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José Luis Espert : el fiscal pide la indagatoria y lo acusa de presentar un contrato falso

José Luis Espert : el fiscal pide la indagatoria y lo acusa de presentar un contrato falso

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

José Luis Espert quedó más complicado en el expediente judicial.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal de San Isidro cuestionara la principal explicación que el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado para justificar el ingreso de US$200.000 a sus cuentas.

Según el fiscal Fernando Domínguez, el contrato de servicios profesionales utilizado como respaldo de esos fondos sería falso y habría sido creado como una maniobra para darle apariencia legal al dinero.

La acusación surge de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que analiza la relación entre Espert y el empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien enfrenta en Estados Unidos causas por fraude electrónico, lavado de dinero y asociación ilícita.

Un contrato falso

De acuerdo con la fiscalía, el exlegislador habría utilizado un supuesto contrato de consultoría minera con la firma guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para justificar el origen de los fondos.

Sin embargo, la investigación determinó que Espert nunca habría viajado al país centroamericano para prestar esos servicios y que las actividades de la empresa mencionada no se encontraban operativas.

El punto central del expediente quedó vinculado a un peritaje oficial que analizó el documento presentado por la defensa. Los especialistas concluyeron que las firmas del contrato no corresponden a las personas que figuran como partes del acuerdo y señalaron que el documento habría sido redactado y firmado con posterioridad al allanamiento realizado en el domicilio de Espert, donde se habían encontrado los US$200.000 en efectivo.

Llamado a indagatoria

A partir de esos elementos, el fiscal Domínguez pidió formalmente que Espert sea llamado a declaración indagatoria. La medida también alcanza a su contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., acusados de haber participado en la elaboración de informes contables considerados irregulares.

Además, la fiscalía amplió la imputación contra el exdiputado: a la acusación inicial por presunto enriquecimiento ilícito se incorporaron los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude procesal.

Ahora será el juez federal Lino Mirabelli quien deberá resolver si acepta el pedido fiscal y fija una fecha para que Espert brinde explicaciones ante la Justicia.

Más testimonios

La causa también sumó testimonios que complican el escenario judicial. Según la investigación, al menos nueve personas habrían declarado sobre un presunto circuito informal de manejo de dinero en efectivo vinculado al domicilio del dirigente libertario. Entre los testigos aparecen personas de bajos recursos, incluido un trabajador de una aplicación de reparto, quienes aseguraron haber realizado transferencias en pesos luego de retirar sobres con dólares en efectivo desde la propiedad.

La hipótesis investigada apunta a determinar si esos movimientos formaban parte de una operatoria destinada a convertir dinero de origen ilícito en fondos con apariencia legítima.

La relación entre Espert y Machado es otro de los ejes del expediente. Según consta en la investigación, el empresario habría aportado financiamiento logístico y económico durante la campaña presidencial de Espert en 2019. Machado fue detenido en Argentina en abril de 2021 a pedido de Estados Unidos y la Corte Suprema confirmó el proceso de extradición por acusaciones vinculadas a fraude, lavado y asociación ilícita.

Hasta ahora, la defensa de Espert sostiene que los US$200.000 correspondían al pago de honorarios por trabajos de asesoramiento para empresas extranjeras y rechaza las acusaciones. Sin embargo, para la fiscalía, el resultado del peritaje debilitó esa explicación y dejó al exdiputado frente a una situación judicial más compleja.

 

Cancillería contrató por 114 millones a la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger

Cancillería contrató por 114 millones a la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger

Tras detectar el vínculo familiar, el Gobierno activó un protocolo de integridad y firmó un pacto especial con la Oficina Anticorrupción para avalar el servicio. Javier Milei respaldó el contrato de la Cancillería vía X.

