Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se señaló que el Gobierno Nacional, mediante “los recortes presupuestarios y el debilitamiento en recursos humanos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), entre ellos, el Distrito 22 Formosa”,

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Avanza con un “esquema de concesión privada sobre más de 9300 km de rutas, excluyendo al mismo tiempo más de 30.000 (treinta mil) km de un plan de mantenimiento, ampliación y reparación integral, comprendiendo esta última, a rutas de menor densidad vehicular, corredores del interior profundo, conexiones regionales del NEA – NOA, Centro, Gran Cuyo y la Patagonia, tramos que requieren actualmente fuertes inversiones de manteniendo, conservación y que quedan en total abandono”.

En este contexto, el defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, instó al Ministerio de Economía de la Nación a cargo de Luis Caputo, a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Martín Chaher y al Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, a que “informen fundadamente quien se hará cargo de las rutas no concesionadas, toda vez que aun cuando el Estado nacional avance con concesiones sobre más de 9.000 km, seguirá teniendo bajo su responsabilidad más de tres cuartas partes de la Red Vial Nacional, justamente sectores que no les interesan a las empresas privadas”.

Por otra parte, el funcionario añadió que “la otra alternativa, absolutamente inviable, es la provincialización de rutas nacionales, ya que traspasarlas sin garantizar el envío de recursos económicos significaría mayores costos para los usuarios y para la conectividad productiva, además de la complicación en los hechos, debido a que las Jurisdicciones provinciales enfrentarían estas inversiones únicamente con fondos propios”.

“En realidad, Vialidad Nacional debería contar con los fondos específicos derivados del Impuesto a los Combustibles, pero el Gobierno nacional los está desviando hacia otras áreas, pues, si existiera ese dinero, no se necesitaría estar ‘provincializando’ nada. Asimismo, es necesario preservar el carácter nacional de las rutas para garantizar estándares uniformes de mantenimiento y servicio en todo el país, pues la idea es mantener un mismo nivel de servicio a lo largo de toda la longitud de la ruta, para que el usuario sepa siempre con lo que se va a encontrar, caso contrario, tendrá 50 km en buen estado y otros 50 en malo y así sucesivamente”, agregó.

Gialluca calificó a la provincialización de rutas nacionales y su financiamiento mediante peajes directos, como “una medida ilegal, inconstitucional e inoportuna”, y advirtió que afectará “la seguridad vial, las economías regionales y la logística productiva”.

También, José Gialluca advirtió que el sistema de peaje planteado funciona como un “impuesto encubierto”, debido a que coexistiría con el “Impuesto a los Combustibles” sin garantizar una contraprestación adecuada. Por ello, reclamó a las autoridades nacionales, entre otros puntos, “fortalecer la gestión estatal de las rutas, jerarquizar la DNV y destinar efectivamente los fondos del Impuesto a los Combustibles al mantenimiento de la Red Vial, siendo necesario también la implementación de un sistema de transporte multimodal que integre nuestra provincia a la infraestructura ferroviaria que llega hasta la provincia del Chaco, como una verdadera política de Estado”.