante los cuales nueve militares fueron detenidos, mientras que en los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento.

La jueza tiene ahora diez días para definir la situación procesal de los acusados, mientras que, según se informó, entre los delitos que se investigan figuran lesiones gravísimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento.

En este sentido, los senadores de UxP pedirán la interpelación de Petri para que explique por qué ordenó este tipo de entrenamientos que constituyen una violación a la Ley de Seguridad Interior y que podría acarrear la apertura de un juicio político contra el ministro.