La Cancillería adjudicó un contrato millonario a la AACI

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

MAS CHORROS CHANTAS IMPOSIBLE

La Cancillería argentina adjudicó un contrato de $114.044.133 (unos USD 78.000) a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en idiomas de su personal durante el ciclo 2026. La contratación generó mucha polémica debido a que la directora ejecutiva de la entidad es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Al detectarse este «vínculo positivo» entre la prestadora y un alto funcionario nacional, el expediente activó de inmediato el protocolo de integridad previsto en el Decreto 202/2017. Esto obligó a la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Como medida adicional, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública. Compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.

El servicio, que forma parte del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027, alcanzará a 132 agentes públicos. El esquema incluye:

  • Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.
  • Talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes.
  • Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

Los cursos se dictarán de manera presencial en la sede de la asociación en el barrio de Retiro. En los documentos oficiales, la Dirección de Recursos Humanos argumentó que la AACI es el «único prestador» con la trayectoria necesaria para asegurar la continuidad de este programa, lo que justificó que el trámite se realizara mediante una Adjudicación Simple por Especialidad.

Esta no es la primera vez que la entidad brinda servicios al Ministerio. Según registros del portal COMPR.AR, ya existió un contrato previo en 2024 por un total de $55.388.180, aunque en aquel expediente no figuraba publicado un Pacto de Integridad como el que se suscribió para esta nueva etapa. Con la firma de los nuevos informes y la notificación a los organismos de control, el Gobierno dio por cumplido el procedimiento legal. Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.

El Gobierno defendió la transparencia de la contratación

El presidente Javier Milei decidió intervenir de forma directa en la polémica por la adjudicación millonaria de la Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Ante el revuelo que generó el contrato con la entidad que dirige la esposa del ministro Federico Sturzenegger, el Presidente utilizó sus redes sociales para respaldar la legalidad de la contratación y descartar cualquier tipo de irregularidad.

El Presidente reposteó un descargo publicado por el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. Con este movimiento, Milei avaló las explicaciones del funcionario, quien aseguró que la relación comercial entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la AACI no es nueva: «¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal«, expresó Quirno en el mensaje reposteado.

En la misma publicación, el canciller defendió la transparencia del proceso actual, señalando que el vínculo familiar de Josefina Rouillet con Sturzenegger fue reportado desde el inicio del trámite. Según explicó, lejos de ocultarse, la situación disparó las alarmas de control correspondientes: «En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo«, concluyó.

 

AFA: Denuncian irregularidades en el contrato publicitario con Uber

AFA: Denuncian irregularidades en el contrato publicitario con Uber

La Cámara Argentina de Agencias de Remise denunció irregularidades en el contrato entre la AFA y la plataforma de viajes. Un nuevo problema para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Pablo Toviggino

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Una nueva denuncia fue presentada ante la Justicia contra administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente, Claudio Chiqui Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino. a quienes responsabilizan por la realización de un contrato publicitario irregular con la plataforma de viajes Uber.

En la presentación judicial, realizada por la Cámara Argentina de Agencias de Remise (CAAR) -con el patrocinio de la Dra. María Daniela LLanos-, se solicita formalmente que se revise la contratación de AFA con Uber, debido a que esa empresa internacional «opera de manera completamente irregular y/o ilegal en territorio nacional, hecho que podrá corroborarse simplemente ingresando a la página web de ARCA» y comprobando que esta firma no tiene CUIT activo.

Determinación de origen y movimientos de fondos de AFA

Además, en la denuncia de CAAR se indica que «ante la evidencia de acuerdos publicitarios visibles en las propias webs oficiales de AFA y Uber, la querella solicita medidas urgentes para determinar la transparencia de los fondos:

– Verificación de contratos: Comprobar la existencia física de los acuerdos y los montos involucrados.

 Rastreo de fondos: Identificar las cuentas bancarias a las que se giraron los pagos por las prestaciones publicitarias.

