El concejal capitalino de La Libertad Avanza Mattia Canepa Neme defendió la decisión de habilitar un playón deportivo en el barrio Laura Vicuña sin autorización formal de la Municipalidad y afirmó que la obra se encontraba finalizada desde hacía más de un año. La situación generó una fuerte controversia política y derivó en el análisis de posibles acciones legales por parte del Ejecutivo municipal.

Según relató el edil, la situación llegó a su conocimiento a través de vecinos del barrio, quienes le manifestaron su malestar por la demora en la puesta en funcionamiento del espacio deportivo.

“Nos comentaron que la canchita estaba terminada hace más de un año y que incluso había notas presentadas ante la Municipalidad para pedir su habilitación”, sostuvo a La Mañana.

Cánepa Neme argumentó que la obra resulta especialmente importante para una zona que enfrenta problemas de inseguridad y consumo problemático. En ese sentido, señaló que siempre consideró positiva la construcción del playón, aunque cuestionó la falta de entrega oficial.

“El problema es que estaban dilatando la inauguración. La cancha estaba terminada y ya empezaba a mostrar signos de deterioro por el paso del tiempo”, afirmó.

El concejal explicó que previamente había otorgado un plazo de diez días al intendente Jorge Jofré para habilitar el espacio y que, al no obtener respuestas, decidió avanzar con la apertura simbólica junto a vecinos del barrio.

Tras la repercusión pública de la iniciativa y las críticas expresadas por funcionarios municipales, Cánepa Neme aseguró que nadie del Ejecutivo se comunicó directamente con él y cuestionó la ausencia de representantes municipales en una reunión prevista en el Concejo Deliberante.

Además, redobló la apuesta al advertir que podría realizar una acción similar en otro sector de la ciudad.

“No es solamente la cancha de Laura Vicuña. También hay una cancha en el Lisbel Rivira que, si no le meten pata, voy a inaugurar yo”, manifestó.

Además, el concejal acusó a la gestión municipal de postergar la inauguración de obras terminadas para utilizarlas con fines electorales durante la campaña del próximo año. Incluso sostuvo que esa conducta podría configurar irregularidades en el manejo de bienes públicos.

Consultado sobre la posibilidad de que su accionar constituya un delito, rechazó esa interpretación y argumentó que se trató de la utilización de un bien público ya concluido.

“No cometimos ningún delito. Puede haber una cuestión administrativa, pero no una conducta penal. Al contrario, considero que el Estado también debe cumplir plazos razonables para finalizar y poner en funcionamiento las obras”, expresó.

Por último, aseguró que tras la repercusión del caso recibió imágenes enviadas por vecinos en las que se observa el inicio de trabajos complementarios en el predio, particularmente la colocación del piso antigolpes en el sector de juegos.

“Hubo reacción. Arrancaron las terminaciones y los felicito”, concluyó.