“Hacer un ‘simpa’ -forma coloquial con la que se conoce este delito- te puede salir muy caro. Si te vas sin pagar lo que consumes en un establecimiento, podrías estar cometiendo un delito de estafa, cuyas penas van desde multa en los casos leves hasta 8 años de prisión en los agravados”, advirtieron desde la Policía Nacional de España a través en sus redes sociales.

Los detenidos son un británico de 77 años y cinco mujeres de entre 24 y 39 años, ya que además de dos argentinas hay una griega y dos polacas implicadas. Los hechos ocurrieron en un restaurante de Ibiza, donde las seis personas cenaron y consumieron productos y bebidas alcohólicas de elevado valor.

Según precisó la agencia EFE, al recibir la factura de 12.291 euros, se negaron a pagarla, por lo que los empleados del restaurante alertaron a la Policía Nacional. Una vez en el lugar, los agentes entrevistaron a los trabajadores, quienes indicaron que los seis clientes se negaban a hacerse cargo de la cuenta aludiendo a una supuesta invitación de una séptima persona que se había marchado del restaurante diez minutos antes.

La policía describió esta situación como una “supuesta argucia evasiva” utilizada para evitar abonar. El delito coloquialmente conocido en Epsaña como hacer un «simpa», es decir, salir de un restaurante sin pagar, constituye una estafa. De acuerdo con la legislación actual, quien lo comete incurre en una falta contra el patrimonio del establecimiento, lo que implica responsabilidades penales y civiles.

Dependiendo del Código Penal aplicable en cada jurisdicción, irse de un establecimiento sin abonar puede ser un delito de hurto o estafa. Para establecer la responsabilidad se toman en cuenta elementos como la tipicidad de la conducta, la antijuridicidad material y la culpabilidad.

A su vez, en aquellos casos en los que el monto de la cuenta es significativo, se da intervención a la Policía y se puede presentar una denuncia ante juzgados cívicos o penales. En casos extremos, las sanciones pueden incluir prisión, aunque lo habitual es que se resuelva con una multa, calculada en proporción al valor hurtado. En lo civil, el gerente o personal del restaurante puede reclamar el monto adeudado. Este reclamo puede conllevar el pago de daños y perjuicios y, en ocasiones, la firma de un pagaré como compromiso de pago.