“El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, argumentó una alta fuente con acceso al despacho presidencial, horas después de que el mandatario cargara contra la ideología woke y el feminismo radical.

Bajo esa premisa, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el equipo que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, trabajan en el detalle del proyecto que se denominará Igualdad ante la Ley, y que busca derogar lo que definen como “discriminación positiva”.

La idea del Ejecutivo es avanzar en la derogación de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499); el DNI no binario, implementado en 2021 a través del Decreto 476/2021; la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (Nº 27.636 ); la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412), como los puntos más salientes.

La decisión alcanzará también a toda norma que garantice “un trato diferencial ante la ley”. Originalmente estaba previsto que incluyera al cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), que obliga al Estado a asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar, pero en el Gobierno dieron de baja la posibilidad.

«Tengo el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia», prometió hoy Milei, y su equipo trabaja para cumplir sus órdenes.

A finales de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la creación de la norma aunque sin brindar mayores precisiones del proyecto. A través de su cuenta de X, detalló: “La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas. Fin”

Algunos meses después, y con la redacción en curso, despierta controversia la decisión de terminar con la tipificación de femicidio, contemplada en el artículo 80 del Código Penal, en el inciso 11 tras la sanción de la ley 26.791, publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2012.

Pese a las estadísticas alarmantes que arrojan que una mujer es asesinada por razones de género cada 29 horas, y con un 2024 en el que se registraron 255 femicidios, el Gobierno busca eliminar la figura como agravante y dar por saldadas las desigualdades históricas.

“Es una locura que haya una pena mayor por un homicidio contra una mujer que la que hay contra un hombre”, sostuvieron al respecto, luego de que Milei asegurara que las feministas «no se quejan de que la mayoría de presos, los plomeros y los muertos en las guerras son hombres».

Sin determinar fechas precisas, en el Poder Ejecutivo hablan de dar el debate en el Congreso durante en el periodo de sesiones ordinarias, y no descartan impulsarlo en el marco de la campaña electoral legislativa para marcar agenda.

La reticencia de la oposición al discurso del libertario en el Foro Económico de Davos parece no importarle a la mesa chica que asegura que tratará el tema sin importar si cuenta o no con los respaldos necesarios de sus principales aliados. “No vamos a dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer por miedo a que lo rechacen”, plantearon, y agregaron: “En todo caso no saldrá”.

Si bien Milei se pronunció más de una vez en contra del aborto legal, desde su entorno se encargaron de asegurar que el paquete no incluirá la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de Argentina (Nº 27.610), sancionada el 30 de diciembre de 2020, ni la Ley de Matrimonio Igualitario (Nº 26.618).