La denuncia señala que De la Torre se quedaba con dólares que se cambiaban al cobrar contratos que la Secretaría hizo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La maniobra de presuntos contratos truchos habría sido relatada por Federico Fernández, un empleado de la Dirección General Administrativa del ministerio, y quedó reflejada en un acta labrada ante escribano público y ante varios testigos en la sede de la Secretaría de Trabajo, que está a disposición de la justicia.

Fernández -que llegó al gobierno de la mano de De la Torre- confesó que manejaba dieciocho contratos de trabajo de supuestos empleados del ministerio, que eran pagados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) pero en verdad la plata no llegaba a las personas contratadas, que en algunos casos recibían algo del dinero y en otros nada. Con ese dinero, habría confesado el “valijero”, se pagaban sobresueldos a funcionarios de la cartera, pero también se compraban dólares que luego terminaban en manos de De la Torre. “Y yo no soy el único que maneja contratos. Hay más como yo”, habría admitido Fernández.

“Que ante la gravedad de las afirmaciones y hechos relatados por el Director General de Administración de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, de las cuáles surgirían ´prima facie´ la eventual comisión de delitos de acción pública, radico la presente denuncia”, sostiene la denuncia que presentaron Leila Gianni, subsecretaria Legal de Capital Humano, y el abogado Ariel Romano Ángel.

“Se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal. En dicha reunión el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de 50 funcionarios que ya estaban trabajando allí. El deponente tenía entendido que dicho nombramiento contaba con el aval de de la nombrada Lucía Raskowsky. Con motivo de ello se desvincularon a personas que eran directores de la gestión anterior para ´liberar cargos´”, relata la denuncia en la que se agrega que Keczeli dijo que esa no era posible hasta que se organice la estructura del ministerio.

La denuncia agrega que ante esa aclaración, Sánchez Sorondo planteó de hacer las contrataciones a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) pero que esas contrataciones tenían un tope de 1.300.000 pesos y el sueldo de los directores llega a los 2.500.000 pesos. Finalmente se acordó hacer contrataciones por tres meses y en marzo se comenzaron a cobrar esos contratos.

“Señala que el dinero que cobraron alguno de los consultores, era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros funcionarios de hecho con bajas retribuciones”, dice el texto según el relato de Fernández.

Y concluye: “Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre para saldar la del personal que nunca fue nombrado. Asimismo, el declarante quiso dejar constancia que la ministra Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular”.

La causa quedó radicada en el juzgado federal 4 de Comodoro Py, a cargo de Ariel Lijo, el juez propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.