Cormick falló contra la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, puesta en marcha hace dos años por la exministra Patricia Bullrich. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.

A través de un recurso de amparo, la acción colectiva pidió que se declare la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, al entender que atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión, garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos.

En su resolución, Cormick concluyó que el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, tareas que exceden el marco de competencia de un funcionario del Poder Ejecutivo. A su criterio, la administración pública no tiene a potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones.

El fallo del magistrado consideró que la protesta social es un fenómeno complejo que no puede equipararse automáticamente con un ilícito penal que justifique la intervención policial sin orden de un juez. Además, rechazó el punto del protocolo que refiere a las «tareas de inteligencia» sobre los manifestantes».

Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el saldo del protocolo alcanza a casi 1.400 manifestantes heridos desde que su implementación. En detalle, fueron 750 en 2024 y 649 este año.

Las autoridades nacionales recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la medida que se viene aplicando casi desde el comienzo de la gestión libertaria.

La resolución de Cormick, que la semana pasada había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitariose conoció días después de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo, en una de las movilizaciones realizadas en marzo pasado en los alrededores del Congreso. El efectivo, integrante de la Gendarmería Nacional, está procesado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función y abuso de armas, este último en cinco hechos. El tribunal también ratificó un embargo de 203 millones de pesos sobre sus bienes.

Según la resolución, Guerrero efectuó varios disparos con una pistola lanza gases de manera horizontal y antirreglamentaria, apuntando hacia los manifestantes. Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros del cordón policial y resultó con fractura expuesta de cráneo y lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Para los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, la autoría del disparo quedó acreditada a partir de videos de drones, registros de medios de comunicación y material aportado por organismos de derechos humanos, además de informes de la propia Gendarmería. Las imágenes permitieron identificar al efectivo que realizó el disparo y reconstruir la trayectoria del proyectil.