Dicho proceso se inició el 10 de febrero del corriente año, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Bases, que incluye a la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. entre aquellas sujetas a privatización, en el marco de la decisión del presidente Javier Milei de reducir la participación del Estado en actividades de carácter empresarial.

De esta manera, el Ministerio de Economía de la Nación instruyó a los diversos organismos involucrados en el proceso privatizador para llevar adelante acciones necesarias para la profundización de este proceso.

Por un lado, se instruyó a la Secretaría de Transporte a elaborar y gestionar la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Además, deberá ejecutar acciones para:

• – Concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas y Logística S.A., teniendo que realizar inventario, diagnóstico de situación, condiciones, etc.
• – Concesionar las vías férreas e inmuebles aledaños de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza con sus respectivos relevamientos y condiciones.
• – Concesionar el uso de los talleres ferroviarios de las líneas mencionadas con los relevamientos correspondientes según lo reglamentado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Para el cumplimiento de las tareas previstas, la Secretaría de Transporte podrá contar con la colaboración de Belgrano Cargas y Logística S.A. y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A., ambas bajo su órbita.

Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de 12 meses para completar el proceso de privatización desde la fecha.

Asimismo, solicitará a una entidad bancaria del sector público nacional la realización de las evaluaciones necesarias para llevar adelante dicho proceso.

A su vez, el Banco de la Nación Argentina será responsable de administrar los fondos provenientes del remate público del material rodante, los cuales se destinarán al financiamiento de obras ferroviarias.

Todos los procedimientos se desarrollarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.

Con estas medidas el Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños.

Los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado, ya que volverán al mismo al finalizar la concesión.