El abogado defensor de ambos imputados, Javier Vargas, explicó en declaraciones a La Mañana que el tribunal observó deficiencias formales en el auto de procesamiento dictado por el juez de la causa, Marcelo López Picabea. “La Cámara le indica que debe dictar nuevamente un auto, que puede ser de procesamiento, de falta de mérito o eventualmente un sobreseimiento, pero cumpliendo con los requisitos que exige la ley”, señaló.

Según precisó, el fallo cuestiona la ausencia de una descripción clara de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho investigado. “No se exige plena prueba para procesar, pero sí que el juez explique en qué contexto entiende que ocurrió el hecho y por qué considera sospechosos a los imputados. Esa fundamentación no aparece en la resolución anulada”, indicó Vargas.

En ese sentido, el letrado sostuvo que, a su criterio, del expediente no surgen elementos que vinculen a sus defendidos con el crimen. “Mis clientes no tienen relación con el hecho y no aparecen en ninguna foja las circunstancias necesarias para sostener un procesamiento”, afirmó.

ADN

Uno de los aspectos que tomó relevancia en la investigación es el resultado de los estudios genéticos. Vargas confirmó que los rastros de ADN hallados debajo de las uñas de la víctima corresponden a dos perfiles masculinos que no coinciden con los de Aguilar ni Torres. “Está confirmado que no hay compatibilidad con ninguno de los imputados”, aseguró.

La causa ahora regresará al Juzgado de origen, donde el magistrado deberá emitir una nueva resolución. “Entendemos que, como mínimo, debería dictarse una falta de mérito o un sobreseimiento”, expresó el abogado, aunque aclaró que no existe un plazo determinado para esa definición.

Mientras tanto, el avance de la investigación queda en manos del juez, la fiscalía y la querella, quienes deberán profundizar las líneas investigativas abiertas, en particular a partir de la evidencia genética incorporada. “Corresponde a las partes arribar a la verdad de lo ocurrido”, sostuvo Vargas, quien añadió que ha señalado posibles elementos que podrían orientar nuevas hipótesis dentro del expediente.

Hechos

Cabe recordar que el femicidio de Xiomara Portillo se conoció a fines de noviembre del año pasado, luego de varios días de búsqueda tras su desaparición. El cuerpo fue hallado en un descampado detrás del barrio ProCreAr y, el 1 de diciembre, las autoridades confirmaron su identidad mediante pericias dactiloscópicas realizadas por la Policía Científica.

El hallazgo se produjo dentro de una bolsa de construcción y en condiciones que impedían un reconocimiento visual inmediato, lo que obligó a un proceso técnico para establecer su identidad.

A partir de los primeros avances de la investigación, la Justicia dispuso la detención e imputación de dos sospechosos: Carlos Aguilar y el adolescente Joaquín Torres, acusados de homicidio doblemente agravado por alevosía y por femicidio.

Ambos permanecieron privados de su libertad durante parte del proceso, hasta que, en febrero de este año, el juez de la causa, Marcelo López Picabea, dictó un procesamiento sin prisión preventiva, lo que derivó en su liberación y en la continuidad de la causa con ambos imputados en libertad y supeditados al expediente. Aguilar fue liberado el 13 de febrero, mientras que Torres permaneció en el CAIJU hasta el 27 de ese mismo mes.