– Control de balances: Constatar si dichos movimientos están debidamente asentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

El convenio

El acuerdo de patrocinio publicitario al que se refiere la denuncia de la CAAR, fue firmado a fines de 2018, según consta en el sitio web de AFA,

Según se indica en la página de la entidad madre del fútbol argentino, «dentro de su nueva plataforma de patrocinio, la Asociación del Fútbol Argentino desarrolló una nueva categoría que apunta a rentabilizar su patrimonio digital. En ese marco, AFA estableció un acuerdo con la compañía UBER, que se suma como nuevo Sponsor Digital. Hoy (20/11/2018), el Presidente Claudio Tapia y Felipe Fernández Aramburu, Responsable de Desarrollo de Negocios para Argentina, firmaron el convenio».

Y agrega: «El acuerdo apuntará a potenciar los canales digitales de AFA, desarrollando acciones en redes sociales, aplicación oficial y los distintos canales digitales de la Asociación. En el último año, la Asociación del Fútbol Argentino rediseñó su programa de patrocinio, generando nuevas categorías y sumando nueve sponsors en distintos rubros que apoyan el proyecto institucional. La alianza entre AFA y UBER es un acuerdo global de patrocinio digital, destinado a desarrollar acciones en redes sociales a nivel mundial para las plataformas en distintos idiomas de AFA y la Selección Argentina».

La dirigencia de AFA ante la Justicia

La denuncia por el presunto acuerdo irregular y poco transparente entre la plataforma Uber y AFA, se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre la falta de marco legal de las aplicaciones de viajes en Argentina y cómo estas logran publicitar su servicio gracias a acuerdos con instituciones de peso y prestigio en el país a pesar de sus conflictos con el fisco.
Escándalo en Tierra del Fuego: exgobernadora Bertone cobra en Río Grande y viviría en CABA

Escándalo en Tierra del Fuego: exgobernadora Bertone cobra en Río Grande y viviría en CABA

La contratación por 2.000.000 de pesos mensuales de Rosana Bertone motivó un pedido de informes al intendente de Río Grande, quien autorizó el contrato.

Rosana Bertone

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El bloque de concejales de Forja de Rio Grande, de la provincia de Tierra del Fuego, presentó un pedido de informes al Intendente de la ciudad, Martín Pérez, para que explique la función que cumple la directora general de Asuntos Legislativos, la ex gobernadora de la provincia Rosana Bertone, quien, además, tendría domicilio en Buenos Aires.

Uno de los firmantes de la requisitoria, la concejal Lucía Rossi, explicó que recibe consultas respecto de “la tarea que desarrolla la exgobernadora, quien fue designada en su cargo en diciembre pasado”.

Rossi señaló que “es llamativo que alguien que tiene a su cargo los asuntos legislativos del Municipio en lo que va de su gestión no se haya hecho presente en el Concejo Deliberante”.

Bertone vive a casi 3.000 km de su lugar de trabajo

Además, la concejala dijo que la funcionaria ni siquiera tiene domicilio en la ciudad de Río Grande, “por eso queremos conocer, por ejemplo, cuál es su domicilio laboral, su horario de trabajo y las responsabilidades que le atañen”.

Para Rossi, “a medio año de su asunción son más los interrogantes que las certezas que tenemos sobre las funciones de Bertone. Si de algo estamos seguros es que a razón de dos millones por mes, que es su sueldo como directora, el Municipio ha erogado más de 12 millones de pesos en seis meses. Por eso es que le preguntamos al Ejecutivo cuál ha sido la contraprestación, es decir cuáles las gestiones concretadas por la funcionaria”.

Martín Pérez y una contratación «con olor a casta»

A cargo de la Intendencia de Río Grande desde 2019, Martín Pérez se encuentra frente a una delicada cuestión: explicar por qué contrató a la exgobernadora provincial que reside en Buenos Aires para un cargo que, según los concejales denunciantes, requiere la presencia permanente en el municipio. «Una contratación con olor a casta», indicaron las fuentes consultadas.

