La herramienta interactiva identifica 36 departamentos que superan el límite legal y pone el foco en zonas con recursos estratégicos. Más de 13 millones de hectáreas pertenecen a capitales foráneos, una superficie equivalente a Inglaterra.

Fuente: https://www.canal26.com/

Un relevamiento científico desarrollado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), presentó un mapa interactivo que pone en evidencia la proporción de tierras argentinas en manos de capitales o Estados extranjeros.

La iniciativa adquiere especial relevancia en medio del debate político sobre la posible derogación de la Ley de Tierras promovida por el gobierno nacional y de las tensiones geopolíticas relacionadas con el acceso a recursos naturales estratégicos en América Latina.

La herramienta cartográfica fue elaborada por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).

A través de este mapamundi nacional, se visualiza la ubicación y el porcentaje de tierras bajo control extranjero en distintas regiones del país.

Según el informe, cerca del 5% del territorio nacional, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas (una extensión similar a la superficie de Inglaterra), está en manos de firmas o gobiernos extranjeros. Este dato, expuesto en el mapa, pone en tela de juicio las estadísticas oficiales que sostienen que ninguna provincia supera el límite establecido por la Ley de Tierras

Los investigadores advirtieron que, al analizar la situación por departamentos en lugar de promedios provinciales, se detectan 36 distritos en los que la titularidad de tierras por extranjeros supera el tope legal.

En algunos casos, esta proporción es alarmante: los departamentos de Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta) poseen más del 50% de su superficie bajo control foráneo. Además, zonas con acceso a recursos hídricos y logísticos, como Iguazú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes) y Campana (Buenos Aires), exhiben niveles superiores al 30%.

El informe también aporta información sobre la procedencia de los propietarios extranjeros. “Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán”, señala el documento, que ubica a Estados Unidos, Italia y España como los principales países con participación en la propiedad rural

Más allá de las cifras, los especialistas plantean que los cambios propuestos a la Ley de Tierras no tendrían como foco la atracción de inversiones productivas, sino la liberación de bienes comunes no reproducibles, incluidos recursos estratégicos como agua y minerales.

Casos puntuales, como el de Malargüe (Mendoza), donde la extranjerización del 15% coincide con el desarrollo de 18 nuevos proyectos mineros, son citados como ejemplos de una posible intensificación de conflictos sociales si el Estado reduce su rol regulador.

En este sentido, el historiador Matías Oberlin explicó que “si uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es útil”.

Los investigadores subrayan además que la discusión sobre la titularidad de tierras se inserta en un escenario global de creciente disputa por recursos naturales, marcado por la presión de potencias como Estados Unidos sobre territorios estratégicos de la región.

“Desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”, concluyeron los autores del estudio.

Este nuevo mapa interactivo no solo aporta datos cuantitativos sobre la extranjerización de tierras, sino que también plantea un debate más amplio sobre soberanía, control territorial y políticas públicas.