El preso, identificado como Wilson Marcelo Ramírez Ríos, de nacionalidad peruana, se fugó alrededor de las 16 de este domingo, en circunstancias que se investigan, de la Comisaría 1-D situada en Lavalle 451.
Ramírez Ríos estaba detenido en una causa caratulada como encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad.
Según se confirmó, desde el Centro de Monitoreo y con el área de Investigaciones, la Policía de la Ciudad trabaja en el seguimiento de las cámaras de seguridad para dar con el evadido.
Una semana
La fuga de hoy se produce solo siete días después de la protagonizada por siete presos en la Alcaidía 6 A de Caballito en avenida Díaz Vélez 5152, tras maniatar y sacarle el teléfono al jefe policial que estaba de servicio en ese momento.
Además, otra fuga de 17 presos en una comisaría de Liniers a fines de diciembre último provocó la destitución de las máximas autoridades de la Policía de la Ciudad.
La situación de los presos alojados en comisarías y la secuencia de tres fugas consecutivas desde diciembre, motivaron una fuerte polémica en redes sociales entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
Fuentes del Gobierno porteño recalcaron que «más del 90 por ciento» de quienes se encuentran alojados en alcaidías dependientes de comisarías porteñas pertenecen a causas de la justicia nacional, que deberían cumplir su detención en cárceles federales.
«Desde 2020 el Gobierno Nacional dejo de cumplir el compromiso de ponerlos en cárceles federales», dijeron las fuentes. «La ley y los habeas corpus son claros en cuanto a que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se los tiene que llevar, más allá del avance de cualquier transferencia, e independientemente a una fuga en comisaría», agregaron.
En junio de 2020, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó un habeas corpus colectivo y correctivo ante el Juzgado Penal N°3 de la CABA, denunciando que las restricciones del SPF y las medidas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad agravaron la vulneración de derechos de los detenidos.
El juzgado ordenó la creación de una «Mesa de Aproximación», para desalojar las comisarías y restablecer el funcionamiento normal de las alcaidías.
El 25 de noviembre de 2024 el Juzgado resolvió ejecutar la sentencia firme del 6 de julio de 2020, ordenando al SPF a en tres meses, trasladar a todas las personas condenadas alojadas en dependencias policiales y, en cuatro meses, habilitar 1.600 plazas para detenidos con situación procesal resuelta.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional de la CABA rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto por el SPF contra esta decisión, indicando que efectivamente la resolución que el juzgado de primera instancia ordena ejecutar se encuentra firme.