Según indicaron los integrantes del bloque Forja del Concejo Deliberante de ese municipio fueguino, Bertone lleva cobrados unos 14 millones de pesos desde diciembre pasado y no se sabe cuál fue la contraprestación profesional. «Queremos ver los informes y dictámenes que realizó Bertone a cambio de esa cifra que pagan nuestros vecinos», aseguraron.

 

Un juez federal de Rosario contrató al hijo del contador del jefe narco Esteban Alvarado

Un juez federal de Rosario contrató al hijo del contador del jefe narco Esteban Alvarado

Se trata de Marcelo Bailaque, quien enfrenta un sumario disciplinario en el Consejo de la Magistratura por su actuación en la investigación del caso del narcotraficante

Fuente: https://www.infobae.com/j
El Consejo de la Magistratura lleva a cabo una investigación contra el juez federal n°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por presuntamente haber favorecido al capo narco Esteban Alvarado en una de las causas más grandes en su contra. En pleno proceso de averiguaciones, se supo que el magistrado contrató al hijo del contador del jefe criminal.

Alvarado, uno de los criminales más poderosos de Rosario y jefe de uno de los clanes más importantes de la ciudad, fue condenado en 2019 por el asesinato de un prestamista y por asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías se encuentra Logística Santino SRL, cuyo contador, Gabriel Mizzau, firmaba los estados financieros. Mizzau también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para Alvarado como, presuntamente, para el propio Bailaque, según rumores judiciales.

La situación compromete aún más al magistrado federal debido a que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, trabajó en su juzgado federal desde 2017 sin haber participado en un concurso, según dio a conocer el periodista Germán de los Santos de La Nación. El contador de Alvarado y el juez mantiene una relación estrecha y de larga data, puesto que fueron compañeros de secundaria. De hecho, comparten continuamente reuniones con amigos.

En un diálogo con ese mismo medio, el magistrado alegó que “desconocía” que Mizzau era quien llevaba las cuentas de Alvarado; por el contrario, aseguró que tomó conocimiento de esta situación ante la consulta periodística.

Por su parte, Sebastián Mizzau — que se desempeñaba como sumariante en el juzgado— fue ascendido hace un mes y medio, por lo que pasó a trabajar en el Tribunal Oral Federal N°3.

La denuncia contra el magistrado fue presentada en 2022 cuando varios fiscales provinciales solicitaron al Consejo que evalúe el trabajo Bailaque en la causa, ya que en el año 2013 rechazó los pedidos de intervención telefónica a la banda de Alvarado, algo que retasó significativamente el avance de la investigación.

El pedido formal de la intervención estuvo a cargo de los fiscales Marcelo Di Giovanni Santiago Marquevich. Sin embargo, los funcionarios pudieron avanzar con esta solicitud 11 meses después y en el marco de otra causa: el asesinato del jefe narco Luis Medina.

La demora en la autorización de estas intervenciones es uno de los puntos claves en el proceso que se inició contra Bailaque. En este contexto, Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, cuestionó la demora en el accionar del magistrado. Por su parte, Bailaque sostiene que actuó conforme a su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes de intervención.

En su defensa, el magistrado argumenta que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas y que los fiscales no apelaron las decisiones que fueron desestimadas. El juez federal también hizo hincapié en que fue él quien procesó a Alvarado y llevó su caso a juicio, que resultó en una condena de 15 años de prisión por narcotráfico en 2022.

Sin embargo, fue el propio contador de Alvarado quien gestionó la habilitación municipal de la empresa de la empresa Sagrado Corazón de María SRL. Esta firma que junto con Logística Santino SRL. se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba Balique.

El caso ha suscitado reacciones en la escena política y judicial. El diputado de la provincia de Santa Fe Carlos del Frade exigió explicaciones y solicitó que el juez aclare su relación con Gabriel y Sebastián Mizzau, debido a su conexión con Esteban Alvarado. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura continúa evaluando las posibles responsabilidades del juez Bailaque, en un proceso que podría llevar a sanciones o a su destitución.